Ejército, violencia, pacifismo y guerra justa en el pensamiento de Monseñor Guerra Campos (3/5)

El pacifismo y la objeción de conciencia

El pacifismo integral defendido por algunas sectas cristianas y por algunos escritores famosos, no es la expresión pura del ideal evangélico del amor. Supuesta la buena intención y la sinceridad de todo el mundo, y al margen de los casos en que determinadas posturas individuales ofrecen una coherencia heroica, sacrificada y generosa, y digna de todo respeto y de toda admiración, el problema reclama una consideración objetiva. El pacifismo a ultranza de Juan Wiclef y los husitas, o el antimilitarismo de Erasmo o santo Tomás Moro, apenas ha aportado nada al Derecho Internacional o la causa de la paz, que sin embargo debe más a Raimundo Lulio o san Juan de Ávila.

A partir de la obra de san Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca, con Vitoria y Suárez a la cabeza, fueron pioneros en la configuración del Derecho Internacional o de gentes, que buscaba salvaguardar el bien común internacional en peligro por el riesgo de la guerra. Los escolásticos defendieron entonces el derecho-deber a la legítima defensa, incluso preventiva, de la autoridad pública, imponiendo el servicio militar obligatorio, si fuese preciso, en aras de la paz.

Frente al belicismo materialista, que ve necesaria la violencia y la guerra, y el positivismo jurídico, que cae en la violencia inherente a toda estatolatría, el pacifismo integral concibe la guerra siempre como un mal y la paz como el fin superior por antonomasia.

Sin embargo, para la escuela iusnaturalista, la paz, siendo un valor superior, no está en la cumbre jerárquica, que ocupan la verdad, la justicia, la caridad o la legítima libertad, que son el fundamento de la paz. Frente al belicismo y el pacifismo, la Iglesia enseña que la paz no puede conseguirse a cualquier precio: «la paz es fruto de la justicia».

La tesis clásica de los escolásticos ha desembocado en la enseñanza de Pacem in terris y Gaudium et spes, que aúna la enseñanza tradicional de la Iglesia con la nueva mentalidad que exige el Concilio a propósito de la capacidad destructiva del armamento moderno.

La Iglesia no ha puesto reparos a la vida militar durante su historia bimilenaria. No hay base sólida en consecuencia para rechazar el servicio militar ni en la Sagrada Escritura, ni en la Tradición de la Iglesia, ni en los documentos del auténtico magisterio de los papas, ni en los razonamientos que se apoyan en los preámbulos de la fe, ni en los principios del Derecho Natural tal y como los interpreta y defiende la Iglesia. Al contrario, la enseñanza de la Iglesia habla de perfecta compatibilidad entre el Evangelio y la obediencia a las leyes justas en la vida militar.

Obispos y cardenales presidieron los ejércitos durante las Navas de Tolosa y otras batallas a lo largo de la Reconquista contra el yugo islámico, los capellanes acompañaban a la tropa en todos sus quehaceres militares durante siglos, y muchas otras Cruzadas se hicieron en nombre de la Iglesia.

Nunca fue por ello necesaria una doctrina sistemática sobre la objeción de conciencia a la vida militar. A finales del siglo XIX la Iglesia se pronunció explícitamente. Primero fue León XIII, que no desautorizó el derecho de los gobernantes, como autoridad procede de Dios, al uso de la fuerza, pese a los abusos e injusticias de la guerra. Ahora, bien, advierte el Papa, «Dios reserva a los que gobiernan los juicios más rigurosos». No debe olvidarse, señala Monseñor Castán Lacoma, que la milicia es una facultad o poder legítimo con independencia de los abusos que pudieran producirse. Los errores judiciales, el uso indebido de la ciencia o las imperfecciones de la autoridad eclesiástica no restan, ni poco ni mucho, valor y necesidad a los tribunales de justicia, la ciencia o el sacerdocio ministerial.

Más tarde, Pío XII apeló a sus predecesores, Benedicto XV y el propio León XIII, para recordar que, pese al efecto devastador de la guerra moderna, no se puede considerar ilícito el recurso a la violencia para defenderse de ataques injustos. Por lo tanto, un ciudadano no puede apelar a su conciencia para soslayar sus deberes ciudadanos, que son de Ley Natural.

El texto conciliar que habla de la objeción de conciencia sufrió hasta cuatro redacciones. Sólo la última redacción mereció la aprobación de los padres conciliares, que vieron en el resto de las redacciones un sesgo favorable a la objeción que contradecía la Tradición de la Iglesia, la Ley Natural y los deberes hacia la Patria. El texto final quedó como sigue: «parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma».

