El próximo 24 de Octubre tercer aniversario del día de la gran infamia
El 24 de octubre del año 2020, al cumplirse el primer aniversario de la profanación de la sepultura de Franco, El Español Digital publicó un artículo con el título de 24 DE OCTUBRE; DÍA DE LA GRAN INFAMIA (AQUÍ)
En el 2021, al cumplirse la segunda efeméride, volvió a recordarse la ignominia (AQUÍ) donde se hacía la conjetura de si la erupción del volcán de La Palma era un castigo divino por la vil canallada cometida. Y se apuntaba la posibilidad de que le siguieran nuevos castigos, como las Plagas de Egipto, hasta que el Gobierno de España no enmendara la profanación cometida restituyendo los restos mortales del Caudillo a su sepultura en el Valle de los Caídos de donde nunca debieron salir. Profanación cometida por un Gobierno infame y consentida, con inaudita inhibición, por unas Instituciones del Estado a las que por omisión alcanzaba -salpicaba- la inmundicia de la infamia cometida.
También se apuntaba en el segundo aniversario la posibilidad de que habiéndose cumplido ya dos plagas (el Covid en el 2020 y la erupción del volcán de La Palma en el 2021) llegara en el 2022 una tercera. La más letal y devastadora, en forma de uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis… la guerra. Que efectivamente ya cabalga en este tercer aniversario de la profanación de la tumba de Franco. Y si bien es cierto que aunque por ahora solamente esté teniendo lugar en el este de Europa, los efectos y consecuencias afectarán de lleno a España.
Finalmente decir que en el segundo aniversario, también se ponía de manifiesto que las cuatro Instituciones del Estado responsables de la profanación, por haberse inhibido en su obligación de evitarlo, habían sido La Iglesia, La Judicatura, el Ejército y la Corona, por lo que tras haberse hecho ya referencia a la Iglesia y al Ejército en el primer y segundo aniversario respectivamente, correspondería en este tercer aniversario de la profanación poner en la picota a la Judicatura. Dejando para el cuarto aniversario a la Corona… si es que hay lugar a ello, cabría decirse.
Y que cada uno interprete esto como mejor le cuadre. Bien porque con la defenestración del infame gobierno de Pedro Sánchez y la llegada al Poder de un nuevo Ejecutivo, se enmiende la vileza cometida y con ello finalice el castigo divino, o bien porque en el caso de ganar las próximas elecciones generales el Frente Popular (conjunción rojo-separatista en 1936 como ahora) cuando llegue el cuarto aniversario de la profanación el 24 de octubre del 2023, las Reales Personas hayan recibido ya un pasaje, gratis total, para Marsella. Vía Cartagena.
Y con ello Pedro Sánchez habrá hecho realidad su ensoñación de cada mañana. Cuando llega al éxtasis narcisista al mirarse al espejo y verse presidente de la tercera república española.
Cosa que no permita Dios… ni debemos permitir los españoles.
Esperemos que un nuevo Gobierno del Partido Popular, sostenido con la abrumadora e imprescindible fuerza política de VOX, o mejor aún, un Gobierno de VOX respaldado por el Partido Popular den la vuelta a muchas cosas. Deshaciendo entuertos y enmendando injusticias. Como la vileza cometida al profanar la sepultura de Franco. En definitiva, higienizando la política española, convertida en pocilga y patio de Monipodio.
Pero no adelantemos acontecimientos. Estamos en el tercer aniversario de la canallesca efeméride, y un año más las banderas de España deberán estar en posición invertida. Que no es señal de duelo, como la de media asta, sino testimonio de bochorno y vergüenza nacional. Y vamos a glosar, siquiera someramente, la ignominia que alcanza al Tribunal Supremo.
