52 años de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. Un experimento neomodernista en la Iglesia española, antecedente de la Transición política española (1/2)

Por Francisco J. Carballo

23/01/2023 Iglesia

Resumen. En 1971 se celebró una Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes en el Seminario de Madrid. La reunión intentaba responder a la rebeldía de un sector del clero con la jerarquía eclesiástica.

Minorías ruidosas acapararon la representación de muchas diócesis y orientaron los debates hacia un sesgo más político que teológico o pastoral. Pronto algunas conclusiones intentaron desbordar las competencias de la propia Asamblea, pretendiendo revisar algunas enseñanzas del magisterio oficial de la Iglesia.

El Papa Pablo VI desautorizó una parte de las Conclusiones de la Asamblea y pidió a la Conferencia Episcopal Española que acomodase su contenido al último Sínodo de los Obispos. Finalmente, las instrucciones del Papa fueron incumplidas y las conclusiones fueron olvidadas, aunque subrepticiamente se introdujeron parcialmente en la vida de la Iglesia española.

La Asamblea Conjunta no cumplió ninguno de sus objetivos. La Iglesia española había pagado un alto precio en vocaciones a la vida consagrada, en claridad doctrinal, en unidad y en vitalidad misionera, que era el único objetivo del Concilio. Poco después, en 1973, un documento episcopal sobre la comunidad política, inspirado en la Asamblea Conjunta, se alejará de la legitimidad de ejercicio como idea para justificar moralmente la acción del Estado, para adoptar sutilmente el criterio liberal de la legitimidad de origen como elemento jurídico-moral inspirador de la autoridad política.

Introducción

En 1971 se celebró una Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes en el Seminario de Madrid. El motivo de la reunión era el descontento de un sector del clero español con la jerarquía eclesiástica. En la Asamblea se enfrentaron dos concepciones de la Iglesia. Por un lado, la Iglesia en comunión con el Papa y respetuosa con el Concilio, y por otro lado, una Iglesia ávida de novedades que algunos autores han denominado como «progresismo religioso», una forma de neomodernismo que tiene como denominador común la relativización de las fuentes de la Revelación divina y la negación práctica de la estructura jerárquica de la Iglesia.

La Asamblea Conjunta fue un episodio oscuro en la historia de la Iglesia española, porque fue un intento de rebeldía doctrinal y de rebelión contra la jerarquía eclesiástica, que algunos autores han calificado como subversivo.

Algún Príncipe de la Iglesia ha escrito que la Asamblea fue un poco audaz, pero con buena voluntad y celo apostólico. Y que fue un éxito, que estuvo en la línea del Concilio y que la Conferencia Episcopal Española (CEE) se inspiró en ella 1.

Lo cierto es que puede afirmarse con la perspectiva del tiempo que no sólo fue audaz, sino también revolucionaria. Que no hubo siempre buena voluntad, sino también espíritu mezquino. Que no hubo siempre celo apostólico, sino algún intento ilícito de suplantar las prerrogativas del Papa. Que no fue un éxito, porque no resolvió los problemas de la Iglesia española. Ni se inspiró siempre en el Concilio 2, sino al contrario. En algunas de sus conclusiones pasó por encima de la letra del Concilio, utilizando un difuso espíritu del Concilio, que nadie con autoridad conoce ni reconoce, y que ha servido de coartada ilegal para justificar cambios que el Concilio nunca bendijo.

El Concilio fue convocado para renovar la vocación misionera de la Iglesia, pero la Iglesia española, desobedeciendo al Papa, se inspiró en las conclusiones de la Asamblea Conjunta durante el gobierno pastoral del cardenal Tarancón y de dos de sus sucesores en la presidencia de la CEE, monseñor Díaz Merchán (1981-1987) y monseñor Elías Yanes (1993-1999), con resultados de sobra conocidos en términos de confusión y desorientación en el pueblo de Dios.

Los sectores más tradicionales de la Iglesia española acudieron de buena fe a la Asamblea Conjunta 3, aunque nacía viciada de origen en su representatividad. Pero inevitablemente reaccionaron cuando la Asamblea intentó exceder sus propias competencias invadiendo atribuciones del Santo Padre o intentando descreditar el papel histórico de la Iglesia martirial en la mayor persecución religiosa de la historia (1931-1939).

La repercusión de la Asamblea Conjunta superó el ámbito eclesial. Para muchos supuso el intento de algunos sectores de la Iglesia española de apoyar el proceso de Transición política desde un Estado confesional a un Estado ateo 4. No en vano Santiago Carrillo y el PCE elogiaron el espíritu y las conclusiones de la Asamblea Conjunta 5. Sin duda inspiró el documento de la CEE

No es cierto que la Asamblea Conjunta buscase una evangelización más eficaz, alternativa a una evangelización desde «el poder político y las riquezas» 6. Lo que estaba en juego era una eclesiología en coherencia con la Tradición Apostólica frente a una concepción de la Iglesia de inspiración luterana.

En el debate de fondo, que trascendió el ámbito religioso para adentrarse en el político, se debatía entre una concepción tomista de la autoridad política, que el Concilio había reafirmado, y una concepción liberal del Estado, donde la fuente de la moral pública no está en las exigencias del bien común sino en la voluntad general.

¿Qué fue la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes?

Desde 1966 el Episcopado español estaba preocupado por la situación problemática de algunos sectores del clero 7, que se había distanciado de la jerarquía eclesiástica, se había politizado con ideologías incompatibles con las enseñanzas de la Iglesia y aparecía con frecuencia colaborando en actividades ilegales contra un Estado confesional que estaba en sintonía básica con Roma.

En 1967 y después de algunas reticencias con la celebración de una eventual asamblea episcopal sobre el sacerdocio, la Comisión Episcopal del Clero, constituida en 1966 y presidida por el presidente de la CEE, monseñor Quiroga Palacios, encarga un «congreso sacerdotal previo» a partir de los consejos presbiteriales. Pero el asunto finalmente se pospone para recoger las experiencias análogas en otros países europeos 8.

En 1968 la Comisión Permanente del Episcopado manifiesta su inquietud por las irregularidades detectadas en las actuaciones de algunos sacerdotes. Era urgente resolver el problema de la «contestación» del clero en España 9. A iniciativa del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero se celebran en varias diócesis algunas encuestas. En el horizonte aparece ya la posibilidad de una reunión conjunta entre obispos y sacerdotes. Monseñor Tarancón, miembro de la Comisión del Clero, informa sobre estas encuestas de manera contradictoria, señalando que la salud del clero es buena, pero presenta síntomas de gravedad.

La Comisión Episcopal del Clero estaba dispuesta a una reunión episcopal para abordar el problema. Pero su Secretariado Permanente, a cargo de monseñor Echarren, insistía en una reunión entre obispos y sacerdotes, precedida de una encuesta en todas las diócesis. Un amplio movimiento de sacerdotes y laicos, a impulsos del Secretariado Permanente, desbordará al Episcopado. La Comisión del Clero, cada día más preocupada por la osadía del Secretariado, no es capaz de impedir ni de encauzar una Asamblea planteada desde el principio en términos de asamblea democrática 10.

El 5 de diciembre de 1969 se reunió la Comisión Episcopal del Clero y su Secretariado para perfilar una Asamblea Conjunta. Esta iniciativa necesitó para su aprobación de cuatro asambleas plenarias del Episcopado español 11. Se determinó que la asamblea nacional fuese precedida por asambleas regionales y que la Comisión y su Secretariado brindasen unos documentos-hipótesis para facilitar el trabajo 12.

La Comisión Episcopal del Clero creó el 24 de abril de 1970 tres comisiones presididas por los cardenales Quiroga Palacios, Tarancón y Tabera para estudiar los documentos-hipótesis. Eran cuatro documentos. El documento Cero versaba sobre la situación del clero; el I sobre el sacerdocio ministerial; el II sobre el sacerdocio y los problemas de las estructuras; y el III sobre los problemas sacerdotales de dimensión personal. El 22 de septiembre de aquel año la Comisión aprobó estos documentos 13.

La Asamblea Conjunta tuvo tres fases: diocesana, interdiocesana y nacional. Las Asambleas diocesanas tuvieron lugar entre junio y julio de 1971. La primera quincena de agosto de 1971 se reunió un grupo de ponentes para estudiar las conclusiones diocesanas, estructurándolas en siete temas que servirían de ponencias. Uno de los máximos colaboradores del cardenal Tarancón, el padre José Luis Martín Descalzo, coordinaba las sesiones 14.

En su fase diocesana la Asamblea empezó a estar sesgada hacia el temporalismo sociológico, pese a que Pablo VI entendía que era necesario revalorizar la dignidad y la necesidad del sacerdocio, al tiempo que advertía en plena preparación de la Asamblea sobre el «fenómeno de la incertidumbre del sacerdote sobre su propio estado» 15.

Algunas asambleas diocesanas acabaron planteando cuestiones en abierta rebeldía con el magisterio oficial de la Iglesia 16.

No todos los obispos de la Plenaria apoyaron la celebración de la Asamblea. Temían al carácter contestatario de algunos grupos de sacerdotes, y que se enrareciera el clima de colaboración entre la Iglesia y el Estado 17, cuya fecundidad apostólica nadie podía negar. La crisis reciente de Acción Católica no invitaba al optimismo. El Episcopado español quería una Asamblea que cumpliese los deseos del Papa, pero incomprensiblemente todo se torció en la mecánica y puesta en marcha de la reunión 18.

En 1970 la Hermandad Sacerdotal Española (HSE) había comunicado a la Comisión Episcopal del Clero su profunda inquietud por la falta de serenidad y el vacío espiritual de las nuevas generaciones sacerdotales 19. También denunciaba la precipitación, imprecisión y falta de contenido de una reunión convocada sin la adecuada preparación espiritual que impetre y acoja la Gracia divina, sólo preocupada de datos estadísticos o sociológicos 20.

La Encuesta al clero

En 1967 ya se había planteado la posibilidad de una encuesta sociológica entre el clero español para que manifestase sus puntos de vista sobre las estructuras de la Iglesia. Los problemas suscitados por los documentos-hipótesis se hicieron más virulentos con el Documento Cero, sobre la situación del clero, que suponía una encuesta de 268 preguntas 21.

La Encuesta al clero fue preparada por el Secretariado Nacional del Clero y la Oficina de Sociología Religiosa del Episcopado, aunque el alma del proyecto fue monseñor Echarren. Fue presentada en diciembre de 1968 y necesitó un año de preparación. En 1970 finalmente las diócesis realizaron la Encuesta con la bendición de la propia CEE.

