El caso Mari Carmen: la izquierda incendia la calle contra una ley que ella misma aprobó
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En los últimos días, la sociedad española ha vivido una intensa movilización en torno al desahucio de Mari Carmen, convertido en un símbolo político y emocional por parte de la izquierda y del PSOE. Manifestaciones, campañas en redes, declaraciones institucionales y una amplia cobertura mediática han presentado el caso como un ejemplo de injusticia social y de desprotección de los inquilinos. Sin embargo, existe un elemento esencial que apenas se ha explicado al público: este desahucio se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista —el de Pedro Sánchez— aplicando una ley aprobada por otro Gobierno socialista —el de Felipe González— que recortó de manera decisiva los derechos de los inquilinos en favor de los propietarios.
La movilización política y mediática ha insistido en señalar a los jueces, a la propiedad o incluso a la legislación franquista como responsables de la situación de Mari Carmen. Pero la realidad jurídica es distinta: la limitación de la segunda subrogación a dos años, que es la causa directa de la extinción del contrato en 2007, no proviene de la Ley de 1956 ni de la reforma franquista de 1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González. Esta reforma —concebida para aliviar la situación de los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos— supuso un recorte sustancial de los derechos de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Y aquí aparece la contradicción central del momento político: la izquierda no va a reconocer su responsabilidad en este caso. Aunque la supresión de las prórrogas perpetuas aprobada por Felipe González fue, en términos objetivos, una medida de justicia para los propietarios, el discurso actual de la izquierda se centra en la emoción, la movilización y la construcción de un relato victimista. No se trata de un análisis jurídico, sino de una estrategia política.
La izquierda está utilizando el caso de Mari Carmen como termómetro de movilización social ante una posible victoria electoral de la derecha. Está midiendo su capacidad de incendiar la calle, de activar a su base y de generar presión mediática. Y aunque yo mismo tengo muy poca esperanza en que la derecha arregle los problemas de nuestra patria, lo cierto es que la izquierda está actuando con una lógica puramente estratégica: movilizar, tensionar y polarizar.
ANÁLISIS COMPLETO DEL CASO
El contrato original y las subrogaciones
El contrato de alquiler de la vivienda que ocupaba Mari Carmen se firmó en 1956, bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955. Ese contrato pasó por dos subrogaciones mortis causa:
Primera subrogación (1960) tras el fallecimiento del padre.
Segunda subrogación (2005) tras el fallecimiento de la madre.
La cuestión jurídica decisiva es la duración de esa segunda subrogación.
La Ley de 1956: origen de la prórroga forzosa
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955, aplicada desde 1956, instauró un sistema extremadamente rígido de protección del inquilino urbano:
prórroga forzosa indefinida,
congelación de rentas,
subrogaciones familiares amplias,
imposibilidad práctica de recuperar la vivienda por parte del propietario.
Esta ley creó lo que muchos juristas describieron como “propiedades bloqueadas”, donde el propietario conservaba el título, pero no el uso ni la capacidad de disponer del inmueble.
La Ley 40/1964: endurecimiento del sistema franquista
La Ley 40/1964, que reformó la LAU de 1956, fue emanada de las Cortes de Franco y publicada con la firma de Francisco Franco. Esta norma reforzó el sistema anterior:
mantuvo la prórroga forzosa,
mantuvo la congelación de rentas,
mantuvo las subrogaciones familiares,
y consolidó un régimen que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una auténtica limitación a la propiedad privada.
Una auténtica limitación a la propiedad privada
La combinación de la ley de 1956 y la reforma de 1964 creó un sistema que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una expropiación encubierta.
El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen, en varios artículos, afirmó que estas leyes franquistas habían generado:
“una propiedad sin dueño efectivo, donde el propietario es propietario solo en el papel”.
Otros autores progresistas, como Manuel Tuñón de Lara, señalaron que el franquismo había convertido la vivienda en un bien sometido a un intervencionismo estatal extremo, donde el propietario quedaba relegado a un papel meramente nominal.
Este contexto explica por qué, aún hoy, miles de contratos antiguos siguen regidos por normas emanadas de un sistema intervencionista.
La verdadera limitación de la segunda subrogación: la LAU de 1994 (Gobierno de Felipe González)
Aunque el sistema franquista creó el marco de prórroga forzosa y subrogaciones, la limitación concreta de la segunda subrogación a dos años NO proviene de la Ley de 1956 ni de la Ley 40/1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González.
La Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994 estableció que:
la segunda subrogación en contratos anteriores a 1985
solo dura dos años,
salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%.
Esta modificación —aprobada por un gobierno de izquierdas— buscaba aliviar la situación de los propietarios, que llevaban décadas sometidos a contratos perpetuos y rentas congeladas. Pero lo hizo en detrimento de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Es esta norma de 1994 la que se aplicó al caso de Mari Carmen: su segunda subrogación (2005) solo podía durar dos años, por lo que el contrato se extinguió en 2007.
Los tribunales —Audiencia Provincial y Tribunal Supremo— confirmaron que, al no cumplir el requisito de discapacidad, Mari Carmen ya no era arrendataria, sino ocupante sin título desde 2007. Por ello el desahucio se tramitó por expiración del plazo contractual, no por impago ni ocupación violenta.
EL DISCURSO SENTIMENTAL Y LA REALIDAD MATERIAL DEL CASO
Es muy fácil recurrir al sentimentalismo de una anciana de 87 años saliendo en una cama hacia el hospital. Esa imagen conmueve, moviliza y genera adhesión emocional inmediata. Pero no debe ocultar la realidad material del caso:
Mari Carmen vivía en el Retiro por 400 euros, una situación que cualquiera de los manifestantes habría deseado para sí.
Se benefició durante décadas de una legislación franquista claramente injusta y atentatoria contra la propiedad privada, que bloqueaba viviendas y congelaba rentas.
Era funcionaria, con sueldo fijo, estabilidad laboral y capacidad de ahorro.
Hoy tiene 87 años, sí, pero antes tuvo 40, 50, 60…, décadas enteras en las que pudo intentar adquirir una vivienda propia, como cualquier persona con un empleo estable.
En resumen: es una persona que se benefició de un sistema legal excepcionalmente favorable para los inquilinos antiguos, y que mantuvo durante décadas una posición privilegiada en el mercado de la vivienda.
La izquierda ha convertido este caso en un icono emocional, pero la realidad es mucho más compleja que la imagen de una anciana en una camilla.
CONCLUSIÓN
El contrato de Mari Carmen nació bajo la LAU de 1956, que imponía prórroga forzosa y subrogaciones amplias.
La Ley 40/1964, emanada de las Cortes franquistas y firmada por Franco, reforzó ese sistema y fue criticada por intelectuales de izquierda por su fuerte limitación a la propiedad privada.
Sin embargo, la limitación de la segunda subrogación a dos años proviene de la LAU de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de aliviar a los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos.
El desahucio de Mari Carmen se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista, aplicando una ley socialista, y la movilización promovida por la izquierda se produce contra una consecuencia directa de su propia legislación.
La izquierda, en su estrategia política actual, no va a reconocer su responsabilidad en este caso.
Y el uso del caso Mari Carmen como bandera emocional forma parte de una movilización preventiva, destinada a medir su capacidad de tensionar la calle ante una posible victoria electoral de la derecha.
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En los últimos días, la sociedad española ha vivido una intensa movilización en torno al desahucio de Mari Carmen, convertido en un símbolo político y emocional por parte de la izquierda y del PSOE. Manifestaciones, campañas en redes, declaraciones institucionales y una amplia cobertura mediática han presentado el caso como un ejemplo de injusticia social y de desprotección de los inquilinos. Sin embargo, existe un elemento esencial que apenas se ha explicado al público: este desahucio se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista —el de Pedro Sánchez— aplicando una ley aprobada por otro Gobierno socialista —el de Felipe González— que recortó de manera decisiva los derechos de los inquilinos en favor de los propietarios.
La movilización política y mediática ha insistido en señalar a los jueces, a la propiedad o incluso a la legislación franquista como responsables de la situación de Mari Carmen. Pero la realidad jurídica es distinta: la limitación de la segunda subrogación a dos años, que es la causa directa de la extinción del contrato en 2007, no proviene de la Ley de 1956 ni de la reforma franquista de 1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González. Esta reforma —concebida para aliviar la situación de los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos— supuso un recorte sustancial de los derechos de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Y aquí aparece la contradicción central del momento político: la izquierda no va a reconocer su responsabilidad en este caso. Aunque la supresión de las prórrogas perpetuas aprobada por Felipe González fue, en términos objetivos, una medida de justicia para los propietarios, el discurso actual de la izquierda se centra en la emoción, la movilización y la construcción de un relato victimista. No se trata de un análisis jurídico, sino de una estrategia política.
