52 años de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. Un experimento neomodernista en la Iglesia española, antecedente de la Transición política española (2/2)

La rebeldía contra Roma

La opinión pública se encontró con tres documentos (el texto de la Congregación, la carta de la Secretaría de Estado, y unas manifestaciones atribuidas al Papa), más toda clase de versiones polémicas. Unos reclamaban la corrección de los errores señalados por la Congregación, otros atacaban a ésta y entendían las palabras del Papa como una desautorización; algunos, exultantes ante la manera en que la CEE se desentendió de la cuestión, clamaban por el inicio de una independencia del aparato romano 143.

El padre Alba, uno de los máximos exponentes de la HSE

La HSE denunció como numerosos medios de comunicación, especialmente católicos, habían restado valor, escandalosamente, al documento de la Sagrada Congregación del Clero sobre la desautorización de buena parte de las conclusiones de la Asamblea Conjunta 144. La Santa Sede utilizó fórmulas de cortesía con esa parte del Episcopado español que había quedado desacreditada ante el pueblo de Dios por su apoyo incondicional a las conclusiones de la Asamblea. Se buscaba una salida airosa para estos obispos, pero se imponía la corrección de los errores señalados por la Sagrada Congregación.

Según el CIC vigente entonces (canon 250), era falso que la Sagrada Congregación no tuviese autoridad si el Papa no conocía antes sus decisiones, puesto que este Dicasterio tiene asignada una función específica desde Pío IV en el siglo XVI. Tiene potestad para velar por la ortodoxia de los clérigos y la catequesis, y tiene autoridad sobre parroquias, catedrales y conferencias episcopales.

La Secretaría de Estado sólo es competente en las relaciones de la Santa Sede con los poderes civiles (canon 165 y 255). Es falso por lo tanto que el texto debiera pasar antes por la Secretaría de Estado. Las Congregaciones son instrumentos para el Gobierno de la Iglesia con autoridad de Magisterio Ordinario, y con la fuerza obligatoria que el texto exija 145.

Pese a que el texto iba firmado por el Cardenal Prefecto, algunos autores insisten en que no tenía aprobación del Papa, ni carácter normativo, al tiempo que señalan que fue utilizada por el Gobierno, como si ello le restase valor 146. En una extraña maniobra, desde algunos sectores de la curia romana se intentó disminuir el valor del texto de la Sagrada Congregación para el Clero. El propio cardenal Villot, Secretario de Estado, redujo su valor en carta al cardenal Tarancón, contradiciendo los términos del propio texto 147. El obispo de Segovia, monseñor Palenzuela, llegó a calificar el texto romano como endeble desde un punto de vista teológico y conciliar. La Congregación fue acusada de reaccionaria 148. Juan María Laboa atribuye al documento de la Sagrada Congregación para el Clero un episodio de «crónica negra eclesial» 149.

La revista Vida Nueva se rebeló contra el texto, negó su valor, y se dedicó a buscar desesperadamente a los responsables, encontrando siempre motivaciones políticas 150. El sacerdote Martín Descalzo corrigió a monseñor Cantero, asegurando que el texto no tenía valor normativo. Siendo director de Vida Nueva 151 desautorizó, desacreditó e intentó refutar el texto de la Santa Sede 152.

La prensa afecta al progresismo religioso pretendió al unísono burlar la relevancia del texto apelando a la teoría de la conspiración, como si ese hipotético complot desautorizase su contenido. El documento de Roma que desaprueba las conclusiones de la Asamblea habría sido una trama urdida por los obispos de extrema derecha apoyados en la influencia del Opus Dei en la Curia 153.

Martín Descalzo en ABC, comentando un artículo en el Diario Vasco del padre Orbe Garicano, miembro de la HSE, intentaba en vano disminuir la importancia del texto, dejando al Cardenal Prefecto y la Congregación en valor cero 154.

Varios teólogos de Salamanca firmaron un documento de réplica y desaprobación al texto romano. Fueron Fernando Sebastián, Olegario González, Antonio Rouco y José María Setién 155. Dos de ellos llegaron a cardenales; uno, obispo emérito; y otro ha sido catedrático en una universidad pontificia 156. También apoyaron las conclusiones de la Asamblea, Metz, Küng, Schillebeeckx y otros colaboradores de la revista Concilium. Quedaron señaladas la Comisión.

Fdo. Sebastián

Olegario González

Antonio Rouco

Setien

«Justicia y Paz», el Secretariado Nacional del Clero, la BAC y las revistas Eucaristía de Zaragoza, Yelda (Padres Paúles), Vida Nueva, Ecclesia, Razón y Fe (Compañía de Jesús), Familia Cristiana, y el Boletín Militante del Apostolado Rural 157.

Hicieron panegíricos de la Asamblea Conjunta los monseñores Cirarda, Bueno Monreal, Montero y hasta el cardenal Quiroga, adscrito al grupo de obispos tradicionales, que parecía despistado 158.

Uno de los «teólogos» contestatarios fue el padre Olegario González de Cardedal, cercano al cardenal Tarancón, y personaje clave en la preparación del acontecimiento junto a Fernando Sebastián Aguilar. El padre Olegario, en la revista Iglesia Viva, en 1969 había impugnado la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI 159.

Don Fernando Sebastián 160, entonces rector de la UPS, todavía discrepaba en 2016 de un alto personaje de la Iglesia española que ha dicho que el documento de la Congregación no está derogado. Decía Su Eminencia que eso era falsear los hechos. Que nadie lo ha derogado porque nadie lo promulgó. Y que nadie lo presentó como texto oficial de la Congregación. A los defectos de forma añade que sus instrucciones no merecían tenerse en cuenta porque no tenían fundamento en los textos de la Asamblea 161. Lo cierto es que la Santa Sede descalificó a la Asamblea Conjunta y el cardenal Tarancón forcejeó 162 para darle la autoridad que Roma le negaba.

Pablo VI envió una carta al cardenal Tarancón diciéndole que las conclusiones de la Asamblea eran improcedentes, y que el informe del Vaticano era doctrinal, aunque no del Papa 163. De esta manera, la Conferencia Episcopal podía asumir algunas conclusiones de la Asamblea de 1971, aunque tuviese que apelar a otros documentos para articular una pastoral coherente con el informe de Roma 164. El Papa había pedido claramente al cardenal Tarancón que las enmiendas de las conclusiones fuesen conformes con la doctrina de la Iglesia, realistas y viables 165. Lejos de obedecer 166, los textos de la Asamblea fueron arrinconados y nunca adaptados.

Los obispos acabaron desentendiéndose del asunto entre ruidos de autonomía frente a la Santa Sede, entre equívocos, recelos y abusos. Aquella experiencia frustrante ponía en evidencia la división y la desorientación reinantes en la Iglesia española 167.

La revista CIO se sorprendía de que quienes más hablaron de este documento romano son quienes negaron al principio su existencia, pese a que lo conocían. Luego dijeron que no tenía valor normativo, luego que había sido ocultado por diversas personas, después que había sido redactado por presiones del sector conservador de la Iglesia… Se trataba de distraer la atención sobre el problema de fondo: las desviaciones doctrinales graves de la Asamblea Conjunta 168. Para el padre González Quevedo, la recepción del documento de la Sagrada Congregación del Clero y su valoración por muchos obispos españoles y por la XVI Asamblea Plenaria de la CEE, «constituye una de las páginas más tristes y sombrías de nuestra Historia Eclesiástica» 169.