Poco antes, en 1969, a modo de ensayo, se había realizado una encuesta en 46 seminarios a unos 3.000 alumnos. Los resultados fueron muy significativos: un 52% estaba contra la obligación del celibato. Un 50% era partidario del trabajo profesional. Y un 68% rechazaba las formas de piedad clásicas 22. Vida Nueva publicó los resultados en marzo de 1970. Alguien en la CEE filtraba información reservada a la revista 23.

La CEE estableció que no procedía que la Encuesta fuera nacional, dejando a los obispos libertad en sus diócesis. Algunos obispos se negaron a realizar la Encuesta, porque resultaba ofensiva y mal planteada por la simplificación de las preguntas 24.

El cardenal Tarancón confesaba que muchos miembros de la Asamblea Permanente de la CEE se opusieron al lanzamiento de la Encuesta. En el fondo no simpatizaban con la propia Asamblea, porque tan sólo veían en algún sector del clero un problema de indisciplina y de autoridad episcopal 25.

¿Era solvente la Encuesta desde un punto de vista técnico? La Encuesta suscitó muchas dudas 26. ¿Por qué?  Primero porque estaban excluidos más de 10.000 sacerdotes. Segundo porque había excesiva cantidad de preguntas, 268, que además parecían teledirigidas a la búsqueda de una determinada respuesta. Las preguntas eran tendenciosas 27, planteadas para una respuesta rápida, y de veracidad dudosa porque se referían en muchos casos a ideas y sentimientos íntimos, o a cuestiones de conciencia 28. Y tercero, porque los resultados arrojaban una imagen falsa del clero español, que mayoritariamente parecía sufrir división doctrinal, disciplinar y litúrgica; horizontalismo de moda, fuerte subjetivismo frente al magisterio eclesiástico y al Papa, y semipelagianismo o naturalismo. Había crisis, pero ¿era mayoritaria en el clero español?

La Encuesta resultó inadmisible para muchos sacerdotes y obispos, que observaban «ambigüedad, tendenciosidad y equivocidad». La HSE señaló que eran necesarias garantías técnicas y precisión, porque de lo contrario el resto de los documentos estarían asentados sobre bases sin solidez 29.

En la Encuesta había 268 preguntas variadas, desde el funcionamiento de la diócesis hasta sus preferencias políticas. De los 20.200 curas consultados, fueron válidas 15.449 respuestas. Unos 2.000 sacerdotes no fueron consultados por su ancianidad o enfermedad 30. El padre Martín Descalzo excluyó a los sacerdotes regulares de la Encuesta. En total 11.971 sacerdotes no fueron consultados 31.

Un 63% de los sacerdotes consultados rechazaba los vínculos de la Iglesia con el Estado, un 24% se decía socialista (sobre todo en los menores de 30 años), un 21% monárquico (aumenta el porcentaje en los más mayores), un 10% se decía franquista, un 4,9 autonomista, un 2,4 falangista, un 12,6 seguidor de movimientos obreros, un 6% republicano, y un 15% no respondió a esta pregunta 32.

La Encuesta arrojó como resultado una enorme división entre los sacerdotes, que se definían en torno a concepciones incompatibles de la Iglesia y de la sociedad. Los datos finales fueron presentados por los impulsores del proyecto como una radiografía del clero, lo que parecía indicio de una enfermedad grave. Algunos prelados llamaron la atención por declaraciones que negaban la existencia de crisis alguna o incluso la presentaban como signo de vitalidad 33. Pese a estos resultados, algunos obispos y la revista Vida Nueva 34 hablaron de la buena salud del clero español 35.

Falta de representatividad

La sombra de la falta de representatividad persiguió a la Asamblea Conjunta desde el principio 36. A esta acusación se sumaba otra no menos inquietante que denunciaba el trabajo entre bastidores de los grupos de presión 37. Muchos sacerdotes no quisieron participar en los equipos de trabajo en un ambiente de trampas y zancadillas 38. El padre José Luis Martín Descalzo admitió la falta de representatividad de las Asambleas diocesanas y del grupo de ponentes 39.

El Presidente de la Comisión Episcopal del Clero afirmaba en 1971 que el 85% de los sacerdotes españoles estaban embarcados en la preparación de la Asamblea, y que un 15% presentaba reservas. Las cifras no parecen encajar porque el propio Secretariado dice que los sacerdotes llamados a consulta con la Encuesta al Clero eran 20.114 y que las respuestas válidas fueron 15.449. Además, las cifras de la propia CEE señalan que los sacerdotes en España eran en 1971, en números exactos, 25.000, a quienes hay que sumar el clero regular, más de 10.000. Es decir, 35.000, de los cuales un 20% estaba vinculado a la HSE 40.

Otros autores señalan que en realidad sólo hubo 7.000 respuestas recibidas a la Encuesta, lo que suponía una quinta parte del clero 41. Esa quinta parte, supra representada en la Asamblea, consiguió la mayoría de los casi 200 representantes sacerdotales, que superaban a los obispos asistentes en un inquietante precedente democratizador contra la estructura jerárquica de la Iglesia. El padre Martín Descalzo se complacía de que la Asamblea fuese un caso único en el mundo por la igualdad entre sacerdotes y obispos 42.

Sobre la representatividad del grupo que revisó las conclusiones diocesanas, decía la revista Vida Nueva: «a Majadahonda fueron invitadas 110 personas; asistieron 64 personas que renunciaron para ello a sus vacaciones. Si el grupo más conservador no hizo este sacrificio, es problema suyo» 43. El cardenal Tarancón suscribía esta tesis: «hay muchos sacerdotes que, por las razones que fueren, no han querido entrar en el juego de la Asamblea. Es natural que éstos no se sientan representados. Pero queremos hacer constar que se ha abierto la puerta a todos. Respetamos, como es lógico, las razones por las que no han querido enrolarse en la Asamblea. Han venido, los que han querido» 44.

La mayoría de los sacerdotes fueron quedándose por el camino decepcionados al observar como una minoría de sacerdotes pretendía imponer sus ideas políticas y sus actitudes disciplinares, en discrepancia con la Doctrina Social de la Iglesia y con la identidad del sacerdote tal y como la entendía el magisterio de siempre 45. Ello supuso un empobrecimiento del proceso, y vía libre para grupos minoritarios y problemáticos que monopolizaron la representación «democrática» de las asambleas diocesanas, dando una falsa sensación de mayoría en el clero español 46. Era la vieja y chusca estrategia asamblearia de tan fecundos resultados en la mejor tradición jacobina y bolchevique.

Ponencias y conclusiones

Finalmente, entre el 13 y el 18 de septiembre de 1971, se celebró en el seminario diocesano de Madrid la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. Se reunieron 266 personas con voz y voto. De ellos 84 eran obispos y 182 sacerdotes. Acudieron además 117 invitados.

La dinámica fue la siguiente. Se expusieron las siete ponencias, después se presentaron una serie de proposiciones a propósito de cada ponencia, luego vino el debate y finalmente la votación. Se denominaron conclusiones de la Asamblea a las proposiciones aprobadas 47.

Presidían la reunión los cardenales Quiroga y Tarancón, y los obispos Guerra Campos, y Echarren, que hacía de moderador 48. El cardenal Tarancón, vicepresidente de la CEE, presidió la Asamblea por enfermedad de su presidente, monseñor Morcillo 49. Don José Guerra Campos era el Secretario de la Asamblea en su condición de Secretario de la CEE.

En un estudio que muchos rumores imputan a don José Guerra Campos, la revista Iglesia-Mundo 50 publicó unas observaciones a las ponencias de la Asamblea, después de consultar a varios obispos que la revista no quiere identificar, aunque ellos no han prohibido que se haga público, y que serían estudiadas por la CEE poco después.

En la primera ponencia, «Iglesia y Mundo en la España de hoy», pronto se desbordó el ámbito pastoral y social para caer en el político.

1. Las relaciones de la Iglesia con el orden político deben clarificarse en un deslinde de competencias, tareas y actividades. Debe tenerse en cuenta lo que enseña el Concilio: «comprende la Iglesia cuánto le queda aún por madurar, por su experiencia de siglos, en la relación que debe mantener con el mundo» 51.
2. Hay precipitación en la deliberación de las 56 conclusiones de esta ponencia, cuyo texto introductorio de 156 páginas no fue leído en el pleno ni en los grupos de estudio, y cuyas conclusiones fueron entregadas a los asambleístas tres horas antes de las deliberaciones.
3. El planteamiento del tema ha sido realizado por una Comisión elegida a dedo y con una tendencia monocolor. Se aprobaron no pocas conclusiones que rebasan la competencia de la Asamblea y hasta de la CEE, porque están reservadas al Gobierno español y la Santa Sede 52.
4. Se afirma que la Iglesia debe ser plenamente independiente del Estado y que en consecuencia la Iglesia no debe estar presente en los órganos representativos del poder 53. Es extraño que 40 de las 56 conclusiones sean de orden temporal, y que se dirijan al Estado y no a la sociedad, cuyas realidades han de configurar la política general del Estado, sus instituciones, y sus leyes y decisiones.
5. Se observa ambigüedad y confusión terminológica y doctrinal en la ponencia.
6. Se reconoce que la Iglesia tiene un compromiso con la justicia social, que se resuelve en el orden político, porque es una exigencia del Evangelio. La Iglesia efectivamente no puede ser neutral o indiferente ante la injusticia social o la vulneración de los Derechos Humanos. También es verdad que cuando la Iglesia denuncia las injusticias no hace política, porque esta denuncia forma parte de su misión pastoral y de su magisterio. Pero también es verdad que la Iglesia no ejerce un poder ni directo ni indirecto (en el sentido clásico) sobre el poder civil, sino «directivo», respetando la legítima autonomía del orden temporal y del Estado, como representante y tutor del bien común. Las expresiones se «deben evitar» o «se deben adoptar» posturas en el orden político desdice el reconocido pluralismo ideológico y práctico. ¿Qué ámbito se deja entonces al pluralismo en política?
7. La ponencia afirma en su conclusión número 40 que en las relaciones Iglesia-Estado no se pueden limitar los derechos de los ciudadanos españoles como esto contradice al Concilio 54, que reconoce la potestad del Estado para limitar derechos por razones políticas o históricas a determinados ciudadanos. La libertad religiosa proclamada por el Concilio es una libertad civil en el plano religioso, que puede ser mayor o menor en función de las circunstancias 55.