La izquierda está utilizando el caso de Mari Carmen como termómetro de movilización social ante una posible victoria electoral de la derecha. Está midiendo su capacidad de incendiar la calle, de activar a su base y de generar presión mediática. Y aunque yo mismo tengo muy poca esperanza en que la derecha arregle los problemas de nuestra patria, lo cierto es que la izquierda está actuando con una lógica puramente estratégica: movilizar, tensionar y polarizar.
ANÁLISIS COMPLETO DEL CASO
El contrato original y las subrogaciones
El contrato de alquiler de la vivienda que ocupaba Mari Carmen se firmó en 1956, bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955. Ese contrato pasó por dos subrogaciones mortis causa:
Primera subrogación (1960) tras el fallecimiento del padre.
Segunda subrogación (2005) tras el fallecimiento de la madre.
La cuestión jurídica decisiva es la duración de esa segunda subrogación.
La Ley de 1956: origen de la prórroga forzosa
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955, aplicada desde 1956, instauró un sistema extremadamente rígido de protección del inquilino urbano:
prórroga forzosa indefinida,
congelación de rentas,
subrogaciones familiares amplias,
imposibilidad práctica de recuperar la vivienda por parte del propietario.
Esta ley creó lo que muchos juristas describieron como “propiedades bloqueadas”, donde el propietario conservaba el título, pero no el uso ni la capacidad de disponer del inmueble.
La Ley 40/1964: endurecimiento del sistema franquista
La Ley 40/1964, que reformó la LAU de 1956, fue emanada de las Cortes de Franco y publicada con la firma de Francisco Franco. Esta norma reforzó el sistema anterior:
mantuvo la prórroga forzosa,
mantuvo la congelación de rentas,
mantuvo las subrogaciones familiares,
y consolidó un régimen que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una auténtica limitación a la propiedad privada.
Una auténtica limitación a la propiedad privada
La combinación de la ley de 1956 y la reforma de 1964 creó un sistema que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una expropiación encubierta.
El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen, en varios artículos, afirmó que estas leyes franquistas habían generado:
“una propiedad sin dueño efectivo, donde el propietario es propietario solo en el papel”.
Otros autores progresistas, como Manuel Tuñón de Lara, señalaron que el franquismo había convertido la vivienda en un bien sometido a un intervencionismo estatal extremo, donde el propietario quedaba relegado a un papel meramente nominal.
Este contexto explica por qué, aún hoy, miles de contratos antiguos siguen regidos por normas emanadas de un sistema intervencionista.
La verdadera limitación de la segunda subrogación: la LAU de 1994 (Gobierno de Felipe González)
Aunque el sistema franquista creó el marco de prórroga forzosa y subrogaciones, la limitación concreta de la segunda subrogación a dos años NO proviene de la Ley de 1956 ni de la Ley 40/1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González.
La Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994 estableció que:
la segunda subrogación en contratos anteriores a 1985
solo dura dos años,
salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%.
Esta modificación —aprobada por un gobierno de izquierdas— buscaba aliviar la situación de los propietarios, que llevaban décadas sometidos a contratos perpetuos y rentas congeladas. Pero lo hizo en detrimento de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Es esta norma de 1994 la que se aplicó al caso de Mari Carmen: su segunda subrogación (2005) solo podía durar dos años, por lo que el contrato se extinguió en 2007.
Los tribunales —Audiencia Provincial y Tribunal Supremo— confirmaron que, al no cumplir el requisito de discapacidad, Mari Carmen ya no era arrendataria, sino ocupante sin título desde 2007. Por ello el desahucio se tramitó por expiración del plazo contractual, no por impago ni ocupación violenta.
EL DISCURSO SENTIMENTAL Y LA REALIDAD MATERIAL DEL CASO
Es muy fácil recurrir al sentimentalismo de una anciana de 87 años saliendo en una cama hacia el hospital. Esa imagen conmueve, moviliza y genera adhesión emocional inmediata. Pero no debe ocultar la realidad material del caso:
Mari Carmen vivía en el Retiro por 400 euros, una situación que cualquiera de los manifestantes habría deseado para sí.
Se benefició durante décadas de una legislación franquista claramente injusta y atentatoria contra la propiedad privada, que bloqueaba viviendas y congelaba rentas.
Era funcionaria, con sueldo fijo, estabilidad laboral y capacidad de ahorro.
