El desmoronamiento del Estado de Derecho
El Estado de Derecho es a una sociedad, lo que la red de seguridad a un trapecista. El Estado de Derecho se fundamenta en la maraña de normas y leyes que tejen la red, fundamento básico para que nuestras relaciones sociales se desarrollen bajo garantías legales comunes a toda la sociedad. Sin esta red, el desarrollo de nuestra vida cotidiana en ninguno de sus ámbitos sociales estaría garantizada. Esta red de normas, estructura nuestro comportamiento tanto en el ámbito privado como en el ámbito social.
Por principio fundamental y premisa garante, nuestra Constitución al igual que la de todos los países avanzados de nuestro entorno, obligan al poder legislativo y al poder ejecutivo a ser totalmente independientes del órgano destinado a velar por que todas las leyes sean vinculares por igual a todos los ciudadanos.
Visto desde la pura doctrina teórica, todo parece calculado desde la lógica y sensatez de quien piensa en el buen funcionamiento de una sociedad estructurada y avanzada. Pero el ser humano por naturaleza tiende a ocupar todos los estratos de poder que le sean accesibles. -En ese punto estamos-. Cuando el poder ejecutivo es capaz de controlar la voluntad de quien tiene como deber administrar Justicia, esta deja de cumplir su función social como garante de la vida en común, con igualdad de condiciones jurídicas para todos.
Cuando la Justicia, pilar fundamental en el Estado de Derecho, deja de ser igual para todos y cada uno de los miembros que la componen, pasamos a convertirnos en un Estado autocrático, en el que la Justicia pasa a dispensarse como los medicamentos: «con receta». Dependiendo del peso específico que tengas en el Estado, se te aplicará una Justicia u otra.
Son muchas las ocasiones en los últimos años en que el Estado de Derecho se ha visto menoscabado. Resulta patético ver como compatriotas nuestros critican con aires de superioridad a países terceros, calificándolos despectivamente con el apellido de «república bananera», esto por cometer atentados fragantes contra el Estado de Derecho, pero, en cambio los que sufrimos en propias carnes, somos incapaces de verlos, y si los vemos miramos para otro lado o intentamos justificarlos.
Llegados a este punto se hace difícil ver luz al final del túnel.
- Cuando nuestros políticos se convierten en jueces dictando sentencias de antemano, o, indicando el veredicto que los tribunales de justicia deben dictar.
- Cuando no quedando satisfechos todavía, se permiten corregir penas aplicando indultos arbitrariamente.
- Cuando los partidos mayoritarios se reúnen para repartirse los cargos representativos de los órganos más significativos del Poder Judicial. Y por consiguiente utilizarlos en beneficio partidista. “Dábamos por hecho que el Poder Judicial por mandato Constitucional era un Poder Independiente”.
- Cuando los máximos representantes del Poder Judicial, se permiten la osadía de participar en política haciendo comentarios como el del Presidente de CGPJ: “Hay que dejar que el tema de ETA se diluya en el tiempo”.
Yo me pregunto:
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gobernantes y legisladores, ¿no tienen Uds. nada que aportar?, ¿tan bien va el País, que les queda tiempo libre para jugar a ser jueces? Su oficio lo han elegido libremente, por consiguiente, nadie les obliga a estar ocupando su escaño o cargo. Si por sus hechos reconocen públicamente ser incapaces de cumplir con su deber, el cual consiste fundamentalmente en estar al servicio de la ¨Función Pública¨, tengan al menos un mínimo de dignidad y abandonen. Dedíquense a ganarse la vida a través de su trabajo y sapiencia, al nivel que a cada uno corresponda (si es que tienen capacidad para ello).
- magistrados de tan altas instancias. Su trabajo no consiste en dar consejos ni opiniones, para estos menesteres ya existen otras instancias distintas a las suyas. Con que se limiten a cumplir con su deber y obligación, es suficiente, o sea, a impartir Justicia. Sí, “Justicia”, han oído bien. Bendita palabra; ¿conocen su significado?, pues impártanla.
Debemos regenerar nuestro Estado de Derecho. Si queremos evolucionar y conseguir crear una sociedad en la que se den las condiciones favorables para generar riqueza, sobre la cual desarrollarnos libres, no nos queda otra alternativa que regenerar el Estado de Derecho. De todos y cada uno de nosotros depende hacerlo posible.