Mons. Lacoma

El texto conciliar sobre la objeción de conciencia, señalaba su relator, no tiene pretensiones doctrinales, ni dogmáticas, ni apela a ninguna autoridad magisterial. Se presenta como opinión fundada, como observación, como consejo o sugerencia práctica. Por eso el texto se autodefine como pastoral, con algunos elementos permanentes, pero también con otros contingentes.

Monseñor Castán Lacoma compara este texto conciliar con la gracia del indulto. No se bendice con ello ni el delito ni se condena la sanción. Solo se sugiere comprensión, en la medida de lo posible. Así lo exigieron los padres conciliares más renuentes.

El Concilio no quiso enjuiciar la moralidad objetiva de los «objetores de conciencia», y se negó a proclamar su actitud como un derecho. Se limitó a decir: «parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma». La expresión «parece razonable que las leyes tengan en cuenta» no pretende una imposición del poder indirecto de la Iglesia sobre la moral pública del gobernante, sino más bien un anhelo que corresponde gestionar, en prudencial decisión, al gobernante, responsable ante Dios y el pueblo de la libertad y la seguridad de la Patria. No en vano el Catecismo puntualiza que «la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad».

Como lo pastoral no puede invalidar ni anular lo doctrinal, cuando el Concilio rechazó considerar la objeción de conciencia como Ley Natural, también

rechazó modificar la doctrina vigente de la obediencia a los poderes legítimos en la promulgación de leyes para proteger el bien común. Por lo tanto, en buena lógica, se presupone la doctrina clásica:

  1. La licitud de la defensa de la Patria.
  1. La honorabilidad de la profesión militar.
  1. El deber de los ciudadanos de acatar las leyes sobre la defensa colectiva de la comunidad política.
  1. La inexistencia de razones objetivas que legitimen la objeción de conciencia.

En el mismo número del documento conciliar que habla de la objeción de conciencia se establecen tres premisas, esta vez de carácter doctrinal:

  1. En caso de riesgo de guerra y en ausencia de autoridad internacional competente y eficaz, una vez agotados todos los medios pacíficos, no se puede negar a los Estados el derecho a la legítima defensa.
  1. Al Estado le incumbe proteger la seguridad e independencia nacional.
  1. El Ejército debe considerarse instrumento de liberación y seguridad de los pueblos en aras de la paz.

De estas premisas se desprende que nadie puede sustraerse al deber objetivo de obedecer las leyes en defensa de la Patria. Decía Pío XII que, ante las legítimas medidas de defensa, «un ciudadano católico no puede apelar a su propia conciencia para negarse a prestar sus servicios y cumplir los deberes determinados por la Ley».

No por ello el Concilio deja de desear que se llegue a la eliminación de las guerras en el mundo. Pero este ideal será imposible sin una autoridad pública universal, reconocida por todos y dotada de poder eficaz para asegurar la justicia, la seguridad y el respeto mutuo. A falta de esto, la Iglesia pide que los poderes nacionales y las organizaciones internacionales se esfuercen por conseguir el objetivo de renunciar a formas de egoísmo nacional, a la ambición de dominar sobre los demás, a la idea de que el poderío militar justifica por sí mismo el uso de la fuerza, de tal manera que el bien de la patria sea tan buscado y deseado como el bien universal. Monseñor Guerra Campos señala, sin embargo, que aún en este supuesto sería necesario el concurso de las Fuerzas Armadas para garantizar su eficaz cumplimiento.

Pero mientras haya riesgo de guerra -reconoce el Concilio- los gobiernos de cada pueblo tienen el derecho y el deber de proteger su seguridad con una defensa legítima, lo que implica una clara defensa de la necesidad y legitimidad del Ejército. El Ejército en su versión nacional, internacional, y aún el Ejército de una hipotética autoridad mundial, aunque sólo se emplease para evitar la guerra.

Quienes «al servicio de la patria, se hallan en el Ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz», dice el Concilio. Por eso a nadie le es lícito sustraerse a los deberes de la paz. Y por eso, aunque la Iglesia muestra la mayor comprensión con los llamados objetores de conciencia, no admite como actitud general la validez objetiva de la objeción de conciencia.