No es posible por razón de espacio analizar en detalle la responsabilidad del Alto Tribunal en la profanación del sepulcro de Franco. Quien quiera conocer los entresijos de la gran prevaricación cometida, puede leer un artículo del eminente jurista Guillermo Rocafort publicado en El Confidencial Digital de 12 de octubre del 2019 y reproducido en la página 41 de su libro EL FRAUDE DE LA MEMORIA HISTÓRICA (SND Editores 2022)
O también, si se quiere conocer en un análisis pormenorizado la aberración jurídica cometida al allanarse el Tribunal Supremo a los dictados de un Gobierno -en funciones para más INRI- pisoteando los más elementales fundamentos del Derecho, encontrará un análisis riguroso de la prevaricación cometida en el libro FRANCO: CRÓNICA DE LA LUCHA CONTRA LA PROFANACIÓN DE SU TUMBA (SND Editores)
Como ya se ha dicho, no es posible exponer en detalle las irregularidades cometidas en la profanación del sepulcro de Franco avaladas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Por ello nos limitaremos a reproducir unas consideraciones del citado libro, crónica de la lucha contra la profanación del sepulcro de Franco.
..Pocas veces he visto un ejemplo más claro de lo que puede ser una prevaricación judicial…
…La Sentencia Nº 1279/2019 de 30 de septiembre no sentará jurisprudencia, ni pasará a los anales de la historia judicial por su fundamentación jurídica…
…Por lo que pasará a la historia, pero triste, negra, inconfesable (es) actuando al dictado del poder político, como un tribunal popular, ajeno al rigor jurídico exigible Al dictarse una sentencia de “caso único”…
…Por razones inconfesables que imaginamos, ya sea por temor al “agit prop” mediático, ya sea por contentar a la izquierda revanchista, por prejuicios ideológicos de algunos magistrados o la cobardía de otros, ya sea por promociones políticas extrajudiciales, lo cierto es que los seis magistrados del Tribunal Supremo decidieron condenar a Franco a ser exhumado, sin posibilidad de inhumación donde deseara la familia…
…Merecen el demoledor reproche de cualquier jurista o ciudadano que todavía creyera en el estado de derecho. Han hecho señorías un daño infinito a la credibilidad de nuestros tribunales. Ni siquiera hubo un voto discrepante que salvara la dignidad moral y jurídica de la Sala. El pasteleo judicial tiene una originalidad conclusiva rayana a la prevaricación, consistente en que mientras señalan de manera pormenorizada que el Gobierno ha dictado todas las resoluciones sin apartarse de la legalidad en forma y fondo, reconoce que todas ellas tienen la singularidad de ser políticas Pocas veces he visto un ejemplo más claro de lo que puedes ser una prevaricación judicial…
…Finalmente decir que la resolución judicial, apartándose de su estricta función, cual es determinar si la exhumación es contraria a derecho o conforme a él, se permite decir que durante el Régimen de Franco no se respetó las división de poderes. Y lo manifiestan, precisamente, quienes son dirigidos por los partidos, ascienden por su confianza, y demuestran con esta sentencia su servilismo al poder…
Y podríamos añadir que solamente por esta última y acertada consideración, queda en evidencia el que la resolución judicial ha querido ser “políticamente muy correcta” y merecedora por ello de aprobación y recompensa profesional del Gobierno a los magistrados que la suscriben. Pero que pone de manifiesto la inaudita muestra de cinismo que contamina toda la sentencia.
Y una consideración final. Debemos tener en cuenta que el Tribunal Supremo, tan dado en demorar las sentencias durante años, en este caso ha resuelto los recursos presentados con la celeridad que le imponía el Gobierno. Refrendando la legalidad de la profanación de la tumba de Franco con la unanimidad ya apuntada. Declarando conforme a derecho, no solamente la profanación de los restos mortales de Franco (no otra cosa que profanación es 
la exhumación en contra de la voluntad de su familia y violando un recinto sagrado) sino el que también ha vulnerado su elemental derecho a la reinhumación en el lugar por ellos elegido. Permaneciendo actualmente los restos secuestrados por el Gobierno.
La resolución del Tribunal Supremo sobre la profanación del sepulcro de Franco es la gota que colma el vaso de la injusticia de la España Constitucional. Puede decirse que con ello el Estado Social y Democrático de Derecho, que se proclama nada menos que en el artículo 1 del título preliminar de la Constitución de 1978 resulta ser una milonga.
Una aberración legal por la que el Estado de Derecho, queda travestido en Estado de Deshecho.