Hoy tiene 87 años, sí, pero antes tuvo 40, 50, 60…, décadas enteras en las que pudo intentar adquirir una vivienda propia, como cualquier persona con un empleo estable.
En resumen: es una persona que se benefició de un sistema legal excepcionalmente favorable para los inquilinos antiguos, y que mantuvo durante décadas una posición privilegiada en el mercado de la vivienda.
La izquierda ha convertido este caso en un icono emocional, pero la realidad es mucho más compleja que la imagen de una anciana en una camilla.
CONCLUSIÓN
El contrato de Mari Carmen nació bajo la LAU de 1956, que imponía prórroga forzosa y subrogaciones amplias.
La Ley 40/1964, emanada de las Cortes franquistas y firmada por Franco, reforzó ese sistema y fue criticada por intelectuales de izquierda por su fuerte limitación a la propiedad privada.
Sin embargo, la limitación de la segunda subrogación a dos años proviene de la LAU de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de aliviar a los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos.
El desahucio de Mari Carmen se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista, aplicando una ley socialista, y la movilización promovida por la izquierda se produce contra una consecuencia directa de su propia legislación.
La izquierda, en su estrategia política actual, no va a reconocer su responsabilidad en este caso.
Y el uso del caso Mari Carmen como bandera emocional forma parte de una movilización preventiva, destinada a medir su capacidad de tensionar la calle ante una posible victoria electoral de la derecha.
En los últimos días, la sociedad española ha vivido una intensa movilización en torno al desahucio de Mari Carmen, convertido en un símbolo político y emocional por parte de la izquierda y del PSOE. Manifestaciones, campañas en redes, declaraciones institucionales y una amplia cobertura mediática han presentado el caso como un ejemplo de injusticia social y de desprotección de los inquilinos. Sin embargo, existe un elemento esencial que apenas se ha explicado al público: este desahucio se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista —el de Pedro Sánchez— aplicando una ley aprobada por otro Gobierno socialista —el de Felipe González— que recortó de manera decisiva los derechos de los inquilinos en favor de los propietarios.
La movilización política y mediática ha insistido en señalar a los jueces, a la propiedad o incluso a la legislación franquista como responsables de la situación de Mari Carmen. Pero la realidad jurídica es distinta: la limitación de la segunda subrogación a dos años, que es la causa directa de la extinción del contrato en 2007, no proviene de la Ley de 1956 ni de la reforma franquista de 1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González. Esta reforma —concebida para aliviar la situación de los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos— supuso un recorte sustancial de los derechos de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Y aquí aparece la contradicción central del momento político: la izquierda no va a reconocer su responsabilidad en este caso. Aunque la supresión de las prórrogas perpetuas aprobada por Felipe González fue, en términos objetivos, una medida de justicia para los propietarios, el discurso actual de la izquierda se centra en la emoción, la movilización y la construcción de un relato victimista. No se trata de un análisis jurídico, sino de una estrategia política.
La izquierda está utilizando el caso de Mari Carmen como termómetro de movilización social ante una posible victoria electoral de la derecha. Está midiendo su capacidad de incendiar la calle, de activar a su base y de generar presión mediática. Y aunque yo mismo tengo muy poca esperanza en que la derecha arregle los problemas de nuestra patria, lo cierto es que la izquierda está actuando con una lógica puramente estratégica: movilizar, tensionar y polarizar.
ANÁLISIS COMPLETO DEL CASO
- El contrato original y las subrogaciones
El contrato de alquiler de la vivienda que ocupaba Mari Carmen se firmó en 1956, bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955. Ese contrato pasó por dos subrogaciones mortis causa:
- Primera subrogación (1960) tras el fallecimiento del padre.
- Segunda subrogación (2005) tras el fallecimiento de la madre.
La cuestión jurídica decisiva es la duración de esa segunda subrogación.
- La Ley de 1956: origen de la prórroga forzosa
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1955, aplicada desde 1956, instauró un sistema extremadamente rígido de protección del inquilino urbano:
- prórroga forzosa indefinida,
- congelación de rentas,
- subrogaciones familiares amplias,
- imposibilidad práctica de recuperar la vivienda por parte del propietario.
Esta ley creó lo que muchos juristas describieron como “propiedades bloqueadas”, donde el propietario conservaba el título, pero no el uso ni la capacidad de disponer del inmueble.