El cardenal Tarancón vs monseñor Guerra Campos

A juicio de autores como Cárcel Ortí, la valoración que el cardenal Tarancón realiza de la Asamblea Conjunta está idealizada y su crónica de las consecuencias está edulcorada 170, porque pierde de vista el asunto nuclear: Pablo VI le dijo al propio cardenal Tarancón que en la Asamblea se habían producido «defectos y fallos» 171. El cardenal Tarancón decía a propósito de la Asamblea Conjunta que «habíamos perdido al clero». Pero en lugar de sofocar la rebelión de una parte del clero, politizado, se sumó al tumulto 172.

El cardenal Tarancón dedica en sus memorias graves acusaciones contra el entonces Secretario de la CEE, monseñor don José Guerra Campos. Para el Sr. Cardenal, el futuro obispo de Cuenca (1973-1996) es artífice de todo el complot sobre el documento de la Sagrada Congregación para el Clero.

Le atribuye viajes a Roma para conspirar de variadas maneras contra la Asamblea, el filtrado a la prensa del texto romano… Asegura tener pruebas, pero en alguna otra ocasión dice estar moralmente convencido de su responsabilidad. También asegura saber que Guerra Campos estaba al tanto de unas supuestas pruebas que poseía el cardenal Tarancón, y que por ello guardó silencio en lo sucesivo sobre la Asamblea Conjunta, para no sentirse delatado 173. Señala que Europa Press estaba vinculada al Opus Dei, y que esta agencia, junto a las revistas Iglesia-Mundo, Fuerza Nueva y ¿Qué Pasa?, se dedicaron a difundir noticias tendenciosas sobre los obispos llamados avanzados y sobre la CEE. De Guerra Campos, añade, «se decía» que estaba vinculado a dicha agencia, y que él podía ser la fuente de esta. Reconoce que es difícil verificar ese rumor, pero lo ocurrido con el documento de la Sagrada Congregación para el Clero da razones para pensarlo 174.

El cardenal Tarancón afirma que el grueso de la CEE estaba indignado con los responsables de la operación, especialmente con Guerra Campos (el «máximo conspirador») con monseñor Palazzini (secretario de la Congregación del Clero) y con algunos miembros del Opus Dei, residentes en Roma, como Álvaro del Portillo y Julián Herranz, consultores de dicha Congregación y responsables de que monseñor Palazzini hubiese dado luz verde al documento 175.

Las acusaciones son muy graves y demuestran una falta de caridad impropia de un Príncipe de la Iglesia, que califica a un obispo, Secretario además de la CEE, de fanático, ciego, ofuscado o mentiroso. Le acusa de actuar al servicio del Gobierno, de guardar la compostura formal, pero conspirar en la sombra, de clara oposición a la Asamblea poniendo énfasis en unos textos frente a otros, o de «fomentar la desconfianza en los pastores legítimos». Esta actitud del cardenal Tarancón no era nueva: ya había criticado a su propio predecesor, monseñor Morcillo 176.

Asegura el cardenal Tarancón que Guerra Campos se convenció de que la Asamblea era subversiva eclesiástica y políticamente. Se creía en el deber de hacerla fracasar, y de que no tomaran las riendas de la CEE los obispos que pretendían aplicar el Concilio. Y este «conocimiento ofuscó su clara inteligencia» 177. Guerra Campos, añade el Sr. Cardenal, estaba frustrado porque en el Concilio triunfaron tesis sobre la libertad religiosa que no eran de su gusto, convencido de que el Concilio había dado un mal paso con su humanismo y con el decreto Dignitatis humanae 178. Sólo puede entenderse como cinismo que a sus improperios el Sr. Cardenal añada numerosos elogios: inteligente, bueno, humilde, sereno y juicioso…, que desconciertan definitivamente al lector de sus Memorias.

Se pregunta el Sr. Cardenal cómo pudo Guerra Campos actuar contra las leyes más elementales de la lealtad, al tiempo que reconoce que obraba con rectitud de intención. Afirma que alguna de sus afirmaciones son rumores difíciles de verificar, aunque hay indicios en este sentido. El cardenal Tarancón especula en voz alta: puede que estuviese presionado por el Gobierno. Aunque cree que no. Obraba por convicción, «si se quiere por fanatismo». Por eso, «era más irreductible y estaba más ciego». El cardenal Tarancón se resistía a creer que Guerra Campos procediese así 179. Aunque recuerda que ya le había hecho alguna mala pasada, ocultándole una carta o un escrito de don Marcelo presentado a la CEE por un grupo de obispos «para lanzar la bomba en la Asamblea Plenaria» 180.

El Sr. Cardenal se contradice gravemente en sus propias Memorias. Asegura que Guerra Campos, «cuya oposición a la Asamblea era clarísima» 181, le entregó en sobre cerrado una propuesta firmada por varios obispos. La leyó y se la pasó al cardenal Quiroga, quedando en tratar el asunto en la reunión de la Mesa de la Presidencia. El texto trascendió a la prensa el mismo día. El cardenal Tarancón confiesa su indignación: veía mala intención en hacer fracasar la Asamblea 182.

Laureano Castán

En realidad, ni siquiera sabe con certeza si fue monseñor Laureano Castán o el propio Guerra Campos, o los dos, quienes inspiraron al grupo de obispos y su escrito. Cree que hicieron campaña entre los obispos para apoyar el texto, consiguiendo la firma de once obispos 183 . Sin embargo, poco más adelante el cardenal Tarancón reconoce que Guerra Campos nunca realizó ninguna labor de obstrucción a la Asamblea 184. Tal vez la calumnia más grave aparece camuflada con apelaciones al rumor: «se decía, aunque yo no lo creo, que recibía un sueldo como informador» 185.

Guerra Campos niega las acusaciones del cardenal Tarancón 186. Es palabra contra palabra. Por eso es necesario tener en cuenta el crédito personal que merece cada cual. De Guerra Campos, amigos y enemigos hablan de su bondad y humildad, incluyendo el propio cardenal Tarancón. Del cardenal Tarancón se habla de su ambigüedad, de su astucia, de su espíritu contradictorio y calculador, de sus conspiraciones y palabras laudatorias según el momento y el lugar, desdichas cuando el tiempo y el sitio eran distintos. Buena fe de eso daba alguien poco sospechoso: el padre don Tomás Malagón.

El secretario de CEE hace balance de la Asamblea

Don José Guerra Campos dice que la Asamblea no sirvió para unir al clero, ni para dar «orientaciones claras y estimulantes en momentos llenos de confusión, dando la impresión de que los obispos no conocían al clero. El resultado final fue mayor división» 187. No faltó ni siquiera un forcejeo con la Santa Sede sobre las conclusiones de la Asamblea 188. Y la acción pastoral no obtuvo ningún fruto 189.

La Asamblea de 1971 produjo «dolorosas rupturas íntimas en el clero y en muchos seglares de todas las diócesis de España. Son heridas que tardarán en cerrarse. De las enmiendas acordadas por la Conferencia, y a las que apeló el Santo Padre, no se ha vuelto a hablar nunca. La Conferencia ha preferido no hacer nada por introducirlas. Los equívocos, abusos, recelos y polémicas desatadas en torno a la Asamblea Nacional la han sepultado en el silencio en casi toda España, huyendo los sacerdotes por instinto de la guerra entre hermanos. Por contagio, igual mutismo y desgana han congelado muchas asambleas diocesanas, impidiendo el fruto que cabía esperar de ellas, por cuanto habían revisado vivamente la situación de la Diócesis y habían hecho acopio de abundantes propuestas de acción pastoral» 190.

La Asamblea dejó más difícil la posibilidad de dos grandes objetivos: la unidad del clero y las orientaciones claras y estimulantes 191. No aprovechó las aportaciones útiles, ni enderezó las desviaciones. Un sector importante del clero no se sentía representado. Finalmente se aprobó una masa de conclusiones no bien ponderadas 192.

