Definitivamente las FFAA se lavan las manos y traicionan a España

Por B. Díaz del Castillo

23/06/2021 Defensa

El JEMAD, Almirante «Memo» López Calderón, ha tenido el deshonor –uno más de los varios suyos– de firmar el documento denominado “Marco legal para el empleo de las FAS”, respuesta –más bien vulgar coartada– de nuestros mandos superiores –de los subordinados no sabemos, bien que aprovechamos para recordarles que la obediencia debida tiene sus límites– al descrédito por el que atraviesan nuestras FFAA, aunque no lo parezca y ellos lo nieguen, debido a su increíble inhibición ante la cada día peor situación interna por la que atraviesa nuestra patria… desde hace décadas…, que no deja de agudizarse; la externa también a juzgar por las cada día más groseras provocaciones de Marruecos porque se permiten y dejan sin la debida, contundente y firme respuesta… también militar.

Y es que el JEMAD, o sea, el Ministerio de Defensa, con la patética Margarita Robles a la cabeza, no puede ya obviar por más tiempo el clamor de los españoles de bien y de pro que gritan perplejos por esa incalificable e injustificable pasividad e inhibición –más bien traición– de nuestros militares ante la evidente destrucción de la patria a la que han jurado defender, voluntariamente y por lo que cobran, cuyas misiones fundamentales, inequívocas e irrenunciables figuran en el Art. 8º de la Constitución y que son «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», artículo que figura, para más inri, en el Título Preliminar de la Carta Magna, lo que supone mandato directo del pueblo español a las FFAA por encima y sin que deban sujetarse, llegado el caso, a ningún otro poder institucional, Gobierno incluido; y lo dicho es cierto mal que le pese a quien le pese, militares incluidos, aunque no se quiera reconocer.

Para mayor claridad y aval de lo dicho, nadie mejor que alguien tan poco «sospechoso» como el difunto Mujica Hergoz, quien expuso en el Congreso de los Diputados el 15 de Julio de 1978 las razones del tan crucial Artículo 8º, las cuales constan en el diario de sesiones: “…su misión (de las FFAA), muy por encima de las opiniones en litigio, no puede ser ajena a los problemas de la comunidad objeto de la política de más alto nivel, que mantiene la esencia de la Patria y garantiza la supervivencia del Estado. Esta doctrina militar… se identifica con el artículo 1º de la Constitución, que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. La razón de ser de los ejércitos es la defensa militar de España y su misión la que señale la Constitución, orden constitucional al que la institución está subordinada. La triple misión que el texto constitucional confiere al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire constituye el límite de la paciencia y del combate por la razón cuando la terquedad, el fanatismo o la ignorancia de la realidad… obligue al mantenimiento de nuestra comunidad si pugnaran aquellos por la fuerza de su supervivencia… y su aplicación se hace necesaria cuando los responsables políticos al hacer dejación de funciones, no lo han evitado”.

Así pues, quede claro que el Artículo 8º es el último recurso y garantía para la defensa del Estado constitucional cuando está en peligro –último recurso, sí, pero recurso al fin y al cabo y, además, constitucional–, incluso si fuera el Gobierno legal, pero actuando ilegítimamente, quien por irresponsabilidad, debilidad o traición pusiera en peligro nuestra soberanía, independencia u ordenamiento constitucional. Porque dicha posibilidad pudiera ser factible –lo está siendo desde hace varios Gobiernos con independencia de su color–, es por lo que el Art. 8º figura en el Título Preliminar como mandato directo del pueblo soberano a sus FFAA, es decir, por encima incluso del Gobierno de turno.

Sentado lo anterior, que sólo y muy ladinamente y en parte reconoce el documento de marras, el mismo se centra en concretar los tres grandes escenarios en los que sería necesaria y justificable la actuación de las FFAA, determinando, al parecer del JEMAD y actuales mandos superiores, cuál sería entonces el «marco legal en que debe basarse el empleo y la actuación de las FAS y que facilite tanto el planeamiento como la ejecución de todo tipo de operaciones. Resulta fundamental tener en cuenta el marco jurídico predefinido para poder garantizar la cobertura legal de la fuerza”. O sea, que el documento, que además tiene carácter doctrinal, ojo al dato, pretende sentar los parámetros por los cuales el empleo de las FFAA estaría legalmente justificado. Su importancia es por ello crucial para el futuro de nuestra nación máxime en la penosa situación en la que se encuentra.

Obviamos, por redundante, lo que dice el documento en caso de que la soberanía e independencia de España sea amenazada desde el exterior de cualquier forma, porque no hay nada que objetar… ¡faltaría más que ni siquiera eso tuvieran claro nuestros militares!

