El Estado de Partidos
El título que hace al caso en el presente artículo, no fue tratado en el debate sobre el estado de la nación, pues nunca es señalado como un esencial problema, la traslación de la soberanía popular, en que debe asentarse la democracia, hacia un cauce de representación ficticia, antinatural, endogámica y corrupta. Primero, lo que es bueno para mí; después, lo que es bueno para mi partido; y luego, lo que es bueno para España. Esa es la jerarquía de valores instalada en el orbe europeo democrático, y aceptado, con inconcebible resignación y falta de vigor moral, por los ciudadanos, más o menos libres e informados, de las respectivas naciones.
La estasiología es el nombre que se da, en la ciencia política, en la ciencia política, al estudio de una teoría general de los partidos políticos; término acuñado por Duveger y que Gonzalo Fernández de la Mora incorpora en un análisis completo dela revista de estudios políticos del instituto que lleva tal nombre. Entonces, en Europa, como ahora en España, el «Estado de partidos» no se había impuesto en las democracias liberales hasta que los métodos sociológicos de control de las masas indigentes o analfabetas culturales, no triunfan sobre la ciencia política, vertebrada en la razón, el derecho natural y el divino positivo. Hasta entonces, los gobernantes no se ocupaban de otro cometido que el de procurar el bien común y el bienestar de sus conciudadanos, bajo el paraguas de un derecho positivo mayoritariamente aceptado, y una función coercitiva y punitiva del Estado. Esta etapa recomenzada en 1978, en España, reinaugura la crisis del sistema y demuestra la congénita tendencia de los partidos a degenerar en oligarquías disgregadoras, excluyentes y nocivas.
En la transición hacia la democracia del 78 se instaura el «estado de partidos» y con ello se somete a los distintos gobiernos y aún peor, al Estado, a la voluntad interesada de una camarilla de ambiciosos de poder, escasa catadura moral y deficiente nivel intelectual. El resultado es un Parlamento, en mayoría, destruyendo la convivencia, la nación y el estado de derecho; legislando contra natura y amparando las vandálicas corruptelas de una oligarquía tan inepta, como insaciable. No es verdad que la soberanía reside en el pueblo, ni que la Nación es respetada en su configuración, forzosamente unitaria. Tampoco que nuestra forma de gobierno sea el de un régimen parlamentario, o que la Monarquía exija el respeto debido a la Jefatura del Estado, lo mismo que la Constitución.
Sin caer en el proselitismo acientífico, prefiero reconocer sin premura que los partidos políticos en España, ni gozaron de buena salud, ni vertebraron la nación, ni armonizaron los desequilibrios sociales, ni consiguieron u mayor bienestar económico a sus conciudadanos. Desde 1812 ya se va a parcializar el pueblo y a decidir sobre el nuevo estado entre liberales y serviles, configurando un parlamento de meras formulaciones retóricas, dado el bajo nivel cultural y cívico de las masas y la tendencia absolutista del monarca Fernando VII. Del magisterio de Andrés Borrego, pionero de la teoría general de los partidos, en su trilogía notable de obligada lectura: De la organización de los partidos en España (1854); Ensayos sobre los partidos políticos españoles (1884) y la Torre de Babel por obra común de los partidos políticos españoles (1890), encontramos, en todo el siglo XIX, el anhelado régimen representativo, tenido por infalible y benefactor, pero incapaz de conseguir nada de lo que universalmente proponía. ¿Cuál era la razón? Es también, hoy, la pregunta.
Creía Tocqueville que los partidos políticos, eran un mal inherente a los gobiernos libres. Para Borrego, y sigue vigente hoy, la opinión mayoritaria es que sólo se puede configurar mediante el voto y este ha de hacerse a través de su instrumento más determinante: el de pertenencia a un partido. Sin ellos, una anarquía espantosa dominaría el resultado final del sufragio universal. Para Borrego, los partidos son cuerpos morales y asociaciones libres, que nacen en la coincidencia de ideas, sentimientos e intereses, por lo que permiten apreciar la voluntad nacional. Su logro esencial consiste en la elaboración racional de la opinión pública. Su misión se aplica en ser candidatos permanentes o dueños eventuales del poder. Con este cuestionable argumento llevamos casi dos siglos sin advertir que, el eje del sistema constitucional de un Estado/Nación, no puede descansar en la institución artificial de los partidos políticos. Prescindir de ellos no es volver al absolutismo, ni a la anarquía.
A lo largo del siglo XIX y XX, se estudia el comportamiento de los partidos políticos (estasiología) desde distintos enfoques: desde el empirismo lo desarrolla Andrés Borrego; desde el dogmatismo lo analiza Gumersindo de Azcárate; desde el biologismo lo enfoca el Conde de Romanones, como si se trataran de seres vivos engendrados por la propia naturaleza; desde la oligarquización lo trata Joaquín Costa; hasta llegar al mejor representante, discípulo de Azcárate y de Giner de los Ríos, de la escuela krausista: Adolfo González Posada, quien llega a preguntarse ¿si no es legítimo y posible un régimen político eficaz, sin partidos políticos, pues de hecho ya existen…? El brillante finalizador de los distintos estudios que se han hecho sobre los partidos políticos, defensor del unipartidismo, fue Luis Legaz Lacambra, con su excepcional obra titulada: «Introducción a la teoría del estado nacional sindicalista». Todos ellos enfocaron el estudio de la estasiología o, como un mal necesario, o como un bien posible, pero ninguno como la forma más imperfecta y corruptora de representar la soberanía popular.
