Cataluña: Octubre de 1934 (1/2)
ANTECEDENTES (Diciembre 1933-Octubre 1934).-
Comenzó 1934 con una falsa sensación de que algo iba a cambiar tras el abultado triunfo electoral del centro-republicano y de la derecha en las elecciones generales celebradas entre el 19 de Noviembre (primera vuelta) y el 8 de Diciembre (segunda vuelta) de 1933. Sin embargo, en seguida se harán patentes los problemas políticos del nuevo Gobierno y mayoría parlamentaria, así como quedará clara la consumación de la palabra otorgada por las izquierdas-republicano-revolucionarias antes de las elecciones en el sentido de que no se iban «a conformar». Es decir, no iban a aceptar los resultados electorales e iban a buscar recuperar el poder por caminos revolucionarios a su alcance; por ello ilegales e ilegítimos y en contra de la propia legalidad republicana.
El nuevo Gobierno recién constituido, que incomprensiblemente y traicionando a sus propios votantes había sido cedido en su totalidad por Gil Robles (la CEDA había obtenido mayoría suficiente para formarlo) a Lerroux, comienza enseguida a sufrir una dura y fortísima presión desde la Generalidad de Cataluña, pues como era de prever, Companys acentuaba la furia secesionista catalana actuando como punta de lanza de la estrategia de acoso republicano-revolucionaria. Para ello, tomaba como excusa el supuesto agravio que para él significaban las veladas críticas que se realizan ahora en el nuevo Parlamento contra las aspiraciones secesionistas catalanas. Críticas que eran posibles una vez que más de la mitad de la cámara estaba ocupada por diputados manifiestamente anti-secesionistas; lo que no había ocurrido durante el bienio azañista-socialista anterior. A partir de aquí, Companys, herida su enfermiza hipersensibilidad catalana, adoptando la clásica postura victimista, arrecia en sus declaraciones y actos contra España. En apoyo de sus pretensiones se registran viajes de líderes republicanos tan significativos como Azaña, así como del PSOE, a Barcelona, ciudad en la que mantienen conversaciones con él proclamándole públicamente “…baluarte de la República…”; sin importarles alabar su secesionismo con tal de poner en aprietos al nuevo Gobierno.
Por todo lo anterior, el ambiente se enrarece en tal región y la Generalidad comienza a tramar y llevar a cabo una estrategia de franco desacato a la legalidad vigente, declarando el estatuto autonómico en vigor insuficiente, poniendo en marcha varias iniciativas para buscar la confrontación con Madrid en dicho terreno, contribuyendo a su envalentonamiento los buenos resultados obtenidos por los secesionistas en las elecciones municipales que se celebran en tal región donde, entre la Ezquerra Republicana de Cataluña y la Lliga Catalanista –esta segunda más moderada que aquella pero no por ello menos secesionista–, obtenían casi trescientos mil votos frente a los veinte mil de los republicanos radicales de Lerroux; hecho que además supuso un primer e inesperado varapalo para el Presidente del Gobierno recién instalado en el poder. Al mismo tiempo, y de la misma forma que actuaba Azaña en Cataluña, lo hacía el líder socialista Indalecio Prieto en Vascongadas, llevando a cabo continuos contactos con los secesionistas del PNV.
Con tales maniobras, lo que pretendían azañistas y socialistas era exacerbar los secesionismos de ambas regiones seguros de que con ello ponían en un gravísimo aprieto al Gobierno de Lerroux, al tiempo que excitaban el malestar y provocaban a la «derecha», radicalmente contraria a cualquier concesión que pudiera poner en peligro la secular unidad española. La malicia e irresponsabilidad de dicha estrategia era evidente, pues con ella lo que también impulsaban era un considerable aumento de la tensión y enfrentamiento entre españoles, sin importarles tampoco, mientras, prometer a los secesionistas futuras concesiones que ellos mismos, caso de volver al poder, sabían que no podrían cumplir a no ser derribando la propia Constitución y, con ella, a la República que decían encarnar y defender; incluso el PSOE no ocultaba su aspiración a la transformación de España en una utópica e inviable “…federación ibérica de estados independientes y soberanos…”, siempre y cuando, desde luego, fuera socialista, revolucionaria y controlada por ellos. Aún peor, el 14 de Enero de 1934, en un banquete con motivo del 51º aniversario de la fundación de la Federación Gráfica Socialista, el líder de la UGT, Largo Caballero, manifestaba públicamente “…yo declaro que hay que armarse… si la clase trabajadora quiere el poder político, lo primero que tiene que hacer es prepararse en todos los terrenos, porque eso no se arranca con vivas al socialismo… para lograr el triunfo es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder… hecha esta preparación, habrá que esperar el momento psicológico que nosotros consideremos oportuno para lanzarnos a la lucha, cuando nos convenga a nosotros y no al enemigo…en definitiva, habrá que luchar en las calles…”. Nadie podía engañarse.
