Análisis del terrorismo en España

Por Col. Diego Camacho

4/05/2019 Defensa

El terrorismo, en cualquiera de sus formas y vertientes, es una de las mayores amenazas contra nuestra estabilidad, paz y desarrollo, por ello, hay que combatirlo sin titubeos. Ofrecemos un completísimo análisis de nuestro colaborador, el Col. Diego Camacho, sobre lacra tan nociva. Léanlo con atención.

A modo de introducción

El terrorismo ha supuesto para la sociedad española uno de sus principales problemas. Tres generaciones han convivido con él y por su larga duración en el tiempo terminó por convertirse en un mal endémico. Se inicia durante la dictadura de Franco, periodo con carencia de libertades políticas, y continua con el régimen de monarquía parlamentaria que sustituye al anterior. Aunque en determinadas épocas pudo achacarse su existencia a la falta de libertad política durante el franquismo, su continuidad en la nueva España democrática hace pensar que su causalidad final era de otra naturaleza más profunda. Una motivación más arraigada en el sentimiento que en la ideología, un deseo de de focalizar la lucha en ser independientes de España, antes que tener como metas la igualdad o la libertad. Ese sentimiento no era exclusivo de ETA, también era el fin último de los partidos nacionalistas vascos, quienes recogían los frutos políticos de la lucha armada. Arzallus lo explicaba con claridad meridiana, “unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces”.

Generalmente resulta difícil aproximarse al terrorismo con objetividad. Para unos el terrorista es un luchador por la libertad mientras que para otros es un asesino sin más. Algunos han iniciado su carrera política como terroristas afamados, reconocidos por la comunidad internacional, y la han terminado como Jefes de Estado o como primeros ministros. Ese reconocimiento variaba de cariz según las circunstancias y el tiempo. No influían en el mismo los aspectos morales o penales de la acción sólo la oportunidad política que rodeaba al personaje considerado. Esta circunstancia puede ser la explicación de por qué el terrorismo no ha sido definido explicita y taxativamente en el Derecho Internacional Público, ni tampoco su concreción haya estado en la agenda de las organizaciones supranacionales que lo tienen como uno de sus principales problemas.

Hablamos de terrorismo y sabemos a lo que nos referimos, también sabemos que el “otro” no entiende lo mismo que nosotros. A la comunidad de naciones le resulta más pragmático moverse en la indefinición y en lo inconcreto, que condenar unas acciones que más tarde deba, también por pragmatismo, ignorar. Hay una excepción y es cuando la acción terrorista lleva aparejada el exterminio de un pueblo o una minoría por su cultura, por su religión o por su etnia. Entonces ya no se habla de terrorismo sino de genocidio y de atentado a los Derechos Humanos.

Una definición genérica y a la vez simple, que permita englobar todas las tipologías conocidas puede ayudarnos a comprender la génesis y el desarrollo de estos acontecimientos sociopolíticos. Robert Moss al definir el terrorismo como el uso sistemático de la intimidación, en todas sus formas, con fines políticos logra un punto de partida que nos permite avanzar por la senda del análisis y sortear la propaganda y la manipulación informativa. Las grandes dosis de sentimiento existentes en el uso del terrorismo, o en su persecución, como herramienta política facilita la obtención de resultados inmediatos en cualquier campaña de manipulación informativa que se plantee, pues siempre se contará con terreno abonado en los dos campos para lograr la desinformación y alejar al ciudadano de la objetividad y por lo tanto de la realidad.

Es ilusorio pensar que en una sociedad democrática la violencia terrorista es algo anormal o fuera de lugar. Los nazis enseñaron como puede utilizarse el terrorismo para minar los fundamentos del Estado de Derecho, antes de asaltar el poder, y como utilizando las reglas políticas legales acabar con el régimen existente e instaurar otro radicalmente distinto.

El terrorismo es ante todo una herramienta, una forma de lucha para lograr un fin político. Los logros parciales tienen muy poca importancia, lo que importa es el objetivo final. Por eso en el aspecto operativo, la importancia primordial reside en la organización no en el líder; cuando este desaparece otro le sustituye, sin ningún problema. Al comienzo de la guerra contra los islamistas argelinos, en la última década del siglo XX, el jefe del Frente Islámico de Salvación (FIS) era suprimido por el ejército gubernamental cada semana, sin que ese hecho tuviera una incidencia negativa apreciable para la operatividad de los islamistas. La organización islámica era fuerte por el gran apoyo popular y la sucesión en el mando se realizaba sin problemas, era un problema secundario. Es evidente que en los casos en los que el liderazgo perdura en el tiempo, la organización va adaptándose a la personalidad del jefe y esta termina por imponerse, sobre todo cuando el líder ha logrado suprimir todas las corrientes críticas.

En España se ha usado sistemáticamente por el gobierno un análisis equivocado cuando las fuerzas policiales conseguían acabar con el líder de la rama militar o político – militar de ETA. Se mostraba a la opinión pública como una gran victoria, cuando en realidad no afectaba sustancialmente a la misma. Ilusionar al electorado era prioritario a hacerle compartir una realidad. Para conseguir el apoyo de la población civil en la lucha contra el terrorismo es necesario trabajar por la implicación de los ciudadanos, mal puede conseguirse esa colaboración si los eventuales simpatizantes son manipulados informativamente de manera continua.

Esa manipulación gubernamental a lo largo de todos estos años, con independencia de la tendencia política del Consejo de Ministros, ha tratado de llevar también el convencimiento a la opinión pública sobre la posibilidad de negociar con la rama más posibilista de la banda, distanciando así al ciudadano del verdadero problema político: la independencia del país vasco. Los gobiernos por no alarmar demasiado han preferido instalarse en la ambigüedad y a la larga lo único que han logrado ha sido perder credibilidad. Su pérdida supone el inicio del distanciamiento de la ciudadanía y sin esta la posibilidad de victoria.

La máxima de Mao el guerrillero ha de encontrarse entre la población civil como el pez en el agua, marca la pauta a seguir por la organización. Es el apoyo de la población el factor determinante para alcanzar el objetivo final, todo aquello que lo refuerza fortalece la causa por la que se lucha. El debilitamiento del apoyo supone, si se enquista en el tiempo, la derrota sin remisión. Por ello es la población el principal objetivo de la lucha terrorista y antiterrorista, quien consiga poner de su lado a la población alcanzara la victoria. La consecuencia inmediata es el gran valor que adquiere la guerra sicológica, la información y la inteligencia; todas ellas estarán orientadas en conseguir el respaldo de la población, aunque no esté implicada directamente en la lucha, pues es determinante para el resultado final.

El terrorismo no es privativo de minorías marginadas, al ser una herramienta de lucha política que por la intimidación busca un fin político y decisivo, que sea capaz de cambiar las cosas, es utilizado con frecuencia también por los Estados. Si bien estos nunca reconocen que esos sean los métodos utilizados. El terror represivo del Estado tampoco es privativo de una ideología, el caso de Chile bajo Pinochet o de la URSS con Stalin son ilustrativos.

Las organizaciones terroristas también utilizan en su seno este tipo de terrorismo represivo para quitar de en medio a los traidores o acallar a los críticos, como el asesinato de Yoyes por ETA.