Don José señala dos factores para el fracaso: «A las confusiones y discordias (…), se añadió el mazazo brutal que la publicidad le asestó, a cuesta del forcejeo, nunca esclarecido, en las relaciones del Episcopado con la Santa Sede a propósito de la Asamblea» 193. Tampoco fue positiva la resonancia política de la reunión 194.

En una entrevista a Hispania press Guerra Campos consideraba que las reuniones entre obispos y sacerdotes son buenas, recomendables y hasta necesarias para la búsqueda común de nuevas vías de orden pastoral adaptadas a los tiempos 195 . Pero esta Asamblea no era urgente y, careciendo de fuerza normativa, podría ejercer presión innegable sobre el ambiente y caer en la fácil manipulación de grupos ideológicos. Guerra Campos no considera que fuese una reunión subversiva. Pero buena parte del clero español ha estado al margen y grupos organizados y tenaces han intentado acapararla.

Reconoce cierta anarquía en la Iglesia española, unos porque desprecian la ley en la Iglesia; otros, en un nivel más superficial, porque prescinden de las leyes civiles, acaso para conseguir mejorar las leyes vigentes. Guerra Campos explica que una de las razones del debilitamiento de las prácticas religiosas 196 es el desequilibrio provocado por el interés en subrayar en la vida religiosa los aspectos de comunicación interhumana o social. La crisis de vocaciones tiene una solución impredecible, porque el influjo del Espíritu del Señor y las conversiones profundas e inesperadas distorsionan toda previsión. La España de comienzos del siglo XVI con una cristiandad postrada hacia imprevisible la gigantesca explosión de espiritualidad y acción apostólica subsiguiente. A veces es difícil deslindar en la Iglesia las zonas de confusión y retroceso en la fe y la búsqueda sincera, acaso desorientada, de modos de vivirla y proyectarla en la vida. Entiende que el diálogo fue pacífico. Ni siquiera apasionado, pero el clima si fue polémico. Y la Asamblea ha provocado que el país se polemizara. Ve aspectos positivos en la Asamblea: el diálogo cordial. Y también desfavorables: la falta de sosiego, no se recogen todas las posturas del clero español, y encuentra perturbación de los ánimos 197.

A la Asamblea de 1971 sobrevino una crisis brutal de vocaciones religiosas, el abandono de un 25% de los sacerdotes, que acabaron secularizados; y una crisis sin precedentes en las misiones y en la vida consagrada 198. Más de la mitad de los sacerdotes llamados progresistas y asistentes a la Asamblea de 1971 han abandonado hoy el ministerio sacerdotal 199.

La Asamblea vista por la revista Iglesia-Mundo y la HSE

La revista Iglesia-Mundo hizo una crónica alarmante del desarrollo de la Asamblea, encontrando falta de representación, con exclusión de los religiosos; precipitación en la organización, ausencia de asambleas interdiocesanas en algunas provincias eclesiásticas, y fórmulas inexactas, ambiguas y parciales sobre la identidad sacerdotal. La revista denunció repetidamente que algunas asambleas diocesanas aprobaron doctrinas contra la doctrina oficial de la Iglesia y contra la letra del Concilio 200.

Iglesia-Mundo 201 reconoció valores en la Asamblea, pero también carencias: silencios sobre las interferencias de la Comisión Permanente del Episcopado Español y silencio sobre los pecados actuales de la Iglesia 202.

La HSE hacía apreciaciones muy parecidas 203. El historiador Cárcel Ortí asegura que la HSE es una asociación integrista que incurrió en la calumnia hacia la Asamblea 204. Lo cierto es que la HSE enarbolaba textos del Papa Pablo VI para replicar la deriva de los acontecimientos. La Hermandad Sacerdotal exaltaba a Pablo VI y al Concilio. Pero reclamaba también el cierre de seminarios que hubiesen sufrido el contagio secularizante e ideológico. Al tiempo pedía que el diálogo con los ateos, el ecumenismo o la promoción humana de los misioneros, estuvieran orientados a la Evangelización.

En una reunión celebrada en Madrid 205 (9 y 10 de septiembre de 1971) y presidida por el obispo de Guadalajara, monseñor Laureano Castán, para deliberar sobre la Asamblea Conjunta, la HSE rechazó los documentos base, la democratización de la Iglesia, la manipulación diocesana de los representantes, la desobediencia clerical, la herejía en textos base o las desviaciones doctrinales. Denunció también la libertad de opinión en la Iglesia y el silencio ante las herejías 206. Se abordaron cinco ponencias, que fueron enviadas a Roma y a la propia Asamblea, que las rechazó 207.

La Secretaría Nacional del Clero pedía constantemente contribuciones y ayudas, pero caían en saco roto aquellas que no encajaban con las decisiones tomadas de antemano 208. La HSE veía muy extraño que la Secretaría Nacional del Clero pidiese ayuda para «construir una teología del ministerio sacerdotal». La HSE replicaba que esa teología lleva siglos construida. Sólo hay que estudiarla, aprenderla y sobre todo vivirla. Una de las claves de la Asamblea era la revisión de la identidad del sacerdote, después de dos mil años de vigencia, introduciendo dudas, interrogantes e incertidumbres 209.

En respuesta al trasfondo politizante de la Asamblea, la HSE confesaba su acatamiento del régimen político constituido, recordando que, si la Iglesia no debe tolerar intromisiones indebidas del Estado, el Estado tampoco debe tolerar injerencias ilícitas. La HSE condenó la separación radical entre el Estado y la religión. Y recordó la necesidad de que el afán de independencia del Estado con respecto a la Iglesia no olvidase la necesidad de la mutua colaboración y el reconocimiento de los hechos históricos que han merecido elogio de Roma y el Episcopado español 210. Para la HSE la Asamblea supuso la institucionalización definitiva de la crisis 211. Tampoco creía que la desobediencia, la indisciplina, la pérdida de ilusión, la secularización creciente 212 o las desviaciones ideológicas

Reunión de algunos miembros de la HSE

tuviesen sus raíces en la estructura jerárquica de la Iglesia. El Documento I negaba las palabras de Juan Pablo II en su discurso en el Nou Camp de Barcelona en 1982, cuando denunciaba que la pretensión de cambiar la sociedad sólo desde la estructura es baldía sino se cambian también los corazones imitando a Cristo 213.

La HSE no se oponía a la Asamblea, pero pedía su aplazamiento para prepararla sobre bases más sólidas 214, porque creía necesaria una reunión de los sacerdotes con sus obispos para recuperar un clima de comunión eclesial, de oración, de paz, de serenidad, y de claridad doctrinal en medio de una crisis profunda y asoladora 215. El desconcierto y la falta de ilusión eran los frutos inmediatos de la Asamblea. Faltaban palabras clarificadoras y orientadoras, en 208 Observaciones de la HSE, los escritos de los Cabildos de Madrid y Alcalá, las objeciones de 200 sacerdotes de Lugo y 100 de Santiago… en medio de la rebeldía y el escándalo de muchos 216. Deseaba en cualquier caso éxito al proyecto y esperaba que la Asamblea no se convirtiese en una convención subversiva, después de tanta publicidad, energías y dinero empleados 217.

Monseñor Fernando Sebastián hace responsable a la HSE de la oposición suscitada en la Iglesia contra la celebración y acatamiento de las conclusiones de la Asamblea Conjunta. La HSE, para don Fernando, consideraba abusos intolerables las iniciativas y enseñanzas de los obispos 218. Habría que matizar a Su Eminencia que la HSE sólo se oponía a las iniciativas y enseñanzas de los obispos que no estaban en comunión con el Santo Padre. Su Eminencia elogia en sus memorias al teólogo Congar porque se salió «del marco estrecho del mundo clerical». Porque

«conocer los verdaderos dramas de la vida humana» ayuda «a situar la reflexión teológica en los verdaderos problemas de la Iglesia y de la humanidad» 219. La HSE también pudo entender como algo necesario salirse «del marco estrecho del mundo clerical».

