200.000 nuevos empleados públicos “a dedo”

Según se ha publicado, a 31 de diciembre de 2020 ya había 186.714 nuevos empleados públicos, la mayoría a dedo, por lo que redondeando supongo que a estas alturas, ya andamos por las 200.000 nuevas incorporaciones al “pesebre” del sector público…

Mientras el número de desempleados anda por los seis o siete millones de personas, hay 900.000 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo, Ertes, que finarán el 31 de mayo, salvo que vuelvan a prorrogarse, y que, por desgracia, la mayoría acabarán en el paro, el sector público no para de crecer.

Pero no sé de qué me extraño.

El “gran” Zapatero, quiero decir el gran inútil de Zapatero, aumentó el número de paniaguados en más de medio millón de personas, mientras el país se iba, literalmente, a la ruina.

Y tras siete años y medio de “gerencia” del PP, pues el PP actuó con España como si fuera una empresa, preocupándose solamente de la economía, y no demasiado, pues fueron incapaces de reformar la seguridad social, por ejemplo, aumentando la corrupción y el despilfarro, autonómico y estatal, ahora hemos vuelto a la égida socialista y comunista, que gastan como si no hubiera un mañana…

En el último decenio, que podríamos llamar la década prodigiosa zapateril, el número de empleados públicos aumentó en medio millón de personas, a los que debemos sumar los doscientos mil del sanchismo –y eso solo por ahora-, lo que hace un total de más de setecientas mil personas.

Pese a las medidas de congelación del número de trabajadores públicos aprobadas por el gobierno central, por las exigencias de la Unión Europea, y para hacer el paripé, las numerosas administraciones públicas existentes han hecho de su capa un sayo y siguen inventando nuevos empleos públicos, por supuesto sin respetar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Son legiones los nuevos “no funcionarios”, ingresadas a dedo, del presidente o consejero autonómico correspondiente, presidente de diputación, de comarca o de ayuntamiento, por no hablar de las más de cuatro mil empresas públicas y de la “no selección” de sus trabajadores con los criterios antes mencionados.

Todos somos conscientes de que en las empresas privadas la selección es arbitraria, pues prima el amiguismo, la familia, etc., en definitiva el clientelismo. Con su pan se lo coman, pues al fin y al cabo el empresario arriesga sus euros, y si los empleados que contrata no son los idóneos, seguramente los clientes quedarán descontentos, y a la larga y a la corta, la empresa se resentirá del mal funcionamiento. Pero parece que ahí el derecho no puede entrar a regular la contratación, salvo casos claros y notorios de discriminación, por razón de la edad, sexo, raza o religión…

Ahora bien, en el sector público, que mantenemos todos con nuestros impuestos, parece obvio que debe primar la igualdad de oportunidades y el respeto más escrupuloso a los principios constitucionales de publicidad de las ofertas, y selección de las personas con mayores méritos y capacidad.

¿Qué sucede en la práctica? Pues en general, y salvo excepciones, exactamente lo contrario. Hoy en día la mejor forma de hacer carrera funcionarial es afiliándose al PP – SOE, es decir a uno de los dos grandes partidos que llevan camino de alternarse en el desgobierno de España, hasta que el barco se hunda (que vamos camino de ello).

A la hora de ingresar, promocionar, ser nombrado para cargos de confianza  -actualmente hasta los conserjes son cargos de confianza-, etc., prima, única y exclusivamente, la docilidad personal, la sumisión más absoluta, la fidelidad inquebrantable al régimen, al igual que en tiempos de Franco había que jurar fidelidad al Movimiento Nacional.

El Código Penal ha intentado, tímidamente, poner veto a este cachondeo –que realmente es una tragedia-, estableciendo en sus artículos 405 y 406 los tipos penales siguientes:

  • A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con la pena de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
  • La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

Como podemos ver, las penas son mínimas, irrisorias, y no creo que consigan disuadir a nadie de seguir delinquiendo, y más en un contexto de más de seis millones de parados, donde conseguir un empleo público es equivalente a recibir el premio gordo en la lotería.

Cuestión distinta sería que estos delitos se considerasen como penas graves, castigándose con penas de prisión de tres a cinco años, por ejemplo, de forma que sus autores acabasen con sus huesos en cualquier prisión. Seguramente los cargos políticos se lo pensarían bastante antes de cometer estas fechorías. Como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios.