Y en este tercer aniversario de la profanación de la sepultura de Franco, es justo y necesario que los magistrados que hicieron posible la ignominia salgan del anonimato de sus firmas y que el pueblo también les pueda juzgar:
- Jorge Rodríguez Zapata Pérez
- Segundo Menéndez Pérez
- Pablo Lucas Murillo de la Cueva
- Celsa Pico Lorenzo
- María del Pilar Teso Gamella
- José Luís Requero Ibáñez
… y estas son sus fotos.
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Dios, y la historia de España, les harán justicia.
Aporto dos videos necesarios para completar el excelente artículo.
https://www.periodistadigital.com/periodismo/20200121/alberto-barcena-hubo-ritual-masonico-valle-caidos-durante-profanacion-tumba-franco-video-689404245647/
https://youtu.be/pEAdZFc7bp4
Saludos cordiales
Muchas gracias Odal por su opinión y por aportar unos vídeos que tal vez algún lector no conociera.
Un cordial saludo.
El régimen no supo o no quiso, copiar los contrapoderes, como en USA, y es la impunidad, de la partidocracia lo que hay.
EEUU no es menos corrupto que España, sino más, allí el aceptar sobornos los congresistas está a la orden del día, y además no es un problema de contrapoderes, porque si los que están al mando de los contrapoderes son también unos corruptos. como pasa con el Var en el futbol, estamos en las mimas.
Su vecino no precisa echar la llave de su casa porque usted le fuera a robar, porque con llave o sin llave a usted no se le ocurriría colarse en la casa de su vecino y robarle.
El problema es la falta de integridad de las personas que ocupan los cargos públicos. empezando por la Jefatura del Estado y terminando por todos los demás.
En este tema tienen mucha culpa los sectarios que cometieron esta infamia pero tanta o más culpa tienen los que no siendo sectarios, guardaron silencio y no alzaron la voz para desautorizar tamaño desafuero. Y en este tema hay que meter al clero, a la Jefatura del Estado, o a los mandos militares y policiales, etc. etc, y por supuesto a los medios de comunicación que son instrumentos de control social y de manipulación.
Los que vitorean al Rey en los desfiles tienen tanta culpa o más que los que votan a Podemos y al PSOE.
Cuando la cabeza del pescado está podrida todo el pescado está podrido, y España tiene todas sus instituciones podridas, todas sin excepción, porque se ha perdido la integridad como cualidad de las personas que la integran, y se ha perdido porque el que mostraba integridad no llegaba a esos puestos, como les ha pasado a tantos militares, a los que se les ha negado el Generalato en unos casos o el pasar de Comandante en otros. Y en la Judicatura, en la Función Pública y hasta en la Iglesia ha pasado lo mismo.
Cuando tú te rodeas de traidores, como hizo el Rey durante la Transición, porque tu mismo eres el principal traidor, al final te rodeas de lo peor, que es lo que ha pasado en España, y al rodearte de lo peor prostituyes el Estado y el aparato estatal en todo su ser. Que es lo que ha pasado en España. Mientras esto no se diga alto y claro no desatascamos la situación.
Me parece apropiado que consigne régimen con minúsculas. Es lo que corresponde a un sistema político surgido del perjurio y la traición al Régimen que le precedió.
Gracias por su comentario.
Muy buen artículo, insuperable en lo moral, y en el análisis de los cooperadores necesarios para esta infamia:
– La Iglesia,
– La Judicatura,
– el Ejército
– y la Corona,
aunque a estos 4 quizás habría que añadir a un quinto, los medios de comunicación que se han convertido en medios de desinformación y manipulación, antítesis del derecho a comunicar y recibir INFORMACIÓN VERAZ que establece el art. 20 Constitución Española sobre el Derecho fundamental a la información:
Artículo 20, 1º d) de la Constitución Española:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
De los 4 colectivos señalados: La Iglesia, La Judicatura, el Ejército y la Corona, por lo que son (o deberían ser) y por lo que representan, el haberse prestado a pasarse al enemigo del Orden Moral, y colaborar con la infamia les hace merecedores del mayor de los reproches. Violar niños, por poner un ejemplo, es malo lo haga quien lo haga pero que lo cometa, el catequista, el monitor de campamentos, el policía o el tutor judicial es mucho peor, porque a ellos se les exige un plus, y para cometer este hecho y delinquir han de recorrer un mayor camino de perversión y de degeneración que si el delito lo comete un sujeto corriente o un delincuente común que ya está metido en el barro.