Tenemos una especie de superposición de dos Estados, uno legal, en torno a la Constitución e instituciones que luchan por preservar su independencia; otro, consuetudinario, de chantaje e imposición, de funcionamiento, en apariencia, anárquico, pero dirigido por el viejo totalitarismo comunista, ahora trasmutado en globalista. El Estado de los partidos, ya suplanta, en España, al Estado/Nación de ciudadanos libres e iguales, y resulta una amenaza real para la supervivencia histórica de España, su convivencia y futuro. La pregunta que ya pueden estar haciéndose nuestros conciudadanos, en busca de salida a esta crisis estructural e institucional del Estado demoliberal de partidos, es: ¿Qué hacer? con una forma de representación partidista que nos ha llevado a la ingobernabilidad, y coadyuvado activamente al desastre.
El estado liberal democrático, con la configuración totémica de gobierno del pueblo, para el pueblo y del pueblo, engendra una novedosa forma de representar sus intereses, legislar y decidir sobre la soberanía nacional, en base a la configuración de unos órganos que auspician, suplantan y luchan por permanecer entre los electores creando una opinión pública favorable. Estamos ante los partidos políticos, meros intermediarios de la voluntad popular, creados a principio del siglo IX, pero que hoy usurpan todas las libertades reales e interfieren en la organización política, económica, social y cultural de la sociedad civil. Si Rohmer enfatizó sobre la inseparabilidad del Estado demoliberal y el régimen de partidos, Borrego y quienes le continuaron en el estudio axiológico de la Estasiología, han tenido que reconocer el carácter falible e instrumental del sistema, su inadaptación a ciertas situaciones, y su incapacidad para vertebrar la sociedad en un objetivo común.
Al no existir una intrínseca bondad en el ser humano, en menor medida lo va a ser un Estado. De ahí no debemos extraer la culpa de los ciudadanos que no son buenos liberales; ni en las mayorías indoctas para saber elegir sus mejores gobernantes; tampoco en una élite docta, culta y pudiente que se desentiende de sus obligaciones con la sociedad. La culpa y el problema capital radica en unas instituciones fagocitadas por los partidos políticos, como oficinas de colocación, al servicio, con mansedumbre lanar, del poder partidista que les dirige, a veces, en sentido contrario al bien 
común o los intereses generales.
Como pieza institucional del Estado demoliberal, los partidos tensionan a la sociedad de manera permanente entre la derecha y la izquierda, con escisiones y coaliciones. No son una infalible panacea, sino el mayor condicionante de la eficacia de un sistema; basado en la libertad de elección, no en la capacidad de persuasión y en las encuestas. Dependiendo de la idiosincrasia de los pueblos y de la ideología de los partidos, pueden producir un daño mortal a la sociedad y a su nación, como hemos visto a lo largo de nuestra historia reciente.
El fracaso del régimen parlamentario y su acta de defunción se había establecido en España con el advenimiento y desarrollo de la II República. ¿Por qué? La respuesta dada resulta ingenua y escapista: el pueblo español no estaba maduro para la democracia; los partidos no eran más que meras facciones ideologizadas de unas oligarquías indisimulables en su afán de permanencia en el poder y de usufructuarlo en su beneficio. Pero a ese parcial diagnóstico le faltaba el rigor del análisis de los hechos, para adquirir categoría de razón y afirmar: no se trata solamente de una ocasional y patológica situación española; en todo el orbe democrático, donde los partidos conforman gobiernos y ocupan las instituciones naturales de la sociedad civil, se establece el mismo resultado lógico de validez universal.
Ni siquiera considerando a los partidos políticos como una pieza constitucional básica del Estado demoliberal, y no como una simple asociación de intereses e ideologías, puede escaparse del influjo corruptor del pluripartidismo, que impida llegar a plantearse una representación sin partidos y una democracia de votos censitario y directo.
La unidad política del Estado no puede configurarse desde el pluripartidismo disolvente de quienes niegan la facultad normativa del mismo Estado, su unidad territorial, histórica, lengua común y cultura. El dualismo existente entre el Estado y el Partido resulta vital sea resuelto en favor de lo permanente, el Estado/Nación, en detrimento de la accidental coyuntural de los partidos. Las altas finalidades políticas a las que ha de atenerse el Estado han de llevarnos a una limitación competencial de los partidos en aquellos aspectos que afecten a las esencias de la nación y bienestar del pueblo. El irreprimible recelo que cocitan los partidos en España, hace que vuelva a replantearse su utilidad, eficacia y suspensión. ¡Basta con presenciar los actuales debates, en sede parlamentaria, sobre leyes intrínsecamente inicuas!
Para AFAN