Ya sea practicado por un Estado o por una organización terrorista tiene un idéntico objetivo, mantener en un puño al ciudadano o al simpatizante. Este terrorismo supone un tremendo error, si su uso prevalece en el tiempo, pues son los simpatizantes los que van distanciándose rápidamente a causa del miedo que origina el que lo utiliza. La pérdida de apoyo por parte de la población afín es imparable. Un ejemplo lo tenemos en Argelia donde la utilización de este tipo de terror por los guerrilleros que habían luchado en Afganistán, los llamados afganos, sobre la población civil ha permitido al gobierno argelino avanzar mucho en la represión del integrismo islámico.

El terror defensivo es el que está motivado en la defensa del estatus quo existente con anterioridad y que se pone en peligro bien por la formulación de un nuevo consenso social o por la resistencia de una minoría ante una fuerza invasora. El Ku Klux Klan, sociedad organizada en EEUU en 1865, contra la igualdad de derechos o las guerrillas: en España durante la guerra de 1808, en Irak después de la derrota de Sadam Husein y en Afganistán después de la huida de Osama Ben Laden, son casos que responden a esta tipología de terrorismo. Generalmente en este tipo de lucha los dos bandos acuden a procedimientos terroristas, a una acción suele responderse con una reacción de naturaleza similar.

El sufrido por España durante tantos años corresponde a un tercer tipo que podemos catalogar como terror ofensivo. Es el empleado contra un régimen político asentado, democrático, autoritario o colonial, para sustituirlo por otro de carácter comunista, fascista, anarquista o nacionalista. La revolución bolchevique de 1917, el nazismo de los años treinta, el anarquismo catalán en los inicios del siglo XX o la formación del Estado de Israel durante el mandato británico en Palestina, son ejemplos que corresponden a cada uno de ellos. Este tipo busca provocar una crisis interna que o bien permita alcanzar sus objetivos políticos como la creación del Estado de Israel o permita preparar el camino para llegar a la insurrección armada como sucedió en Rusia en 1917.

La crisis del Estado buscada por los terroristas se fundamenta en una táctica de acción– eacción que sea capaz de provocar una espiral de terror y así poder separar al gobierno del apoyo popular. Reviste una gran importancia la elección de la víctima, pues si la elección no es acertada la respuesta popular puede ser contraria a lo previsto, lo que supone un reforzamiento psicológico del gobierno y un desprestigio de los terroristas, como sucedió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y su mujer. El problema central consiste en el apoyo popular, ir ganando adeptos siempre es prioritario a la obtención de cualquier objetivo intermedio por importante que este pueda parecer.

La dirección terrorista tiene en general dos opciones operativas: a) selectivas sobre colectivos que están desprestigiados socialmente (policías, militares, jueces o políticos) como sucedió en España en los primeros años de la transición, b) indiscriminadas para levantar un muro infranqueable, entre las dos comunidades, que impida alcanzar la paz como fue la acción del FLN y la OAS en Argelia durante la guerra de independencia, o los atentados suicidas efectuados en Palestina o Pakistán. La efectividad, en cualquier caso, radica en la respuesta popular y esta en como el gobierno maneje la situación. El atentado del 11 – M es muy ilustrativo sobre la manera en que un gobierno, sorprendido por una acción de terrorismo indiscriminado con numerosas víctimas, puede perder en poco tiempo el apoyo popular por la manera de gestionar la crisis. Una parte importante de ciudadanos se sintió engañada y esa sensación fue suficiente para provocar un vuelco electoral tres días después.

Cuando el terrorismo actúa dentro de una sociedad democrática y suficientemente desarrollada, su aspiración es colocar al gobierno entre el exceso y el defecto, entre el pánico y la debilidad. Aunque son las sociedades en evolución las que son más vulnerables a la violencia política ya que sus resortes institucionales son más débiles al estar menos asentados. Los últimos años del franquismo y los primeros de la transición política hacia la democracia, han sido épocas más vulnerables a la violencia de ETA que la experimentada en estos últimos diez años. La ausencia de libertad, idea fuerza de los primeros años de la lucha terrorista iban vaciándose de contenido según se avanzaba hacia la apertura exterior y al rodaje de instituciones representativas que habían sustituido a las instituciones de la dictadura.

En los Estados libres la mayor fuerza política que posee el gobierno reside precisamente en su legitimidad, pues ha sido la soberanía popular la que ha habilitado el ejercicio del poder. Por esa razón en España el movimiento terrorista de ETA ha perdido impulso ideológico con el paso de los años, no por los éxitos policiales, que el gobierno resaltaba en primer lugar, sino por carecer de sentido acudir a la violencia para abogar por unos objetivos secesionistas que podían ser perfectamente defendidos de manera pacífica y democrática. Sólo la coincidencia en los objetivos políticos finales con la izquierda abertzale y con la burguesía conservadora del país vasco, ha permitido a la organización terrorista mantener su lucha, pues el apoyo civil se diversificaba en las opciones políticas mencionadas. A todos les venía bien la existencia de un terrorismo controlado que permitiera presentar diferentes caras a un mismo objetivo estratégico, pues en definitiva era posible plantear la negociación con el gobierno central sin necesidad de tomar partido explícito.

De manera recurrente, como apuntaba más arriba, los sucesivos gobiernos del Estado sin importar su adscripción ideológica han sido proclives a aceptar como plausible la existencia de una ETA mala y otra menos mala, con la que era factible entenderse y así poder debilitar a la rama más radical. Este error ha estado motivado en las expectativas electorales y en la ambición personal de los respectivos líderes que deseaban pasar a la historia como los verdaderos artífices del fin de ETA. El hecho de haber renunciado importantes terroristas a la lucha armada ha estado en la mayor parte de los casos motivado por el cansancio y como un premio que la propia organización ofrecía a estos miembros destacados, vistas las facilidades que ofrecía el Estado. La organización y los terroristas no tenían que pagar ningún un coste político, sólo dejarse querer. Animado por este error el gobierno de ZP en su primera legislatura llegó incluso a apoyar que Batasuna fuera borrada como organización terrorista del Parlamento europeo.

Si se acepta la hipótesis de la existencia de dos organizaciones terroristas, es de sentido común, si hay que negociar hay que hacerlo con la más violenta, pues es la que asesina y la que con sus acciones ha desplazado a los “dialogantes” dentro de la propia organización. Es absurdo pensar que un acuerdo alcanzado con los “moderados” puede obligar a los más radicales. Por el contrario, facilita la continuidad de la acción terrorista al crear una ilusión que no se compadece con la realidad y que al desmoronarse va a suponer una decepción para el campo antiterrorista y una victoria para los violentos. Los gobiernos han adolecido de tener una visión del problema de carácter sobre todo policial y olvidar que la resolución era sobre todo de naturaleza política. De nada sirve la desarticulación de comandos si no va acompañada también de avances sustanciales en el apoyo de la población vasca a un proyecto de convivencia común.

Para lograr la secesión de un territorio, en un país democrático, la organización terrorista tiene que orientar sus acciones a un objetivo esencial, la quiebra del Estado de Derecho. Lograr que el gobierno por su reacción de pánico y debilidad se deslegitime y permita la insurrección o la resistencia generalizada de la población. El triunfo es imposible sin el apoyo popular.

El GAL

Los antecedentes en la guerra sucia contra ETA, en los primeros años de la transición, fueron poco importantes por dos razones, en primer término, el Estado no se implicó a fondo en la misma, a lo sumo puede acusársele de cierta pasividad o de mirar hacia otro lado, pero no establecer una organización dirigida y financiada por el ministerio del Interior; en segundo lugar, su incidencia en la transición política fue prácticamente irrelevante.