La segunda ponencia versaba sobre «El ministerio sacerdotal y las formas de vivirlo en la Iglesia». La revista Iglesia-Mundo fue contundente en su crítica. Aun suponiendo el «desenvolvimiento irreprochable» de la Encuesta al clero, la Asamblea no tenía autoridad para definir por vía democrática cuestiones doctrinales o disciplinares concernientes al ministerio episcopal o presbiterial. Si la identidad del sacerdote está en crisis, el confusionismo de la base mal puede resolverlo la propia base. De la confusión sólo sale más confusión. Sólo cabe la intervención del magisterio eclesiástico de acuerdo con los datos revelados tal y como los vive e interpreta la Iglesia.

Las conclusiones sólo pueden ser válidas como encuesta sociológica en orden a la aplicación del último Sínodo de los Obispos, a quien corresponde una función magisterial y de gobierno, escamoteada o minimizada por las conclusiones de esta ponencia 56.

Hay hasta cuatro largas conclusiones sobre situaciones concretas, con sesgo político en clave de la llamada «denuncia profética». La revista Iglesia-Mundo observaba imprecisiones, vaguedades, confusión de conceptos, adhesión acrítica a cualquier novedad y abuso del término pluralismo, que afecta a todos los órdenes de la vida, desde la política, la pastoral y hasta la teología. La Iglesia puede y debe denunciar la injusticia y la vulneración de la dignidad humana, pero no es instrumento de fiscalización del Estado, ni supervisora de funciones socio-económicas, ni puede juzgar como injustas situaciones que precisan de conocimiento y ponderación de las circunstancias.

Hay enorme contraste de forma y fondo con el mismo tema abordado en el Sínodo de los Obispos de 1971, que afirma que no es propio de la Iglesia ofrecer soluciones concretas en el campo económico, social o político. El Sínodo anima al sacerdote a contribuir a la llegada de un mundo más justo, sobre todo en situaciones graves, pero descartando la violencia de la palabra y de los hechos y desde la comunión eclesial, aspecto que contradicen las conclusiones 33 y 3457.

En la tercera ponencia, «Criterios y cauces de la Acción pastoral de la Iglesia», hay discrepancia con el Concilio. Se afirma que el sacerdote debe trabajar en equipo y compartir solidariamente las decisiones de la parroquia.

En la ponencia cuarta, «Relaciones interpersonales en la comunidad eclesial», hay buenas intenciones de cordialidad y hermanamiento. Pero son de lamentar tendencias al horinzontalismo ajerárquico, con inclinación permanente a limitar la autoridad de los pastores, con trasfondo politizante.

Se confunde la condición cristiana con la vida virtuosa. Los pecadores también pueden decirse cristianos. El fundamento de las relaciones interpersonales en la Iglesia es el bautismo, por el que todos estamos injertados en Cristo, no el reconocimiento de los Derechos Humanos 58.

En la ponencia sexta, «Exigencias Evangélicas de la misión del sacerdote en la Iglesia de hoy», el documento aporta elementos interesantes, pero hace demasiadas concesiones a los slogans de moda. Las claves son la integridad, la pureza de la fe y la predicación. Así lo ha reiterado el Papa. Sin estos elementos la solidaridad caerá fácilmente en simple humanismo.

En la ponencia séptima, «La preparación para el sacerdocio ministerial y formación permanente del clero», el documento parece aceptable, pero tiene algunos déficits: no se pone suficiente énfasis en la autoridad de la jerarquía, se plantean formas complementarias de formación sacerdotal al seminario que han resultado fracasadas en los últimos años y que contrastan con las recientes disposiciones del Concilio. Hay una reiteración constante en lo sociocultural y temporal con escaso relieve de la formación sobrenatural, y un excesivo énfasis en el pluralismo con descuido de la necesidad de unidad, que se resume en la ambigua frase «núcleo fundamental de la fe de la Iglesia» 59.

Don José Guerra Campos y la Asamblea Conjunta

Don José Guerra Campos, obispo auxiliar de Madrid y secretario de la CEE, veía la necesidad de «un diálogo sereno entre obispos y sacerdotes para adaptar a la vida sacerdotal todas las enseñanzas del Concilio» 60. Acudió a la Asamblea esperanzado, pero enseguida comprendió que se trataba de una vía equivocada y peligrosa para la Iglesia española 61.

En las asambleas diocesanas preparatorias, junto a grandes aportaciones, vio una «siembra de teorías históricas y teológicas de tipo protestante acerca del origen y el sentido del sacerdocio; una siembra de criterios contra la ley del celibato y el espíritu de consagración; una siembra de concepciones del sacerdocio como un servicio ad tempos. Un aluvión de opiniones y dudas invadió el país, problematizándolo todo» 62.

Cuando la Santa Sede previno a los obispos españoles sobre la Asamblea Conjunta, sobre el peligro de ciertos errores, apuntaba en tres direcciones: mutar revelación por sociologismo, rechazo de la constitución divina de la Iglesia y temporalismo 63.

Algunas de las posturas de don José fueron causa de frecuentes ataques personales por parte de eclesiásticos y seglares identificados con el progresismo religioso. Don José era todavía Procurador en Cortes 64, sufriendo nuevos ataques por aquellos que no solo pedían una separación institucional entre el Estado y la Iglesia, sino también una separación del Estado de la moral objetiva.

Con motivo del X aniversario de la Asamblea Conjunta, la revista Ecclesia pidió al obispo de Cuenca una valoración de la misma 65. En 1981, don José publicó esta valoración en su boletín diocesano 66.

Dice don José que tuvo una «gestación apasionante que terminó en malformaciones y quedó interrumpida antes de dar a luz» 67. Fue una gran frustración. Reconoce que hubo «cosas excelentes» y una gran vitalidad pastoral.

Fue una oportunidad perdida para enderezar las desviaciones aprovechando las aportaciones útiles. Pero también hubo mercancía averiada. Y los resultados no fueron halagüeños.

Buena parte de la Asamblea manifestó su discrepancia con dos cuestiones muy dolorosas para don José: la ley del celibato y la postura de la Iglesia ante la Guerra de 1936.

Monseñor Guerra Campos dijo que la ley del celibato no podía abordarse porque el Vaticano y el Concilio habían resuelto recientemente esta cuestión doctrinal. Las normas de la Asamblea no permitían revisiones de la doctrina oficial de la Iglesia. Y la propia CEE tampoco lo deseaba.

Pese a ello, monseñor Montero (obispo auxiliar de Sevilla) apoyó implícitamente la revisión del celibato. Don José mantuvo un debate con monseñor Montero que, en audaz argumento, defendió la obediencia al Papa como algo compatible con la comunicación a Roma del sentir mayoritario de los sacerdotes españoles.

Si fuese una discusión libre, el propio don José confesó que alabaría la indeterminación equívoca del texto o la habilidad para eludir enfrentamientos de la ponencia, pero esta cita trasciende a la propia Asamblea y es obligada la claridad: o profesión positiva o silencio. Sobre las objeciones de algunas asambleas diocesanas al respecto serán sus obispos quienes deban exponer lo que estimen oportuno al Santo Padre, pero la Asamblea no puede superar sus propios límites. La propuesta no fue aprobada porque no obtuvo el porcentaje reglamentario exigido, aunque obtuvo más del 50% de los votos 68.

En su intervención, monseñor Guerra Campos amenazó con abandonar la Asamblea: «En la hipótesis de que se sometiese a votación propuestas equivocas o contrarias a la norma pontificia o bien en el caso de que en la misma votación de propuestas aceptables la asamblea no se pronunciase como tiene derecho a esperar el Padre Santo y el pueblo cristiano, tienen derecho a saber mis hermanos asambleístas lo que sabe ya la Conferencia Episcopal: me vería obligado en conciencia a desligarme de esta actuación ilegítima o dudosa y de la asamblea, para mantener clara ante el pueblo de Dios la fidelidad a nuestro compromiso episcopal con lo que nos ha mandado la suprema potestad de la Iglesia».

Según Europa Press, «en el caso de que la Asamblea Conjunta aprobará la propuesta de revisión del tema del celibato, treinta obispos abandonarían la asamblea en señal de protesta, según han manifestado algunos de estos prelados» 69. Sábado Gráfico en un artículo titulado «La Ley del Celibato y las amenazas de Monseñor», calificaba a don José como chantajista 70.

Un sector de la Asamblea quiso abordar las relaciones de la Iglesia-Estado. La proposición 34 quería condenar la actitud de la Iglesia en la Guerra de 1936 71. El cardenal Tarancón señala que la Asamblea puso en tela de juicio la Cruzada de 1936 72, aunque reconoce que para muchos lo fue 73, y que la Iglesia tomó partido para defender el sentido cristiano del pueblo español 74.

Este conato de descalificación de la «Iglesia martirial» 75 produjo mucho malestar en la Asamblea y en gran parte del clero español 76. Hasta cuatro intentos fueron rechazados, aunque los síes nunca fueron inferiores al 50%. Como las ponencias necesitaban dos tercios de los votos para su aprobación, finalmente fue aprobada sólo por mayoría simple 77. A juicio del padre Garralda, el buen sentido de -al menos- la mitad de los asambleístas impidió este gesto político e inicuo 78.

Se presentó una fórmula habilidosa a la Asamblea que consistía en la afirmación de que la Iglesia no supo cumplir con su ministerio de reconciliación entre los hermanos enfrentados en la Guerra. La afirmación podría ser válida en algún caso individual, pero era injusta de forma global. Porque la Iglesia fomentó antes de la Guerra el acatamiento y colaboración de los católicos con los poderes constituidos pese a la persecución legal y la persecución en la calle, con el «propósito, que entonces no se ocultaba, de desarraizarla del país» 79.

Don José sigue diciendo que la oleada de anarquía y desbordamiento revolucionario durante la II República no fue responsabilidad de la Iglesia. El movimiento de defensa para evitar la disolución de la sociedad y para salvar algunos valores espirituales, brotó espontáneamente de miles de seglares católicos que actuaban bajo su propia responsabilidad. La Iglesia y el clero en general no indujeron a la acción armada. Una vez que esta fue inevitable, reconoció su legitimidad, aunque manteniendo sentimientos de perdón y comprensión hacia quienes luchaban en el bando adversario 80. Y sin asumir ni bendecir actuaciones posteriores que pudiesen contradecir los móviles fundacionales del levantamiento militar 81. El padre Vicente Oltra respondió a la Asamblea Conjunta: «¡En dónde iba a estar, si en el lado contrario no sólo no nos querían sino que asesinaban a sus ministros!» 82. El padre Oltra había escrito al presidente de la CEE, cardenal Tarancón, recordando que también Su Eminencia y muchos otros fueron víctimas de la persecución marxista. Preguntaba si la sangre de los mártires y su fidelidad son dignas de desprecio para la Iglesia de hoy 83.

