El aforamiento, licencia para delinquir
En los últimos años, tal vez décadas, la realidad judicial española, la cruda realidad, nos ha demostrado la existencia de tres “clases” de ciudadanos:
De primera, que son los miembros de la Familia Real y allegados.
Están por encima de la ley, pueden hacer lo que quieran y nadie se mete con ellos… No hay juez que se atreva a imputar -ahora investigar-, a la Infanta Cristina, por ejemplo, y mucho menos la fiscalía, que como ya sabemos es la voz de su amo…
(Y si algún juez se atreve, siempre hay un Tribunal superior que corrige la “equivocada” decisión inicial).
De segunda, que son los aforados, ministros, diputados, senadores, etc.
Muchos nos preguntamos que para qué sirve el Senado, sin darnos cuenta de que es un cementerio de elefantes muy útil para dotar de aforamiento a presuntos delincuentes políticos, que han estado gobernando en autonomías, diputaciones provinciales, grandes ayuntamientos, etc., y quieren tener la seguridad de que no tendrán que comparecer ante un juez normal y corriente, no vaya ser que “esté loco” y les empitone, es decir, les investigue, y hasta les haga padecer la pena de banquillo, esa a la que nuestro Tribunal Supremo decía que “no podía ni debía condenarse” al entonces presidente del gobierno, Felipe González.
Así tienen la seguridad de que las querellas y denuncias contra ellos sólo se verán ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya sabemos lo comprensiva que es cuando se trata del enriquecimiento injustificado de Bono, Blanco, Barcina…, etc. Cualquier explicación y auto justificación les basta para cubrir el expediente y darle carpetazo al asunto.
De tercera, es decir ciudadanos de a pie, como usted y yo, o más bien contribuyentes natos, vasallos, súbditos…
Pagadores de impuestos a troche y moche, a los que no se nos perdonará ni una, y que rápidamente seremos investigados, juzgados y condenados, previo paso por la prisión provisional, por cualquier chorrada que hagamos…
En resumen, un sistema judicial tercermundista, más propio de un país africano que de una nación europea. ¿Será verdad que África empieza en los Pirineos…?
Como conclusión, urge, pues, reducir al mínimo el número de aforados, e incluso suprimir esa caduca institución jurídica medieval.
Cristin CIFUENTES es un caso paradigmático de lo que dice el autor…
A su ASESORA le ponen TRES AÑOS DE PRISIÓN, por presiones para falsificar un acta de tribuna de tesis de máster.
A la PROFESORA «redactora» del acta en falso, le imponen UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN, por cantar como una golondrina, es decir, «colaborar» para descubrir el delito.
PERO A LA EX AFORADA, PRESIDENTA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA, LA ALBSUELVEN, pues no s eha podido acreditar que haya dado órdenes para cometer el delito, o haya participado en él…
¡Acojonante!
No tengo palabras.
Es CRISTINA CIFUNTES, evidentemente, pero me he comido la a final del nombre…
Pido disculpas por el fallo mecanográfico.
La descripción de los ciudadanos de tercera, judicialmente hablando, no puede ser más nítida y más fiel de la triste realidad.
Sentado lo anterior, el aforamiento es una de las dos caras del problema, pero como las monedas el problema tiene dos caras, la otra cara es la falta de honestidad de los Tribunales superiores donde dicho aforamiento recae. Es verdad que el aforamiento es un privilegio, pero este privilegio por sí solo es insuficiente, no tiene necesariamente que comportar la impunidad que comporta para los imperantes y su sequito. Esta impunidad no viene tanto o exclusivamente del aforamiento (que es insuficiente para obtener como resultado la impunidad) sino también y sobre todo de la actitud de los Tribunales y otras instancias superiores como la Fiscalía, donde cae este aforamiento, que son los que garantizan a la postre la impunidad. El aforamiento del Gobierno lleva las denuncias contra él en el tema de la pandemia (por ejemplo) a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero este reenvío a este órgano superior no sería suficiente para garantizar la impunidad del Gobierno si el Fiscal Navajas no añadiera un plus para garantizar esa impunidad, que es decidir no tramitar ni una sola de esas denuncias sin realizar antes la más mínima instrucción que permitiera tomar una decisión caso por caso y con algún conocimiento de causa. Si la actitud de las personas concretas que ocupan esos puestos fuera más acorde con la legalidad (art. 124 y 117, 1º CE), y cumplieran con su deber inherente a sus cargos, el mero aforamiento siendo malo en sí mismo no sería suficiente para garantizar esta impunidad. Por tanto una de las necesidades de todo proyecto de regeneración de España es apartar de la fiscalía y de la Judicatura a los que no hacen honor al art. 124 CE y 117, 1º CE, y esta necesidad es algo que partidos regeneracionistas como VOX deberían incorporar más pronto que tarde a su discurso en lugar de confiar ingenuamente tanto en una Justicia que hoy por hoy no es ya garantía de legalidad, imparcialidad y Justicia, sino más bien todo lo contrario, y forman parte del eje del Mal. La actitud frente al llamado «Expediente Royuela», es claro indicio de ello.