El Gobierno indulta a corruptos y prevaricadores
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Desde hace varios años hay un creciente malestar respecto a la facultad gubernamental de indultar, pues supone un ataque en toda regla a la “independencia” judicial.
El Tribunal Supremo ya ha venido restringiendo esta facultad del gobierno, al exigir la necesaria “motivación” de la decisión correspondiente, y poder revisar, en sede judicial, la misma, lo que supone un control y una restricción del omnímodo poder del ejecutivo en esta materia.
También es cierto que el código penal vigente establece en su art. 4, 3, que el poder judicial podrá acudir al Gobierno “exponiendo lo conveniente sobre…la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.
Lo cierto es que los tribunales hacen muy escasa utilización de esta facultad, y que la mayoría de los indultos son concedidos por el poder político, y obedeciendo sabe Dios a que intereses, presiones y circunstancias.
La verdad es, y creo es público y notorio, que para que alguien reciba un indulto debe de ir debidamente “recomendado”, y que muchos son los llamamos –anualmente se registran miles de peticiones de indultos-, pero pocos los elegidos…
Consultados los datos recabados por la Fundación CIVIO, que hace una gran labor, digna de todo elogio, en su sección “El Indultómetro”, observo que durante el año 2017, el veinticinco por ciento de los indultos concedidos lo han sido por corrupción, incluyendo dentro de ella los delitos de prevaricación, que a su vez pueden ser de dos tipos: prevaricación administrativa (delitos cometidos por políticos y altos cargos, con facultad de dictar resoluciones), y judicial, que son los delitos cometidos por los jueces.
A pesar de ser delitos cometidos por personas que teóricamente deberían ser ejemplares, y que están al servicio público, lo cierto es que también han delinquido…, pero no pasa nada, que por algo son de los nuestros: se les indulta, para que puedan volver a sus puestos de trabajo, y, mucho nos tememos, que a las andadas.
En fin, para que seguir. Vivimos en un país que no consigue salir del medievo, donde los reyes hacían lo que les gana la gana. Ahora son los políticos en el poder, pero para el caso, es lo mismo.
Académico, jurista y escritor. https://www.ramirograumorancho.com
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Desde hace varios años hay un creciente malestar respecto a la facultad gubernamental de indultar, pues supone un ataque en toda regla a la “independencia” judicial.
El Tribunal Supremo ya ha venido restringiendo esta facultad del gobierno, al exigir la necesaria “motivación” de la decisión correspondiente, y poder revisar, en sede judicial, la misma, lo que supone un control y una restricción del omnímodo poder del ejecutivo en esta materia.
También es cierto que el código penal vigente establece en su art. 4, 3, que el poder judicial podrá acudir al Gobierno “exponiendo lo conveniente sobre…la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.
Lo cierto es que los tribunales hacen muy escasa utilización de esta facultad, y que la mayoría de los indultos son concedidos por el poder político, y obedeciendo sabe Dios a que intereses, presiones y circunstancias.
La verdad es, y creo es público y notorio, que para que alguien reciba un indulto debe de ir debidamente “recomendado”, y que muchos son los llamamos –anualmente se registran miles de peticiones de indultos-, pero pocos los elegidos…
Consultados los datos recabados por la Fundación CIVIO, que hace una gran labor, digna de todo elogio, en su sección “El Indultómetro”, observo que durante el año 2017, el veinticinco por ciento de los indultos concedidos lo han sido por corrupción, incluyendo dentro de ella los delitos de prevaricación, que a su vez pueden ser de dos tipos: prevaricación administrativa (delitos cometidos por políticos y altos cargos, con facultad de dictar resoluciones), y judicial, que son los delitos cometidos por los jueces.
A pesar de ser delitos cometidos por personas que teóricamente deberían ser ejemplares, y que están al servicio público, lo cierto es que también han delinquido…, pero no pasa nada, que por algo son de los nuestros: se les indulta, para que puedan volver a sus puestos de trabajo, y, mucho nos tememos, que a las andadas.
En fin, para que seguir. Vivimos en un país que no consigue salir del medievo, donde los reyes hacían lo que les gana la gana. Ahora son los políticos en el poder, pero para el caso, es lo mismo.