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, el carlista Francisco Elías de Tejada, llegó a decir «que la petición de 123 votantes escupiendo con sus babas pútridas las tumbas de nuestros muertos, muertos por Dios y por las Españas en una Cruzada calificada por tal según el Magisterio pontificio, constituye un delito» 84.

El propio Pablo VI siempre hizo referencias durante su pontificado a la Cruzada de 1936 que salvó a la Iglesia española 85, al tiempo que recordaba que no hay hostilidad al Régimen militar que gobierna España, porque los problemas vienen de la crisis general que padecemos 86. El padre Garralda profetizó en la Asamblea Conjunta que vendría alguien más tarde que pediría perdón por la afrenta a los mártires. Así considera que ha sido con Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuyas beatificaciones de mártires de la Guerra se cuentan aproximadamente por un millar 87.

Otra proposición muy polémica en la Asamblea fue la número 59. Después de una redacción inicial filoliberal, reconoció la confesionalidad del Estado como exigencia del bien común, afirmando que «es un despliegue histórico de la Encarnación del Señor y de la presencia eficaz de la Iglesia en el mundo, y una lógica plasmación social de la fe de los ciudadanos; y, por lo mismo, una ayuda providencial para la vida de fe del pueblo». Se trata de una expresión propia de don José Guerra Campos. El ponente dijo extrañamente que no estaba de acuerdo. No fue aprobada porque no obtuvo el número suficiente de votos. Obtuvo 95 síes 88.

El distanciamiento formal y no formal entre la Iglesia y el Estado que pretendía la mayoría de la Asamblea 89, reivindicaba la independencia económica de la Iglesia, pero mientras llegase esta situación, la Asamblea entendía que la Iglesia no podía prescindir de los bienes que la administración pública pone en sus manos 90. El sacerdote don Juan Moreno señaló que es un mal menor necesario, un mal que radica para muchos fieles en que la Iglesia aparece disminuida en su libertad 91. Don José reconoce que los sacerdotes cobraban muy poco. La Iglesia tenía limpiamente un rico patrimonio heredado que administraba para su mantenimiento. Fue dilapidado para engordar a unas cuantas familias. Pero el origen de la subvención del Estado va más allá, porque reconoce que la ayuda pública a la Iglesia, que presta a la sociedad un servicio enorme, es una exigencia del bien común.

La Asamblea quiso encontrar también orientaciones para el ministerio sacerdotal. Pero no podían ser normativas. Sólo podían contener expresiones que reflejasen la doctrina, leyes u orientaciones de la Iglesia universal. Cada obispo podría asumir alguna de sus propuestas y convertirlas en norma en su propia diócesis, aunque en conformidad con la doctrina y la norma superior. Y los obispos reunidos en conferencia nacional podrían asumirlas para trazar líneas de valor directivo o indicativo.

Pero sucedió que cuando llegó la hora de ejecutar las disposiciones de la Asamblea, la CEE vio la necesidad de enmendar y precisar estas formulaciones para acomodarlas a la doctrina y normas superiores de la Iglesia. La Santa Sede, que vio también esa necesidad, manifestó su confianza en que el Episcopado español cumpliría esta tarea, señalando los puntos que merecían su atención. En 1972 don José Guerra Campos ya señalaba desde TVE que hay una confusión alrededor de la Asamblea Conjunta que afecta a la postura de los fieles. Porque los fieles deben esperar que los pastores cumplan su deber y su propósito, según desea el Papa. Quien solicite para la Asamblea una adhesión, que nadie puede exigir, ha de mostrar que esa revisión necesaria se ha realizado.

Mientras tanto, añade don José 92, es natural que surjan apreciaciones diferentes sobre el grado de acierto o desacierto de la Asamblea, sobre las esperanzas que ofrece… Hay partidarios hasta el ditirambo y hay críticos desconfiados. Esto no tiene por qué producir confusión; es una zona de libertad. En esto, como en asuntos análogos, ocurre lo que en la publicidad. Una marca de tabaco debería recomendarse por sus valores intrínsecos. Puede la propaganda lograr mover a algunos compradores por otros motivos (la belleza de la anunciadora, la fuerza sugestiva de la moda…). Pero ¿qué sucede si alguien no se deja mover? Ciertamente, no sería lícito pretender forzarle o avergonzarle, como si estuviese faltando a la verdad o se opusiese a la autoridad. Porque las sugestiones publicitarias de ningún modo se pueden confundir ni con una ley ni con una demostración científica. La propaganda no es el magisterio 93.

Don José fue acusado de ser uno de los principales animadores de la contra-Asamblea, con una propensión a mezclar política con religión, cuando precisamente la Asamblea no hizo otra cosa que intentar politizar la vida de la Iglesia. Sin embargo, el cardenal Tarancón reconoce que don José se comportó sin animosidad visible y sin realizar, al igual que monseñor Castán Lacoma, ninguna labor de obstrucción 94.

Pero quedó señalado por los sectores modernistas de la Iglesia porque frenó como secretario de la CEE, firme e imperturbable, algunas aspiraciones de la Asamblea Conjunta 95.

Roma desautoriza a la Asamblea Conjunta

El Sínodo de los Obispos estaba convocado el 30 de septiembre de 1971 para tratar sobre el sacerdocio y la justicia. La Comisión Permanente del Episcopado pretendía celebrar la Asamblea antes del Sínodo, para llevar sus conclusiones a esta reunión de todos los obispos del mundo. Aunque el Sínodo era consultivo, la influyente revista Vida Nueva reclamaba continuamente la necesidad de que los sínodos fuesen deliberativos 96.

El Sínodo contradijo algunas conclusiones de la Asamblea, como el celibato o el papel de los consejos diocesanos como órganos deliberativos frente al obispo. Pero ni Vida Nueva ni el cardenal Tarancón lo reconocieron. Al contrario, se reafirmaron en sus tesis subversivas 97. Y las enmiendas a las conclusiones de la Asamblea, acordadas por la CEE, y a las que apeló el Santo Padre, nunca se cumplieron 98.

Efectivamente, tras la Asamblea muchos obispos quisieron convertir en normas oficiales para el Episcopado español las conclusiones de la Asamblea Conjunta. Algunos obispos recordaron que antes era necesario enmendar algunas conclusiones para acomodarlas a la doctrina católica, según las resoluciones de la Santa Sede y el reciente Sínodo de los Obispos. La mayoría accedió de mala gana a un estudio ulterior para su perfeccionamiento 99.

La Sagrada Congregación para el Clero envió al presidente de la CEE unas observaciones a tener en cuenta para la revisión de las conclusiones de la Asamblea. Este informe del Vaticano rechazaba de la Asamblea la naturaleza del sacerdocio, la acusada temporalidad, un concepto no cristiano de la liberación, la antinomia de facto entre el culto y el servicio a los hombres, el espíritu mundano, la disolución de la misión de la Iglesia en cuestiones socio-políticas…

En las consideraciones finales, el texto romano se hacía eco de las reiteradas denuncias de grave falta de representatividad de la Asamblea: no representa al clero español por sus irregularidades en el proceso de selección de representantes. También se hacía eco de la falta de sosegada deliberación (precipitación en las votaciones, demasiados temas para estudiar en poco tiempo…). Y de otras irregularidades como la presentación a votación hasta cuatro veces de la proposición 33 de la I ponencia, dos veces antes rechazada, y que volvió a presentarse dos veces más en la Ponencia VI, que versaba sobre la paz, la reconciliación y la ausencia de rencor 100.

Roma fue clara y rotunda 101. En el análisis de conjunto, junto a algunos elementos positivos, había planteamientos de fondo «en todas las ponencias que suscitan graves reservas doctrinales y disciplinares». Había «ideas fundamentales y planteamientos de base incorrectos o, en diversos casos, claramente erróneos» 102. Muchos obispos españoles reaccionaron contra el documento romano. Pablo VI lamentó la falta de humildad y serenidad. Presionado gravemente, el Papa accedió a suavizar la tensión mediante una nota de la Secretaría de Estado que recordaba la intención de la CEE de introducir algunas enmiendas en las conclusiones de la Asamblea. El Papa expresaba su esperanza en que todo se aclarase y se salvase lo positivo de la empresa 103. Pero el Papa reiteraba que en la Asamblea Conjunta había errores 104.

Lejos quedaba el telegrama del Papa Pablo VI a la Asamblea, enviada a través del Cardenal Primado. El Romano Pontífice, al comienzo de la Asamblea, felicitaba y alentaba a los asambleístas por su «sincero empeño» y la «alta misión» que les anima.

La polémica sobre el documento romano

La gestación del documento romano contra la Asamblea Conjunta ha sido objeto de un debate inacabado 105. Monseñor Guerra Campos y Álvaro del Portillo, consultores de la Sagrada Congregación del Clero, habían apelado al Prefecto de esa Congregación ante la deriva de los acontecimientos. Estaban en su derecho 106.

El documento romano fue enviado por la Sagrada Congregación del Clero al presidente en funciones de la CEE, cardenal Tarancón, y al Primado de España, don Marcelo González. A éste le llegó, pero el cardenal Tarancón negó haberlo recibido 107. El texto saltó a la prensa el 21 de febrero y el cardenal Tarancón afirma que se enteró del asunto por la revista Vida Nueva. El padre Martín Descalzo alberga varias hipótesis para explicarlo. Pudo perderse, pudo ser interceptado, o pudo recibirse en la calle Alfonso XI, número 4, de Madrid, donde estaba entonces la sede del Secretariado de la CEE, que ostentaba don José Guerra Campos. En cualquier caso, fue abierto e interceptado por alguien 108.

La carta adjunta al documento romano llegó sin embargo a la agencia de noticias Europa Press 109, que la difundió. Alguien había filtrado la misiva a la prensa. Al parecer fue encontrada por un sacerdote, que la entregó a Europa Press 110. La carta, con fecha 9 de febrero de 1972, era del cardenal Wright al cardenal Tarancón, anunciándole el envío de instrucciones para corregir los textos de la Asamblea Conjunta en la próxima reunión de la CEE. El cardenal Wright rogaba el envío del texto a todos los miembros del Episcopado español.