El acoso al Gobierno se materializará también en el propio Parlamento en el que los diputados del PSOE harán todo lo posible por obstaculizar cualquier posibilidad de sacar adelante las leyes que comienzan a presentarse, no tanto por el número de escaños que poseían, muy exiguo, sino por el miedo que infundían al tacharlas sistemáticamente de “antirrepublicanas”; pretendido pecado que generaba espanto incluso y especialmente en las filas de los republicanos radicales de Lerroux; cuyo partido, además, sufría constantes grietas y enfrentamientos internos. El gravísimo error –más bien traición– de Gil Robles al haberles cedido el Gobierno surtía así sus nefastas consecuencias.
Por todo ello, cuando el Gobierno de Lerroux no había cumplido ni treinta días de vida, es decir, en Enero de 1934, sufría su primera crisis al dimitir el ministro de la Gobernación (Interior), Rico Abello, que era sustituido por Martínez Barrio quien, a su vez, era sustituido en la cartera de Guerra que ocupaba por Diego Hidalgo Durán.
Que Largo Caballero y los suyos no hablaban en broma, iba a quedar patente en breve. Se intensifican en las calles el acoso contra todo lo que “huela” a «derecha», actuando sus militantes violentamente cada día con mayor audacia contra las sedes de la CEDA y aún más contra los militantes de Falange que venden el diario «FE», órgano de expresión de dicho movimiento. El 11 de Enero era asesinado en plena calle de Alcalá de Madrid, frente al antiguo teatro Alcázar, un estudiante falangista de 22 años, y el 9 de Febrero, cuando regresaba a su domicilio, caía acribillado por el pistolero socialista Manuel Tello –poseía numerosos antecedentes penales y en el momento de su detención portaba una lista de domicilios de destacados líderes falangistas contra los que se planeaba atentar–, el estudiante de medicina Matías Montero, cofundador del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), rama estudiantil de Falange, quien en sus ratos libres se dedicaba a la difusión del periódico «FE» ya citado. Fueron ambos los primeros asesinatos de falangistas a manos de los revolucionarios socialistas, debiendo por ello el PSOE asumir la responsabilidad de iniciar la posterior escalada de las lógicas reacciones falangistas.
Por aquellos días, una vez regresara de Francia tras ser amnistiado, el diputado monárquico José Calvo Sotelo resumía magistralmente la situación de España con los tintes claros, pero tristes, de una nación en evidente estado de descomposición, con la hacienda pública en franca ruina y una ausencia total de la imprescindible paz social y orden público, todo lo cual creaba un manifiesto estado de indefensión, donde la impunidad era reina y señora, apeando a España del conjunto de Estados de derecho civilizados. Además, Calvo Sotelo no tuvo reparo alguno en defender y mostrarse públicamente ferviente partidario de la unidad de España y opuesto a todo tipo de autonomismo que sólo enmascaraba, dijo, las ansias secesionistas de unos cuantos.
La aprobación de la ley de amnistía ya citada tuvo una consecuencia inesperada al provocar un fuerte enfrentamiento entre Lerroux y el presidente de la República, Alcalá-Zamora, quien se negó a firmarla, llegando incluso a devolverla a la Cámara con el único objeto de salvar, de cara a la galería, su imagen republicana, sin importarle provocar con tal gesto la crisis del Gobierno que dimitió en pleno; poco antes ya había tenido que remodelarse otra vez más por la deserción del impulsivo y misterioso Diego Martínez Barrio –uno de los más altos grados de la Masonería española–, que aspiraba a desbancar a Lerroux de su liderazgo del Partido Republicano Radical y, al no lograrlo, se separaba de él formado su propio grupo debilitando aún más al Ejecutivo.
Aprobada la ley de amnistía, pero dimitido el Gobierno, Alcalá-Zamora había consumado su venganza contra Lerroux, pero puesto a España en un nuevo y dificilísimo trance que se agravaría cuando el Presidente elegía para formar nuevo Ejecutivo a Ricardo Samper, oscuro y mediocre diputado del partido de Lerroux, en vez de a quien le correspondía por número de diputados que era a Gil Robles. Con esta nueva artimaña, Alcalá-Zamora pretendía congraciarse con azañistas y revolucionarios en una nueva pirueta política de esas a las que era tan aficionado.
Del nuevo Gobierno destacaría la labor del nuevo ministro de la Gobernación (Interior), Rafael Salazar Alonso, hombre bien intencionado y hecho a sí mismo, que desde ministerio tan difícil en momentos tan delicados intentará hacer cumplir la ley y restablecer la calamitosa situación de orden público que sufría España. Para ello, intentará neutralizar las numerosas algaradas anarquistas e incidentes violentos de socialistas y comunistas, no recatándose tampoco en actuar contra la Falange, intentando poner coto a los enfrentamientos entre unos y otros.