Pese al clima de pluralismo y permisividad que vivía la Iglesia española, el cardenal Tarancón prohibió el reparto de unas valoraciones de la HSE sobre la Asamblea Conjunta en las puertas del seminario de Madrid 220.

Una historiografía monocolor

La mayoría de los historiadores que han abordado la historia de la Iglesia española contemporánea suscriben las teorías del cardenal Tarancón. Ha sido la tesis oficial que defendían también sus colaboradores, que han gobernado la Iglesia española al menos durante un cuarto de siglo.

El profesor Feliciano Montero sostiene que la Asamblea se inspiró en la forma y en el fondo en el Concilio, cuya renovación exigía acabar con el modelo nacional-católico, la separación Iglesia-Estado, y la revisión del catolicismo de cruzada intolerante en nombre de la libertad religiosa 221. Esos valores que el profesor Montero subraya pueden encontrarse en la Asamblea, pero no en el Concilio, que «deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo» 222. Esta cita del Concilio, olvidada y ocultada, es botón de muestra. La renovación conciliar no iba por esos derroteros.

En la misma dirección, uno de los máximos colaboradores del cardenal Tarancón, el cardenal Sebastián, afirma que la Asamblea Conjunta, siguiendo al Concilio, defendía los derechos políticos de los ciudadanos y un ordenamiento democrático 223. Triste y pobre resumen de las enseñanzas conciliares. Su Eminencia no apela a texto alguno del Concilio que avale o explique estas afirmaciones. El Concilio defiende la participación política de los ciudadanos, pero rechaza una democracia relativista. El Concilio lo aclara perfectamente cuando exige que «el ejercicio de la autoridad política debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común» 224.

Un ejemplo de cómo no debe contarse la historia es la crónica del profesor Feliciano Montero. Dice que las Jornadas Sacerdotales organizadas por la HSE en Zaragoza en 1972 fueron una respuesta contra la Asamblea Conjunta, que el documento romano «parecía darles la razón», que pretendieron el apoyo de varios obispos y la bendición de Roma, que la CEE y el Vaticano rechazaron esta acreditación, y que el Gobierno utilizó en su beneficio el tema magnificando la cantidad y calidad de la oposición 225.

Toda la historiografía adscrita al progresismo religioso juega a la distracción, evitando por sistema el fondo de la cuestión: la censura de Roma a muchas conclusiones de la Asamblea. Que Roma no bendijese la reunión de la HSE o que el Gobierno de entonces tuviese aviesas intenciones, ni aumenta ni disminuye la condena de Roma a muchas conclusiones de la Asamblea.

Otro ejemplo ilustrativo es el siguiente comentario del profesor Montero. Cuando el visitador apostólico a la Universidad Pontificia de Salamanca (UPS), Antonio María Javierre, dio razón a los profesores llamados renovadores (Olegario González de Cardedal, Fernando Sebastián y José María Setién) la UPS se puso en la línea del Concilio, anticipó la renovación de la Iglesia española ejercida por la CEE y avaló las conclusiones de la Asamblea Conjunta de 1971 y el llamado «taranconismo» 226. Que la UPS avalase las conclusiones de la Asamblea es irrelevante. Lo relevante desde un punto de vista católico es que el Papa Pablo VI las avalase, cosa que no hizo. Como el progresismo religioso no acepta la derrota, sigue intentando vencer después de la batalla perdida retorciendo los hechos, para evitar reconocer que el Papa Pablo VI, a quienes tantos neomodernistas veían como afecto la causa, fue en realidad un dique infranqueable, impecable en su magisterio.

Mons. Ramón Echarren

Monseñor Echarren, colaborador del cardenal Tarancón, coadyuvó a extender esta versión de la historia, que se hizo oficial, recordando que la extrema derecha de la revista Iglesia-Mundo estaba financiada por el Gobierno, con el apoyo de monseñor Laureano Castán y de Guerra Campos. Por eso Gerardo Fernández señala que la Asamblea fue boicoteada y calumniada por los medios de Comunicación del Estado (las agencias de noticias Cifra y Piresa), por el Opus Dei con su prensa (Europa Press y Nuevo Diario), y por la extrema derecha eclesial con Iglesia-Mundo 227.

Que la Asamblea Conjunta fuese rechazada por el franquismo o por la extrema derecha o por cualquier otra categoría de orden político que se mezcla ilegítimamente con cuestiones religiosas, constituye un argumento de peso para el ambiente cultural dominante, pero no tiene autoridad alguna desde el punto de vista histórico o teológico.

Vicente Cárcel Ortí afirma que el Gobierno y otras asociaciones integristas como la HSE divulgaron el documento romano, que sembró la confusión y la sospecha de desviacionismo sobre las conclusiones y también sobre el Episcopado. Añade que el Gobierno manipuló hábilmente el texto para señalar a la CEE de «desviación doctrinal» y desobediencia a Roma 228. Pero el texto romano dice lo que dice. Y toda especulación sobre actores secundarios sobra cuando la autoridad de la Iglesia ya se ha pronunciado.

William J. Callahan, acepta y amplifica la versión del cardenal Tarancón, llegando a decir que «se sospecha» que miembros del Opus Dei partidarios de la supervivencia del Régimen militar «lanzaron una turbia campaña en el Vaticano para mancillar la reputación de la Asamblea» 229. El año 1972 sería el fin de la influencia de los obispos partidarios del régimen militar con la elección del tándem Tarancón-Yanes 230. Lo del régimen militar o civil es una cuestión accesoria. Sería más exacto decir, si trasladamos la disputa al terreno sobrenatural, toda vez que hablamos de Sucesores de los Apóstoles, partidarios de un Estado cristiano como siempre ha defendido la Iglesia, incluyendo al Concilio 231, frente a partidarios de un régimen liberal y voluntarista.

Pablo Martín De Santa Olalla, aunque suscribe la versión del cardenal Tarancón 232, reconoce que éste viajó a Roma buscando el apoyo del Papa ante la crisis del documento romano, y lo encontró, pero el Papa no desautorizó el contenido del texto, sino al contrario. Pese a ello, paradójicamente, fue ratificado en el puesto 233. A su vuelta fue elegido presidente de la CEE en primera votación frente a don Marcelo, su opositor.

Desde entonces las reuniones en la CEE se desenvolvieron en un clima tenso y hasta agresivo, señala el cardenal Tarancón 234, mostrando dos posturas irreconciliables sobre la misión de la Iglesia.

¿Un antecedente de la Transición política?

En la Asamblea Conjunta aparecieron buena parte de los argumentos utilizados más tarde por el cardenal Tarancón 235 y sus colaboradores para bendecir el régimen constitucional de 1978, de inspiración liberal, que disociaba el poder político de la moral objetiva.

La «Transición»: Tarancón, Suárez y Carrillo

Una de las primeras consecuencias de la Asamblea Conjunta fue la publicación en el seno de la CEE de un documento aprobado en 1973 236, con notable, aunque insuficiente oposición episcopal, titulado «La Iglesia y la comunidad política» 237. El texto chocaba frontalmente con otro documento episcopal, publicado en 1966 y titulado «La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II» 238, que refirmaba la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el orden político, tal y como había sido expuesta por Pío IX, León XIII o Pío XI.