Otra carta del cardenal Wright a don José Guerra Campos, como secretario de la CEE, tiene fecha de 25 de febrero de 1972. En ella se dice que el cardenal Tarancón ha comunicado que no ha recibido ni la carta anterior ni el documento de la Sagrada Congregación del Clero relativo a la Asamblea. Suponiendo que se ha perdido, y dada su importancia, le envía copia a don José, para que la reparta entre los obispos 111. El cardenal Tarancón dijo que la conoció por esta vía el 26 de febrero. Y que recibió un segundo envío de la carta y el texto de la Santa Sede el 27 de febrero, a través de la Secretaría de Estado.

El 22 de febrero de 1972 el cardenal Tarancón había dicho, en un error histórico, que la carta no existía. No faltan autores que señalan que el cardenal Tarancón ocultó deliberadamente la recepción previa del documento 112. De hecho, el 28 de febrero voló a Roma muy enfadado para conocer la obligatoriedad del texto, para preguntar cómo una agencia de prensa se había enterado del asunto antes que él mismo, y si su persona o la CEE habían perdido la confianza del Papa.

Pablo VI le tranquilizó y le animó a seguir las consignas del texto de la Sagrada Congregación. ¿Alguien había imitado sus trucos políticos? El Papa confirmó el documento 113, aunque no aceptó la dimisión del cardenal Tarancón y los suyos 114.

Los días 24 y 25 de febrero de 1972 don José Guerra Campos viajó también a Roma a título personal, posiblemente para aclarar el equívoco del documento romano sobre la Asamblea. El Secretario de la CEE sufrió en primera persona las inexactitudes de la versión oficial que recibió la opinión pública. Muchos le acusaron de participar en la confusión del momento. Don José sin embargo rechaza tales acusaciones como «íntegramente falsas» 115. El cardenal Tarancón acusa en sus memorias a monseñor Guerra Campos de la filtración a la prensa del documento romano para descreditar al Sr. Cardenal, grave acusación que don José, que tampoco conocía el informe de la Sagrada Congregación para el Clero, desmiente 116. Cárcel Ortí no resuelve la disputa. Dice que hubo calumnias, pero no señala cuáles. Y añade que nunca se aclaró quien divulgó el texto a Europa Press 117. Aunque en otro de sus libros se suma a la tesis oficial contra don José 118. Incluso dos sacerdotes, simpatizantes de monseñor Guerra Campos, discrepan entre ellos sobre este asunto 119.

El periódico Excelsior de México imputaba al Secretario de la CEE y al Opus Dei la responsabilidad, dudando de la autenticidad del documento y del beneplácito del Papa 120. William Callahan 121 se adhiere también a la teoría del cardenal Tarancón, que señala al supuesto complot urdido por don José y el Opus Dei como explicación del fracaso de la Asamblea. Otro tanto opinan Cuenca Toribio, Gerardo Fernández o Martín de Santa Olalla 122.

El historiador José Andrés Gallego sin embargo duda de la veracidad de esta teoría de la conspiración 123 . Todo apunta a que monseñor Álvarez del Portillo, prelado del Opus Dei, fue inspirador del texto de la Sagrada Congregación para el Clero 124.

Don José contempló en silencio estas acusaciones 125. El cardenal Tarancón se había quejado al nuncio Dadaglio, en carta de 3 de mayo de 1972, de la actitud de don José en este episodio 126. La pregunta es inevitable. ¿Esta queja obedece a la falta de colaboración de don José en el intento de rebelión de una parte de la Iglesia española contra las instrucciones del Papa, u obedece a la frustración e indignación al comprobar que Roma daba la razón al secretario de la CEE?

El cardenal Tarancón denuncia un complot

La influencia de esta teoría en la historiografía eclesiástica ha sido enorme, de tal suerte que se ha convertido en la versión oficial de los hechos. El cardenal Tarancón relata con detalle en sus memorias la secuencia de esta versión de los acontecimientos. Los obispos Echarren, Antonio Palenzuela y Díaz Merchán, los padres Patino 127 y Martín Descalzo, y los cardenales Sebastián y Tarancón, entre muchos otros, están convencidos de la tesis de la conspiración.

Monseñor Guerra, con otros obispos, habría hecho la gestión en Roma para alumbrar el documento. No les era difícil llegar hasta el secretario de la Congregación del Clero, monseñor Palazzini, por vía del Opus Dei, pues el prelado era próximo a este instituto.

El cardenal Tarancón relata que se hizo un envío a nombre del cardenal Tarancón a la dirección oficial de la CEE, y otro a don Marcelo. Llegó a la Secretaría de la CEE el día 20. Y monseñor Guerra lo abrió, porque sabía de antemano que llegaría. Y lo divulgó a Europa Press el 21 de febrero de 1972. Añade que pensaba al día siguiente enviarlo al cardenal Tarancón. Pero el desmentido que publicó ABC el mismo día en nombre del cardenal Tarancón habría desconcertado a don José, que ya no se atrevió a enviarlo.

El mismo día 21 de febrero, antes de publicarse la noticia, don José habría dirigido una carta a los miembros de la CEE. Ante la demanda de algunos prelados, el secretariado de la CEE habría declarado que no disponía del texto, añadiendo que, en caso de recibirlo para su distribución, lo remitiría sin tardanza. Ese día a las 9 de la noche el padre Martín Descalzo alerta al cardenal Tarancón. Le dice que nadie tiene idea de la existencia del documento, salvo don Marcelo, que ya lo había recibido desde Roma.

El cardenal Tarancón afirma que don José se inventa la llamada de los obispos al secretariado reclamando el texto. Estima que en realidad don José habría pensado darle el documento, pero entregando el texto también a la prensa y alertando a los obispos, lo que impedía comunicar con Roma y «evitar la publicación».

El cardenal Tarancón desenmascaró este plan ante don José, que se vio obligado a buscar un camino alternativo. Don José supo que el 28 de febrero el cardenal Tarancón viajaría a Roma. Pero don José se habría adelantado para conseguir de quienes habían realizado el documento una copia de este, junto a otros detalles para abortar cualquier reacción del viaje del cardenal Tarancón. De hecho, el 25 de febrero don José partió para Roma, sin comunicárselo al cardenal Tarancón 128. El cardenal Tarancón reconoce que la Sagrada Congregación del Clero en nota pública de 27 de febrero en Nuevo Diario, resolvió no pocas dudas suscitadas entre la opinión pública. El texto está promulgado con autorización suprema y enviado al presidente de la CEE, cardenal Tarancón, y a don Marcelo. La carta ha llegado al Primado pero no al presidente. Se repite el envío.

Esta nota desconcertó al cardenal Tarancón porque le habían dicho desde la Secretaría de Estado que no sabían nada del documento. Pero ahora la Secretaría de Estado reconocía el documento. El cardenal Tarancón no supo qué pensar, tal vez ya no tuviese la confianza de Roma. Consultó a monseñor Echarren y al padre Patino para una última reflexión, pero esa mañana le entregan un sobre que don José había dejado en persona en la portería. El sobre venía escrito a mano con el mensaje de urgente. Contenía una carta escrita por don José comunicando que la Sagrada Congregación del Clero, con aprobación superior, había hecho llegar a este Secretariado la siguiente documentación:

1. Copia de la «comunicatio» de la Sagrada Congregación del Clero, sobre la recepción del texto sobre la Asamblea
2. Una carta del cardenal prefecto dirigida a monseñor Guerra Campos, pidiéndole que lo enviase a todos los obispos.

El cardenal Tarancón asegura que habló con la Secretaria de Estado, que le dijo que el documento había sido prohibido, pero que no podía ser desautorizado por la Secretaría de Estado a posteriori. En la Secretaría de Estado le dijeron que todo había sido muy lamentable, que el Papa tenía «absoluta confianza» en él, y que cuando viniese a Roma al día siguiente todo se arreglaría como el cardenal Tarancón dispusiese 129.

El sobre de don José no contenía el documento más importante, porque don José se lo había quedado para fotocopiarlo, como le había pedido la Sagrada Congregación del Clero. Así que el cardenal Tarancón lo recibió una semana después, junto a todos los obispos 130.

En una carta dirigida el 25 de febrero de 1972 al Secretario de Estado, el cardenal Tarancón se había quejado de la presión de la prensa española para que don José Guerra Campos fuese elegido presidente de la CEE 131. Pide a Roma una aclaración oficial y una muestra de confianza. Se queja también de que la Sagrada Congregación del Clero encargue al secretario de la CEE la distribución de copias del documento al margen del presidente 132.

Volvió a quejarse de don José en una carta al nuncio Dadaglio, con fecha 3 de mayo de 1972, porque don José habría dicho que entregó el documento a todos los obispos y a la prensa, recibiendo instrucciones de la Sagrada Congregación del Clero y con autorización superior 133. El cardenal Tarancón viaja entonces a Roma. Está convencido de la conspiración entre el Opus Dei y don José. Al menos eso «señalaban todas las apariencias». Pero no puede creer, «pese a la evidencia», que un obispo usase medios contra «las normas elementales de moralidad», con la complicidad de «altura en Roma» 134. El cardenal Tarancón estaba triste. Creía que algún obispo no había jugado limpio en este asunto, cosa que le desconcertaba. En Roma le habían hablado de que don José anduvo por allí y que tuvo manejos con el Opus Dei y la secretaría de la Sagrada Congregación del Clero.

La secretaría de la Congregación del Clero, a espaldas de la Plenaria de la misma, de la Secretaría de Estado y del Papa, habría preparado el documento, escogió a los redactores y lo envió, con la firma del cardenal, que no habría leído el documento. Don José habría viajado a Roma para conseguir una copia del documento y para pedir a la Congregación una nota de prensa, que no se publicó en Roma por prohibición de la Secretaría de Estado.

El documento habría salido de la Congregación un sábado, día no laborable y por lo tanto sin servicio de oficina. Por lo tanto, allí estarían sólo los conjurados. El cardenal Tarancón admite que tiene indicios sobre el idioma original del documento, pero no lo sabe con certeza absoluta. Cree que se escribió en castellano y que luego se tradujo al italiano, como finalmente se envió. Lo habitual sin embargo es que viniese en latín.