No ocurriría lo mismo con los grupos antiterroristas de liberación (GAL) que se convertirían con el paso del tiempo en la página más negra, desde el punto de vista ético, del paso de Felipe González por la Presidencia del Gobierno. Desde la perspectiva política de la lucha antiterrorista fue un tremendo error al poner las bases de la deslegitimación gubernamental y no alcanzar tampoco los objetivos que se habían propuesto cuando se tomó la decisión de organizarlos. Muy mal asesorado cayó en la trampa de acudir a la guerra clandestina para derrotar a ETA cuando nada le impedía, sobre todo teniendo 202 diputados, enfrentar el problema directamente utilizando los resortes que proporciona el Estado de Derecho y sin caer en la cuenta que con su acción el Poder perdía su principal activo político: la legitimidad en el uso legal de la fuerza. El Estado no necesitaba acudir a la clandestinidad para enfrentar la amenaza, por muy encrespados que estuvieran los ánimos. El presidente, en ningún caso, debió eludir el liderazgo de plantar cara a los terroristas y utilizar con firmeza la fuerza que le había otorgado el pueblo español en 1982 con la mayoría absoluta. Ahí residía su fortaleza política, al no hacerlo perdió su mejor baza debilitó al Estado y fortaleció a ETA.

España recién salida del intento de golpe de Estado, era mirada con cierta desconfianza por Francia, aliada necesaria si realmente había voluntad política de derrotar a los terroristas. Para profundizar más en la colaboración con los servicios de Inteligencia y seguridad franceses era preciso, además de contar con el apoyo del presidente Mitterrand, convencer a esos organismos que nuestros intereses eran convergentes con los de Francia. Para ello se contaba con un dato de suma importancia, el objetivo secesionista afectaba también a las provincias vascas francesas, aunque la prioridad operativa de ETA fuera para España, la amenaza era también una realidad para Francia. Así puede decirse que la desconfianza francesa estaba motivada sobre todo en la falta de solidez política de los gobiernos españoles y también en la propia debilidad del régimen nacido después de la muerte de Franco, cuya duración por aquellos días era una incógnita, más que basado en una insensibilidad del país vecino hacia un problema secesionista que de triunfar al sur de los Pirineos pasaría inevitablemente al norte en un plazo muy breve.

Finalmente se logró superar la desconfianza y profundizar en la cooperación en la lucha antiterrorista, como se pondría de manifiesto a raíz de la reforma del código penal del país vecino. Francia, por fin, identificó el delito de “pertenencia a banda armada”, que era el utilizado por nuestros jueces, para calificar los delitos terroristas en general, con el de “asociación de malhechores” que era el que utilizaban nuestros vecinos. Ello facilitó el desbloqueo de las extradiciones y poder asestar un duro golpe al santuario de la banda, que culminaría con la detención del aparato logístico de ETA en el pueblo de Bidart.

Cuando fue destapado el caso Roldán, director de la Guardia Civil, y las sucesivas implicaciones en asesinatos, secuestros o atentados cometidos por la inspiración del gobierno español. La pérdida de prestigio internacional fue enorme, al sospechar todo el mundo que el gobierno español además de estar detrás se comportaba de forma insegura y poco fiable al no asumir su responsabilidad. En el prestigio y en la coherencia de la política exterior es donde se asienta una acción internacional eficaz y duradera. Lo que vino en nuestra ayuda, respecto a la ayuda francesa, fue que también el gobierno socialista del país vecino se vio inmerso en varios escándalos de corrupción, que originaron la entrada en prisión de algún ministro y el suicidio del Primer Ministro Pierre Berebaugoy.

Varias acciones del GAL serían encargadas a mercenarios, quienes en adelante estarían en condiciones de chantajear de manera permanente al gobierno. Este no repararía en gastos para mantener un anonimato imposible de lograr y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, desviaría parte del dinero librado para la puesta en marcha de las operaciones hacia las cuentas bancarias privadas, algunas en Suiza, de los responsables y colaboradores del ministerio del Interior, que se convertiría al poco tiempo en un patio de monipodio donde el ministro, Corcuera, por Navidad regalaba joyitas a las mujeres de sus colaboradores utilizando el dinero público y donde por cada comando desarticulado había premio en metálico de los fondos reservados. Además de los sobres que repartía regularmente el secretario de Estado Vera a sus principales colaboradores.

La implicación en la guerra sucia tampoco se limitó al ministerio del Interior, el gobierno también hizo intervenir al Servicio de Inteligencia en tareas secundarias, pero no por eso menos graves. La dirección del CESID no fue sensible a las previsibles consecuencias del despropósito que se había montado. Manglano y sus principales colaboradores debieron alertar a Presidencia y Defensa que el efecto que iba a generarse desde la guerra sucia era contraproducente para terminar con el terrorismo en España. Es lo malo cuando en determinados puestos estas más preocupado por el medro personal que por servir fielmente al interés general. La lealtad en los temas vitales para la seguridad nacional, no pasan por asumir y acatar cualquier despropósito sino en atemperar la acción del gobernante y si ello no es posible, queda como único camino la dimisión, el siguiente lo tendrá más fácil.

Todo el núcleo de la acción operativa para responder a ETA, con sus mismos procedimientos, estaba en manos de un subcomisario y de un inspector de la policía. Es decir, todo el planeamiento operativo y logístico necesario brillaba por su ausencia. Lo que más llama la atención de esta forma cutre de planear algo tan decisivo para el Estado, es el que durante varios años esa insuficiente organización no fuera puesta en cuestión por ningún responsable político, pero tampoco por ningún especialista en lucha antiterrorista. Al parecer lo único importante era el manejo de los fondos reservados y de los pingües rendimientos que estos proporcionaban.

Sabiendo el gobierno que el coronel Galindo iba a terminar en la cárcel. Le ascendió a general pocos días antes de su procesamiento, a pesar de la opinión en contra de la Secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles. Lo que da idea del ambiente existente en el ministerio del Interior y de lo pillados que algunos funcionarios tenían a ciertos responsables políticos. Ha sido casi una constante en todos los gobiernos de la democracia como se ha protegido a funcionarios leales al partido, aunque no lo fueran a la nación, estuvieran corruptos o su funcionamiento fuera claramente ineficaz. Esta circunstancia ha incidido muy negativamente en la percepción que la opinión pública tiene de los funcionarios, pero también en el respeto que sienten hacia la Administración   los mismos políticos que la han corrompido. El ascenso de Galindo desde luego no contribuyó a prestigiar a la Guardia Civil, que era su necesidad más acuciante desde el 23–F, ya que entonces se la usó como chivo expiatorio de todas las culpas golpistas.

A pesar del esfuerzo del juez Bacigalupo en no estigmatizar al presidente González, impidiendo que se sentara en el banquillo de los acusados. Lo cierto es que el primer presidente socialista, quedó completamente desprestigiado en el ánimo de muchos ciudadanos. Sus hombres de confianza para la seguridad Barrionuevo y Vera, fueron condenados y entraron en la cárcel, antes habían tenido que dimitir por las escuchas ilegales Serra, García Vargas y Manglano, aunque si se compara con el tiempo que cualquier mortal pena por delitos similares; puede decirse que su castigo fue simbólico.