- La Ley 40/1964: endurecimiento del sistema franquista
La Ley 40/1964, que reformó la LAU de 1956, fue emanada de las Cortes de Franco y publicada con la firma de Francisco Franco. Esta norma reforzó el sistema anterior:
- mantuvo la prórroga forzosa,
- mantuvo la congelación de rentas,
- mantuvo las subrogaciones familiares,
- y consolidó un régimen que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una auténtica limitación a la propiedad privada.
- Una auténtica limitación a la propiedad privada
La combinación de la ley de 1956 y la reforma de 1964 creó un sistema que numerosos intelectuales de izquierda denunciaron como una expropiación encubierta.
El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen, en varios artículos, afirmó que estas leyes franquistas habían generado:
“una propiedad sin dueño efectivo, donde el propietario es propietario solo en el papel”.
Otros autores progresistas, como Manuel Tuñón de Lara, señalaron que el franquismo había convertido la vivienda en un bien sometido a un intervencionismo estatal extremo, donde el propietario quedaba relegado a un papel meramente nominal.
Este contexto explica por qué, aún hoy, miles de contratos antiguos siguen regidos por normas emanadas de un sistema intervencionista.
- La verdadera limitación de la segunda subrogación: la LAU de 1994 (Gobierno de Felipe González)
Aunque el sistema franquista creó el marco de prórroga forzosa y subrogaciones, la limitación concreta de la segunda subrogación a dos años NO proviene de la Ley de 1956 ni de la Ley 40/1964, sino de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González.
La Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994 estableció que:
- la segunda subrogación en contratos anteriores a 1985
- solo dura dos años,
- salvo que el subrogado tenga una discapacidad igual o superior al 65%.
Esta modificación —aprobada por un gobierno de izquierdas— buscaba aliviar la situación de los propietarios, que llevaban décadas sometidos a contratos perpetuos y rentas congeladas. Pero lo hizo en detrimento de los inquilinos de contratos antiguos, que perdieron la protección vitalicia que habían tenido durante el franquismo.
Es esta norma de 1994 la que se aplicó al caso de Mari Carmen: su segunda subrogación (2005) solo podía durar dos años, por lo que el contrato se extinguió en 2007.
Los tribunales —Audiencia Provincial y Tribunal Supremo— confirmaron que, al no cumplir el requisito de discapacidad, Mari Carmen ya no era arrendataria, sino ocupante sin título desde 2007. Por ello el desahucio se tramitó por expiración del plazo contractual, no por impago ni ocupación violenta.
- EL DISCURSO SENTIMENTAL Y LA REALIDAD MATERIAL DEL CASO
Es muy fácil recurrir al sentimentalismo de una anciana de 87 años saliendo en una cama hacia el hospital. Esa imagen conmueve, moviliza y genera adhesión emocional inmediata. Pero no debe ocultar la realidad material del caso:
Mari Carmen vivía en el Retiro por 400 euros, una situación que cualquiera de los manifestantes habría deseado para sí.- Se benefició durante décadas de una legislación franquista claramente injusta y atentatoria contra la propiedad privada, que bloqueaba viviendas y congelaba rentas.
- Era funcionaria, con sueldo fijo, estabilidad laboral y capacidad de ahorro.
- Hoy tiene 87 años, sí, pero antes tuvo 40, 50, 60…, décadas enteras en las que pudo intentar adquirir una vivienda propia, como cualquier persona con un empleo estable.
- En resumen: es una persona que se benefició de un sistema legal excepcionalmente favorable para los inquilinos antiguos, y que mantuvo durante décadas una posición privilegiada en el mercado de la vivienda.
La izquierda ha convertido este caso en un icono emocional, pero la realidad es mucho más compleja que la imagen de una anciana en una camilla.
CONCLUSIÓN
- El contrato de Mari Carmen nació bajo la LAU de 1956, que imponía prórroga forzosa y subrogaciones amplias.
- La Ley 40/1964, emanada de las Cortes franquistas y firmada por Franco, reforzó ese sistema y fue criticada por intelectuales de izquierda por su fuerte limitación a la propiedad privada.
- Sin embargo, la limitación de la segunda subrogación a dos años proviene de la LAU de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de aliviar a los propietarios tras décadas de congelación de rentas y contratos perpetuos.
- El desahucio de Mari Carmen se ha ejecutado bajo un Gobierno socialista, aplicando una ley socialista, y la movilización promovida por la izquierda se produce contra una consecuencia directa de su propia legislación.
- La izquierda, en su estrategia política actual, no va a reconocer su responsabilidad en este caso.