Estaba seguro de que los conspiradores no cejarían en su empeño y había que estar alerta para que no le sorprendiesen. De regreso a Madrid pudo comprobar que las espadas estaban por todo lo alto. Veía a sus rivales temerosos de que hubiese conseguido algo en Roma. Lo que no sabían es que los manejos del complot estaban al descubierto, confiados en ganarse la simpatía de algunos obispos al denunciar varias imprudencias, la más grave, la publicación de las conclusiones de la Asamblea Conjunta, con aprobación de la CEE.

En su discurso inaugural ante la Asamblea Plenaria de la CEE el 6 de marzo de 1972, previamente a las elecciones a la presidencia, el cardenal Tarancón hizo referencia al contenido de dos cartas. Una del cardenal Villot y otra del cardenal Wright, en contestación a una suya previa. Leyó esta última en parte, omitiendo los párrafos en los que nombra a determinado obispo. Sin duda se trataría de don José Guerra Campos.

El cardenal Tarancón afirmó «verbo sacerdotalis» que no recibió el documento romano hasta que le envió una copia don Marcelo. Y que al regresar de Roma se encontró con otra copia enviada por el secretario de la CEE a todos los obispos 135. Leída la carta del cardenal Villot, el cardenal Tarancón observó que todos los obispos quedaban más tranquilos, excepto el grupo que promovió el affaire.

Pidió que se olvidase el asunto, y que todo continuase según el plan previsto, una vez conocido el beneplácito del Papa. A continuación, habló don José, cuyas palabras no comenta. El cardenal Tarancón insinúa a continuación disponer de documentación que prueba quien había gestionado todo en Roma y quien había filtrado a la prensa el documento romano. Don José habría adivinado que el cardenal Tarancón estaba enterado de todo, y que si le obligaba podía descubrir la conjura con pruebas documentales. Pero el cardenal Tarancón confiesa que no quería que otra intervención de don José alterase la serenidad lograda. En un descanso, el cardenal Tarancón se habría acercado a don José, que había pedido otra vez la palabra, para preguntarle si quería hablar después: «muy humildemente me contestó que ya no hacía falta» 136. Don José habría reculado para no sentirse delatado.

Para Ricardo de la Cierva todo este relato no explica el fondo de la cuestión. Roma censura buena parte de las conclusiones de la Asamblea Conjunta y el Papa Pablo VI confirma la censura. Buena prueba de ello es que las conclusiones oficialmente quedaron arrinconadas para siempre por sus propios promotores y apologistas.

La descalificación esencial al texto de la Asamblea Conjunta es una descalificación a su promotor, el cardenal Tarancón, que prefiere en sus memorias concentrar su atención en las anécdotas sobre intrigas y confabulaciones en la recepción del documento 137. Y una descalificación implícita a la Conferencia Episcopal 138.

Algunos autores se suman a la tesis del cardenal Tarancón parcialmente, pero reconocen que al final se impuso la voluntad del documento romano 139, que no frenó la deriva disolvente de la Iglesia española, aunque detuvo los efectos más nocivos de la Asamblea. Para otros autores, aunque el cardenal Tarancón no tuvo en cuenta las observaciones de Roma a las conclusiones de la Asamblea, muchas disposiciones de la Asamblea han pasado subrepticiamente al ordenamiento jurídico de la Iglesia, y Roma ha elevado a la condición de obispos a casi todos los líderes de la Asamblea 140. Lo confirma así el propio cardenal Sebastián. El texto romano desconcertó al principio, dice el cardenal Sebastián, pero aclaradas las cosas, la CEE se inspiró en aquella «reunión memorable» 141.

Por lo tanto, no parece ajustada a la verdad la idea de que el cardenal Tarancón «obró siempre de acuerdo con la nunciatura apostólica y aceptó sin discusión cualquier consigna u orientación de la Santa Sede» 142.

Fin primera parte

Para La Razón Histórica

1 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, Madrid: Ediciones Encuentro, 2016, p. 174-175; Monseñor Fernando SEBASTIÁN, «Iglesia y democracia. La aportación de la Conferencia Episcopal Española» en VV. AA., La Iglesia en España (1950-2000), Madrid: PPC Editorial, 1999, p. 155.

2 Cf. Juan María LABOA GALLEGO, «La Iglesia entre la democracia y el autoritarismo» en VV. AA., Al servicio de la Iglesia y del pueblo, Madrid: Narcea Ediciones, 1984, p. 31.

3 Cf. Juan María LABOA GALLEGO, «La Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes de 1970 (sic) en España» en VV. AA., Responsabilidad y diálogo, Madrid: UPCO, 2002, p. 96.

4 Cf. Senén FERNÁNDEZ, «El “Concilio” de la Iglesia española» en Daniel ARJONA y Silvia FER- NÁNDEZ (coord.), El franquismo año a año. La nueva cara de la Iglesia española, Biblioteca El Mundo 31 (2006), p. 7.

5 Cf. Mundo Obrero de 15 de octubre de 1971; REDACCIÓN, «Santiago Carrillo y la Asamblea Conjunta», Iglesia-Mundo, 38 y 39 (1972), p. 12; Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 19.

6 Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Religión y poder. Transición en la Iglesia española, León: Edilesa, 1999, p. 175.

7 El cardenal Sebastián habla de «la situación de inseguridad doctrinal, de incertidumbre y de impaciencia, que entonces reinaba en el clero español» (Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 177).

8 Cf. Luis MADRID CORCUERA, Historia de un gran amor a la Iglesia no correspondido, Madrid: Herman- dad Sacerdotal Española, 1990, p. 48.

9 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, Madrid: ARC Editores, 1997, p. 148-149.

10 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 49.

11 Cf. Yolanda CAGIGAS, La revista Vida Nueva (1967-1976), Pamplona: Eunsa, 2007, p. 117.

12 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 52.

13 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 165.

14 Cf. ib., p. 166.

15 Pablo VI había defendido una recta concepción del sacerdocio en torno a los valores de misión laboriosa y pobre al servicio del pueblo de Dios, irradiando la Palabra y Gracia divinas, en fidelidad al obispo y al Papa, y en caridad con todos (cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 55).

16 Plasencia, Albacete, Vitoria, Huesca, Huelva, Segovia, Orense, Madrid, Málaga, Mallorca, Urgel, Málaga, Cádiz-Ceuta y Sevilla (cf. ib., p. 71).

17 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, Confesiones, Madrid, PPC, 1996, p. 698.

18 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 55.

19 Cf. ib., op. cit., p. 50.

20 Cf. ib., p. 51.

21 Cf. ib., p. 63. Los documentos base de la Asamblea Conjunta, donde se reflejaba el espíritu y los objetivos del evento, recibieron amplia crítica. Vid. HSE, Dios lo Quiere, 10-13 (1971). Don José Guerra Campos señaló al profesor jesuita José María del Castillo, expulsado de la Facultad de Teología de Granada, como el artífice del famoso Documento Cero, el más sectario de toda la Asamblea, y que sirvió de base a los demás documentos.

22 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 119.

23 Cf. ib., p. 118-120.

24 En Barcelona casi el 40% de los sacerdotes no contestó (cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Española y la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (I y II), San Sebastián: Hermandad Sacerdo- tal San Ignacio de Loyola, 1971, p. 134).

25 Cf. Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA, El rey, la Iglesia y la transición, Madrid: Sílex Edicio- nes, 2012, p. 35-36.

26 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 154.

27 Eran preguntas políticas o sobre cuestiones ya definidas por el magisterio de la Iglesia y hasta de conducta personal (cf. Blas PIÑAR, Mi réplica al Cardenal Tarancón, Madrid: Editorial FN, 1998, p. 25).

28 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 65.

29 Cf. HSE, op. cit., p. 4 y 53. La Encuesta recibió el rechazo de la HSE y de los cabildos de Madrid y Alcalá.

30 Cf. Senén FERNÁNDEZ, p. 12-15.

31 Cf. HSE, op. cit., p. 137; Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 12-15. Pese a este dato algunos historiadores siguen sosteniendo que todo el proceso fue participativo y democrático (cf. Feliciano MONTERO, La ACE y el franquismo, Auge y crisis de la AC especializada, Madrid: UNED, 2000, p. 264).

32 Cf. Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 12-15.

33 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 95.

34 Vid. Vida Nueva, 21 de marzo de 1970.

35 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 66.

36 En febrero de 1971 la Asociación de Sacerdotes y Religiosos San Antonio María Claret denunció la falta de representatividad de los cuatro delegados de Barcelona (cf. HSE, op. cit., p. 115). La HSE se quejó también ante el obispo Argaya de San Sebastián de anomalías de la representación en Guipúzcoa (cf. ib., p. 115). Hubo reclamaciones también en Navarra (cf. REDACCIÓN, «Navarra no estuvo debidamente representada en la Asamblea Conjunta», El Pensamiento Navarro, 7 de marzo (1972), p. 3). Los Cabildos de Madrid y de Alcalá denunciaron el sesgo de la Asamblea, que no representaba a la mayoría (cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 58-59). Diecinueve sacerdotes asambleístas firmaron un documento contra las irregularidades en la representación (cf. HSE, op. cit., p. 136-140). Y unos doscientos sacerdotes de Lugo y cien de Santiago denunciaron no sentirse representados. Monseñor Guerra Campos habría entregado una carta al cardenal Tarancón el día 15 de septiembre con la firma de 12 sacerdotes que denunciaban la falta de representatividad de la Asamblea. Y otra carta firmada por 11 obispos pidiendo se estudiase el anterior documento (cf. Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 171-172).

37 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 56-57.

38 Cf. ib., p. 58-59.

39 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 167 y 176. Para Ricardo de la Cierva, el padre Martín Des- calzo fue «jefe de las tropas de choque» progresistas.

40 Cf. HSE, op. cit., p. 136-140.

41 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 154; Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 12-15.

42 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 165.

43 REDACCIÓN, «Un paso histórico en la vida de nuestra Iglesia», Vida Nueva 799-800 (1971), 17.

44 Informaciones, 17 de septiembre de 1971, p. 11.

45 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 53-54.

46 Cf. ib., p. 56.

47 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 169; REDACCIÓN, «Resumen de sus conclusiones», Fuerza Nueva 247 (1971), p. 26-27.

48 Cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, Pasando página, Avilés: Edición del autor, 2007, p. 292.

49 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, Valencia: Edicep, 2003, p. 237.