Y es que nuestros políticos serán mangantes y sinvergüenzas –no todos, pero sí la mayoría-, pero no tontos…

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6 respuestas a «200.000 nuevos empleados públicos “a dedo”»

  1. Muy buen artículo, que denota un conocimiento «ad intra» de la Administración.
    El número excesivo de funcionarios es malo, pero hay algo peor, es la selección a peor de sus cuadros de mandos, y luego está el mal funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El art- 106, 1º CE dice que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, pero la realidad es que los jueces de lo C-A no sé si en su casa controlarán algo, pero lo que es profesionalmente en relación con el mandato del art. 106, 1º CE son una calamidad, en actitud de buscar la justicia y adherirse a ella y en cualificación técnico-jurídica. En contra de lo que comunmente está admitido con la frase «eso que lo diga un juez», en alusión a que los jueces son muy listos, muy justos y muy sensatos, por lo general no se saben ni la Ley de cabecera que es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (ya de la Orden ministerial de 1941 que regula la distancia entre árboles en las masas forestales, de eso ya ni hablamos, me refiero a normas básicas de cabecera como la Ley 29/1998 LRJC-A o la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, y si se la saben lo disimulan muy bien, porque actúan como si nunca se las hubieran leído, y las invocaas y la Ley en sede judicial carece de validez en no pocas ocasiones.
    Del mal funcionamiento de la Administración, de la situación de indefensión en la que están situados los ciudadano frete a la iniquidad y la injusticia no de la «Administración» sino de determinadas autoridades y funcionarios que se esconden detrás de la voz «Administración» y actúan ellos a través de ella, tienen mucha culpa los jueces de lo C-A, los Fiscales también pero infinitamente menos. También los políticos porque la nueva Ley 39/2015 LPAC ha supuesto un retroceso notable en derechos, en justicia y en garantía respecto de la anterior 30/1992 LPAC, y esto no lo ha denunciado nadie, porque los Colegios de Abogados están para invitar a comer en Navidad al Presidente de la Audiencia, y llevarse bien por aquello de hoy por tí mañana por mí. Desde que salieron en manifestación cuando el asesinato de los abogados laboralistas en 1977 no han vuelto a decir ni mú de mil cosas jurídicas gravísimas que están pasando en España, como la pérdida del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, que ya prácticamente han desaparecido en España para el común de los mortales (otra cosa es que seas de la ETA o del Lobby del separatismo catalán), y ya del Expediente Royuela ni hablamos lo que podrían hacer los Colegios de Abogados y no hacen.

    Hay una pérdida de ética en la Función Pública, promovida desde las nuevas leyes que son objetivamente injustas, y hay grupos enteros dentro de la Administración que dan miedo verles actuar, pero cuando los que están por encima esto es lo que buscan y cuando los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional C-A no se molestan ni en hacer cumplir que la Administración envíe el expediente administrativo como dice la Ley, que esto ya se ha convertido en un pitorreo en toda regla, si ni tan siquiera eso se cumple, ya todo lo demás ni hablamos.
    El Estado de postración y corrupción de España y los niveles que en este aspecto ha alcanzado, no es solo obra de la clase política o de tal o cual poder, sino que el cáncer tiene metástasis y la corrupción anida también en los niveles inferiores del poder, por eso España está como está, y no hay visos de regeneración porque raro es el órgano que no está podrido e infectado y en manos de cómplices de toda esta situación.

  2. Hay un error en el titular, que ruego corrijan.
    En el titular, donde dice empleados púbicos debe decir empleados públicos.
    Por lo demás, totalmente de acuerdo con el contenido y con el continente.

  3. * FRANCO gobernaba ESPAÑA, con 35 millones de habitantes, en 1975, Y SIN ORDENADORES NI INFORMÁTICA, CON SOLO 700.000 FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
    * SÁNCHEZ, en 2021, con 47 millones de habitantes, un sistema informático estupendo -y sino, que les pregunten a los usuarios del SEPE, o más bien víctimas-, NECESITA 3.500.000 PANIAGUDOS, muchos de ellos por riguroso enchufe, para que el país no funcione, Y TODO VAYA CADA DÍA PEOR.
    * Item más, NO HAY ATENCIÓN ALGUNA AL CONTRIBUYENTE QUE LES PAGA EL SUELDO. En la práctica totalidad de los organismos no te dejan ni entrar, hay que pedir cita, a veces te citan para dentro de dos o tres meses, te «xigen» que tengan un ordenador y sepas informática, pues todo hay que hacerlo por esa vía, etc.
    * En fin, dan ganas de marcharse de ESPAÑA, y para no volver…

  4. ¿No era la izquierda socialmita la que echaba en cara los desmanes de esta índole a la derechona que decís el ancestral F Felipe, y de la cual se están aprovechando al máximo la prerrog ativa de ser los que manejan el tinglado?

  5. Pues sí que tiene mérito crear doscientos mil empleos públicos de la nada (y aún para menos utilidad…), con las arcas del Estado vacías y la deuda pública situada en su máximo histórico.

    ¿Cómo se dice en «politiqués» SANTO SUBITO?

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