Esto sitúa a estas instituciones y Poderes del Estado en unos niveles de corrupción y de , miseria moral nunca antes vistos ni en los peores momentos de la Historia de España, lo que teniendo en cuenta la carga moral y de ejemplaridad que debería poseer y observar por ser intrínseca a los mismos, los sitúa y los retrata como que no se puede caer más bajo, por mucho que quieran aparentar una categoría mortal o social, según se trate, que en realidad están en el extremo opuesto de poseer.
Centrándonos en la Judicatura, de todos los Poderes del Estado el Poder Judicial es el más culpable de todo por lo que está pasando en España, porque en su mano está corregirlo, porque él es el que garantiza el Estado de Derecho y en su mano está que prevalezca, de manera que precisamente es su inacción y el incumplimiento de los arts. 106, 1º (control de legalidad de los actos del ejecutivo) y 117, 1º CE (administración de Justicia de forma independiente sometidos exclusivamente al Imperio de la Ley) del que hace posible que la arbitrariedad, la iniquidad y la desviación de poder, el abuso de derecho, el fraude de Ley y la injusticia se hayan adueñado de la realidad jurídica en España.
Si ahora viniera un 18 de julio dentro de 70 dirían que este 18 de julio se habría levantado contra «la legalidad» actual, lo cual no puede ser más falso por cuánto ¿dónde está la legalidad? si lo que caracteriza estos tiempos en general y el caso de la profanación de la tumba de Franco en particular, es precisamente la inexistencia de todo resquicio de legalidad.
Una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, (lo cual era, por otra parte, una obviedad), cuando el Tribunal Supremo hacía honor a su nombre, decía que las actuaciones ilegales no podían contar con el apoyo de los Tribunales de Justicia, y la inversión de esta máxima es lo que ha pasado en este caso.
Se ha perdido en España el concepto básico de RECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que ha sido sustituido con todo descaro y sin taparse lo más mínimo por el principio de MAMONEO JUDICIAL, que es lo que actualmente impera.
El art. 117, 1º CE establece que «la Justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente (es decir, EXCLUSIVAMENTE) al imperio de la ley». Pero con tristeza vemos que primero se erigen en jueces grupos de poder, que no están integrados en el Poder Judicial, que dominan los medios de comunicación y que son los que con carácter previo al proceso judicial ya deciden cuál es el resultado de éste, y luego lo que menos vale es el imperio de la Ley que se excepciona con total impunidad por los propios jueces y Tribunales, que son los primeros en no sentirse vinculados por la Constitución y las Leyes.
Luego está la miseria moral de sus integrantes, ves el perfil de toda esta gente: la ex Vicepresidenta Fernández de la Vega como Presidenta del Consejo de Estado, el Ministro -Marlaska, la Ministra de Justicia, la actual o el anterior veraneando en la playa con Manuel Chaves recién condenado por el escándalo de los ERE de Andalucía, o estas personas responsables de la sentencia que dió carta blanca para el atropello masónico del cadáver de Franco. Uno los revisa uno a uno, y son de una mediocridad y de una basura tanto intelectual como jurídica que da que pensar en qué consiste en España la carrera judicial y fiscal. Para qué hablar la carta que circula por ahí fechada el 28/octubre/1996, donde supuestamente un famoso Magistrado antes del TS hoy del Tribunal Constitucional responde a Felipe González que acepta el soborno pero que prepare 2 cantidades iguales a la suya más, para otros dos magistrados que se van a prestar al mamoneo. Y no hay ninguna consecuencia, ni siquiera abrir unas diligencias previas de investigación para ver qué hay de verdad en esto. Pero claro quién va a abrir nada si lo difícil es encontrar a alguien que no esté manchado.
España esta institucionalmente tan podrida porque los Tribunales que son lo que deberían velar por la legalidad, art. 106, 1º CE: «Los Tribunales de Justicia controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican», han desertado en términos generales de esta función constitucional.