50 La redacción del texto es propia de don José Guerra Campos. Para el historiador Ricardo de la Cierva el mejor documento sobre la Asamblea Conjunta aparece en la revista Iglesia-Mundo de 16 de abril de 1971, inspirado por monseñor Guerra Campos. De la Cierva sin embargo equivoca las fechas. Ni la revista nace en esta fecha, sino un poco antes, ni ese número dedica atención especial a la Asamblea, aunque lo hará poco después. Don Ricardo habla de “creo” que nació en esas fechas para hacer el seguimiento de la Asamblea… (cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Igle- sia, Madrid, ARC Editores, 1997, p. 156). Iglesia-Mundo nació el 10 de febrero de 1971, con el nú- mero 0.

51 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 43.

52 Cf. REDACCIÓN, «Las 7 ponencias de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», Iglesia-Mundo 21 (1972), p. 9; Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 170.

53 Cf. REDACCIÓN, «Las 7 ponencias de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 12.

54 Cf. CONCILIO VATICANO II, Dignitatis Humanae, 6.

55 Cf. REDACCIÓN, «Las 7 ponencias de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 12.

56 Cf. ib., p. 19.

57 Cf. ib., p. 20-21.

58 Cf. ib., p. 35.

59 Domingo MUELAS ALCOCER, Habitó entre nosotros, (s. d., s. e., s. l.), p. 48-49.

60 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca, 2002, p. 575.

 61 Cf. Jaime MORENO, El apostolado seglar y la acción católica en el Magisterio del obispo don José Guerra Campos, Madrid: Tesina de licenciatura en Teología Catequética, Universidad de San Dámaso, 2012.

62 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 577.

63 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, El octavo día, Madrid: Editora Nacional, 1972, p. 149.

64 La conclusión número 45 de la Ponencia I de la Asamblea Conjunta rechazaba la representación política otorgada a los representantes de la Iglesia. Monseñor Cantero, arzobispo de Zara- goza, era entonces procurador en Cortes por designación directa del Jefe del Estado. Al sentirse aludido aclaró que un cristiano actúa según su conciencia. Que admite su fidelidad al Jefe del Estado y a la constitución política de España, que concede atribuciones constitucionales al Jefe del Estado para designar como procuradores en Cortes a personas de la jerarquía militar, eclesiástica o administrativa, una vez oído el dictamen del Consejo del Reino. Que su aceptación es coherente con cuatro leyes fundamentales aprobadas en referéndum, sin que la Iglesia en su jerarquía haya manifestado al respecto objeción alguna. Que es un deber de gratitud a quien ha defendido y servido a la Iglesia y que hacer lo contrario que hicieron mis predecesores sería ingratitud. Que la mayoría de la Asamblea diocesana de Zaragoza no le pidió que renunciase al cargo, sino que por dos veces fue favorable a su presencia en las Cortes. Que su participación en Cortes y en el Consejo del Reino no implica ninguna postura política, pues los prelados no participan en discusiones técnicas, sólo en aquellas que tienen implicación con valores espirituales o que afectan a la dignidad humana (cf. CIFRA, «El arzobispo de Zaragoza don Pedro Cantero afirma su derecho a ser procurador en Cortes», Iglesia-Mundo 15 (1971), p. 30).

65 Vid. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los diez años de su celebración», Ecclesia, 2.046 (1981), p. 16-17.

66 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los diez años de su celebración», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca (1981), p. 138-140.

67 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 776.

68 Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», Iglesia-Mundo 11 (1971), p. 28 y 30. Gerardo Fernández reconoce que la Iglesia había declarado cerrada la cuestión del celibato, pese a lo cual paradójicamente acusa a don José de «radical» al oponerse a discutir el celibato (cf. Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 152 y 154).

69 Informaciones, 17 de septiembre de 1971, p. 11.

70 Cf. REDACCIÓN, «El celibato sacerdotal en la Asamblea Conjunta», Mediterráneo 10.217 (1971), p. 9; Bernardo MONSEGÚ, «Un obispo y su postura», Roca Viva 47 (1971), p. 834-835; Ángel GARRALDA GARCÍA, Pasando página, op. cit., p. 292.

Sobre la polémica del celibato, el cardenal Tarancón relata los hechos restando importancia a la discusión, aunque ya se hubiera pronunciado el Papa. Añade que, al inicio del diálogo sobre el tema, con «serenidad y juicio», pidió la palabra don José Guerra Campos. El Sr. cardenal se alarmó por su tono, que sonaba a ultimátum. Unos siete obispos le animaban con sus gestos, pareciendo conocer el contenido. También apoyaban algunos sacerdotes. El cardenal Tarancón percibió que la mayoría de obispos y sacerdotes de la Asamblea disimulaba mal su indignación: consideraban las palabras de don José un ataque desaforado y con ganas de lucha. Hasta supo que tenían organizado una espantada en caso de que el asunto transcurriese por derroteros inaceptables para ellos. El cardenal Tarancón se presenta como el salvador de la Asamblea, advirtiendo, antes de que algunas intervenciones provocasen el incidente, que no se admitirían puntos de vista que no pudiesen ser aceptados por todos. El cardenal Tarancón, satisfecho, veía a este «grupito», que había crecido, desconcertado y hasta humillado. Y celebra la sensatez y la disciplina de aquellos centenares de sacerdotes, muchos de los cuales habrían preferido que se contestase «un poco violentamente a la intervención de Guerra» (Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit, p. 465-466).

71 Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 23.

72 Cf. Monseñor Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 489.

73 Cf. ib., p. 191.

74 Cf. ib., p. 467-468.

75 Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, Madrid: Editorial Fénix, 1996, p. 320.

76 El padre Ángel Garralda, miembro de la HSE, criticaba a los obispos cobardes que no asistieron a la Asamblea Conjunta o que no se marcharon de ella (cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, «La división del clero en España» en VV. AA., Junta General en Santiago de Compostela, Madrid: Herman- dad Sacerdotal Española, 1977, p. 168).

77 Cf. Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 16.

78 Cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, Pasando página, op. cit., p. 292.

79 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 575-576.

 80 La reconciliación entre las personas que ya se había producido en la sociedad española. La Asamblea buscaba también la reconciliación entre ideas antitéticas. Algunos autores estiman, que el anticlericalismo social ha desaparecido, aunque haya permanecido el intelectual, gracias a iniciativas como la Asamblea Conjunta. Como era previsible, la historia contemporánea demuestra que lo cierto es que el Estado laico inevitablemente cae siempre en la tentación laicista (cf. Juan María LABOA, «Los hechos fundamentales ocurridos en la vida de la Iglesia española en los últimos treinta años (1966-1998)», VV. AA., La Iglesia en España (1950-2000), Madrid: PPC Editorial, 1999, p. 131- 132).

81 Cf. E. R. ALBARRÁN, «15 preguntas de “Hispania press” al obispo Guerra Campos», Iglesia- Mundo 12 y 13 (1971), p. 32.

82 Luis FERNÁNDEZ VILLAMEA, «¿Por qué el Papa pasó de largo?», Fuerza Nueva, 1400 (2011), p. 16-17.

83 Cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Española y la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (I y II), op.cit., p. 147. El padre Oltra decía que en la Asamblea sólo había fiscales: «¡Nuestros mártires perdonaron, pero jamás se les ocurrió pedir perdón a los verdugos¡» (Blas PIÑAR, op. cit., 1998, p. 31).

84 Ib., p. 141.

85 Un grupo amplio pero indeterminado de participantes en la Asamblea envío al general Franco un telegrama al palacio de Ayete de San Sebastián en agradecimiento por los beneficios que había recibido la Iglesia con su gobierno (cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 35; HSE, La Hermandad Sacerdotal Española y la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (I y II), op. cit., p. 148-149).

86 Cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, op. cit., p. 334.

87 Cf. Ángel GARRALDA GARCÍA, Pasando página, op. cit., p. 294. El padre Ángel Garralda fue elegido representante por la diócesis de Oviedo en la Asamblea Conjunta de 1971 (cf. ib., p. 292).

88 Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 22.

89 El clero español era mayoritariamente partidario del statu quo en las relaciones Iglesia- Estado, y los obispos también, hasta que el Episcopado español fue renovado por numerosos obispos auxiliares (cf. Pío MOA, La transición de cristal, Madrid: Libros Libres, 2010, p. 47), fórmula de elección de los obispos que burlaba el trámite, más burocrático que inquisitivo, del derecho de presentación de obispos que ostentaba la Jefatura del Estado español desde hacía varios siglos. La XV Asamblea Plenaria de la CEE, celebrada después de la Asamblea Conjunta, a primeros de diciembre de 1971, suprimió el voto de los obispos dimisionarios y se los entregó a los auxiliares (cf. REDAC- CIÓN, «La XV plenaria del Episcopado. ¿Una Asamblea de Transición?» Vida Nueva 809 (1971), p. 7).

90 Don José relata los esfuerzos de la CEE desde 1966 hasta 1974 para mejorar la situación económica del clero. En 1966 el gobierno propuso a la CEE una reforma global de la asignación que eliminase subvenciones parciales y que concediese una partida única revisable periódicamente para acomodarlo a las variaciones del nivel de vida. La asignación partiría de un estudio exhaustivo, que podría cifrarse en un 2% del Presupuesto del Estado. La CEE agradeció el gesto, pero expuso algunas consideraciones técnicas. Pasó un año. El Gobierno reclamaba una solución, al tiempo que la CEE pidió un aumento de la cantidad, pero según el sistema antiguo. Ante la insistencia del Gobierno, la CEE se comprometió a realizar el estudio a finales de 1967. En 1969 el estudio no había concluido y acabó desapareciendo de las reuniones del Episcopado. Todo se supeditó a la revisión del Concordato. Don José apoya la actualización de la dotación económica para el clero, aunque cri- tica alguna sugerencia extravagante como la que sugería que los obispos renunciasen a su dotación en bloque y de repente como ejemplo estimulador. Nadie hizo caso (cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Sobre la dotación económica del clero», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca 10 (1974), p. 407-413).

91 Cf. Informaciones, 17 de septiembre de 1971, p. 11.

92 La revista Iglesia-Mundo, que calificaba a don José como «gran figura de la Teología Católica» y con «acendrado espíritu de la ortodoxia y de las doctrinas de Pablo VI», elogiaba su labor en la Asamblea, consiguiendo que una ponencia modificase la expresión «profundización», por la de «información» a la Santa Sede. Le pareció una ponencia entonces viable, aunque no satisfactoria, porque flotaba en el ambiente reticencia y una falta de comunión con el Santo Padre (cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 29).

