Democracia contra ciudadanos
No hay ley más justa que aquella que garantiza el bien común. Si el bien común se ve alterado, y puesto en peligro, ¿no es necesario hacer todo lo posible por reivindicar y aplicar la justa ley que lo guarda? ¿Pero, si el responsable del bien común de la nación, y de aplicar la ley conveniente, hace dejación de su obligación y desatiende tal bien 
común incumpliendo las leyes que lo garantizan, qué se puede hacer, y cómo es posible que tal situación ocurra en una democracia liberal, panacea de la libertad y de la soberanía popular? ¿Qué concepto de libertad es el que permite esta situación? Y, aún más, ¿qué se entiende por soberanía popular para llegar a un gobierno que pone en jaque el bien común?
Y la pregunta del millón: ¿Qué autoridad en una democracia liberal determina que el Gobierno de la nación pone en peligro el bien común de los ciudadanos porque incumple las leyes preceptivas que amparan tal bien común? ¿Qué autoridad obliga a un gobierno a rectificar? Si no la hay, y, por tanto, el gobierno sigue adelante con el incumplimiento de la ley, desoyendo por doquier a quienes les advierten de su error, sin importarle la alteración del bien común, entonces la conclusión es medianamente clara, al menos para quien escribe estas apresuradas líneas, el origen de todo está en: la democracia liberal que ha dado lugar al Estado de las Autonomías y a las leyes que lo rigen.
Es el “diseño” de nuestra democracia, que no ha supuesto más que un constante devenir histórico, político y social de desmembración de la nación española. La historia de nuestra democracia es la historia de la ruptura constante, firme, sin descanso de la unidad entre los españoles. Sólo era necesario esperar que llegara el momento de conjunción de dos drásticas situaciones: un gobierno de ideología marxista, enemigo de la libertad del hombre y de su concepción religiosa, enemigo del orden y de la justicia social, y un Jefe Estado marioneta y reo del gobierno.
Y ahora la gran paradoja: la ley está clarísima para el Monarca, éste no puede hacer ninguna declaración institucional sin autorización del gobierno de turno, y está obligado a firmar cualquier ley que se le presente a la firma. Pero la ley está al servicio del gobierno, que la interpreta según sus intereses. Si el Jefe del Estado está sometido a la ley que lo silencia, y el gobierno está sobre la ley, ¿cómo se garantiza el orden, la justicia y el bien común?
¿Tienen que hacer los ciudadanos lo que no hacen ni la ley ni los políticos? Si es así, ¿dónde está el imperio de la ley que debe ser es la esencia de la democracia liberal? ¿Quién protege a los ciudadanos si tienen que manifestarse para defenderse de la injusticia de su gobierno?
El sistema político se desquebraja, los partidos nacionalistas, independentistas, antiespañoles, enemigos de la unidad de española, tienen autoridad sobre España; partidos residuales están representados en el Parlamento de la Nación; y ellos, los que odian a España, deciden sobre ella y su futuro. ¿No hay aquí algo que revisar? ¿No es este Estado de la Autonomías un verdadero peligro para la unidad nacional, para la libertad, el progreso, la justicia y el bien común de los españoles?
EL PARLAMENTO no representa realmente a los ciudadanos.
Sólo representa a los partidos -más bien PARTIDAS- políticas.
Esa es la triste realidad.
La democracia, también llamada memocracia, en realidad ES LA DICTADURA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.