El texto de 1973 subrayaba un pluralismo indeterminado e ilimitado en sus consecuencias morales y políticas, como elemento vertebrador de la sociedad española y del Estado, en detrimento de la confesionalidad religiosa, que se negaba como necesidad socio-política en orden al bien común para colocarlo como mero ideal. Al tiempo que se dedicaba más atención a destacar sus inconvenientes que sus virtudes y su fecundo historial milenario. El texto tomaba partido por la convivencia como fin en sí misma, en evidente irenismo, frente a los fines legitimadores de las instituciones sociales en la Doctrina Social de la Iglesia en torno al imperio de la verdad antropológica, con todas las consecuencias que de ella se derivan 239.

La Iglesia española abandonaba una tradición multisecular en la Iglesia con el Régimen de Cristiandad que gobernó los destinos de Europa durante casi XV siglos, y que el propio Concilio había ratificado en Dignitatis humanae240, dejando íntegra la doctrina tradicional respecto al origen divino del poder civil, la legitimidad de ejercicio y la constitución cristiana del Estado.

Conclusión

La Asamblea Conjunta de Sacerdotes y Obispos de 1971 fue el gran intento frustrado del progresismo religioso de apoderarse de la Iglesia española. Aunque hubo serios precedentes, especialmente con la crisis de Acción Católica, ninguna operación fue tan pretenciosa como la Asamblea Conjunta, si exceptuamos tal vez a la «Operación Moisés» 241.

El espíritu rebelde en lo doctrinal y en lo disciplinar de la Asamblea Conjunta no fue una acción improvisada. Respondía a un clima contestatario creciente en la Iglesia que no pocos autores atribuyen a un neomodernismo242 nunca del todo extinguido con la encíclica de san Pío X, Pascendi (1907). El desconcierto y la agitación sobrevienen inevitablemente a toda reforma. Los cambios legítimos que proponía el Concilio fueron el escenario perfecto para introducir en la vida de la Iglesia arcaicas herejías que se presentaban como novedades, invocando un espíritu del Concilio que era de facto la falsificación del propio Concilio, en sus fines y en su letra.

Aunque esta crisis fue promovida por minorías eclesiales ruidosas y coordinadas 243, la reacción contraria fue tardía e insuficiente. Para el padre Orbe Garicano 244, los obispos habían caído en la dejación de funciones con la Asamblea, sometiendo a votación cuestiones fundamentales, donde los sacerdotes eran mayoría con respecto a los obispos y a ellos se equiparan, como si la oveja gobernase al pastor 245.

Buena parte de la Iglesia española vio la Asamblea Conjunta como una conspiración, tanto en la génesis, como en la representación diocesana o en los textos introductorios. Se trataba de provocar una política de hechos consumados que produjese una auténtica revolución eclesiástica en España, en la línea de un protestantismo liberal, rebelde con Roma, y copiado del herético catecismo holandés 246. La misma convicción sostienen el padre Luis Madrid Corcuera 247 y monseñor Marcelino Olaechea 248.

La BAC publicó un volumen con las Conclusiones de la Asamblea, con prólogo del cardenal Quiroga Palacios. Fue presentado con rapidez y retirado pronto 249. Las conclusiones de la Asamblea habían sido publicadas antes de que fuesen aprobadas por la CEE, lo que provocó mucha alarma 250.

Los textos editados por la BAC nunca fueron reeditados 251. Una eventual Asamblea del Pueblo de Dios, con participación de clero y seglares, conclusión adoptada en amplia mayoría por la Asamblea Conjunta de 1971, tampoco se produjo nunca.

La reacción de San Pablo VI, ejemplar, evitó la catástrofe parcialmente. Ordenó rectificar buena parte de las conclusiones de la Asamblea. Pero fue desobedecido. Y los promotores de la Asamblea gestionaron la vida de la Iglesia española hasta la llegada de Juan Pablo II al solio pontificio, que corrigió la tendencia. La Iglesia española había pagado un alto precio en vocaciones a la vida consagrada, en claridad doctrinal, en unidad y en vitalidad misionera 252, que era el único objetivo del Concilio.

El espíritu acomodaticio de la Asamblea Conjunta con los vientos imperantes en la sociedad española tuvo su primera manifestación en un documento episcopal en 1973 sobre la comunidad política. El texto intentaba congraciar a la Iglesia con el mundo, abandonando la tesis de Pío XI sobre el Estado cristiano como exigencia del bien común o como forma superior de civilización, según enseñaba León XIII, para reconocer el pluralismo ideológico como sujeto de soberanía política. La Iglesia española daba la espalda a sus fuentes, a su tradición y al reciente Concilio, para situarse dentro de las corrientes políticas herederas de la Ilustración.

