ESCUCHAR NOTICIA:Siempre me ha gustado enseñar al que no sabe, y seguramente por eso soy profesor universitario, como tampoco me gusta que nos den gato por liebre, razones por las que me veo obligado, en conciencia, a explicar que el llamado caso “Plaza” ha sido un auténtico cachondeo, por lo menos en su fase final.
Vaya por delante mi máximo respecto al juez o jueces instructores, como no podía ser menos, como también a los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que estoy seguro impartirán justicia…, en los casos que puedan, que son muy pocos, pues la fiscalía ha negociado a la baja las conformidades de la mayoría de los acusados, hurtando de paso a la opinión pública el conocimiento del fondo del asunto: el mayor latrocinio de dinero público en Aragón de las últimas décadas. De la mano “de la PSOE”, dicho sea de paso, esa empresa que solo produce paro y miseria.
¿Qué digo rebajas…? En realidad, han sido rebajas rebajadas, vamos lo que podríamos decir gangas, o más bien liquidaciones, por cierre de “negocio”, aunque en este caso el negocio haya sido una ruina para Aragón y los aragoneses…
Aunque ya he escrito sobre el asunto en artículos anteriores, creo hay una serie de principios básicos que deberían existir en nuestra legislación procesal penal, como son, de lege ferenda, y sin ánimo de ser
Pinchar para ampliar
exhaustivo, los siguientes:
– Cualquier latrocinio de dinero público debe ir a juicio público, con luz y taquígrafos.
La sociedad, que es quien ha pagado esos fondos con sus impuestos, tiene derecho a saber que ha sucedido. –
– Consiguientemente, deberían impedirse legalmente las sentencias de conformidad, en estos supuestos, limitando así el excesivo poder de la fiscalía, muy controlada por el gobierno de turno correspondiente, como todos sabemos, o deberíamos saber. –
– Así se terminaría, también, con el bochornoso espectáculo de los coautores que delatan a otros participes en el delito, o en los delitos, a cambio de conseguir beneficios penales para ellos, viendo reducidas notablemente sus condenas.
Considero que es algo impropio de un Estado de Derecho, pues, entre las torturas medievales para arrancar condenas, y este sistema, ¿hay realmente muchas diferencias…?
Pienso que no; varían los medios, pero no los fines, y el resultado es el mismo: la posible condena de personas inocentes. Únicamente se ha “refinado” el método, ya que ahora no se tortura, simplemente te dicen: “la fiscalía pide para ti 26 años, pero si confieses que x e y participaron en los delitos, te rebajamos la pena a solo 6 años”, por ejemplo. –
En mi modesta opinión, es un procedimiento totalmente arbitrario, y digo arbitrario por no decir prevaricador…
En definitiva, y como siempre, digo lo que pienso, en conciencia, con independencia de que ello pueda gustar o no. Pero creo que no estoy demasiado equivocado…
Académico, jurista y escritor. https://www.graueditores.comPulse para escuchar el textoSiempre me ha gustado enseñar al que no sabe, y seguramente por eso soy profesor universitario, como tampoco me gusta que nos den gato por liebre, razones por las que me veo obligado, en conciencia, a explicar que el llamado caso “Plaza” ha sido un auténtico cachondeo, por lo menos en su fase final.
Vaya por delante mi máximo respecto al juez o jueces instructores, como no podía ser menos, como también a los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que estoy seguro impartirán justicia…, en los casos que puedan, que son muy pocos, pues la fiscalía ha negociado a la baja las conformidades de la mayoría de los acusados, hurtando de paso a la opinión pública el conocimiento del fondo del asunto: el mayor latrocinio de dinero público en Aragón de las últimas décadas. De la mano “de la PSOE”, dicho sea de paso, esa empresa que solo produce paro y miseria.
¿Qué digo rebajas…? En realidad, han sido rebajas rebajadas, vamos lo que podríamos decir gangas, o más bien liquidaciones, por cierre de “negocio”, aunque en este caso el negocio haya sido una ruina para Aragón y los aragoneses…
Aunque ya he escrito sobre el asunto en artículos anteriores, creo hay una serie de principios básicos que deberían existir en nuestra legislación procesal penal, como son, de lege ferenda, y sin ánimo de ser
Pinchar para ampliar
exhaustivo, los siguientes:
– Cualquier latrocinio de dinero público debe ir a juicio público, con luz y taquígrafos.
