El caso Pemán
La llamada memoria histórica no es memoria, porque no busca recordar el pasado, y no es historia, porque no busca estudiarlo, sino utilizar las heridas del pasado para promover una agenda política en el presente. Ha sido rebautizada como memoria democrática, pero democracia significa que el pueblo elija, y es otro el objetivo de la izquierda.
Lo ilustra Daniel García-Pita Pemán en: «El caso Pemán. La condenación del recuerdo», que publica la Editorial Almuzara. El autor, nieto mayor del escritor gaditano, reivindica la memoria de su abuelo, maltratado por los progresistas. Pero hace algo más, y muy importante: como jurista que es, desmenuza los pormenores legales y políticos de la cuestión.
Tras un ardid de Baltasar Garzón para sortear la irretroactividad de las normas penales, llega Zapatero. Pero su Ley 52/2007 incluía el principio democrático: «se reconoce un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano… No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva».
Allí empezó el problema, porque el pueblo en democracia eligió no participar. En Andalucía, de las 614 fosas, en solo seis se exhumaron cadáveres a petición de familiares.
Aparece entonces Sánchez, y en el proyecto legislativo, señala García-Pita, «visto el escaso éxito en la medida de las exhumaciones, sus promotores decidieron ignorar el argumento de la piedad individual y familiar para convertirlo en un interés colectivo». Fracasó el PSOE primero en Europa con el informe Brincat, porque el Consejo condenó todos los totalitarismos, «sin singularizar la dictadura franquista como era el propósito de la operación»; y encima ensalzó la transición, «duro correctivo para el PSOE», cuando el informe Brincat «desautorizaba la transición como un pacto de silencio vergonzante».
Acudió la ONU al rescate de la izquierda, con el relator Pablo de Greiff, que avaló el anhelo socialista de «estatalizar» el derecho a las exhumaciones: «un asunto tan significativo para la verdad y la memoria histórica no podía dejarse en manos de los particulares», con lo cual las exhumaciones dejaban de ser un derecho de las familias. Las haría el Estado, al margen de la voluntad de los descendientes de las víctimas.
Para La Razón
A la infame Ley de la Memoria Histórica, está a punto de seguir la nefanda Ley de la Memoria Democrática.
Con la que se pretende atar los cabos sueltos que se dejó la primera ley.
Efectivamente, la nueva ley pretende que sea el Estado, y no los familiares de las víctimas, quienes asuman la tarea de hurgar en los osarios con el fin de manipular políticamente los restos.
Pues en justa reciprocidad, debe ser el Estado quien asuma la tarea de identificar y honrar públicamente a las víctimas del Frente Popular, sin que tengan que hacerlo a título personal los descendientes de esas víctimas,
para quienes la Ley de la Memoria Democrática supone desprecio y menoscabo de su dignidad, en cuanto “eleva a los altares laicos” a los asesinos.
Asesinos condenados en base a pruebas, que se acreditan en las correspondientes causas que se les formaron y que la nefanda ley pretende anular.
Si la intención fuera solo esa, don Lorenzo, la de anular y punto, al menos quedaría la oportunidad de que en el futuro se pudiera investigar la patraña. El problema es bien otro, porque tras la anhelada anulación que los hijos de puta pretenden, perdón por el exabrupto pero es lo que son, vendrá la destrucción de legajos y sumarios. El caso del Archivo de la Guerra de Liberación de Salamanca es paradigmático, porque a iniciativa, con el amén preceptivo de los PePerros con Marrano a la cabeza, de ese tan izquierdista (de nombre y pantomima) como asqueroso partido de asesinos y ladrones, cuyo único fin es el de destruir España, se ha desmembrado, desperdigando y destruyendo materialmente, lo que fue un auténtico prodigio de la archivística mundial; toda vez, que son extremadamente raros por no decir inexistentes, casos como el de nuestra Guerra Civil de 1936-1939 donde los servicios de recuperación que seguían a las columnas liberadoras custodiaran y clasificaran más escrupulosamente, y por orden expresa del Alto Mando, todos y cada uno de los documentos que se hallaban, tanto en manos del enemigo como en las instituciones que hasta entonces ocupara este. Ahí está la clave de esa absolutamente arbitraria e ilegítima nulidad jurídica que pretende ese vice-enano mandilón repugnante, con ínfulas de «prestigioso jurista», cuando no es más que un vulgar forajido, profanador de sepulturas y carne -si hubiera justicia- de garrote. Esa pretendida nulidad, no es otra cosa que un simple desafuero más de la gentuza encaramada al poder en esta desgraciada nación que, si una vez fue grande, ahora no es más que desecho y ridículo que bien pudiera pasar a denominarse Garrulistán.
Pero hay más por si faltaba. Y es que, por si alguien lo dudaba que se desengañe, en los magníficos archivos, (el palacio de Polentinos, sin ir más lejos, tiene fama en el mundo y en Berlín, concretamente, está en parte reproducido su claustro en el edificio restaurado de la antigua embajada lindante al Zoo Garten); en esos archivos, digo, custodiados hasta ahora por el Ejército como institución, no les faltarán a esos malnacidos, a la hora de hacer desaparecer los documentos, colaboradores entusiastas entre los mandos, -los demás callarán como muertos, que es como en realidad en su espíritu están-, para hacer desaparecer las pruebas que descubren a esos mamarrachos gobernantes como lo que son: unos hijos de puta antiespañoles.
D. Patricio, está usted sembrado con ese comentario, me descubro ante el mismo.
Fe de erratas. El de Polentinos mencionado, naturalmente no es claustro, sino patio.