Parte primera

Para La Razón Histórica

143 Cf. Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 578.
144 Cf. CIO, «¿Quién ha desautorizado a la Asamblea Conjunta?» en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 334-337; CIO, «¿La jerarquía de la Iglesia en España enfrentada a Roma?», en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 338-339; SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CLERO, «Documento de la Sagrada Congregación del Clero sobre eventuales errores de la Asamblea obispos sacerdotes» op. cit., p. 347.
145 Cf. Gonzalo MOTA, «Como puede quitarse importancia a un valioso documento romano», Fuerza Nueva 289 (1972), p. 32-33.
146 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, op. cit., p. 224-225. Monseñor Cirarda suscribe la tesis general del cardenal Tarancón, pero hablando de la Asamblea Conjunta no hace ninguna referencia a la censura de Roma (cf. José María CIRARDA LACHIONDO, Recuerdos y memorias, Madrid: Editorial PPC, 2011).
147 Cf. Editorial, «Aclaraciones y complementos», Iglesia-Mundo 23 (1972), p. 3-4.
148 Cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191-193.
149 Juan María LABOA, «Los hechos fundamentales ocurridos en la vida de la Iglesia española en los últimos treinta años (1966-1998)» en VV. AA., La Iglesia en España (1950-2000), Madrid: PPC Editorial, 1999, p. 123.
150 Cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 203; REDACCIÓN, «El documento romano», Vida Nueva 824-825 (1972), p. 35.
151 Vid. Vida Nueva, 25 de marzo de 1972.
152 Cf. REDACCIÓN, «Confusión y desviaciones doctrinales en España (III)», Iglesia-Mundo 26 (1972), p. 9-14. Vida Nueva, a partir de los hispanismos en el texto, concluyó que era obra de españoles y señaló a uno de los consultores: Álvarez del Portillo, sacerdote del Opus Dei y antiguo alférez provisional. La revista llegó a decir que este consultor había faltado al secreto de oficio al filtrar la información a Europa Press. El interesado declaró que era falso. El fracaso de la Asamblea en Roma se atribuyó entonces al Opus Dei, porque en el Gobierno del otoño de 1969 había tres miembros de este instituto secular (cf. Yolanda CAGIGAS, op. cit., p. 204.; José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191).
153 Cf. Senén FERNÁNDEZ, op. cit., p. 19.
154 Cf. Gonzalo MOTA, «Como puede quitarse importancia a un valioso documento romano», Fuerza Nueva 289 (1972), p. 32-33.
155 Cf. I.M.O., «Los obispos de Juan Pablo II», Iglesia-Mundo 186 (1979), p. 3. La revista Vida Nueva señala al cardenal Rouco Varela como crítico con el documento de la Sagrada Congregación sobre la Asamblea (vid. Vida Nueva 18/25 de marzo de 1972); Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «Los obispos del sí: Antonio Rouco Varela, Juan Antonio del Val y Ramón Echarren Ysturiz», Fuerza Nueva 645 (1979), p. 34-35.
156 La revista Iglesia-Mundo dijo que la Asamblea dejó retratados a muchos progresistas: monseñor José María Setién, el padre J. Arias, A. Fierro, o el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPS), Luis Maldonado. También innumerables asambleas diocesanas para la preparación de la Asamblea, la V Semana de Teología o el Manifiesto contra la autoridad establecida de la Iglesia, un manifiesto de 33 teólogos de varios países, que firmaron tres españoles: Casiano Floristán (Director del Instituto Superior de Pastoral de la UPS, dependiente del Episcopado español), Juan Llopis (UPS) y Evangelista Villanova (Monasterio de Montserrat). Cf. EDITORIAL, «Confusión y desviaciones doctrinales en España (II)», Iglesia-Mundo 25 (1972), p. 9-13.
La estela de autores rebeldes contra el documento romano es muy alargada. Para Gerardo Fernández el documento romano no es un acto magisterial legítimo sino producto de la conspiración conservadora del Opus Dei a espaldas al Papa, y al alimón con don José Guerra Campos desde la CEE y del almirante Carrero Blanco desde el Gobierno (cf. Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 173).
157 También quedaron en evidencia el padre Martín Vargas, Manuel Useros (subdirector del Instituto Superior de Pastoral de la UPS), el padre jesuita A. Marzal, Enrique Echeverri, y numerosos profesores de universidades eclesiásticas: siete profesores de la Facultad jesuita de Granada: E. Oli- vares, R. Franco, E. Barón, J. Vilches, J. Mª Castillo, M. García y M. Alcalá. Cuatro de la UPCO: J. Losada,
  1. Fondevilla, L. Vela, J. M. Yurrita. Y uno, F. Loidi, de la revista de la Facultad de Teología del Norte de España, Lumen (cf. EDITORIAL, «Confusión y desviaciones doctrinales en España (III)», Iglesia- Mundo 26 (1972), p. 9-14; REDACCIÓN, «¿Por qué no se dio a conocer la carta de Wright?», Iglesia- Mundo 27 (1972), p. 26).
158 Cf. REDACCIÓN, «Florilegio de declaraciones», Iglesia-Mundo 22 (1972), p. 16-20.
159 Cf. REDACCIÓN, «En torno al documento de la Sagrada», CIO 83 (1972), p. 7; CIO, «En torno al documento de la Sagrada Congregación del Clero» en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 348.
 160 Para el cardenal Fernando Sebastián muchas de las conclusiones de la Asamblea Conjunta son aplicación del Concilio (cf. Monseñor Fernando SEBASTIÁN, «Iglesia y democracia. La aporta- ción de la Conferencia Episcopal Española» op. cit., p. 155), aunque no señala qué conclusiones ni aduce cita alguna del Concilio. Sin embargo, reconoce en sus Memorias que no interpretó bien las reformas conciliares, y que Pablo VI y Benedicto XVI le han ayudado a comprender mejor (cf. Car- denal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 131).
161 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 174 y 177.
162 Cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 163-165.
163 Juan María Laboa defiende que Pablo VI quitó autoridad al documento (cf. Juan María LA- BOA, «Los hechos fundamentales ocurridos en la vida de la Iglesia española en los últimos treinta años (1966-1998)», op. cit., p. 123), lo que no significa que lo desautorizase. Al contrario, pidió que se obedeciese.
164 Cf. José ANDRÉS-GALLEGO, La Iglesia en la España contemporánea/2 1936-1999, op. cit., p. 191-193.
165 Cf. EDITORIAL, «Una lección severa y una esperanza», op. cit., p. 1-2.
166 Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 176.
167 La revista Iglesia-Mundo denunció la permanente desinformación de algunos medios de comunicación, que por sistema han presentado a quienes pedían una corrección de las Conclusiones de la Asamblea como contrarios a la Santa Sede. La revista lamenta la ingenuidad de la mayoría del Episcopado, arrastrado por esta dinámica de dispersión con abandono de su autoridad y gobierno, siendo finalmente factor de ambigüedad y desconfianza entre los fieles por no discernir y guiar en momentos de confusión (cf. EDITORIAL, «Una lección severa y una esperanza», Iglesia-Mundo 22 (1972), p. 1-2).
168 Cf. REDACCIÓN, «En torno al documento de la Sagrada», op. cit., p. 7.
169 Blas PIÑAR, op. cit., 1998, p. 32.
170 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política. op. cit., p. 222 y 225.
171 Ib., p. 222.
172 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 155.
173 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 511-512, 521-523; José Luis MAR- TÍN DESCALZO, op. cit., p. 177 y 181.
174 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 261-262.
175 Cf. ib., p. 513.
176 Cf. Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, «Breve historia del señor Tarancón», op. cit., p. 14-15; Ya, 2 de junio de 1972.
177 Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 465.
178 Cf. ib. El cardenal Tarancón demuestra completa ignorancia sobre el pensamiento de don José Guerra Campos y desconocimiento grave de los textos del Concilio. Sobre el pensamiento de don José a este respecto vid. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Libertad religiosa y deberes reli- giosos de la sociedad», Ya 24 de noviembre (1965), p. 5-6; «Es función del Estado tutelar la libertad civil en materia religiosa», Ecclesia I (1967), p. 352-353; o El octavo día, op. cit. Vid. también VV. AA.,
«Exhortación sobre libertad religiosa» en Jesús IRIBARREN, Documentos Colectivos del Episcopado Español 1870-1974, Madrid: BAC. 1974, p. 411-425.
La tesis de don José, apoyada en los textos completos del documento conciliar Dignitatis humanae, sostiene la esencial hermeneútica de la continuidad del Concilio con la tradición de la Iglesia, subrayando que la libertad religiosa es la inmunidad de coacción con límites en el bien común, la moralidad y el orden públicos. Comparten esta interpretación autores como Victorino RODRÍGUEZ,