La sociedad, que es quien ha pagado esos fondos con sus impuestos, tiene derecho a saber que ha sucedido. –
– Consiguientemente, deberían impedirse legalmente las sentencias de conformidad, en estos supuestos, limitando así el excesivo poder de la fiscalía, muy controlada por el gobierno de turno correspondiente, como todos sabemos, o deberíamos saber. –
– Así se terminaría, también, con el bochornoso espectáculo de los coautores que delatan a otros participes en el delito, o en los delitos, a cambio de conseguir beneficios penales para ellos, viendo reducidas notablemente sus condenas.
Considero que es algo impropio de un Estado de Derecho, pues, entre las torturas medievales para arrancar condenas, y este sistema, ¿hay realmente muchas diferencias…?
Pienso que no; varían los medios, pero no los fines, y el resultado es el mismo: la posible condena de personas inocentes. Únicamente se ha “refinado” el método, ya que ahora no se tortura, simplemente te dicen: “la fiscalía pide para ti 26 años, pero si confieses que x e y participaron en los delitos, te rebajamos la pena a solo 6 años”, por ejemplo. –
En mi modesta opinión, es un procedimiento totalmente arbitrario, y digo arbitrario por no decir prevaricador…
En definitiva, y como siempre, digo lo que pienso, en conciencia, con independencia de que ello pueda gustar o no. Pero creo que no estoy demasiado equivocado…
Académico, jurista y escritor. https://www.graueditores.com
Siempre me ha gustado enseñar al que no sabe, y seguramente por eso soy profesor universitario, como tampoco me gusta que nos den gato por liebre, razones por las que me veo obligado, en conciencia, a explicar que el llamado caso “Plaza” ha sido un auténtico cachondeo, por lo menos en su fase final.
Vaya por delante mi máximo respecto al juez o jueces instructores, como no podía ser menos, como también a los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que estoy seguro impartirán justicia…, en los casos que puedan, que son muy pocos, pues la fiscalía ha negociado a la baja las conformidades de la mayoría de los acusados, hurtando de paso a la opinión pública el conocimiento del fondo del asunto: el mayor latrocinio de dinero público en Aragón de las últimas décadas. De la mano “de la PSOE”, dicho sea de paso, esa empresa que solo produce paro y miseria.
¿Qué digo rebajas…? En realidad, han sido rebajas rebajadas, vamos lo que podríamos decir gangas, o más bien liquidaciones, por cierre de “negocio”, aunque en este caso el negocio haya sido una ruina para Aragón y los aragoneses…
Aunque ya he escrito sobre el asunto en artículos anteriores, creo hay una serie de principios básicos que deberían existir en nuestra legislación procesal penal, como son, de lege ferenda, y sin ánimo de ser
Pinchar para ampliar
exhaustivo, los siguientes:
– Cualquier latrocinio de dinero público debe ir a juicio público, con luz y taquígrafos.
La sociedad, que es quien ha pagado esos fondos con sus impuestos, tiene derecho a saber que ha sucedido. –
– Consiguientemente, deberían impedirse legalmente las sentencias de conformidad, en estos supuestos, limitando así el excesivo poder de la fiscalía, muy controlada por el gobierno de turno correspondiente, como todos sabemos, o deberíamos saber. –
– Así se terminaría, también, con el bochornoso espectáculo de los coautores que delatan a otros participes en el delito, o en los delitos, a cambio de conseguir beneficios penales para ellos, viendo reducidas notablemente sus condenas.
Considero que es algo impropio de un Estado de Derecho, pues, entre las torturas medievales para arrancar condenas, y este sistema, ¿hay realmente muchas diferencias…?