Aunque la despedida que el presidente les dio a la puerta de Alcalá Meco, queda para los anales de cómo un jefe puede dejar abandonados, sin pestañear, a dos hombres cuyo delito había sido el ejecutar sus órdenes, igual que Amedo y Domínguez. Los partidos políticos una vez que logran el Poder prefieren proteger, hasta donde humanamente sea posible, a sus militantes que en hacer respetar la ley. Por eso cuando militante y ley colisionan el mejor parado es normalmente el miembro del partido, siempre y cuando su lealtad se mantenga inquebrantable al partido. Esas actitudes, van contra el fortalecimiento democrático de la sociedad y cada día existen más personas que ponen los intereses de su partido por delante del interés nacional. El ejemplo de Roldán es paradigmático. Hoy a nadie le cabe duda, que si en su día hubiera obedecido al partido y le hubiera ahorrado el ridículo del capitán Khan, hubiera estado mucho menos días a la sombra.

A finales del año 2010 la opinión pública constata lo ya intuido gracias a las declaraciones de González y Rodríguez Menéndez. En una entrevista con el diario EL PAÍS, el primer presidente socialista señala que en su día le ofrecieron acabar con la cúpula de ETA en Francia, a lo que se negó y que “aún hoy tiene dudas que su decisión fuera la correcta”. Así que aquello que también en su día declaró de “haberse enterado del GAL por la prensa”, nada de nada González mintió para no asumir las responsabilidades por el montaje de la guerra sucia, mientras dejaba a sus más directos colaboradores cargar con las responsabilidades que le correspondían a él en su mayor grado. Al error en la toma de decisiones hay que añadir la cobardía en no hacerse responsable de su propia gestión, postura nada airosa en quien pretende ir por el mundo de estadista.

El abogado Rodríguez Menéndez, desde Argentina, se declaraba culpable y arrepentido de haber participado en el montaje y distribución del video que sacaron a P. J. Ramírez, director de El Mundo y principal artífice del descubrimiento del GAL, escuchas ilegales y fondos reservados, así como de la participación en estos delitos de algunos de los anteriores responsables del ministerio del Interior, durante la guerra sucia. Era la guinda de este enorme pastel de corrupción política, además de malos gestores, cobardes y ladrones, actuaban también como verdaderos mafiosos. Mientras tanto el antiguo Secretario de Estado de Seguridad seguía viviendo, con la complicidad del juez, en un chalet requisado hacía varios años para responder del saqueo a los fondos reservados, de los que Vera era uno de los principales responsables.

Es evidente que lo conocido del GAL ha sido mucho, aunque queda mucho más por conocer. Es evidente que la información de la que disponían Amedo y Domínguez era muy deficiente, sólo así cabe explicarse la multitud de errores que cometieron en la elección de objetivos que no tenían nada que ver con la organización terrorista. También llama mucho la atención el papel secundario y marginal que jugó el servicio de Inteligencia, prueba evidente que en los momentos críticos los gobiernos prefieren a sus hombres de confianza, aunque tengan escasa o nula preparación, que utilizar a los funcionarios que tienen a su disposición para desempeñar la tarea. La guerra sucia fue, por todo lo que antecede, un error político gestionado y ejecutado en un marco de incompetencia generalizada y con el propósito de apropiarse de los fondos reservados del Estado. Delincuencia en estado puro.

Con el paso de los años ha quedado de manifiesto que el castigo a estos crímenes ha sido anecdótico, tanto desde el punto de vista personal como del político. El PSOE como organización se ha visto poco afectado si se tiene en cuenta que permitió, alentó y protegió ese estado de cosas y en ningún momento se planteó terminar con la corrupción existente en el seno del partido. Cuando lograra de nuevo el poder, gracias a la desorientación del PP, la corrupción seguiría presente en las áreas del poder, si bien de manera más prepotente y menos disimulada pues el camino al haber sido ya transitado ocho años antes permitía conocer mejor los resortes que proporciona el manejo del poder.

El ya mencionado nombramiento como ministro de Defensa de Eduardo Serra, durante la primera legislatura de Aznar, se debió a la necesidad que tenían aquellos que controlan el Estado de impedir que los llamados papeles del CESID fueran desclasificados, a pesar de que su desclasificación era la promesa estrella de la campaña electoral del PP. De esa manera Aznar incumplía lo que el y sus muchachos habían prometido y a la vez se hacia cómplice del anterior gobierno en mantener a los ciudadanos a la luna de Valencia y proteger la razón de Estado antes que el Estado de Derecho. Es más fácil así comprender el nombramiento de un militar jubilado, Javier Calderón, como director del servicio de Inteligencia.

Con Serra en Defensa, el gobierno anterior se blindaba pues tenía la garantía de la no desclasificación, bajo ningún concepto, de los papeles del CESID. Como declaró el propio ministro a la pregunta de una periodista. El nuevo jefe de la Casa era un candidato idóneo para colaborar en esa tarea de ocultación, pues a su vez estaba interesado en guardar bajo llave todo lo referido al 23 – F que todavía no hubiera sido destruido. No obstante, Aznar intentaría maquillar su promesa electoral e intentó dar a la opinión pública gato por liebre con la expulsión del CESID de 28 agentes. El ministro de Defensa terminó reconociendo, en una nota de prensa, que los agentes expulsados no habían estado implicados en ningún asunto de los GAL, escuchas ilegales o corrupción. Lo que no decía la nota de Eduardo Serra es que los que si estaban implicados en esos hechos delictivos habían sido ascendidos por Calderón o premiados con un destino mejor. Una manera de asegurarse lealtades inquebrantables futuras, como ya explicó Maquiavelo en el siglo XVI.

Al final el secreto no se utiliza para proteger al ciudadano sino para tapar los errores o los delitos cometidos por los responsables políticos o administrativos. Por eso al final, aunque el gobierno, la judicatura o ambos consigan tapar un caso, aún a costa de retorcer el brazo a la justicia, el ciudadano intuye la implicación directa del Poder.  Según pasan los años y aumentar la corrupción se pone de manifiesto que los jueces actúan, cada vez más, como vicarios del gobierno, que además de los abogados del Estado puede contar también con la Fiscalía y los jueces para defender su criterio. Y si nada de esto funciona se tiene la opción de clasificar cualquier papel que pueda comprometer, como secreto de Estado, aprovechando una ley que data de los años sesenta. Aunque si nada de eso sirve, por la propia naturaleza del delito, se dejan correr los plazos para que la presunta culpa prescriba y los que han delinquido puedan eludir su responsabilidad: los Albertos, Alierta, Fabra son algunos ejemplos paradigmáticos y conocidos por todos. Los dirigentes de los diferentes partidos que han alcanzado el poder, han preferido utilizar las herramientas de represión que poseía la dictadura para defender la razón de Estado, que legislar acorde con nuestro entorno democrático y preocuparse en que el interés nacional desplazara a la tiranía.

El 11-M

Constituye la mayor acción terrorista sufrida por España después de la guerra civil. Tuvo lugar cinco días antes de celebrarse las elecciones generales de 2004 y como no podía ser de otra forma influyó directamente en el resultado de los comicios. Las encuestas preelectorales que daban como ganador claro al PP sufrieron un vuelco y el PSOE obtuvo una victoria cómoda para poder gobernar sin sobresaltos gracias al apoyo puntual de algunos partidos nacionalistas.