Para La Razón Histórica
En España faltan tres elementos esenciales para garantizar el Estado de Derecho:
– primero las normas jurídicas no son justas, ni tienen por objetivo satisfacer el bien común, sino que en España las normas son todo lo contrario, son normas injustas, manifiestamente sectarias, que no buscan el bien común de toda la sociedad, sino satisfacer determinados intereses de grupos dominantes que están detrás de los políticos. Sin este contenido ético España no tiene verdadero Derecho, lo que tiene son normas imperativas, que se imponen por la fuerza pero que no representan el Derecho ni el imperio de la Ley sino el imperio de la iniquidad y la injusticia impuestas cohercitivamente bajo amenaza de sanción, que es otra cosa bien distinta.
– en segundo lugar España no posee un poder gubernativo que aplique las normas con imparcialidad, ni un poder judicial que en el caso de que estas autoridades gubernativas o administrativas no aplique las normas como corresponde, se pueda acudir a ellas con garantía de imparcialidad. En España nada de esto ocurre. Podríamos poner varios cientos de ejemplos. Por ejemplo el delito de odio, en sí mismo, se tipifica con una clara parcialidad en la redacción misma, pero luego su aplicación práctica es todavía más sectaria. Lo hemos visto con las agresiones a simpatizantes de VOX en Barcelona el pasado 30 de marzo, de gentes en plena calle a la vista de todos incluida la policía, llenando cubetas de piedras que luego lanzar a los asistentes y descalabrar a varias mujeres, o agredir a gente sólo por el hecho de llevar una bandera de España, y no pasa nada. O lo hemos visto en la agresión a la candidata del PP Alvarez de Toledo en su acceso a la Universidad de Barcelona a dar una conferencia, y lo vemos cada vez que a las puertas de los actos de VOX la ultraizquierda grita con toda impunidad que a Ortega Lara la ETA lo mate o lo vuelva a meter en el zulo, y la Fiscalía del odio ni está ni se la espera. Sin embargo a los falangistas de Blanquerna por muchísimo menos (tirar una bandera separatista de un atril y dar tres empujones) el Supremo les sube las penas e impone penas entre 4 y 8 años de cárcel, ¿Cuánto habría que ponerles entonces a los que llenaban cubetas de piedras y descalabraban a 3 mujeres en Barcelona en el acto de VOX?. A esos nada, porque la leyy es para los «fascistas» únicamente, el rojerío cuenta con carta blanca para agredir fascistas.
Qué clase de Poder judicial tenemos en España que un juzgado de Instrucción (penal por tanto) de Sevilla admite a trámite una denuncia de una supuesta asociación de juristas (que es como la ultraizquierda camufla sus organizaciones de subversión, que siempre actúan bajo la apariencia de algo) porque una Virgen lleva en el paso de semana santa el fajín de Franco regalado por su hija a la Hermandad. Dónde está aquí el delito, y dónde está aquí el bien jurídico que exige la intervención judicial.? El Consejo General del Poder Judicial expulsará de la carrera judicial aun juez que en un proceso de adopción de una ni niña por dos mujeres lesbianas solicita con carácter previo un informe psicológico, y el Juez pierde su condición de Juez, en cambio este otro que ha admitido la querella a trámite de lo del fajín, ese no va a perder nada, posiblemente se postule luego para el TSJ sólo por esto.
La mayoría de la gente desconoce que en España los Derechos Fundamentales que la Constitución proclama en realidad no están verdaderamente garantizados. El garante último es el Tribunal Constitucional pero según dice la propia Memoria de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, más del 90% de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de Derecho Fundamentales son inadmitidos a trámite todos los años, es decir van a aprar a la papelera sin ser enjuiciados, porque el Tribunal no tiene tiempo. Más del 90 % (sobre el 94%). Las inadmisiones se acuerdan por el Tribunal de plano, es decir sin trámite de audiencia previo para que no puedas alegar en tu defensa, y además no admiten recurso. Sólo el Ministerio Fiscal está legitimado para recurrir las inadmisiones, pero el Ministerio Fiscal tiene por norma no recurrir. Esta es la apariencia de Estado de Derecho. Se imagina nadie si más del 90% de las llamadas a los bomberos, o más del 90% de las llamadas de auxilio a la policía o al 112 no se atendieran porque dijeran que es que tienen mucho trabajo y no las pueden atender. Esto hace el Tribunal Constitucional con la complicidad de la Fiscalía que está para garantizar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos (art. 124 CE) pero que al final coopera con las inadmisiones negándose a recurrirlas, él que es el único legitimado para ello.
Un Tribunal que deja sin hacer más del 90% del trabajo que está llamado hacer debería ser disuelto, porque está dejando en la más completa indefensión a la ciudadanía, y que asumiera su función el Tribunal Supremo.