Pienso que no; varían los medios, pero no los fines, y el resultado es el mismo: la posible condena de personas inocentes. Únicamente se ha “refinado” el método, ya que ahora no se tortura, simplemente te dicen: “la fiscalía pide para ti 26 años, pero si confieses que x e y participaron en los delitos, te rebajamos la pena a solo 6 años”, por ejemplo. –
En mi modesta opinión, es un procedimiento totalmente arbitrario, y digo arbitrario por no decir prevaricador…
En definitiva, y como siempre, digo lo que pienso, en conciencia, con independencia de que ello pueda gustar o no. Pero creo que no estoy demasiado equivocado…
¿Quién controla a la Fiscalía, en los casos de sentencias de conformidad…?
Se supone que el Juez o Tribunal que va a sentenciar, pero en la práctica, suelen dar el visto bueno a todo lo acordado y negociado por la fiscalía.
FISCALÍA QUE YA SABEMOS DE QUIEN DEPENDE…
ACCIONA ES LA EMPRESA CORRUPTORA…
Pero no pasa nada.
Se ha condenado a unas penas irrisorias y ridículas a dos directivos o ejecutivos de ACCIONA, que según la empresa «actuaban por libre», y aquí paz y después gloria.
¿Alguién, en sui sano juicio, puede creer que unos directivos de empresa PAGUEN SOBORBOS O MORDIDAS, DE SU PROPIO BOLSILLO…?
Vista la experiencia de ACCIONA sobornando a todo el que se deje (y los políticos se dejan todos, o casi todos), debería ser condenado, e impedirle contratar CON CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DURANTE VARIOS AÑOS, tal y como preven el Código Penal, las Leyes de Contratos, estatales y autonómicas, etc.
Pero nada de ello se ha hecho, y me temo que tampoco se hará… Y ES QUE, PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO, como diría QUEVEDO.
El autor acaba de publicar una nueva edición de su libro sobre este asunto:
EL LEIBRO NEGRO DE LA FISCALÍA ESPAÑOLA,
4ª. edición.
Muy recomendable, si desean profundizar en la materia.
No voy a dar mi opinión sobe la Fiscalía, porque he dejado en el trabajo algo para terminar mañana, y si me detienen esta madrugada la dejo a medio hacer., pero vamos siendo mala mi opinión tengo una opinión más favorable de los que roban la catenaria del AVE que de la Fiscalía.
PENAS IRRISORIAS, y ninguna condena a la empresa corruptora, QUE ES Y ERA LA VERDADERA CULPABLE.
Una vergüenza más.
¿Quién controla a la Fiscalía, en los casos de sentencias de conformidad…?
Se supone que el Juez o Tribunal que va a sentenciar, pero en la práctica, suelen dar el visto bueno a todo lo acordado y negociado por la fiscalía.
FISCALÍA QUE YA SABEMOS DE QUIEN DEPENDE…
ACCIONA ES LA EMPRESA CORRUPTORA…
Pero no pasa nada.
Se ha condenado a unas penas irrisorias y ridículas a dos directivos o ejecutivos de ACCIONA, que según la empresa «actuaban por libre», y aquí paz y después gloria.
¿Alguién, en sui sano juicio, puede creer que unos directivos de empresa PAGUEN SOBORBOS O MORDIDAS, DE SU PROPIO BOLSILLO…?
Vista la experiencia de ACCIONA sobornando a todo el que se deje (y los políticos se dejan todos, o casi todos), debería ser condenado, e impedirle contratar CON CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DURANTE VARIOS AÑOS, tal y como preven el Código Penal, las Leyes de Contratos, estatales y autonómicas, etc.
Pero nada de ello se ha hecho, y me temo que tampoco se hará… Y ES QUE, PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO, como diría QUEVEDO.
El autor acaba de publicar una nueva edición de su libro sobre este asunto:
EL LEIBRO NEGRO DE LA FISCALÍA ESPAÑOLA,
4ª. edición.
Muy recomendable, si desean profundizar en la materia.
No voy a dar mi opinión sobe la Fiscalía, porque he dejado en el trabajo algo para terminar mañana, y si me detienen esta madrugada la dejo a medio hacer., pero vamos siendo mala mi opinión tengo una opinión más favorable de los que roban la catenaria del AVE que de la Fiscalía.