El JEMAD debe actuar en defensa de España
El ambiente político, de este otoño de 2019, es muy preocupante y con evidente posibilidad de empeorar. En Cataluña el secesionismo imperante, se ve agudizado por las acciones rebeldes del gobierno y la asamblea de la Comunidad Autónoma con la complicidad vergonzante del gobierno central y el partido, que lo sustenta en funciones. No incluyo a los más altos tribunales, TS y TC, al ser estos apéndices del poder ejecutivo y por consiguiente sin poder de control sobre los otros dos poderes que configuran el Estado.
Con estas premisas, se vive en España una situación insurreccional puesto que la situación catalana corre el riesgo de extenderse por otras Comunidades. El gobierno que oscila entre la debilidad y el pánico ha optado por unirse a la situación predominante como si con ello se garantizara su permanencia en el Poder y la estabilidad política. El mantenimiento del orden público es la primera obligación de cualquier gobierno, sin él no puede preservarse el orden constitucional. Para restituirlo es necesario actuar y por esa pasividad es por lo que he tildado a Pedro Sánchez, como principal responsable, de cómplice de lo que se está padeciendo en Cataluña.
La mayor parte de españoles, la sala de lo penal del TS no, ven en lo acaecido desde 2017 una rebelión que permanece hoy y tiene vocación de perdurar mañana. Sánchez trata de convencer con su ministro y sus cadenas de televisión de tener todo controlado y del pacifismo de los incendiarios. Pero cuando él se traslada a Barcelona lleva su escolta, por si acaso, con armas de guerra. Eso sí, no le coge el teléfono a Torra, aunque sigue financiando su aventura.
Vista la situación de emergencia se hace urgente recuperar el orden constitucional, aunque no pueda contarse con el gobierno en funciones. Tenía la posibilidad de utilizar los mecanismos que la CE le ofrece el artículo 155 y que ya se empleó cobardemente por el gobierno anterior, con la sola finalidad de convocar elecciones, pero sin resolver la raíz del problema. También tenía el artículo 116 que contempla el estado de alarma, excepción y sitio. Este artículo combinado con el 155 o sin necesidad de él, hubieran bastado para resolver el problema de una manera política, son dos artículos de la CE para solventar situaciones ilegales y preservar la soberanía del pueblo español.
Pero como he señalado más arriba el gobierno, ni está ni se le espera. Sánchez intenta desviar la atención de los graves disturbios de Cataluña profanando, contra el Derecho Natural y los Derechos Humanos pero con la complicidad vicaria del TS, la tumba del general Franco. Calificar de “victoria de la democracia” la profanación de una tumba da idea de la catadura moral de este sujeto, que un día plagió su tesis y otro fue expulsado por sus colegas, al ser sorprendido introduciendo papeletas en una urna en el curso de unas elecciones internas en el PSOE.
Si el gobierno falla, como es el caso, no debemos permitir que la nación española desaparezca. Para evitarlo tenemos todavía un recurso constitucional que permite entablar la lucha desde la legalidad y también desde la legitimidad. Me estoy refiriendo al artículo 8º de la CE. “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Este artículo está en la parte dogmática de la CE, lo que significa que es un mandato directo de los constituyentes a las Fuerzas Armadas.
En Cataluña el ordenamiento constitucional está en peligro por la acción de rebeldía permanente de sus instituciones autonómicas. En caso de consolidarse, se produciría la segregación de una parte del territorio nacional. De las tres misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas, en este momento hay dos muy amenazadas en Cataluña.
La intervención militar, en este caso, sería una acción en defensa de la Constitución amenazada por un movimiento secesionista, activado por un tsunami terrorista y cuyo objetivo es acabar con la soberanía del pueblo español sobre la nación.
¿Quién toma la decisión? Muchos se equivocan al pensar que debe ser el Rey quien tome la iniciativa. Si así fuera, se saldría del mandato constitucional que solo le capacita para tomar decisiones referidas a la Casa real. Si lo hiciera, estaría dando un golpe de Estado pues estaría vulnerando la soberanía nacional, al excederse de sus atribuciones constitucionales. Es el JEMAD, como jefe ejecutivo de las Fuerzas Armadas, a quien le corresponde tomar la decisión restaurar el ordenamiento constitucional y una vez logrado solicitar al Jefe del Estado, la convocatoria de elecciones generales.
Para La Tribuna de España
Si los militares simplemente no se dejaran avasallar por los políticos y exigieran su puesto en la sociedad, (quiero decir que no hubiera militares de alta graduación serviles que para quedar bien con los políticos son los primeros en reprimir a sus propios compañeros sólo porque estos compañeros no son traidores y opinan desde la no traición a España) quizás no sería necesario muchos más para que los políticos tomaran nota que hay un límite y no se atrevieran a pasar esa línea. Pero claro eso no será posible mientras haya unos militares que firman un manifiesto a favor de Franco como militar, y haya otros militares a los que les falte tiempo para prestarse a abrir expedientes a estos últimos y para todo lo demás que quieran los políticos, o para cubrir los puestos de los cesados por esta causa.
Estimado seguidor: todo dicho, todo claro y más alto imposible. Saludos cordiales
La solución no puede venir de unas instituciones enfermas y traidoras, como no vino en 1808.
Son ellas parte importantísima del problema y, por lo tanto, objetivos a batir
Así de grave y triste.
Estimado seguidor: de acuerdo. Ya va siendo hora de que esas instituciones que viven ensimismadas, creídas de sí mismas, inhibidas de sus obligaciones por comodidad o cobardía, queden en evidencia ante los españoles que viven en el limbo. Saludos cordiales