Académico, jurista y escritor. https://www.ramirograumorancho.com
Desde hace varios años hay un creciente malestar respecto a la facultad gubernamental de indultar, pues supone un ataque en toda regla a la “independencia” judicial.
El Tribunal Supremo ya ha venido restringiendo esta facultad del gobierno, al exigir la necesaria “motivación” de la decisión correspondiente, y poder revisar, en sede judicial, la misma, lo que supone un control y una restricción del omnímodo poder del ejecutivo en esta materia.
También es cierto que el código penal vigente establece en su art. 4, 3, que el poder judicial podrá acudir al Gobierno “exponiendo lo conveniente sobre…la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.
Lo cierto es que los tribunales hacen muy escasa utilización de esta facultad, y que la mayoría de los indultos son concedidos por el poder político, y obedeciendo sabe Dios a que intereses, presiones y circunstancias.
La verdad es, y creo es público y notorio, que para que alguien reciba un indulto debe de ir debidamente “recomendado”, y que muchos son los llamamos –anualmente se registran miles de peticiones de indultos-, pero pocos los elegidos…
Consultados los datos recabados por la Fundación CIVIO, que hace una gran labor, digna de todo elogio, en su sección “El Indultómetro”, observo que durante el año 2017, el veinticinco por ciento de los indultos concedidos lo han sido por corrupción, incluyendo dentro de ella los delitos de prevaricación, que a su vez pueden ser de dos tipos: prevaricación administrativa (delitos cometidos por políticos y altos cargos, con facultad de dictar resoluciones), y judicial, que son los delitos cometidos por los jueces.
A pesar de ser delitos cometidos por personas que teóricamente deberían ser ejemplares, y que están al servicio público, lo cierto es que también han delinquido…, pero no pasa nada, que por algo son de los nuestros: se les indulta, para que puedan volver a sus puestos de trabajo, y, mucho nos tememos, que a las andadas.
En fin, para que seguir. Vivimos en un país que no consigue salir del medievo, donde los reyes hacían lo que les gana la gana. Ahora son los políticos en el poder, pero para el caso, es lo mismo.
Académico, jurista y escritor. https://www.ramirograumorancho.com
UN GOBIERNO DE CORRUPTOS, en realidad UN RÉGIMEN TOTALITARIO-COMUNISTA SANCHISTA,
es «normal» que indulte a los corruptos… Al fin y al cabo, ¡SON DE LOS SUYOS!
Don Ramiro, y de un gobierno de corruptos, ¿qué esperaba…?
SON CONSECUENTES CON SUS «PRINCIPIOS».
Las leyes y normas se hacen con un fin y los politicos las utilizan para otro.
NO se pueden dejar resquicios en las leyes y normas para que metan la cuña esa banda de facinerosos llamados políticos.
En España, donde todo es o calvo o dos pelucas , debe haber una ley duras que manden a la cárcel a los políticos corruptos sin posibilidad de redencion de penas y mucho menos de indulto.
El indulto debe estar tan restringido que en la práctica no pueda efectuarse
Espero que el régimen totalitario sanchista acabe pronto en SOTO DE LA MONCLOA, encabezados -como siempre-, por PEDRO SÁNCHEZ.
Y que lo que quede del PSOE, las cenizas del partido, se recompongan…, si pueden.
LA FACULTAD GUBERNAMENTAL DE INDULTAR, DEBERÍA DESAPARECER.
Así se evitarían estos abusos y fraudes.
O, por lo menos, prohibir los indultos en casos de asesinatos, homicidios, delitos sexuales Y CORRUPCIÓN.
En términos generales, y salo casos muy excepcionales, por ejemplo errores judiciales, que se verifican después de dictada sentencia condenatoria, LOS INDULTOS DEBERÍAN DESAPARECER.
Vivimos, o queremos hacerlo, EN UN ESTADO DE DERECHO, CON SEPARACIÓN DE PODERES.
Y lo que decida el poder judicial, no debe poder anularlo el poder ejecutivo…
Los masones jamás dejarán que les dejen sin indultos. Es la suciedad de los favores.