Pablo VI se dirigió a todos los hombres de buena voluntad dos años después del Concilio, con un texto inicialmente controvertido: «Nos sentimos viva satisfacción al saber que en ciertas naciones el «servicio militar» puede convertirse, en parte, en un «servicio social», un simple servicio. Nos bendecimos estas iniciativas y la buena voluntad de los que las secundan». Este texto, repetido hasta la saciedad, no está bien interpretado. El Papa en ningún momento alaba la objeción de conciencia ni la considera un derecho. Por si cabía alguna duda, el propio Papa Pablo VI, aclara todo malentendido: «es de augurar que la exaltación del ideal de la Paz no favorezca la cobardía de aquellos que temen deber dar la vida al servicio del propio país y de los propios hermanos cuando estos están empeñados en la defensa de la justicia y de la libertad, y que buscan solamente la huida de la responsabilidad y de los peligros necesarios para el cumplimiento de grandes deberes y empresas generosas: Paz no es pacifismo, no oculta una concepción vil y negligente de la vida, sino proclama los más altos y universales valores de la vida: la verdad, la justicia, la libertad, el amor».

El ambiente en la Iglesia española gobernada por el Cardenal Tarancón estaba abierto a las influencias de las ideologías y la mentalidad imperantes. Ello obligó a Monseñor Guerra Campos a comentar una nota de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre la objeción de conciencia, publicada en 1973, reclamando una recta interpretación ante equívocos y manipulaciones.

La doctrina de la Iglesia distingue entre la objeción de conciencia contra una ley injusta, que no es un derecho sino un deber, frente a la objeción que se realiza contra leyes que la Iglesia estima como lícitas y obligatorias: la defensa justa de la sociedad.

Por eso, Monseñor Castán Lacoma explicaba que es importante la calificación moral sobre la justicia de una acción militar, porque a veces no solo es un derecho la desobediencia sino hasta una obligación. El Concilio expone tres casos.

  1. Cuando se vulnera el Derecho Natural de gentes y sus principios universales.
  1. Cuando las órdenes concretas son criminales.
  1. Cuando la disciplina militar pretende justificar lo injustificable bajo el pretexto de la obediencia debida.

Son los casos de crímenes de guerra, que no pueden ser obedecidos: una guerra nuclear ofensiva, el genocidio de un pueblo o raza, la matanza indiscriminada de ciudadanos inocentes e inermes, el suicidio de jefes militares, la matanza o tortura de prisioneros sin juicio previo, la destrucción de ciudades o fuentes de riqueza sin valor militar. Son acciones que merecen la reprobación de Dios y de los hombres. Y, restablecida la paz, merecen juicio y castigo, ya sean obra de los vencedores o de los vencidos.

La Iglesia no solo pide en estos casos desobediencia sino también resistencia como gravísimo deber, que pone a prueba el temple militar de quien tiene como oficio el riesgo de la propia vida en homenaje a valores superiores.

Para Monseñor Guerra Campos, aunque los objetores tengan la opinión subjetiva de que es malo el servicio militar, necesitan iluminación para que reconozcan su error y acepten esta obligación del bien común. Si se otorga por sistema la demanda de objeción, la defensa nacional no sería un deber inviolable, cuya exigencia corresponde al gobernante, custodio del bien común. Si el cumplimiento de la ley depende de las preferencias u opiniones subjetivas, podrían impugnarse todas las leyes, haciendo imposible la vida social y el ejercicio de la autoridad querido por Dios.

La Asamblea de la CEE, apelando al Concilio, tiene en cuenta la objeción por aprecio a valores universales como el amor a la paz, el deseo de alcanzar un mundo sin violencia…, aceptando servir a la comunidad de otra manera, con regulaciones legítimas. Monseñor Guerra Campos estima, en primer lugar, que esos valores universales no son incompatibles con el servicio militar. En segundo lugar, la interpretación de «ese sentido humano de equidad» corresponde a las autoridades civiles. La Iglesia no puede juzgar con autoridad cuáles son las fórmulas más adecuadas, pero busca que los casos de objeción reciban el trato más humano posible, respetando la autonomía de la sociedad civil.

Dice la nota episcopal que el legislador debe apelar a su conciencia y legislar de manera razonada sin dejase llevar por la inercia o la reacción. Monseñor Guerra Campos añade que ese «sentido humano de equidad» puede desembocar en varios caminos posibles. Efectivamente, el legislador puede aceptar servicios alternativos al servicio militar, estimando que el bien común no se menoscaba con las posturas subjetivas de algunos ciudadanos. Pero es el Estado quien decide legítimamente si estos servicios estarán organizados o no por el Ejército. Algunos objetores presentarán resistencias. El gobernante podrá aceptarlas, pero también rechazarlas.