Sin embargo, su labor no logrará grandes resultados ya que se verá continuamente entorpecida por varias causas: la politización que ya corroía incluso a las propias fuerzas de orden público, pues tanto en la Guardia de Asalto como en la Guardia Civil muchos de sus miembros estaban ya afiliados en secreto a los grupos revolucionarios por lo que desde sus cargos y puestos hacían lo posible por beneficiarles, tanto como perjudicar a los de derechas; la nula colaboración con el ministro de los responsables gubernamentales y municipales que actuaban de forma partidista o guiados por el miedo a las represalias de unos y otros; la imposibilidad jurídica de aplicar las leyes y la falta de claridad de las mismas, lo que facilitaba la creación y desarrollo de todo tipo de organizaciones para-militares paralelas —«milicias»–, paso previo de preparación para la confrontación que comenzaba a intuirse en el horizonte –una de las que más auge tomaba ya eran la Juventudes Socialistas del PSOE a cuyo frente se encontraba Santiago Carrillo, quien no ocultaban su fines–; el clima general de caos e impunidad que se vivía debido a la debilidad de los gobiernos, su falta de voluntad y ánimo, y las presiones de todo tipo a las que se les venía sometiendo; por último, también por la abierta indisciplina que en Cataluña y Vascongadas impulsaban los partidos secesionistas, los cuales poseían sus propias organizaciones policiales autonómicas que sólo obedecían órdenes de sus líderes regionalistas.
Otro factor importante para que la labor de Salazar Alonso fracasara fue que estaba solo –a título de referencia, en el periodo que va de Enero a Octubre de 1934 se contabilizaron con clara raíz política una media mensual de unas veinticinco huelgas, veinte atentados con bomba, diez asesinatos, unos treinta altercados callejeros con violencia extrema y unos cinco incendios o intentos de incendio de edificios religiosos–, siendo el único en el Gobierno partidario de imponer la ley y el orden; los demás ministros, por una u otra causa, muchas veces meramente personal, bloquearon muchas de sus iniciativas.
Por su parte, los secesionistas vascongados del PNV, en perfecta coordinación con los catalanes, de los que reciben ayuda en forma de visitas de alto nivel y presencia en sus actos, se lanzan también a provocar y contribuir a tal situación de franca rebelión y anti-españolismo, además de general conflictos artificiales como fue el caso de exigir de forma acuciante la celebración de elecciones municipales en aquellas localidades que venían desde hacía tiempo siendo regidas por gestoras. El acto más importante, que se llevó a cabo sería el 2 de Septiembre en la localidad de Zumárraga, consistió en una gran asamblea no autorizada, que terminó con una manifestación que tuvo que ser disuelta por la fuerza pública; sintomático fue que en la cabecera de dicha protesta figurara el propio Indalecio Prieto y varios representantes de la Generalidad catalana, evidencia palpable de la actuación coordinada y en común de unos y otros.
Cuando se acerca el final del mes de Septiembre de 1934 la crispación política y social de España llegaba a niveles nunca antes vistos; el descrédito del gobierno de Samper era absoluto; la polarización de unos y otros también. España seguía ahondando su división, ya de por sí profunda. La Constitución republicana venía siendo vulnerada desde todas las instancias. Los secesionismos arreciaban su rebelión y provocaciones. Azañistas, socialistas, comunistas y, aunque por libre, también los anarquistas, no cesaban de intrigar y emplear cualquier ocasión para crispar los ánimos y aumentar la violencia. La economía seguía imparable su cuesta abajo. Las masas, cada vez más encrespadas, eran presa fácil de la propaganda y acciones de los agitadores profesionales. El caos cundía por doquier.
A pesar de la situación general y del descrédito del Gobierno, Samper se niega a plantear la consabida crisis de gobierno y a dimitir, generando su empecinamiento el rechazo de todos. Para las izquierdas azañistas-revolucionarias y para los secesionistas, porque les obligaba a incrementar sus maniobras de presión en un momento en el que como se verá los preparativos para la revolución armada estaban muy avanzados, por lo que podían quedar al descubierto; para los republicanos radicales de Lerroux –partido al que pertenecía Samper– y las derechas de la CEDA, porque la situación resultaba tan crítica e insoportable ante sus electores, que tenían urgencia por reaccionar y demostrarles que eran capaces de gobernar.
Pero el motivo de Samper para no dimitir nada tenía que ver con él mismo, como se descubriría al poco, sino que se debía a una nueva y complicada intriga de Alcalá-Zamora quien, sosteniendo al Presidente del Gobierno a toda costa, alargando su mandato artificialmente, quería desgastar aún más ante la opinión pública a Lerroux y, de paso, a Gil Robles –que ahora sí que pedía ser él quien formara gobierno–, es decir, a los republicanos radicales y al principal exponente de la derecha a fin de favorecer a los azañistas-revolucionarios con la esperanza de que, facilitándoles volver al poder, le mantuvieran como Presidente de la República.
Definitivamente el embrollo político se resolvía el 2 de Octubre cuando en la correspondiente sesión parlamentaria, tanto lerrouxistas como cedistas negaban explícitamente su apoyo a Samper –entre gritos de “…qué hace falta para que se marche…”–, el cual se veía obligado, por fin y casi a empujones, a dimitir.
Fin de la primera parte de dos