El primer problema del documento viene cuando reconoce que para las FFAA velar por “la defensa de la integridad territorial supone impedir todo tipo de agresión, ataque o actuación, externa o interna, que tenga por finalidad alterar, modificar o suprimir el territorio español en su conjunto, al margen de los cauces legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico”. Y es que los varios proyectos secesionistas en marcha –Cataluña, Vascongadas, Baleares y algún otro incipiente–, encajan en ese escenario, en esa agresión, ataque o actuación interna al pretender alterar, modificar o suprimir el territorio español en una parte o en su conjunto. Pero, y aquí está el abandono y la traición de las FFAA, nuestros militares sólo consideran que deberían actuar si ello se intenta «al margen de los cauces legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, frase ambivalente, torticera, resbaladiza, insustancial, muy políticamente correcta, pero hueca, porque ¿y qué pasa –como viene pasando– cuando esas agresiones, ataques y actuaciones son permitidas, amparadas, cuando no impulsadas, por el propio Gobierno sea del color que sea y en el grado que sea? Porque ahí está el quid de la cuestión de lo que pasa en España desde hace cuatro décadas con independencia del color del Gobierno de cada momento. Pues parece que nuestros militares, incumpliendo con el Art. 8º de la Carta Magna incomparablemente superior al documento que analizamos, se lavarían las manos –se las están lavando– como Pilatos.

Y casi es peor aún, que ya es decir, cuando el documento de Defensa se refiere a la misión que tienen las FFAA de “defender el ordenamiento constitucional”, porque entonces le sobran los quiebros y culebreos para huir de dicha misión, de dicha responsabilidad, para lo cual retuercen el lenguaje aún más y manifiestan que entonces la defensa del ordenamiento constitucional por las Fuerzas Armadas “implica que deben intervenir, bajo las directrices del Gobierno de la Nación, cuando exista riesgo para el referido ordenamiento, sin perjuicio de las competencias que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en materia de orden público y seguridad ciudadana, conforme a su normativa específica”, sacándose de la chistera o de la gorra esa frasecita de «bajo las directrices del Gobierno de la Nación» que no consta en el Art. 8º porque lógicamente al figurar en el Título Preliminar de la Carta Magna está muy por encima incluso del Gobierno al ser mandato directo del pueblo soberano. ¿Y qué pasa –como viene pasando– cuando ese ordenamiento constitucional se vulnera precisamente por el propio Gobierno sea del color que sea y en el grado que sea? Porque ahí está de nuevo el quid de la cuestión de lo que pasa en España desde hace cuatro décadas con independencia del color del Gobierno de cada momento. Pues según el documento, las FFAA no intervendrán jamás aunque el Gobierno fuera el traidor –como viene siendo cada vez que se ha negociado/cedido con los secesionistas– poniendo en riesgo el ordenamiento constitucional.

Así pues, para los que invocamos constantemente la vigencia del Art. 8º de la Constitución y de su supremacía por encima del Gobierno de turno sea del color que sea, así como del resto de la Carta Magna en lo que afirma sobre la unidad de la patria, está claro que nuestras FFAA, con este inmundo documento, ya han decidido abandonarla y traicionarla al no contemplar que pueda ser el Gobierno de turno, con independencia de su color, quien socave la integridad de nuestro suelo, nuestra unidad y el ordenamiento constitucional, porque incluso en tal caso ellos se someterán obediente y sumisamente a dicho Gobierno, colaborando con él en la disgregación territorial, en el desmembramiento de alguna o varias de sus partes e incluso en la imposición de un nuevo  y distinto ordenamiento constitucional que será totalitario, despótico, antidemocrático y antinacional.

Si en 1808 Daoiz, Velarde y Ruiz –y lo más sano de nuestro pueblo– hubieran actuado conforme a este documento y hubieran seguido por más tiempo las directrices de sus jefes y no se hubieran levantado contra el Gobierno traidor y afrancesado, hoy seríamos parte de Francia. Si en 1936 la parte sana de nuestra FFAA –junto a los españoles de pro– hubieran actuado conforme a este documento y no se hubieran levantado contra el Gobierno traidor y revolucionario del Frente Popular, España habría sido satelizada por la URSS y dominada por la peor de las tiranías. Si se acata por nuestras FFAA este documento firmado ignominiosamente por el JEMAD, Almirante «Memo» López Calderón, la desmembración de España, de nuestra patria, su practica disolución y la vulneración de nuestro ordenamiento constitucional actual para imponer otro distinto, tiránico, despótico, marxista y revolucionario, todo ello objetivo de secesionistas, del PSOE y de los comunistas, estará hecho. Y si no se lo creen aún, tiempo al tiempo y… a no tardar mucho. Que nuestros «aguerridos» y «patriotas» militares no se quejen cuando se les increpa/increpe y se les tacha/tache de traidores.