Ambos partidos tuvieron la misma percepción política aunque en diferente dirección: si los autores eran islamistas el triunfo en las elecciones iba a corresponder al PSOE, ya que lo opinión pública responsabilizaría al PP por la entrada de España en la guerra de Irak; por el contrario, si la acción tuviera la autoría de ETA el PP se alzaría con el triunfo y el PSOE perdería más votos de los previstos, por los contactos secretos que habían mantenido con el entorno político y militar de la organización terrorista vasca y haber sido descubiertos por la prensa.

Es un hecho que Aznar se dejó llevar por el análisis de su sociólogo de cabecera, Arriola, y que su falta de seguridad le imposibilitó el liderazgo. En lugar de ponerse al frente del país, como la situación reclamaba, se empeñó en demostrar, dentro y fuera de España, que la autoría correspondía a ETA sin tener elementos sustanciales que lo apoyaran. Tres días antes de celebrarse las elecciones se ordenó la destrucción de todos los trenes que contenían las pruebas del explosivo utilizado, varias toneladas de pruebas que se hicieron desaparecer en muy poco tiempo y con una eficacia digna de mejor causa. Esta medida perjudicaría a los ojos del ciudadano la actitud del partido gobernante, pues enseguida cundió la sospecha de que algo se trataba de ocultar. Del gobierno se esperaba, en esos momentos, coraje para enfrentar la amenaza de la que todavía no se sabía el origen y así poder llegar a saber la verdad de lo acontecido y, mientras no se lograra saber reconocerlo. Al no hacerlo el ciudadano medio se apuntó a creer que la información gubernamental pretendía desinformarle y crear una verdad oficial que permitiera pasar página.

Nada más producirse el atentado se procedió, rápidamente, a destruir las más de dos toneladas métricas que pesaban los restos de los vagones destruidos por los explosivos y de los que se hubieran podido obtener las pruebas para saber, a ciencia cierta, cual fue el explosivo empleado. En esta destrucción de pruebas participarían los TEDAX de la policía nacional, cuyo jefe era el comisario Sánchez Manzano, realizando además una pericia que por el protocolo interno correspondía hacer a la policía científica. Una vez encausado el responsable de los TEDAX, varios años después y por el empeño de las víctimas no del ministerio fiscal, el ministerio del Interior realizaría una serie de maniobras para proteger al comisario imputado obstruyendo así la acción de la justicia, al negarse a remitir al juzgado la documentación que le era solicitada y que llevaría a la juez a dar un plazo perentorio de diez días para aportarlo, negando el ministerio que ese ultimátum se hubiera producido, por medio de un comunicado de prensa, con varias falsedades cuyo objeto estaba claro que era engañar a la opinión pública sobre lo realmente acontecido.

La destrucción de pruebas esenciales para el esclarecimiento de los hechos sería complementada con la aportación de varias pruebas falsas que se encontraron “casualmente” y podrían incorporarse muy oportunamente a la causa. La mochila de Vallecas, móviles y varios libros del Corán sospechosamente nuevos a pesar de estar diseminados después de una explosión, editados unos por una imprenta chií y los otros por una imprenta sunní. De todos estos indicios, sobre los que se monta una historia inverosímil, el más importante fue el piso del barrio de Leganés, propiedad de un policía que vivía también en el inmueble, y donde presuntamente se habrían suicidado los terroristas. Los que en su mayoría eran confidentes de la policía o del CNI, uno de ellos apareció con los pantalones puestos al revés y otro escapó al ir a tirar la basura y a pesar del cordón policial existente. En la explosión moriría también un subcomisario de los GEO, a quien no se hizo la autopsia y cuyos restos serían profanados y sacados de su tumba poco después de haber sido enterrado, y sin que el ministerio del Interior pareciera interesado en aclarar estos extraños sucesos.

Por su parte el PSOE una vez que se cercioró que las afirmaciones gubernamentales no se apoyaban en nada sustantivo, inició una campaña de acoso cuyo núcleo era asignar la autoria del atentado al integrismo islamista y que culminaría con el montaje de manifestaciones multitudinarias delante de las sedes del PP en la jornada de reflexión. La frase pronunciada por Pérez Rubalcaba un día antes de las elecciones, “España no se merece un gobierno que mienta” tuvo unos efectos electorales inmediatos. Luego al ocupar él la cartera de Interior superaría todas las expectativas en cuanto a soltar mentiras para encubrir la acción de policías corruptos tanto en el atentado del 11–M como en el proceso de negociación con ETA.

Los dos partidos con probabilidades de alcanzar la victoria electoral actuaron con igual estrechez de miras, los dos se olvidaron de lo sustantivo: la seguridad nacional y la fortaleza del Estado, y pusieron como objetivo prioritario ganar las elecciones para hacerse con el poder. Es la muestra patente de lo que los españoles pueden esperar de unos dirigentes a los que sólo le preocupa la aritmética electoral, aunque haya casi 200 muertos de por medio. El sentido de Estado, del que carecían la mayoría, aconsejaba la unión en el dolor para impedir que los autores intelectuales, fueran islámicos o vascos o ambos, pudieran salirse con la suya y pudieran predeterminar el resultado en unas elecciones generales. No haberlo hecho sitúa a España en una situación de extrema gravedad cuando vuelvan a celebrarse comicios, pues la reacción previsible del PSOE y del PP no parece vaya a sufrir cambios sobre todo cuando son las mismas personas las que siguen tomando las decisiones, en ambas formaciones políticas. Los interesados en desestabilizar España o en influir decisivamente en sus procesos electorales, pueden tener una idea bastante aproximada de lo que la clase dirigente de los partidos mayoritarios da de sí ante una crisis como la del 11–M.

El desconcierto de Aznar se pondría de manifiesto en varios detalles. El más significativo sería la composición del gabinete de crisis que organizó y del que quedaría excluido el director del CNI, Jorge Dezcallar, que sin embargo sería nombrado embajador ante la Santa Sede, nada más llegar Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno, y más tarde sería destinado a la embajada de Washington que es la de mayor relumbre en la carrera. Es cuando menos sorprendente, la brillante salida profesional proporcionada por el PSOE a uno de los principales responsables de la seguridad nacional en el momento de producirse el atentado y después de haber sido ninguneado, por el gobierno que le nombró, en los días siguientes al mismo. Vuelve a repetirse aquí algo parecido a lo sucedido en el atentado terrorista contra Carrero Blanco, el principal responsable de la seguridad Arias Navarro tiene una salida más que airosa, es nombrado presidente del Gobierno.

Es un hecho cierto que el principal beneficiario, visto el resultado electoral, fue el PSOE. Sin que eso quiera decir que haya tenido nada que ver en la planificación del atentado; pero por ello se esperaba que al hacerse cargo del gobierno fuera el más interesado en esclarecer los hechos ocurridos. De manera sorprendente, tanto la dirección del partido beneficiado como la del perjudicado electoralmente vuelven a coincidir en su valoración y en consecuencia en su línea de acción política: pasar página lo antes posible y cerrar el asunto definitivamente con unos responsables islámicos, sobre los que caiga una sentencia inapelable dictada en un juicio rápido. Años después algunos todavía nos preguntamos ¿qué habrá detrás de todo esto para poner de acuerdo y sin fisuras a ambos partidos?