«Estudio histórico-doctrinal de la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II», La Ciencia Tomista 93 (1966), p. 193-339; Baltasar PÉREZ ARGOS, «La propaganda de las confesiones no católicas a la luz del Concilio Vaticano II», Roca Viva 47 (1971) 763-768; ib., Roca Viva 48 (1971),
1.-869-876; ib., «Libertad religiosa, ¿ruptura o continuidad?», Verbo 229 (1984), p. 1.143-1.167; ib.,
«La Declaración Dignitatis Humanae sobre la Libertad Religiosa desde la óptica del Vaticano II», Verbo 249-250 (1986), p. 1.163-1.178; e ib., «Para una lectura no equivocada de la Declaración “Dig- nitatis Humanae”», Verbo 259-260 (1987), p. 1.057-1.074; Francisco SEGURA, La libertad religiosa a la luz del Vaticano II, Barcelona, Casals, 1966; o José RICART TORRENS, Lo que no ha dicho el Con- cilio, Madrid: Studium Ediciones, 1969.
179 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 461-466, 474-475, 487 y 497.
180 Ib., p. 464. La oposición de no pocos obispos a varias conclusiones de la Asamblea Con- junta, que más tarde Roma juzgó incompatibles con el magisterio oficial, fueron vistas por el cardenal Tarancón como maniobras de boicot (vid. REDACCIÓN, «Exposición de 23 Obispos a la Asamblea Episcopal», Iglesia-Mundo 0 (1971), p. 10-11).
181 Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 475.
182 Cf. ib., p. 462.
183 Cf. ib., La obsesión del cardenal Tarancón por don José Guerra Campos es evidente. Dice Su Eminencia que no hubo conflictos en la Asamblea salvo en el grupo de trabajo (7 presbíteros y 3 obispos en cada grupo) de Guerra Campos, aunque nada desagradable. Los presbíteros estaban un poco coaccionados por la postura de monseñor Guerra Campos, sólo extraña para quienes no le conocían. El Sr. Cardenal está convencido de que el todavía secretario de la CEE, le tuvo al margen de la preparación de la Asamblea.
Intuyó una maniobra para evitar las decisiones aprobadas por la Asamblea. La maniobra comenzó con una carta dirigida a la CEE por cuatro obispos (el primer firmante era el arzobispo de Burgos, don Segundo García de la Sierra). El cardenal Tarancón asegura que no tenía noticia de esta carta. La misiva contenía un juicio negativo de la Asamblea. Al tiempo la carta decía que la CEE no podía manifestarse sobre los documentos y conclusiones de la Asamblea sin haberlas estudiado y corregido convenientemente.
Guerra Campos puso especial énfasis al leerla, como si se tratase de una llamada grave de atención a los obispos. Se pretendía dar carpetazo a la Asamblea. Coincidió esta carta con otra de don Marcelo, que ponía el acento en la necesidad de estudiar ciertos aspectos, que habían llamado la atención de la opinión pública. Guerra Campos presentó la carta de don Marcelo como adhesión a la del arzobispo de Burgos.
La maniobra de Guerra Campos molestó a la mayoría de los obispos, desconcertó a los moderados y llenó de satisfacción a los enemigos de la Asamblea Conjunta (cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 475 y 487-488).
184 Cf. ib., p. 520.
185 Ib., op. cit., p. 491.
186 Casi diez años después de estos acontecimientos, la revista Interviú reprodujo unas declaraciones sobre el obispo de Cuenca «totalmente falsas, sin mezcla de verdad alguna», que Guerra Campos, contradiciendo su costumbre, se vio obligado a desmentir por cuanto eran materia grave. Es falso que ocultase unos documentos vaticanos sobre la Asamblea Conjunta de 1971. Y es falso en el terreno de los hechos, e incluso en el de los deseos e intenciones. Finalmente, dice Guerra Campos
que «ni uno sólo de los temas manejados en el artículo han sido jamás objeto de coloquio, ni oral ni escrito, con la Santa Sede» (Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Invenciones calumniosas», Boletín Oficial del Obispado de Cuenca 12 (1980), p. 202-204).
187 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 575.
188 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «La Iglesia en España (1936-1975)», op. cit., p. 88-89.
189 Cf. Antonio FERNÁNDEZ FERRERO, op. cit., p. 115.
190 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 578.
191 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los diez años
de su celebración», op. cit., p. 138.
192 Cf. ib., p. 139.
193 Domingo MUELAS ALCOCER, Episcopologio conquense, op. cit., p. 576; Monseñor José GUE- RRA CAMPOS, «La Iglesia en España (1936-1975)», op. cit., p. 88-89.
194 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Valoración de la Asamblea Conjunta a los diez años de su celebración», op. cit., p. 138-139.
 195 Miguel Ángel Peñuelas señala que don José se opuso a la Encuesta previa y a la paridad curas-obispos, arguyendo que sólo los obispos son maestros (cf. Miguel Ángel PEÑUELAS AYLLÓN, La otra transición en la Iglesia. El control conservador de las diócesis castellanomanchegas y su difícil desenganche del nacionalcatolicismo, Tesis doctoral, Universidad de Castilla La Mancha, 2013, p. 274).
196 Aparte del debilitamiento de la fe y la búsqueda de nuevos modos de piedad y devoción con abandono prematuro de antiguas formas.
197 Cf. E. R. ALBARRÁN, «15 preguntas de “Hispania press” al obispo Guerra Campos», op. cit, p. 31-33.
198 Cf. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «La Iglesia en España (1936-1975)», op. cit., p. 88-89.
199 Cf. Ricardo DE LA CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 155.
200 Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», op. cit., p. 5-35; Armando MARCHANTE GIL, «La Iglesia dividida y beligerante» en Luis HERNÁNDEZ DEL POZO (Coord.), 40 años en la vida de España (V), Pamplona, Data- film, 1986, p. 169-173.
201 Iglesia-Mundo, que había apoyado la celebración de la Asamblea para buscar la renovación que pedía el Concilio, se extrañaba de la profusión de temas abordados, del contenido de las conclusiones adoptadas y del poco tiempo para su discusión, en contraste con el Sínodo de los Obispos. También destacaba que muchas conclusiones no alcanzaron el número de apoyos exigido por las normas de la Asamblea, y que otras requerían un perfeccionamiento o revisión, que luego Roma ordenaría. La revista aceptaba de antemano la resolución que adoptase al respecto la CEE y luego aprobase la Santa Sede (cf. EDITORIAL, «Nuestro parecer», Iglesia-Mundo 21 (1972), p. 1-29).
202 Cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 158.
203 Cf. CIO, «Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes» en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 320.
204 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, op. cit., p. 224.
205 La cita fue en la Residencia de las Religiosas de la Sagrada Familia en La Moraleja. Fue una reunión restringida de 62 sacerdotes, en representación de los 7.000 sacerdotes adheridos a la HSE. Acudieron sacerdotes ilustres como el padre Orbe Garicano, Francisco de Paula Solá, Peinador Navarro o Meseguer Montoya.
206 Vid. Dios lo Quiere, números 9-13, correspondientes a los meses entre febrero y agosto de 1971.
207 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 57 y 68. La HSE se ocupó de los Documentos O, II
y III, porque del I (Significación del sacerdocio ministerial) ya lo habían hecho los Cabildos de Madrid y Alcalá, recibiendo la adhesión de una docena de cabildos. Se calificaban los Documentos O y I como inadecuados instrumentos de trabajo y se pedía una nueva redacción con mayor garantía teológica. Ninguna de estas peticiones fue atendida.
209 Se había perdido el celo por la Gloria de Dios y la salvación de las almas, hablando mucho de sociología y muy poco de teología, mucho del mundo y muy poco de Dios (cf. Luis MADRID COR- CUERA, op. cit., p. 54).
210 Se refiere a la carta Colectiva del Episcopado Español de 1 de Julio de 1937 y a la bendición que todos los papas desde Pio XI hasta Pablo VI hicieron de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 (cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Española y la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (I y II), op. cit., p. 98-111).
211 Cf. ib., p. 132-133. En la misma línea se pronunciaría la revista CIO (cf. CIO, «En torno a la Asamblea Conjunta», en VV. AA., CIO, Madrid: Editorial CIO, 1973, p. 308-309; ib., «Asamblea Con- junta obispos-sacerdotes», op. cit., p. 320). Aguirre Bellver en Pueblo, y el diario Arriba en su edito- rial del día siguiente, también se sumaron a los reproches contra la Asamblea (cf. Diario Pueblo, 17 de noviembre de 1971; REDACCIÓN, «Florilegio de observaciones críticas», Iglesia-Mundo, 22 (1972), p. 22-23).