- Y el uso del caso Mari Carmen como bandera emocional forma parte de una movilización preventiva, destinada a medir su capacidad de tensionar la calle ante una posible victoria electoral de la derecha.
Dice usted :
La Ley 40/1964, emanada de las Cortes franquistas y firmada por Franco, reforzó ese sistema y fue criticada por intelectuales de izquierda por su fuerte limitación a la propiedad privada.»
¿Los de izquierda defendían la propiedad privada?, me resulta extraño, también esa ‘ley de Franco’ de expropiar viviendas al estilo chavista.
Esto hay que profundizarlo, es una cosa.muy seria pera resumirlo en un minuto de lectura.
Plantea usted una reflexión muy interesante. En 1929, el comunismo se replantea las bases de su existencia, una de las cosas que se plantearon era el tema de la propiedad privada, y dijeron, ¿Es este el punto fundamental para la destrucción de la civilización católica occidental?
A través de la Escuela de Frankfurt diseñan un nuevo modelo para la toma del poder y la conquista cultural.
Esto culminará en la revolución del sesenta y ocho y la paulatina toma de las instituciones por el marxismo cultural.
Me comprometo a desarrollarlo en una próxima colaboración.
Comprenderemos, lo que hoy está ocurriendo con la lucha de sexos, la emigración etc.
Con respecto a la ley franquista, no la voy a juzgar, basta con que usted compruebe el texto de la misma.
Por mucho que nos guste un sistema político que existió, no debemos idealizarlo. La perfección sólo existe en el cielo. Esa tentación de idealizar un sistema, es la que lleva al marxismo a querer instalar el cielo en la tierra, y sustituir a Dios por el partido.
Le agradezco mucho su sugerencia, para mí es un reto redactar una colaboración sobre este tema.
Muy amable Manuel
Lo de Yolanda DÍAZ, es de jugado de guardia…
¡Y lo peor del caso, es que seguro que hay votantes que le compran su mercancía averiada!
Esta no se baja del coche oficial, del sueldazo o del ático de 443 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, ni harta de vino…
Sanchez sabe que necesita a los de sumar y en consecuencia los reanima para que sean protagonistas de esta algarada que en nombre de Maricarmen esta sacudiendo España.
Todos juntos volveran a gobernar porque los demas, PP y VOX , NO se enteran de nada
Yo me crié en el barrio de Maricarmen. Gracias a las leyes de Franco pude ir a uno de los dos colegios que había en el barrio, y estudiar una carrera.
Sólo quiero expresar mi agradecimiento al autor del artículo. Por desgracia. sobran los artículos demagógicos donde se critica sin ofrecer datos empíricos y contextuales del problema. Y por desgracia, faltan artículos como éste: ofreciendo a los lectores datos bien fundamentados, los cuales permiten que cada lector, después de conocer esos datos, tome las decisiones que estime oportunas. Gracias de nuevo tanto al autor como al editor.
Tras la guerra había mucha pobreza, y Franco quiso socorrer a los más desfavorecidos. Puso esos alquileres( en los que prácticamente no se podía echar al inquilino y familiares, y cuyas rentas se iban quedando irrisorias a medida que España despegaba con una gran clase media a toda velocidad ), después llamados de renta antigua’, porque se extendieron mucho más allá del momento para el que habían sido concebidos. Así, mi padre sufrió uno de estos alquileres ‘desfasados’, en el que una familia donde los dos trabajaban, y ganaban bastante, se gastaban el dinero en el bingo, no pagaban más que ‘dos duros’ mientras los mercados decían otra cosa. Y si no estaba de acuerdo con algo le decía a mi padre, ya mayor, a la cara; que no pagaba. Los vecinos estaban hasta las narices además, porque pasaban de todo y no cuidaban las zonas comunes.
La idea era buena en la posguerra, pero desde el momento en que el estado puede hacerse cargo; debe hacerse cargo; y no repercutir esa carga en particulares. Ahí no estuvo fino, aunque delegaba mucho en los que consideraba más listos. A la par de los millones de casas de protección que hizo, debería haber ido adecuando esa ley para que fuera el estado el que procurara vivienda a los necesitados, previa selección de los que realmente lo fueran. Así, en el ejemplo referido, esos no eran necesitados de ese alquiler de renta antigua, y abusaban de un particular con permiso del estado que es el que debería haber tomado decisiones; seleccionado y procurado. Plantaron la ley y la dejaron ahí olvidada.