Las investigaciones de Luis del Pino, de los peones negros y del diario EL MUNDO, en febrero del 2010, ponen en evidencia que en los trenes no explosionó Goma – 2 Eco. Los componentes químicos encontrados en las muestras no corresponden a ese explosivo, y sin embargo si están en el titadyn, explosivo utilizado habitualmente por ETA. La sentencia de Gómez Bermúdez afirma que los explosivos salieron de “mina Conchita”, extremo imposible si el explosivo no era Goma -2 Eco, y utiliza este extremo para fundamentar las condenas sobre los implicados. Sólo este extremo bastaría para reabrir un juicio que se cerró en falso y con múltiples lagunas procesales. Si es grave para nuestra seguridad no encontrar a los culpables, mucho más grave es condenar conscientemente a unas personas basándose en pruebas falsas.

Las malas vibraciones que muchos tuvimos, durante el tiempo que duró el juicio, han sido confirmadas después. Entonces, se comprobaba que a la mala instrucción inicial del juez Del Olmo había que sumar las contradicciones de algunas personas en sus declaraciones en vía judicial, algunos incluso también en sede parlamentaria, la ocultación de datos al juez instructor por parte de la policía, que esa actitud era permitida por los jueces y por el ministerio fiscal. Hoy no se sabe, con la sentencia dictada, quien o quienes son los responsables últimos del atentado terrorista, pero sí sabemos que la sentencia fue construida en falso y que la fiscalía parecía estar más interesada en que eso fuera así que en llegar al fondo del asunto. Una vez más la fiscalía actuaba más pendiente de los intereses políticos que de preservar la correcta aplicación de leyes y penas. Gobierno y oposición no sólo dan por bueno un resultado a todas luces injusto, sino que ni siquiera se molestan en ofrecer una explicación plausible a los ciudadanos de su inaceptable postura. La quiebra del Estado de Derecho es clamorosa y el ciudadano ve en que esperpento se ha convertido España, por la complicidad de un racimo de políticos, magistrados y funcionarios de la seguridad del Estado sin escrúpulos y a los que al parecer sólo les preocupa su medro personal.

La línea de dependencia que el Fiscal General del Estado mantiene con el gobierno, hace también responsable al Consejo de Ministros de la situación creada. Las mentiras que algunos soltaron en el juicio, no les condujo a Jerez, como en cierto momento señalaba con gracejo el juez Gómez Bermúdez. El ministerio del Interior se encargaría de ascenderlos, condecorarlos o premiarles con un destino mejor. La ceremonia de confusión culminaría con la concesión por el ministerio del Interior, a finales del año 2010, de varias condecoraciones con distintivo rojo, pensionadas, a varios jueces y fiscales; entre ellos al del “gracejo”, y cuya forma de presidir el juicio había quedado en un claro entredicho, sobre todo cuando su cónyuge había escrito un libro nada más terminar la vista y cuyas fuentes parecieron impropias pues sólo podían proceder de su propio marido, el juez. Es paradójico lo fácil que le resulta al gobierno poner medallas con distintivo rojo a jueces y fiscales comprensivos con los intereses políticos del momento y como ese mismo gobierno regatea ese distintivo rojo a soldados que mueren en el campo de batalla.

El penúltimo despropósito tuvo lugar con el ya mencionado procesamiento de Sánchez Manzano, inculpado en la manipulación y falseamiento de muestras e informes sobre el explosivo. El juez intentó archivar el caso mientras el gobierno se negaba a facilitar la documentación referida al caso y solicitada por las víctimas, personadas como acusación particular.

Vuelve aquí a repetirse lo contemplado con el 23–F y con el GAL. Poner en marcha una filosofía de protección completa hacia el funcionario pillado en una acción delictiva y además premiarlo. La única explicación razonable es, que esos funcionarios cumplían órdenes superiores. Nadie encubre un delito si no existe un interés personal en hacerlo. Por otro lado, se observa como el Poder–Sistema al comprobar que la respuesta social es mínima y la consiguiente responsabilidad política es inexistente, cada vez actúa con más prepotencia, impunidad y descaro. Pasa olímpicamente de la opinión pública y del Congreso de los Diputados, circunstancias de la que también es responsable directo el principal partido de la oposición cuya no actuación influye de manera directa en el deterioro de nuestro sistema político y de nuestras libertades.

Los interesados en defender la versión oficial, y por lo tanto partidarios de esconder la verdad de lo sucedido, han logrado una importante victoria y es la de dividir a la sociedad española ante el recuerdo y el homenaje que se ofrenda a los muertos en el atentado. Lo han logrado no sólo con la gran masa de ciudadanos sino también con las propias víctimas del atentado terrorista, lo que prueba la gangrena que afecta a nuestra sociedad. Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo en liderar la lucha contra el terrorismo que asola nuestro país sino en hacerse cómplices para que la verdad no se sepa, como si esta pudiera afectar decisivamente sus expectativas electorales. Prefieren reinar sobre un erial que luchar en beneficio de la seguridad de todos los españoles.

El resultado no puede ser más desolador ya que el aparato de seguridad del Estado se convierte en una organización peor que la mafia, pues a diferencia de esta son capaces de utilizar el poder del Estado y de la legalidad para burlar el imperio de la ley, al contar con la colaboración de algunos jueces y fiscales y el respaldo de los responsables políticos, que en última instancia son los que diseñan la estrategia a seguir.

La Negociación con ETA

La decisión del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de iniciar una negociación con la organización terrorista vasca fue políticamente inobjetable. Lo criticable ha sido la manera de llevarla a cabo, sin tener en cuenta el objetivo estratégico de ETA y del empecinamiento presidencial en que saliera adelante, como fuera, aunque eso llevara a despejar a los terroristas el camino, al crear unas condiciones objetivas que facilitaran la convergencia con las diferentes fuerzas nacionalistas de cara a la secesión. Para ZP el valor de la negociación estribaba en que esta se produjera, las consecuencias no importaban. La paz, al precio que fuera. Este planteamiento erróneo en cuyo voluntarismo y alejamiento de la realidad se encuentra su mayor hándicap, le ha originado:

1º. La pérdida de iniciativa política. Al utilizar premisas falsas estas no le han llevado a ningún objetivo concreto.

2º. Mostrar su debilidad a ETA. Al no reaccionar ante los acontecimientos que la organización terrorista provocaba durante el proceso negociador, como el chantaje a los empresarios o la voladura de la T-4 del aeropuerto de Barajas.

3º. No esforzarse en recuperar la iniciativa pérdida. Al estar solo preocupado en transmitir una imagen de “todo el mundo es bueno”, incluidos etarras como Otegui y De Juana con decenas de asesinatos a sus espaldas.

4º. Poner al Estado de rodillas ante los terroristas. Al no utilizar la legitimidad que proporciona el Estado de Derecho y despreciar a las víctimas del terrorismo.

5º. Que fuera la organización terrorista la que rompiera el proceso negociador, logrando el éxito estratégico de poner de manifiesto la debilidad del Estado al dejar de manifiesto que el manejo de los tiempos correspondía a la banda.

6º. El fracaso en su política antiterrorista. Nunca asumiría la responsabilidad de su incapacidad e incoherencia. En definitiva, como don Tancredo se ha limitado a verlas venir.

El desprecio que ZP mostró hacia los diferentes informes de Inteligencia existentes, demuestra la sobrevaloración hacia las capacidades internas de su partido y la desconfianza profunda hacia las instituciones del Estado encargadas de la lucha antiterrorista. Personas con escasa preparación en la lucha antiterrorista y en las técnicas de negociación han asumido un papel para el que no estaban capacitados sólo por ser amigos y caer simpáticos en la Moncloa. Los resultados están ahí.