212 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit., p. 93. Flotaba en el ambiente el escándalo de las secularizaciones entre 1965 y 1971, que superaron de media la cifra de mil secularizaciones al año, la mitad sacerdotes regulares. El propio cardenal Tarancón veía en 1972 la propia crisis de la Iglesia como una de las principales razones de las secularizaciones masivas.
213 Cf. ib., p. 67.
214 El texto de la HSE en su reunión de La Moraleja denunciaba la dejación de autoridad, la inclusión en los documentos a estudiar de cuestiones explícitamente rechazadas por el Santo Padre, la rebeldía sistemática contra el magisterio eclesiástico, o la designación irregular de delegados diocesanos ante la Asamblea (cf. ib., p. 70).
215 Cf. ib., p. 61-62.
216 Cf. ib., p. 91-92.
217 Cf. ib., p. 69.
218 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, Memorias con esperanza, op. cit., p. 175.
219 Ib., p. 176.
220 Cf. REDACCIÓN, «Informaciones excepcionales y exclusivas de la Asamblea Conjunta de obispos y presbíteros», Iglesia-Mundo 11 (1971), p. 19.
221 Cf. Feliciano MONTERO, op. cit., p. 264.
222 CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, 1.
223 Cf. Cardenal Fernando SEBASTIÁN, op. cit., p. 175.
 224 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 74.
225 Cf. Feliciano MONTERO, op. cit., p. 285.
226 Ib., p. 245.
227 Cf. Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 167. Otro tanto opina el historiador (Juan María LABOA GALLEGO, «Los hechos fundamentales ocurridos en la vida de la Iglesia española en los últimos treinta años (1966-1998)» en VV. AA., La Iglesia en España (1950-2000), Madrid, PPC Editorial, 1999, p. 122).
228 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, Pablo VI y España, op. cit., p. 564-565.
229 William J. CALLAHAN, op. cit., p. 412 y 621.
230 Cf. ib., p. 415.
231 Vid. La Iglesia y la Comunidad política (1973), texto episcopal apadrinado por el cardenal Tarancón y sus partidarios, no puede negar que la confesionalidad religiosa del Estado está en el ideal de las enseñanzas conciliares (cf. Jesús IRIBARREN, op. cit., p. 544-545).
232 Cf. Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA, op. cit., p. 512-513.
233 Que el Papa Pablo VI confirmase en la presidencia de la CEE al cardenal Tarancón ha ser- vido para deducir que tal confirmación en el puesto implica una bendición de las conclusiones de la Asamblea Conjunta (cf. Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 184-185). La deducción ten- dría lógica si el Papa no hubiese reafirmado explícitamente con su autoridad las exigencias del documento del Sagrada Congregación del Clero.
234 Cf. Pablo MARTÍN DE SANTA OLALLA, op. cit., p. 39.
235 Vid. CEE, La Iglesia y la comunidad política, 1973.
236 Tanto el documento La Iglesia y la Comunidad Política (1973) como las Orientaciones sobre el Apostolado Seglar (1972) tuvieron en la Asamblea Conjunta su inspiración ideológica (cf. José Manuel CUENCA TORIBIO, Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985), op. cit., p. 134).
237 El Documento episcopal de 1973 reclamaba por parte del Estado el mismo trato a la Iglesia que a cualquier otra institución religiosa o civil. No quería ningún privilegio. Esta demanda no sólo negaba la doctrina tradicional de la Iglesia sino la enseñanza del propio Concilio, que en la dimensión positiva de la libertad religiosa obliga al Estado a favorecer la vida religiosa, proteger la moralidad pública, limitar la propaganda religiosa por imperativos del bien común, y no olvidar el «deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo» (CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, 1). La demanda además negaba los términos del Concordato firmado entre el Estado Español y la Santa Sede, lo que hacía insólita la petición de la CEE.
238 COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL, «La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II», en Jesús IRIBARREN, Documentos colectivos del Episcopado Español (1870-1974), Madrid: BAC, 1966. Págs. 370-371. La Introducción al texto de 1966 fue redactado conjuntamente por Guerra Campos y monseñor Tarancón. Repárese en este dato, porque estamos tal vez ante el más importante documento episcopal de legitimación moral de la dictadura militar del 18 de Julio, superando incluso a la Carta Colectiva de 1937, que no asumía ninguna in- coherencia futura del Régimen.
239 Un análisis muy crítico del texto episcopal de 1973 aparece en la revista Iglesias Mundo (vid. Monseñor José GUERRA CAMPOS, «Observaciones sobre el proyecto de documento episcopal “Iglesia y orden político”», en Iglesia-Mundo, 40-41 (1972), p. 5-16).
240 Vid. CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, 1.
241 Fue un intento de agitación eclesial en 1966. Se pretendía una reunión catequética en Madrid, convocada por elementos desconocidos, sin autorización ni bendición del Episcopado. La convocatoria tenía objetivos políticos ilegales, estaba adscrita al progresismo religioso y contaba con la colaboración comunista de las emergentes CC. OO. Guerra Campos desbarató el intento infiltrando algunos sacerdotes en la organización, y recabando toda la documentación que probaba los hechos e intenciones. El Papa y la opinión pública fueron informados (cf. Ricardo DE LA CIERVA, Historia esencial de la Iglesia Católica, Madrid: Editorial Fénix, 1997, p. 129).
242 Las raíces modernistas de las conclusiones de la Asamblea Conjunta fueron denunciadas por los documentos de la Sagrada Congregación del Clero (cf. Bernardo MONSEGÚ, Iglesia y liberación sociopolítica, Madrid: Speiro, 1972, p. 472-475).
243 La revista Iglesia-Mundo dedicó varios concienzudos análisis a las graves desviaciones doctrinales que asolaban entonces a la Iglesia en general y a la española en particular. Destacaban teólogos como José María González Ruiz (que acusaba a la Sagrada Congregación del Clero de herejía grave por sus correcciones a las Conclusiones de la Asamblea Conjunta), P. M. Ortiz de Zúñiga y Olegario González. Sacerdotes como Mariano Gamo y Jaime Cuspinera. Jesuitas José M. de Lera en Razón y Fe y J. M. Castillo. Revistas como Iglesia Viva, Mundo Social (de la Compañía de Jesús), el Boletín de la UPS, Pastoral Misionera, Lumen o la Revista Proyección de la Facultad Teológica de Granada. No se libra el Encuentro Nacional de Apostolado Seglar de 1971 o la Comisión Episcopal de Migraciones. Y numerosas asambleas diocesanas previas a la Asamblea Conjunta (Pamplona, Orense, Albacete, Vitoria, Zaragoza, Santiago (cf. REDACCIÓN, «Confusión y desviaciones doctrina- les en España (I)», Iglesia-Mundo 24 (1972), p. 9-13; ib., «Confusión y desviaciones doctrinales en España (V)», Iglesia-Mundo 28-29 (1972), p. 9-12).
244 El padre Román Orbe Garicano, miembro de la HSE de Guipúzcoa y canónigo de la Catedral del Buen Pastor, fue castigado al silencio por monseñor Setién por discrepancias con su gobierno pastoral y su separatismo confeso. Murió a los 100 años, poco después de la visita del nuevo obispo de San Sebastián, monseñor Munilla.
245 Cf. HSE, La Hermandad Sacerdotal Española y la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (I y II), op. cit., p. 152.
 246 Cf. REDACCIÓN, «Un grupo de sacerdotes calificados intenta una auténtica revolución eclesiástica en España», Iglesia-Mundo 9 (1971), p. 24-30.
247 Cf. Luis MADRID CORCUERA, op. cit.
248 Cf. Santiago VILLAR, «Una ofensa a la historia y a la propia Iglesia», Iglesia-Mundo 14 (1971), p. 16-17. Monseñor Olaechea, obispo en Valencia, había protestado a Roma por la deriva de la Asamblea (cf. Ricardo de la CIERVA, La hoz y la cruz, op. cit., p. 320).
249 Cf. Ricardo de la CIERVA, La transición y la Iglesia, op. cit., p. 154. Sobre los documentos relevantes no publicados en este libro, vid. REDACCIÓN, «El libro de la BAC sobre la Asamblea Con- junta», Iglesia-Mundo 15 (1971), p. 12-13.
250 Cf. Cardenal Vicente ENRIQUE Y TARANCÓN, op. cit., p. 485.
251 Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, op. cit., p. 222.
252 Cf. Rafael GÓMEZ PÉREZ, El franquismo y la Iglesia, op. cit., p. 243; Ricardo de la CIERVA,
La hoz y la cruz, op. cit., p. 316-319.

Deja una respuesta

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad