Así funciona el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Constitución Española, regula en su Título IX, y en concreto en su Art. 161 las competencias conferidas.

  1. Del recurso de Inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
  2. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del Título I.
  3. De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Nos centraremos en hechos concretos del recurso de inconstitucionalidad y del recurso de amparo, y así demostrar, del mal funcionamiento o funcionamiento anormal del más alto Tribunal de España.

Hace más de diez años que el Partido Popular, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación de la denominada Ley de matrimonios homosexuales.

Después de este tiempo, los Magistrados que están percibido sueldos de 150.000€ no han resuelto el referido recurso.

Respecto a los recursos de amparo el Tribunal viene adoptando el rechazo del 99% de los mismos con el agravante de sancionar a los peticionarios con una multa por lo que denominan, recurso temerario. Es a este aspecto que queremos significar, que en las resoluciones que emiten, de una sola línea, no justifican esa inadmisión y la temeridad del recurso.

En un verdadero estado de derecho, la motivación, sobre todo sus resoluciones denegatorias y que además afecta a derechos fundamentales, es primordial para tener la garantía del principio constitucional de seguridad jurídica.

Si a estos despropósitos añadimos la prisa de resolver cuestiones políticas, véase el caso de la legalización de BILDU, y otras cuestiones relacionadas con el independentismo catalán, así como la politización del Tribunal, no nos queda más remedio que afirmar, con el sentir generalizado de la sociedad española, que este Tribunal, carece de la más mínima credibilidad por parte de la población española y lo que es más grave, los españoles no estamos amparados por una Constitución que en el caso que denunciamos, es papel mojado, es pura y lisa utopía.

Si a todo este despropósito de actuación, añadimos la composición de un Tribunal marcadamente político, con magistrados conservadores y magistrados progresistas, que resuelven los casos como un combate, según su trate la forma en que afectan a los dos partidos del Régimen del 78, la conclusión a la que se llega no puede ser más desmoralizadora.

No existe estado de derecho, no existe seguridad jurídica pese a formar parte de la UE, no nos queda más remedio que acudir en AMPARO a las instituciones Europeas, para denunciar esta farsa de la tutela judicial efectiva y de que gozamos de una justicia independiente.

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2 respuestas a «Así funciona el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL»

  1. Estoy completamente de acuerdo con el artículo pero la realidad del Tribunal Constitucional es mucho peor de lo que aquí se expone.
    El art. 10, 1º Constitución Española (CE) reconoce de forma expresa el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales.
    Este carácter inviolable es incompatible, -y esto es un dato objetivo-, con las inadmisiones a trámite que el Tribunal Constitucional hace del 96’5 % de los Recursos de amparo de los ciudadanos en defensa frente a la violación de sus Derechos Fundamentales (salvo para los etarras y los separatistas, que entonces se admiten todos aunque no cumplan los requisitos procesales) .
    Es decir, es el propio Tribunal Constitucional, que teóricamente con la CE en la mano es el garante de la Constitución y de los Derechos Fundamentales que la Constitución garantiza y consagra, el que vulnera sistemáticamente la propia Constitución, y los Derechos Fundamentales de los ciudadanos que la Constitución «garantiza», con inadmisiones cercanas al 100% todos los años.
    Para quien no lo sepa la inadmisión significa que el recurso va a la papelera y no se resuelve, es decir la inadmisión no es desestimación (que el se estudia y luego se desestima) sino que directamente se rechaza la posibilidad de resolverlo.
    Las inadmisiones las acuerda el Tribunal Constitucional sin otorgar trámite de audiencia (es decir sin que se pueda defender el ciudadano antes de que sea decidida la inadmisión, sino que ésta la recibe ya como hecho consumado contra el que ya no puede hacer nada), y sin posibilidad de recurso. Y ello además lo hace con la complicidad de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional que es la única legitimada para recurrir las inadmisiones y lejos de recurrirlas, las apoya, a pesar de que la presencia de la Fiscalía como parte en los procesos de Recursos de amparo por violación de Derechos Fundamentales, es precisamente, (art. 124 CE), como garante de la defensa de la legalidad y de los Derechos Fundamentales de la persona.
    Y es el propio Tribunal Constitucional el que por razones que sólo pueden ser espurias, no resuelve los Recursos de inconstitucionalidad que no le convienen, por ejemplo contra la Ley del aborto, que lleva esperando 11 años con perjuicios de imposible reparación porque los niños que se vienen asesinando en esos 11 años, son vidas perdidas, que ya no se pueden recuperar. El niño que ve truncada su vida porque lo matan en el seno de su propia madre, a ese ya no se le puede revivir ni sacar del cubo de basura al que es arrojado a pedacitos. El recurso de inconstitucionalidad relativo al Estado del alarma presentado por VOX y que el Tribunal Constitucional resolverá cuando le convenga al Gobierno y en el sentido que le convenga al Gobierno.
    Todo esto plantea un problema de responsabilidad y de defensa del sistema de garantías. Todos sabemos cuando un ladrón comete delitos, que se llama a la policía, pero qué pasaría cuando es la propia policía la que sale a robar con el coche patrulla y el uniforme, en esos casos ¿qué se hace? ¿qué ocurre cuando son los Tribunales los que incumplen descaradamente la Constitución y las leyes?, ¿qué se hace cuando los garantes de la legalidad son los primeros en destruir esa legalidad? Esta pregunta hay que hacérsela ya respcto del Tribunal constitucional y no solo.
    Lo hemos visto con el Fiscal Navajas rechazando de plano todas las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, sin realizar antes una mínima instrucción que permita decidir con un mínimo de conocimiento de causa. Además se rechazan de plano no solo las presentadas hasta ese momento, sino las que puedan presentarse en el futuro, así sin verlas ni valorar su fundamentación fáctica y jurídica. ¿Hay mayor ilegalidad que ésta por muy Fiscal del TS que sea quien comete tal conducta que debería conllevar la inhabilitación absoluta más los años de reclusión que correspondan, porque el peor de todos los crímenes es la prostitución de la legalidad y del Estado de Derecho.

    La primera consecuencia de la dejación de funciones del Tribunal Constitucional es que la Constitución ha perdido su valor como norma jurídica y ahora es papel mojado, por la dejación de todos, también del Tribunal Constitucional de la defensa de la Constitución. Precisamente los órganos e instituciones llamadas a defender más la Constitución Española (CE) son los que más han contribuido a hacer de ella papel mojado. Presidiendo las Cortes Generales tenemos en este momento a una persona que votó en el Parlamento de Cataluña la independencia. Y las Cortes están reformando el delito de Rebelión, es decir el golpe de Estado contra España y su ordenamiento Constitucional, para garantizarle a los cabecillas separatistas que, si fracasa, las penas sean todavía más eleves de lo que ya lo son para ellos. Esta es la realidad de los poderes públicos en España, incluyendo al Rey que “no sabe no contesta”, como si lo que pasa en su reino no fuera con él.
    La CE como norma jurídica está establecido en el art. 9, 1º CE: Todos, -ciudadanos y poderes públicos- , están sometidos a la CE y al resto del Ordenamiento jurídico. En la Disposición Derogatoria 3ª de la propia CE que deja sin efecto toda norma, presente o futura, que sea contraria a la Constitución. Y en el art. 5, 1º LOPJ (Ley Orgánica del poder Judicial) que señala expresamente que la CE es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales.

    Pero luego vemos que esto no es así :
    – Leyes como la de Violencia de género, o la aplicación en España de una «justicia de autor» que resuelve en un sentido o en el contrario según la ideología del destinatario, se cargan el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley (art. 14 CE), así como el descarado trato de favor a los inmigrantes mahometanos sobre los españoles (en todos los aspectos no sólo en cuanto a movilidad, también vimos en el mes de abril cómo mientras la policía detenía una misa en la azotea de una parroquia, con todas las garantías porque los fieles la escuchaban desde las ventanas, lo musulmanes se reunían en aglomeración en la calle y la policía permanecía impasible.
    – Leyes como la de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas, la del Ministerio de la Mentira (que no sé por qué llaman de la Verdad, siguiendo la denominación de la obra de Orwell cuando la realidad es que es el Ministerio para imponer la falsedad como dogma), los delitos de odio y con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales, son contrarios a las libertades ideológica, de pensamiento y de expresión, a la libertad de cátedra, de Educación, y de recibir información veraz. Defender la verdad, en determinados temas y en otros muchos que vienen de camino , es un delito en España donde, en un proceso de prostitución de la Justicia, atreverte a no aceptar la falsedad es un delito que se paga con la cárcel y con cuantiosas multas económicas añadidas, mientras que el Gobierno sociata-comunista (que no social-comunista porque de «social» no tiene nada arrojando a la población al suicidio por la ruina que les ha provocado y les viene encima, y a las colas del hambre a las puertas de los bancos de alimentos y de las parroquias, y no a las puertas de las sedes del PSOE porque allí no dan ni la hora) y la extrema izquierda goza de toda la libertad no ya para decir la verdad sino para mentir como característica de su conducta, que han hecho de la mentira su principal seña de identidad junto con la cara dura y el latrocinio, y poner rica a sus amos de la alta finanza endeudando a España hasta niveles imposibles de pagar. ¿Será que estos financieros son los que mueven los hilos, con su enorme poder, para propiciar que alcancen el poder los que una vez en él los pongan a ellos todavía más ricos firmando y firmando deuda y deuda pública a su favor como hizo Zapatero y está volviendo a hacer el actual Perro Sánchez?

    – El art. 43 CE consagra el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelarla a través de medidas preventivas y de todo lo necesario, pero hemos visto en esta pandemia dos cosas a cual peor: la primera que no se disponía de modo preventivo ni de lo más básico y ha muerto gente a miles por la imprevisión y la falta de disponer de lo más básico porque el dinero se gasta en sueldos para los políticos y sus amigos colocados sin preparación como “asesores”, y en subvencionar las cosas más absurdas dentro y fuera de España al precio de endeudar a generaciones y generaciones de españoles de por vida; y la segunda cómo se les ha negado la asistencia sanitaria a miles de personas en las residencias de ancianos y fuera de ellas únicamente porque eran personas mayores, y después de haber cotizado durante 40 años o más se les ha dejado agonizar y morir en condiciones inhumanas, algunos compartiendo cuarto durante días con compañeros ya cadáveres en las camas de al lado. El dinero que no ha habido para ellos y para la protección de la salud, es el que nunca falta para Marruecos, para las celebraciones y organizaciones LGTB, para las embajadas de Cataluña en lugares tan apropiados como Senegal, Australia o Bélgica, para las las ONGs incluidas las que contribuyen a la mahometización galopante de España, para los hoteles de 4 estrellas, catering a la puerta de la habitación y plazas de avión gratis incluidas, y un largo etcétera donde se incluyen las pensiones vitalicias para ministros de mierda como los que venimos teniendo en España en los últimos 45 años largos, y expresidentes de Comunidad Autónoma que sobre todo el mal que siembran, como es el caso de Zapatero o de Rajoy, Perro Sánchez o Pablo Iglesias, encima les queda de más lo que les queda de menos a las personas corrientes después de toda una vida trabajando y cotizando.

    – El art. 49 CE establece que los poderes públicos realizarán una política a favor de los disminuidos (físicos, sensoriales y psíquicos) a los que les prestarán una atención ESPECIALIZADA, sin embargo la Ley de “Educación” Celá se carga los centros de Educación EAPECIAL donde estas personas (los casos más graves) recibían ese tratamiento especializado que precisan.

    – El art. 50 CE garantiza la suficiencia económica de la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, pero la realidad es que las pensiones de las personas corrientes, son pensiones de hambre, que no dan ni para pagar la luz, que se rompe un electrodoméstico básico como puede ser una lavadora o un frigorífico y no dan ni para comprar uno nuevo ni para reparar el viejo, que si no es por la generosidad de terceros algo tan normal como reponer un electrodoméstico se convierte en un imposible para la mayoría. España posee recursos, al menos hasta que llegó al poder el PSOE, de sobra para pagar pensiones que den una calidad de vida, y garanticen esa suficiencia económica a la tercera edad, sin embargo mientras las viudas tienen pensiones de hambre donde comprar una pomada antirreumática (sacadas de la cobertura de la Seguridad social por los políticos, que esa es otra) para calmar el dolor de las articulaciones es un lujo que muchas mujeres solo satisfacen por la generosidad de una vecina o de los propios hijos, cuando éstos tienen trabajo. Mientras se construyen viviendas de promoción pública para que las ocupen marroquíes por la cara. Recordemos algunas de las subvenciones de Zapatero:
    – 150.000 € al «Observatorio de Género de Camboya».
    – 120.000 € al «Observatorio independiente sobre los Derechos de la Mujer en Argelia».
    – 120.000 € a «Socialismo sin fronteras».
    – 200.000 € para la Comunidad Transacional Cubana.
    – 152.200 € a la «Promoción del empoderamiento económico y la igualdad de género en 15 aldeas de la zona Ramsar en la provincia de Stung Treng», en Asia.
    – 200.000 para el «Fortalecimiento de la adaptación al cambio climático de agricultores minifundistas en riesgo en el Valle del Jordán».
    – 60.000 euros fue para el programa «Por el rescate de la cultura Mazahua», cultura precolombina, en México.
    – 40.000 € para el «Festival Internacional de cultura Hip-Hop».
    – 30.000 € para la «Caravana de cine árabe-iberoamericano realizado por mujeres»
    – 60.000 € para la Caravana multicultural «Congestionarte por el desarrollo», a realizar en Perú.
    – 121.000 € para Rescate de la memoria histórica para la construcción de una cultura de paz en el Salvador.
    – ya en 2009 otorgó 28.810 € para los gays de Zimbawe (BOE 195, de 13 agosto 2009)
    – y en 2010 otorgó, entre otras subvenciones absurdas, 137.600 € a la “Fundación Triángulo” de Transexuales y gays del Perú.
    Este es el motivo de que las pensiones no tengan la cuantía que podrían tener si en España los gobernantes estuvieran al servicio del bien común y no de los lobbys extranjeros.

    – El art. 124 CE señala que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos delos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, pero la realidad es que el Ministerio Fiscal ha desertado de todas estas funciones constitucionales, los casos del Fiscal Navajas, del fiscal Iron-man actuando como un abogado más de Podemos a cambio de intercambiar unos teléfonos, o lo del intercambio de teléfono es solo la consecuencia natural de su afinidad ideológica de una Fiscalía fuertemente ideologizada en la extrema izquierda, el caso también de la Fiscalía ante el TC que no defiende los derechos fundamentales sino que participa en su inadmisión sistemática.

    – El art. 5, 4º LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) es otro precepto relacionado con la consideración de la CE como norma jurídica, y establece que en los casos en que proceda el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, será suficiente para fundamentarlo el invocar la infracción de precepto constitucional. Sin embargo la realidad es que este precepto se incumple incluso cuando se invoca la infracción de varias decenas de preceptos constitucionales, porque desde 2016 el Tribunal Supremo inadmite el 98% de los Recursos de Casación contencioso-administrativos que son los que fiscalizan la legalidad de la actuación del Ejecutivo estatal y los Ejecutivos autonómicos.

    – El art. 106, 1º CE establece que los Tribunales de Justicia controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, pero si el tribunal Supremo inadmite el 98% de los Recursos de casación, y el Tribunal Supremo el 96’5% de los Recursos de amparo, tenemos como resultado que no hay verdadero control judicial de los actos administrativos.

    – El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la voz “jefe” como “superior o cabeza de una corporación, partido u oficio”. Y define “Jefe de Estado” como “Autoridad superior de un país”. El art. 56 CE establece que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (…)”.
    Sin embargo siendo el Rey el Jefe del Estado se le niega lo que ello implica como “Autoridad superior del país” que es perfectamente compatible con las competencias que tienen otros órganos o poderes del Estado. Porque que el Rey no pueda ni deba invadir las competencias del Poder Legislativo ni del Ejecutivo, tampoco puede significar que estos poderes sí puedan invadir las competencias del Rey, como ocurre en la actualidad que el Rey ha aceptado el ser ninguneado y el ser privado de su condición de Jefe del Estado, es decir de “Autoridad SUPERIOR de un país”.
    Tan incumplen la CE los que mandan a por tabaco al Rey como el Rey aceptando este ninguneo. ¿Cómo va a arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones si se despoja al Rey de este carácter preeminente para moderar y arbitrar, y él acepta esta privación de sus competencias constitucionales?. ¿Cómo nadie puede arbitrar nada si al árbitro se le despoja de toda autoridad arbitral?.
    Y podríamos seguir cómo se incumple el art. 3 CE con el idioma Español con la nueva Ley de Educación Celá, y cómo se incumplen también los Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico, que se incumplen totalmente. Pero es suficiente con lo expuesto para evidenciar cómo la CE ha sido traicionada por quienes deberían defenderla y hacerla cumplir.

  2. Pienso que en la vida e historia del TC hay dos fases:
    * Una anterior a la SENTENCIA DEL CASO RUMASA, donde, a trancas y a barramcas., pronuraba cumplir con su deber, defender los derechos fundamentales de los españoles, según la Constitución del 78, etc.
    * Y otra época, después, en la actualmente estamos, de descrédito total, cuesta abajo y sin frenos, qu eha hecho que muchos, juristas y no juristas, le llamen EL TRIBUNAL PROSTITUCIONAL, y esa expresión creo que no precisa de mayores comentarios.
    Y ES QUE CUANDO LA POLÍTICA ENTRA POR LA VENTANA, LA JUSTICIA SALE CORRIENDO POR LA PUERTA, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. CUYO ES EL CASO QUE NOS OCUPA Y PREOCUPA.

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