Iniciar un proceso de negociación creyendo que es posible sustituir la utilización metódica y objetiva de la información por la impronta personal es algo peor que una tontería, es una equivocación. Es la mejor manera de perder la iniciativa política en beneficio del adversario, de sustituir la planificación por la improvisación y de carecer de respuestas ante los cambios de situación que sin duda van a producirse.

Para alcanzar el éxito hubiera sido necesario conservar la libertad de acción y el gobierno no la ha tenido por dos motivos: la deslealtad de la parte contraria, ¿a quién le sorprende? Y por la falta de respuestas a sucesivas provocaciones del entramado terrorista. ZP mostraba así su debilidad mental y política, alarmaba a los ciudadanos y conseguía que ETA se frotara las manos de euforia al ver más cercano el logro de sus objetivos.

En ningún momento el gobierno ha controlado el proceso, todo lo contrario: cuando el gobierno hablaba de verificar desaparecían 350 pistolas en Francia, arreciaba la kale borroca y se exigía el impuesto revolucionario a los empresarios; cuando el Presidente anunciaba que todo iba mejor que antes y que mañana iría aún mejor, volaban Barajas, mataban a dos personas y el propio ZP hablaba del asesinato como ¡de un error!; cuando desde las filas gubernamentales se afirmaba que Batasuna no se presentaría a las elecciones municipales, se admiten varias decenas de listas de ANV con militantes reconocidos de la banda terrorista. Es el propio PSOE quien hace la gestión en el Parlamento europeo para que Batasuna sea borrada de la lista de organizaciones terroristas. ¡Eso si que es el inicio de una bella amistad!

En este tipo de conflicto, ni se ganan batallas campales, ni se conquistan territorios, ni se derrotan ejércitos frontalmente. El objetivo terrorista en el ámbito social es lograr la victoria psicológica y por eso se orienta en lo esencial a la quiebra del Estado de Derecho. De ahí que la liberación de De Juana fuera una pieza esencial para conseguirlo, tanto en lo que se refiere a su salida de la cárcel como a su entrada, al lograr que el gobierno obviara la defensa del principio de legalidad, lo que en un sistema democrático es lo mismo que deslegitimarse. Por todo ello, la mayor parte de los ciudadanos percibían, con más firmeza según transcurrían los días, que el llamado proceso de paz era más bien un proceso de rendición, a pesar del esfuerzo propagandístico del gobierno en asegurar que ETA estaba muy debilitada. Al contrario, cada vez estaban más fuertes, inversamente proporcional a la debilidad creciente del gobierno originada por su incapacidad operativa. Un dato, que lo corrobora es el incremento en el apoyo del nacionalismo vasco no violento hacia las tesis etarras.

La efectividad del terror como arma política radica en la respuesta popular y, esta en como el gobierno maneje la situación. Por eso los terroristas aspiran a poner al Estado entre el exceso y el defecto, entre el pánico y la debilidad. La fuerza de los gobiernos reside precisamente en utilizar la legalidad como su arma principal, pues es ella la que legitima la resistencia contra la violencia política. La defensa de la legalidad no es asumir la interpretación que a cada momento le interesa al gobierno, de ahí que el tremendo error cometido por el Consejo de Ministros de ZP, haya sido utilizar a algunos jueces y fiscales para obviar y vulnerar el imperio de la ley. La responsabilidad histórica de esos magistrados ha sido faltar a su juramento y preferir su medro personal que la defensa de la democracia y del interés general. Su pecado ha sido el obedecer al poder ejecutivo. Sus togas no han cogido el polvo del camino, como señalaba Conde Pumpido, sino que se han llenado del lodo de la indignidad.

Por su parte el director del CNI, Alberto Saiz, conseguía que el Consejo de Ministros le prorrogara su permanencia en el cargo, a pesar de impedirlo taxativamente el Estatuto de Personal del servicio de Inteligencia. A los tres meses hubo que revocar el nombramiento debido a la utilización, de fondos públicos, en su propio beneficio. Muestra de la generosidad de ZP con sus obedientes afiliados la da este hecho, a pesar de haber cometido un cúmulo de ilegalidades desde este puesto Saiz no sería procesado. La principal cuestión que se plantea ante semejante laxitud por parte del presidente, hay que buscarla en la confianza de la que Saiz se había hecho acreedor durante el periodo de su mandato. Dicha confianza se había tomado numerosas víctimas, en el seno del servicio de Inteligencia, en funcionarios que llevaban la lucha antiterrorista y que al mantener la objetividad a la que les obliga su deber, habían visto primero como sus análisis molestaban el voluntarismo del gobierno y después como eran removidos de su responsabilidad por haber obrado lealmente. Una cascada de ceses, ocultada convenientemente, tuvo lugar en la cuesta de las perdices. Así Saiz se hizo acreedor del valimiento de la Moncloa al lograr embridar la información que salía del CNI, muy molesta para el voluntarismo gubernamental pues cuestionaba su análisis, y que para nada era la que propalaba el gobierno hacia la opinión pública y el Congreso de los Diputados.

La lista de los objetivos alcanzados por ETA ha sido muy amplia: reconocimiento internacional de Batasuna, con el apoyo gubernamental; presentación de terroristas en las listas legalizadas de ANV para las elecciones municipales, con el apoyo del Estado; colocación de bombas y asesinatos con el gobierno mirando al tendido; exigencia del impuesto revolucionario a empresarios, mientras Rubalcaba hablaba de verificar; inhibición de la juez Levert en facilitar información existente en su juzgado sobre el chivatazo del bar Faisán mientras Garzón no fuera apartado del caso; inacción policial ante las acciones de kale borroca y conseguir que el Estado abdique en garantizar el imperio de la ley, con la complicidad de jueces y fiscales, provocando la quiebra del Estado de Derecho. Todo ello ha generado un clima de exaltación del separatismo vasco y un debilitamiento para aquellos que luchan por una España unida y en libertad. El camino surrealista emprendido por ZP, llevó a los terroristas al borde del éxito estratégico: la victoria psicológica en el ámbito social. En 2010, ETA sigue financiando sus actos terroristas con el dinero público que obtienen de sus concejales, gracias al PSOE.

El fracaso en la política antiterrorista de los gobiernos de Rodríguez Zapatero se ha debido, sobre todo, a un voluntarismo político que ha despreciado los elementos objetivos que tenían a su alcance, mientras que ETA utilizaba convenientemente los tiempos y la situación para controlar su objetivo estratégico: debilitar al Estado y separar al gobierno de la sociedad. El desconcierto sufrido por el ciudadano no era por no saber hacia donde se dirigía ETA sino por la indefinición, la ausencia de planificación y la parálisis del gobierno, aderezado todo ello con una desastrosa política de comunicación. Para saber lo que estaba pasando había que acudir a las fuentes informativas de los terroristas.

En política lo que cuentan son los resultados y han sido decepcionantes. Podían haber sido mucho peores si al frente de la organización terrorista hubiera habido un Mao o un Tito. Lo peor de ZP es que cuando los hechos desmienten sus deseos, se empeña en llevar razón y por eso es incapaz de adaptarse a la situación como si esta pudiera cambiar con solo subir las dosis de voluntarismo.