Las reformas en las Leyes procesales, para limitar el acceso al Recurso de Casación (que está limitado a todos los niveles, desde el formal, (sometido a una extensión máxima, tipo y tamaño de letra etc., lo cual es una barbaridad, porque la extensión depende de cada caso y no se pueden establecer limitaciones, cuando las demandas escritas a ordenador se leen perfectamente), como material. Y en el plano administrativo la introducción de la Ley de Procedimiento Administrativo nueva (Leyes 39 y 40/2015, en sustitución de la Ley 39/1992) de chantajes a los ciudadanos que son contrarios al Estado de Derecho, porque establecen bonificaciones en las sanciones siempre y cuando renuncies a recurrir, con lo cual el ciudadano se encuentra con la injusticia de o aguantarse con la sanción (aunque sea con un porcentaje de descuento), o recurrir y arriesgarse a que el recurso no sea resuelto en justicia como corresponde, buscando la legalidad y adhiriéndose a ella, sino como desgraciadamente muchas veces ocurre, desestimando sin verdadero motivo. Vivimos en un pais donde las leyes carecen del contenido ético y de Justicia que deberían tener para merecer el nombre de normas jurídicas verdaderas. Que las autoridades no son justas lo podemos ver con la decisión de sacar a VOX del debate televisivo, en claro fraude de ley, porque si unos partidos separatistas que son minoritarios se han quejado, habrá que ver si tales partidos tienen o no derecho a estar también en el debate, no a que esto sirva de pretexto para echar a VOX y que estos partidos sigan sin tener acceso al debate. Y como esto todo lo demás.
– El tercer elemento que falta en España es el de una prensa libre, que en España no existe. Cuando digo prensa me refiero a los medios de comunicación. Todos los medios están al servicio de la anti-España y modelan la opinión pública mediante noticias previamente seleccionadas y manipuladas para dirigir la opinión pública. Sin información veraz no hay una sociedad libre, porque la opinión de la gente está previamente manipulada mediante el control de la información tapando las noticias que no convienen y falseando otras que no son como luego se presentan para manipular a la gente y llevarla a donde los que dirigen todo este cotarro la quieren llevar.
En un Estado es fundamental que las personas que administran y ejercen el poder a lo largo de toda la pirámide, desde la base al vértice, tanto en el ámbito administrativo, como de las autoridades gubernativas, como en el ámbito judicial, sean personas honradas, con un alto sentido de legalidad y Justicia. En España no hay Justicia, el Estado como Estado de Derecho es más Estado de Desecho, en una gran medida porque este sentido ético que deben tener las autoridades no lo poseen. En el ámbito de la Administración Pública, hay una selección «a peor», los políticos corruptos se hacen rodear para los puestos de libre designación de Ministerios y Consejerías, a aquellos funcionarios que más se presten al mamoneo y la arbitrariedad que imponen esta clase de políticos.
En el ámbito judicial las cosas no están mucho mejor. En España no habríamos alcanzado los niveles de corrupción que se han alcanzado si la Fiscalía funcionaria como es debido. (Un estudio de los empleos que tienen y cómo los han conseguido los consortes, sean hombres o mujeres, de los Fiscales, daría algunas sorpresas, y quizás podría venir a explicar el por qué la Fiscalía no se toma muchas molestias para perseguir según qué conductas).
La Jueza Alaya en Andalucía es tan famosa porque no es la regla general sino una excepción, y de hecho pronto se la han quitado de en medio. Si todos los jueces fueran como ella, no habría nada que destacar en su actuación. De hecho si algo ha puesto de manifiesto el actual Gobierno presidido por Perro Sánchez con un porcentaje muy elevado de jueces y fiscales como Ministros y como puestos clave en los Ministerios, incluida la propia alcaldesa de Madrid, jueza durante muchísimo años, es en manos de qué clase de gente está la judicatura en España. Así es imposible que en un Estado reine el imperio de la Ley. LO hemos podido ver con el incidente de la proyección de los papeles de Bárcenas en el edificio de la panadería de la Plaza Mayor de Madrid, la actitud hipócrita de la Alcaldesa. Si esto lo hace esta señora como alcaldesa qué no habrá hecho como jueza. Cuando el Poder Judicial, que es la garantía de legalidad de un Estado, está en manos de estos desalmados, el Estado es cualquier cosa menos «Estado de Derecho». Esta es la triste realidad de España, y por eso en España no hay Justicia, porque la Justicia no puede ser administrada por gentes sin escrúpulos.