El gobernante puede estimar que el bien común exige el servicio militar obligatorio sin excepciones, porque éstas podrían deteriorar el respeto debido a la ley justa, por la multiplicación contagiosa del número de objetores, sobre todo en tiempo de guerra, con la multiplicación de excedentes inútiles en otros servicios y con vacíos peligrosos en el servicio puramente militar. Por la utilización política y subversiva del fenómeno, por el reflejo desmoralizador en los que realizan el servicio militar, por la sobrecarga injusta en los demás ciudadanos….

Puede el gobernante entonces obligar al servicio militar. Pero puede tener en cuenta a los objetores, si son compatibles con las motivaciones nobles del servicio militar, facilitando por ejemplo servicios militares que no tengan relación con el uso de las armas, o aplicando penas suaves al incumplimiento del servicio militar, conjugando reducción de penas con servicios alternativos…

Pero pueden los gobernantes aducir que es difícil distinguir a los objetores con motivaciones nobles de aquellos que no lo son o lo simulan. En consecuencia, puede optar por dos vías: ofrecer fórmulas alternativas a todos los objetores y aún a todos los ciudadanos; o para evitar, como dice el Episcopado, el recurso fraudulento al imperativo de conciencia, imponer el servicio militar obligatorio. La segunda fórmula para casos patentes podría aliviar la sanción.

Los obispos como ciudadanos pueden opinar y decantarse por cualquiera de estas fórmulas, pero como obispos sólo pueden enseñar actitudes cristianas válidas para todos, sin prejuzgar ninguna de las opiniones y actitudes inspiradas en una actitud verdaderamente cristiana. Monseñor Guerra Campos prefiere abstenerse de manifestar su propia opinión.

Dice Monseñor Castán Lacoma que se ha pretendido justificar la objeción de conciencia al servicio militar como respuesta a la inmunidad de coacción que proclama el Concilio a propósito de la libertad religiosa. Pero el mismo documento añade que tal libertad sólo es admisible «dentro de los límites debidos», y al explicitar esos límites el Concilio habla de los deberes de todo hombre, por la ley moral, a tener en cuenta los derechos de los demás y el bien común, que incluye la moralidad y el orden públicos, y la paz.

Para Monseñor Guerra Campos los valores comunes que invocan los objetores no son patrimonio exclusivo de la objeción. Habrá casos de objeción digna de respeto por su coherencia y generosidad, aunque su fuerza significativa como precursores de un mundo mejor se da precisamente porque no goza del respaldo de la ley. Pero todos esos valores pueden y deben ser servidos por el soldado cristiano, que tiene el imperativo del amor y del ideal de las Bienaventuranzas. Los que se benefician parasitariamente a veces con el servicio militar que otros realizan no pueden además pretender el monopolio del espíritu de fraternidad.

Cuando el Concilio alaba a los no violentos, no se refiere a los objetores, sino a los que renuncian a la fuerza para defender un derecho propio, sin que ello lesione los derechos y deberes de otros o de la sociedad. Es evidente para el Concilio, por un lado, que el Ejército contribuye a evitar la violencia, es instrumento de seguridad y libertad de los pueblos y contribuye a estabilizar la paz. Y por otro, que la preparación de la guerra defensiva es compatible con la aspiración a eliminar los supuestos actuales de la guerra. Por eso, el tratamiento humano de los objetores por parte de la Iglesia no supone la validez objetiva de la objeción de conciencia.

Monseñor Castán Lacoma, añade que, dicho lo cual, la Iglesia no deja por ello de reconocer algunos valores positivos en los sinceros objetores de conciencia al servicio militar, aunque se trate de una acción moralmente inaceptable. No en vano, decía el Papa Pío XI que «todo error tiene siempre una parte de verdad».

El afán de buscar medios pacíficos, la denuncia del peligro para la humanidad de las armas atómicas, el reproche a las grandes potencias sobre el gasto desproporcionado en armas en contraste con el gasto en remediar la pobreza y el subdesarrollo, el testimonio de un espíritu de paz, mansedumbre y fraternidad cristianas…, son fines que la Iglesia alaba.

Por eso, el Concilio pide un trato humano para los objetores, pese al método inaceptable de la desobediencia y la insolidaridad cívica119, sin que la objeción al servicio militar pueda convertirse en fenómeno generalizado, que deje a la Patria indefensa o que consagre una forma de desigualdad jurídica injusta entre los ciudadanos.

Para La Razón Histórica


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