Hasta este momento el llamado proceso de paz ha tenido un colofón de ignominia, el chivatazo que desde el ministerio del Interior se realiza a miembros de ETA para evitar que sean detenidos en una operación ordenada por el juez Marlaska. Al igual que en los casos descritos anteriormente, los presuntos culpables son protegidos desde el gobierno y el principal sospechoso, el ex director de la policía Víctor García Hidalgo, que está un escalón por debajo del Secretario de Estado de Interior, Ignacio Camacho, es nombrado consejero de una Caja de Ahorros del País Vasco. La delincuencia y el abuso de poder en estado puro.

Los gobiernos socialistas de González y Rodríguez utilizando caminos diferentes, GAL y proceso de paz respectivamente, han conducido al país a una encrucijada similar: el debilitamiento de la nación. Al haber propiciado con sus políticas la deslegitimación del Estado de Derecho en su lucha contra ETA.

Finalizando el año 2010, con unas elecciones municipales en la próxima primavera, gobierno y ETA reinician su particular rigodón: por un lado, ETA va a declarar una tregua verificable; por otro, que mientras no abandonen la violencia de manera inequívoca el Estado los seguirá persiguiendo. Todo para permitirles presentarse a las elecciones municipales y seguirse financiando con dinero público, como en la actualidad. El primer intento gubernamental para permitir que haya etarras en las listas lo constituye la presentación del nuevo partido político Sortu. Cuyo rechazo genérico a la violencia es considerado como “pasos en la buena dirección” aunque todavía insuficientes. De forma inmediata la fiscalía y la abogacía del Estado se manifiestan en solicitar que Sortu no sea legalizado, por estar constituido por destacados dirigentes de la banda, es la parte del rigodón que ejecuta el gobierno como muestra de su ausencia de permisividad hacia la banda. La izquierda vasca, que ya tiene el compromiso de Aralar, se apresta a utilizar las listas de ese partido después del rechazo de Sortu para poner a sus militantes en las listas de las elecciones municipales del mes de mayo. El camino se hace así más sofisticado, aunque el resultado es igual que el alcanzado en las elecciones del 2.007, la participación de ETA en las elecciones y así poder financiar gran parte de sus acciones terroristas con el dinero de todos los españoles.

En marzo del 2011 es detenido Tierry, uno de los cabecillas de la banda, con abundante documentación y cuyo contenido es muy comprometedor para el gobierno pues desvela los pasos y acuerdos a los que los terroristas han llegado con el gobierno de España, a lo largo de más de 65 encuentros. No son unos documentos elaborados para intoxicar, sino que han sido obtenidos como resultado de una detención efectuada por sorpresa. El que son veraces lo prueba, por un lado, el nerviosismo que provoca en el gabinete y en el PSOE y, por otro, que el gobierno no pueda presentar sus propias actas de esas reuniones, sino que se limite a calificar la documentación de basura y declarar: “a quien va a creerse más al gobierno o a la banda”.

Si se tienen en cuenta la materialidad de los hechos junto a la reflexión gubernamental de “ETA mata, pero no miente”, que ahora les pesa como una losa, es evidente que es más creíble la banda que el gobierno de la nación, aunque este extremo sea muy doloroso. No puede haberse estado actuando de espaldas al ciudadano y faltando a la verdad de manera sistemática y después pretender ser creído sólo por que se ostenta un cargo, que además se ha arrastrado por el lodo sin ningún recato.

Después del atentado de la T–4, el presidente mintió y se siguió negociando a pesar de lo declarado por él a los ciudadanos. Este hombre indigno se atrevió a jugar y minusvalorar nuestro dolor, así como enajenar en la indignidad la representación que le habíamos dado. Se cesó a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque molestaba a los terroristas y se le sustituyó por Zaragoza. Menudo desprestigio para este último, pero también para la Fiscalía General del Estado y todos los acólitos que sirven antes al gobierno que a la legalidad. Por último, estos papeles constatan la intencionalidad política del chivatazo del bar faisán. En definitiva, un gobierno que facilita la huida de los terroristas, favorece la internacionalización de la lucha, permite la presencia de los asesinos en las listas electorales, logra que algunos jueces y fiscales soslayen la aplicación de la ley al atender a los intereses de la banda y miente a los ciudadanos. Está colaborando con la banda criminal.

Sólo la ambición de esta pandilla de incompetentes podía hacerles pensar que controlaban el “proceso de paz”. Desde el primer momento estuvieron en manos de los terroristas y estos han logrado una gran victoria que tiene las siguientes facetas: el desprestigio del gobierno español, la debilitación del Estado, el distanciamiento y la desconfianza de la opinión pública de la acción gubernamental y el atolondramiento de ZP y su gabinete de incapaces de retomar la iniciativa política.

El siguiente paso en la colaboración del gobierno con ETA se produce durante el periodo de Sánchez, los años de Rajoy fueron de continuismo a la política de ZP pero sin profundizar. El nuevo objetivo táctico será el blanqueamiento social de ETA y el reforzamiento de la patria vasca con la vista puesta en Navarra. El “doctor” va a prometer repetidamente una mayor cesión de competencias a los gobiernos vasco y catalán. Lo que supone, dada la situación política existente, un espaldarazo a la secesión así como un seguro en la impunidad judicial para obtenerla.

Conclusión

La solidez de un régimen democrático se asienta en la soberanía nacional que es la que legitima a la ley y al ejercicio del Poder. La garantía para el ciudadano reside en el estado de Derecho y en la sujeción al imperio de la ley de los poderes públicos. El estado de Derecho se alcanza cuando existe división de poderes y cuando la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos.

Puedo afirmar que en España no existe el estado de Derecho y por lo tanto las garantías para el ciudadano son en la práctica inexistentes. La soberanía nacional, con el paso de los años, se ha visto reducida a depositar de vez en cuando un voto en una urna. El ciudadano ni siquiera elige a sus representantes, da su voto a un partido y este hace con él lo que mejor le place. Tampoco tienen los votos igual valor, el de un ciudadano de Burgo de Osma vale más que otro que resida en Madrid o Barcelona.  En nuestro país no existe verdadera democracia, como la entendían sus inventores, sino un pluralismo totalitario que va desvirtuando gradualmente la libre concurrencia y el pluralismo democrático. Las direcciones de los diferentes partidos son las que capitalizan la voluntad nacional, secuestrada previamente por las burocracias partidarias, ya que han eliminado de sus organizaciones la democracia interna como obliga la Constitución.

El resultado inmediato ha sido que el ejercicio de la arbitrariedad, por parte de los poderes públicos, se ha convertido en una costumbre cada vez más frecuente y de ahí el obligado corolario: la corrupción generalizada de las instituciones. Los gobiernos y sus aparatos políticos han estado más preocupados por su continuidad en el Poder que por el cuidado del interés general. Ese descuido ha traído nuestra división interna y nuestro desprestigio internacional a causa de una política exterior errática, que ha generado una desconfianza creciente en nuestros aliados.

La participación directa de funcionarios de la seguridad nacional en los acontecimientos expuestos, con la permisividad y encubrimiento de los partidos políticos cuando tenían responsabilidades de gobierno, a estas actividades delictivas marca la deriva de este régimen agotado y de una clase política aferrada a su privilegio más que al servicio público. En resumen, se ha producido la quiebra del Estado de Derecho que es el objetivo prioritario del terrorismo para lograr la independencia y la desaparición de España como nación.Es obligatorio tomar conciencia, de la situación generada por unos políticos adentrados en la corrupción y estar dispuestos a lo que sea necesario para evitarlo.

Para La Tribuna de España