93 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, El octavo día, op. cit., p. 64-65.

94 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit, p. 520.

95 Un periodista «católico», visiblemente irritado, le denominó despectivamente como «personaje» (Ramón PI, «Guerra Campos», La Vanguardia Española 37.203 (1985), p. 14).

96 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 180-181. Vida Nueva se constituyó en una publicación agitadora, rebelde con la jerarquía eclesiástica y auténtico grupo de presión del progresismo religioso. Realizó una información parcial y sesgada del Sínodo, publicando sólo aquello que compartía. No por casualidad las Conclusiones de la Asamblea coincidieron con las opiniones publicadas en la re- vista, que reclamaba la objeción de conciencia, la libertad de expresión, el derecho de asociación sindical y político, la ausencia eclesial en órganos de representación política, la participación popular en la elección de los pastores, o la renuncia a toda apariencia de poder económico (cf. ib., op. cit.,

1. 168, 175 y 181; Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, op. cit., 227-234).

97 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 184-186.

98 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los diez años de su celebración», op. cit., p. 140.

99 Cf. ib., p. 139.

100 La práctica insólita de repetir las votaciones hasta conseguir el resultado deseado y, una vez conseguido, apelar a la «legitimidad democrática» para no votar nunca más, es una tradición jacobina que el marxismo utiliza con sorprendente desparpajo para burla de la democracia y del pueblo soberano, y como penitencia para quienes defienden de forma contumaz el derecho de los tramposos a participar en el juego con las cartas marcadas.

101 Cf. SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CLERO, «Documento de la Sagrada Congregación del Clero sobre eventuales errores de la Asamblea obispos-sacerdotes» en VV. AA., CIO. Madrid: Edito- rial CIO, 1973, p. 347; CIO, «¿Quién ha desautorizado a la Asamblea Conjunta» en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 334-337. El texto de la Sagrada Congregación para el Clero reconocía la presencia de grupos de presión que podían dividir a fieles y pastores, al tiempo que pedía, primero, prescindir de la Ponencia I en la reunión de la CEE, inaceptable desde el punto de vista doctrinal y pastoral, y que excedía los límites de la Asamblea. Segundo, sustituir la Ponencia II por el documento del Sínodo de los obispos sobre el sacerdocio ministerial. Y tercero, estudiar las demás ponencias de acuerdo con los criterios doctrinales y disciplinares básicos recordados en el informe, para corregir las imperfecciones observadas.

102 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, «Sagrada Congregación para el Clero. Conclusiones y ponencias de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes tenida en España del 13 al 18 de septiembre de 1971», Iglesia-Mundo 22 (1972), p. 6-14. El cardenal Fernando Sebastián afirma que la Sagrada Congregación del Clero observó hasta cinco herejías (cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 172).

103 Cf. Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 577; Monseñor José GUERRA CAMPOS, «La Iglesia en España (1936-1975)», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca 5 (1986), p. 88-89.

104 Cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, op. cit., p. 335. En un difícil equilibrio, José Andrés Gallego observa deficiencias conceptuales en las conclusiones de la Asamblea, pero entiende que el documento romano hizo «la peor de las interpretaciones posibles» de los textos de la Asamblea (cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, Madrid: Ediciones Encuentro, 1999, p. 190).

105 El cardenal Fernando Sebastián dice que el documento había sido promovido en Roma por algunos sacerdotes españoles que trabajaban en la Congregación, que no había pasado por los cauces reglamentarios de la misma, y que había sido retenido por la Secretaría de la CEE, hasta la víspera de la Asamblea (vid. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 174).

106 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 164.

 107 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 192.

108 Dice Martín Descalzo que monseñor Guerra Campos conocía su existencia, insinuando que pudo recibirse en la Secretaría de la CEE. Las acusaciones sin pruebas contra el Secretario de la CEE serán numerosas en el cardenal Tarancón y en sus colaboradores (cf. José Luis MARTÍN DESCALZO, Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona: Editorial Planeta, 1982, p. 181).

109 Europa Press no era del Opus Dei, como se ha repetido hasta la saciedad. Simplemente algunos miembros del Opus trabajaban allí. Es el típico error de tomar la parte por el todo (cf. Rafael GÓMEZ PÉREZ, El franquismo y la Iglesia, Madrid: Rialp, 1986, p. 245).

110 Cf. Antonio FERNÁNDEZ FERRERO, Guerra Campos. Apuntes para una biografía, Valencia: Edicep, 2003, p. 114. Martín Descalzo asegura que el propio redactor de Europa Press, José Manuel Ardions, confesó «acorralado» delante de cinco periodistas, entre ellos él mismo, que el texto se lo había entregado don José Guerra Campos. Era un documento destinado sólo a la presidencia, sólo a ella, que acabó en la prensa (cf. José Luis MARTÍN DESCALZO, op. cit., p. 177). José Andrés Gallego dice que don José no tuvo responsabilidad. Simplemente dejó la carta en lugar indebido, por des- cuido, cayendo en manos de un sacerdote que filtró la noticia a la prensa (vid. Pueblo, 6 de marzo de 1971). No tuvo intención expresa (cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191-193).

111 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 463.

112 Vid. F. de MEER, Antonio Garrigues Embajador ante Pablo VI. Un hombre de concordia en la tormenta (1964-1972), Pamplona: Aranzadi, 2007. Fernández de la Cigoña acusa al cardenal Tarancón abiertamente de usar la mentira cuando Su Eminencia desmintió que Roma hubiese realizado advertencias y críticas a la Asamblea Conjunta (cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA,

«Breve historia del señor Tarancón», Fuerza Nueva 632 (1979), p. 14-15).

113 Pese a ello el apoyo del cardenal Tarancón a las conclusiones fue contumaz y llega hasta sus memorias (cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit, p. 522-523).

114 Cf. REDACCIÓN, «Estrepitosa historia del envío del documento de la Santa Sede sobre la Asamblea Conjunta», Iglesia-Mundo 22 (1972), p. 29-32; Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 167.

115 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 577.

116 Cf. Antonio FERNÁNDEZ FERRERO, op. cit., p. 114. El padre Antonio Fernández, no tiene claro quién filtró la historia. Don José dice que él no fue. El cardenal Julián Herranz sabe algo, pero no quiso decirle nada (entrevista al padre don Antonio FERNÁNDEZ FERRERO el 30 de marzo de 2012).

117 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, Madrid: BAC., 1997, p. 564-565.

118 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Madrid: Palabra, 2002, p. 389.

119 El padre Domingo Muelas afirma que el secretario de la CEE desconocía los planes de la Sagrada Congregación y fue ajeno a cualquier gestión sobre este tema (cf. Domingo MUELAS ALCO- CER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 577). Para el padre Bernardo Monsegú, don José Guerra Campos intervino forzosamente en la tramitación del documento de la Sagrada Congregación del Clero (cf. Bernardo MONSEGÚ, Retablo posconciliar, Madrid: Studium Ediciones, 1978, p. 89 y 91- 92; Bernardo MONSEGÚ, Posconcilio (II), Madrid: Studium, 1975, p. 69-102).

120 Cf. REDACCIÓN, «Lamenta Paulo el Documento contra la Conferencia Episcopal Espa- ñola», Pacto abril (1972), p. 6.

121 William J. CALLAHAN, La Iglesia Católica en España, Barcelona, Crítica, 2003, p. 621.

122 Cf. ib, p. 621; José Manuel CUENCA TORIBIO, Relaciones Iglesia-Estado en la España con- temporánea (1833-1985), Madrid: Editorial Alhambra, 1985, p. 128; Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁN- DEZ, op. cit., p. 171-173 y 184-185; Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA, op. cit., p. 38.

123 Cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191.

124 Cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, op. cit., p. 320-321. José Andrés-Gallego duda de la autoría del beato Álvarez del Portillo por el tono y contenido de sus libros (Fieles laicos en la Iglesia, 1969; y Escritos sobre el sacerdocio, 1970) y por su activa participación en el decreto conciliar Presbyterorum ordinis, cuyos términos –a su juicio– se alejarían del documento romano (cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191).

125 Cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191-193.

126 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, op. cit., p. 911.

127 Para Ricardo de la Cierva, el padre Martín Patino fue un uno de elementos más nocivos de la Asamblea Conjunta (cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 148).

 128 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 491 y 497-498.

129 Más tarde, el cardenal Villot exhortó por carta al cardenal Tarancón a que los documentos de la Asamblea se examinasen a la luz de las normas vigentes del magisterio. Era una nueva descalificación de los textos de la Asamblea (cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, op. cit., p. 320-321).

 130 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 501-502.

131 Recordemos que el cardenal Tarancón, en su calidad de vicepresidente de la CEE desde 1969, fue presidente en funciones desde el 30 de mayo de 1971 hasta su elección como tal el 7 de marzo de 1972, por la enfermedad y fallecimiento de don Casimiro Morcillo.

132 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 503-506; Vicente CÁRCEL ORTÍ,

Pablo VI y España, op. cit., p. 904.

133 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, op. cit., p. 911.

134 En esta infamia contra don José se mezclan las apariencias con las evidencias sin solución de continuidad. Y las acusaciones se extienden ya a las alturas en Roma (cf. Cardenal Vicente ENRI- QUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 507).

 135 Cf. ib., p. 511 y 521.

136 Ib., p. 512.

137 Cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 164-165.

138 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 172-173. El último día de la Asamblea, un grupo entusiasta de la Asamblea Conjunta había hecho circular un rumor: el texto había sido aprobado por la CEE. Lo cierto es que las observaciones ulteriores convirtieron un texto de inicial de 18 páginas en otro de 48. Gracias a estas correcciones doctrinales y realistas se impidió que viese la luz lo que la HSE denominó un «engendro inmaduro».

139 Cf. Feliciano MONTERO, op. cit., p. 283.

140 Cf. Marcelino URTASUN, «Miedo a la verdad», Heraldo Español 69 (1981), p. 51; José Francisco FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «Rectificación urgente», Fuerza Nueva 628 (1979), p. 16-17. 141 Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 174. Añade que la Asamblea efectivamente no es una institución jurídica, ni tenía valor vinculante. Pero en la vida no todo es derecho ni actos jurídicos. La CEE gozaba del derecho de examinarlo todo y tenerlo en cuenta con libertad y responsabilidad (cf. ib., p. 176-177).

142 Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, op. cit., p. 238.