Por supuesto, nada de lo dicho tiene que ver con lo que pasa hoy, donde estos lacayos lameculos iluminados masones están en lo de que no tengamos nada y obligarnos a que seamos además felices( eso los que queden ). Motivo por el cual ni hacen casas ni las dejan hacer. Y menos protegidas.
Vamos a ir viendo cada vez más como los barrios son ocupados por el Kalergi, y la población española, cada vez más envejecida y minoritaria, termina en los cartones o en un banco( como el del chiste del eslogan del banco naranja: ‘Tu Banco, y cada día el de más gente’. Y lo peor de todo es que ha sido una trampa, y que hemos caído en ella.
Muy buen comentario
Me refiero al primer comentario de Jesus no por qué ha salido debajo del segundo comentario
Este caso del desahucio de esta señora, si en las academias militares y policiales se estudiara algo más que lenguaje inclusivo se estudiaría como ejemplo del poder revolucionario de manipulación de los acontecimientos mas intrascendentes, porque es un caso de libro que ilustra el poder de manipulación de la extrema izquierda pero que retrata también a la derecha, y a los medios de comunicación, sin cuyo concurso la manipulación no sería posible.
Esta señora ha sido expulsada por una Ley Socialista, que derogó la legislación franquista en dos fases, (con el Decreto Boyer de 30 de abril de 1985 y con la nueva Ley de Arrendamientos Urbano de 1994), durante un Gobierno de extrema izquierda de PSOE/Sumar, pero sin embargo, todo el mundo disimula esta realidad y la extrema izquierda organiza una acampada frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para instrumentalizar este suceso y acusar a la «derecha», en un pais deonde se cometen 25’000 desahucios, 45 al día, siendo las Comunidades socialistas donde más desahucios se cometen, con Cataluña a la cabeza.
Algo que no ha dicho nadie es que el art. 118, 1º Constitución Española (CE) establece que es obligado cumplir las sentencias, esta señora ha ido fuera despues de años de litigio porque ha habido una sentencia en este sentido, y ahora la sentencia no vale para nada, nadie ha defendido el caracter obligatorio de cumplir las sentencias, la famosa legalidad republicana, donde la Ley y el Derecho no vale nada cuando a ellos les conviene que no valga (o vale para los 45000 desahucios pero no para este porque este se utiliza como arma política) .
Otra cosa que no se ha dicho es que los propietarios del inmueble no son un fondo buitre, sino una inmobiliaria de unos pocos socios que han hecho una inversión, y que el Estado lejos de ampararles, han sido intimidados, hablando abiertamente de expropiarles su propiedad en una expropiación manifiestamente ilegal porque las expropiaciones no pueden hacerse para beneficiar a una persona determinada, La jueza dela sentencia no ha aparecido en la ecuación, los propietarios tampoco. Los han intimidado hasta el extremo que han firmado un «acuerdo» (nulo de pleno derecho porque su voluntad no ha sido libre sino que ha estado viciada por la violencia intimidatoria que se ha ejercido desde todos los ámbitos contra ellos a pesar de contar con una sentencia judicial a su favor, que a estos efectos ha sido papel mojado por obra de la propaganda revolucionaria) porque les ha parecido a los propietarios esto menos malo dado el cariz que tomaban los acontecimientos, que que se lo quitaran directamente a cambio de un «justiprecio» por el 20% de su valor (que eso es otra).
ESto no habría sido posible consumarlo si las televisiones, reaccionando como si un resorte las coordinara a todas para ello, no hubieran hecho de este suceso la noticia reina de todos los telediarios. Mientras esto ocurría el diario de extrema izquierda el periodico.es trataba de intimidar al Director de este Digital creando alarma sobre el contenido de su conferencia del otro día en el Casino Militar, hablando de abogar por el golpe de Estado cuando es el Gobierno y sus acólitos los que dan un golpe de Estado a diario, en el tema de Ceuta y también en este trema donde una sentencia judicial se arrincona (y con ella al Juzgado o tribunal que la ha dictado) , y no vale nada frente a una acampada revolucionaria que son los mismos que hacen 70 años se acercaban hambrientos a que los camiones de Auxilio Social les dieran una hogaza de pan tas la liberación de Barcelona porque lo habian quemado todo (fábricas, cosechas, ganado etc etc) que no tenían nada para comer y que si no es por la generosidad de la otra Zona que compartió lo poco que tenian con ellos se habrían muerto literalmente de hambre. Mientras todo este montaje del desahucio de «Carmen» acaparaba los telediarios y las tertulias de las comisarias políticas, en ese mismo momento un periodista como Vito Quioles, con todos sus defectos pero un periodista tenía que salir porpiernas huyendo él y sus escoltas para no ser linchados por todos estos perroflautas de la extrema izquierda de la acampada, y si no hubieran alcanzado unos coches de policia donde meterse, posiblemente no habrían sobrevivido a la agresión, recibiendo pedradas del gtamaño de dos paquetes de tabaco. Qué no se habría dicho sobfre la liberta de prensa y de información si el periodista que tiene que huir por piernas hubiera sido de signo contrario, qué comunicados, que titulares de peri´`odicos que aperturas de telediario. Como ha sido de la llamada «derecha», ni el Fiscal del odio le ha quitado el capuchón al bolígrafo ni los medios se han hecho eco del grave suceso
Una vez más las televisiones por lo que maxifican unas noticias y silencian otras, hacen posible el avance de la propaganda revolucionaria.
Y luego están los meapilas de la derecha, toda ella cobarde sin excepción,, con el Alcalde que le dió al terrorista colombiano Petro las llaves de la ciudad de Madrid, prestándose al pasteleo e interviniendo como mediador en el acuerdo (atraco) fruto de la presión sobre el propietario para que renuncie a su propiedad durante al menos 8 años.
La guinda del pastel de la manipulación la ponen . a modo de epílogo tres datos:
1.- El primero, que como ocurre con los inmigrantes, que todos los que están a favor de la invasión inmigratoria, desde el Papa a los obispos a los miembros del Gobierno y a los líderes de la extrema izquierda , ninguno mete a ningun inmigrante en su casa o les cede alguna de sus muchas propiedades, con este tema pasa igual, todos los rojos de mayo renombre están forrados de casas y ninguna la dedican a alquiler social, porque como es costumbre en estos jetas «consejos vendo que para mí no tengo».
2.- El segundo, que si esta mujer se hubiera ido de vacaciones y aprovechando su ausencia le hubieran ocupado el piso una familia de moros, todos esos que se manifiestan y acampan en la Puerta del Sol para fastidiar a la Comunidad de Madrid y a los vecinos y comerciantes de la zona, y aparentar una solidaridad con esta mujer, se estarían manifestando contra ella por ser una funcionaria facha jubilada que ocupaba un piso para ella sola en una zona de lujo como es el Retiro y defenderían a la familia de moros okupas, porque los rojos con tal de manipular defienden una cosa o a la contraria con tal de estar enredando siempre.
3.- Y en tercer lugar un Gobierno que en materia de vivienda en 8 años no ha movido un dedo y ahora aprueba 2 decretos que en realidad ha sido una parodia o apariencia de aprobación, porque la Ministra de Vivienda ha hecho el ridículo durante la rueda de prensa porque no tenía ni idea del contenido de ninguno de los dos Decretos y ha tenido que reconocer que no tenía la redacción definitiva y no ha podido responder a las preguntas que les estaban haciendo . La cara del resto de las ministras lo decía todo. Tan es así que no está claro que el Decreto salga publicado mañana miércoles 30 de septiembre porque a las 10 de la noche todavía no se habían puesto de acuerdo con el texto del Decrerto, y sin embargo por la mañana lo han anunciado como ya dictado.
En manos de esta gentuza está España, y ello no sería posible sin la cobardía de gente como el Alcalde de Madrid y la gente que lo vota, sin la complicidad de policias, fiscales y asociaciones comunistas de jueces que protegen todo este entramado de manipulación, y sin el soporte de las televisiones que todo lo blanquean, y lo teledirigen.
¿Cómo se pueden aprobar 2 decretos por la mañana si por la tarde todavía no han sido redactados?
Muy fácil
Eso se llama «la legalidad republicana».
Con Franco vivíamos mejor.
Es una frase muy oída, pero es una verdad como un templo.
En los tiempos de Franco, el barrio de la desahuciada estaba lleno de críos. Hoy en día, prácticamente no hay ninguno, y pasa por ser uno de los barrios más españolistas y católicos de Madrid.
Si alguien es capaz de entender esto, mucho me gustaría que me lo explicara.
No se dejen engañar, es un montaje, el mal llamado sindicato de inquilinos, es una sociedad pantalla de los soros, con su estrategia y sus ayudas internacionales y nacionales.
Ver articulo. ABC sobre el camaleón.