Qué se puede esperar de unos Magistrados que desde la reforma procesal de 2015 con entrada en vigor en 2016, se han cargado el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y que ahora se dedican no a resolver recursos sino a inadmitirlos, no alguno sino prácticamente todos, el 98% de los recurso de Casación se inadmiten, y se inadmiten con condena en costas que se convierte en una sanción (porque la cuantía es siempre la misma: 1000 € si el Representante Procesal de la Administración no se opone o 2000 € si lo hace, aunque la oposición sea un churro, escrita en una carilla siempre la misma, grabada en el ordenador de modo genérico para que valga para todos los casos), y que se convierte en un enriquecimiento injusto, es decir en un lucro con que la Administración de que se trate se ve premiada por la ilegalidad cometida, es decir por la violación de Derechos Fundamentales o por la infracción de preceptos constitucionales.
La Constitución como norma jurídica (art. 5, 1º LOPJ) tiene desde hace años ya tan ningún valor, ni siquiera en sede judicial (y luego hablan de la «legalidad» como la famosa «legalidad republicana» que consistía en ir a las tres de la mañana al domicilio de Calvo Sotelo, Jefe de la oposición parlamentaria y no obstante gozar de inmunidad por su condición de Diputado a Cortes, sacarlo de la cama prevaliéndose de agentes y oficiales del Gobierno, y pegarle dos tiros en la nuca al arrancar el coche, esta es la famosa «legalidad republicana», esta y que los falangistas se vieran obligados a vender sus periódicos ellos mismos por la calle, que a más de uno como Matías Montero le costó la vida, porque los quioscos de prensa habían sido amenazados que como se vendieran en ellos la presan de Falange les pegaban fuego a los quioscos con el dueño dentro o les asesinaban a sus familias, que también en esto consistió «la legalidad republicana», aunque de esto no se hagan películas, o las que se hagan sea para falsificar lo ocurrido) , que a pesar de que el art. 5, 4º LOPJ dice que la infracción de precepto constitucional es suficiente para fundamentar un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo (previo agotar los recursos que le preceden) y sin embargo formulas recurso de Casación invocando no la infracción de un precepto constitucional sino de 20 ó 30 preceptos constitucionales a la vez, y aún así el recurso es inadmitido porque la Constitución carece de validez salvo cuando conviene por alguna razón de carácter político.
Como está la Justicia solo hay que ver cómo se ha actuado en el caso Blanquerna y cómo se ha actuado con la violencia del proceso golpista separatista de Cataluña.
Hace apenas unas semanas la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional notificaba al Letrado del Brigada de la Guardia civil de Cádiz que había visto anulado su ascenso en 2017 (por el simple hecho de que tenía pendiente una denuncia de Podemos/AUGC por unos supuestos tuits calificados de «franquistas», denuncia tan absurda y tan sin ningún fundamento que no pudo prosperar y que no tuvieron argumentos ni para apelar ante la Audiencia Provincial, ni el Fiscal del odio que había pedido más pena que la Letrada de Podemos/AUGC ni la propia acusación particular), la tasación de Costas que formulaba la Abogacía del Estado, con un retraso de 4 años.
El Letrado del Brigada comunicó a la Sala C-A de la Audiencia Nacional que el caso había sido admitido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (lo cual es cuasimilagroso, porque el Tribunal no puede dar abasto a las millones de demandas que le entran cada año, y la inmensa mayoría se inadmiten), adjuntaba la Providencia de admisión para acreditarlo, y solicitaba la suspensión de la reclamación de las costas, hasta ver qué sentencia dictaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una vez admitida la demanda las posibilidades de estimación de la misma son muy superiores a las de su posible desestimación (la admisión viene precedida por un estudio delos Abogados Generales del Tribunal que estudian los casos con carácter previo). Hay que decir que las costas de la Abogacía del Estado no son para el Abogado del Estado sino para la Hacienda Pública (es decir para pagarle los lujos al Ministro de Consumo o a la Secretaria de Estado la hija tonta de Westrynge, entre otros destinos) , y que la suspensión no supone ningún perjuicio, ya que se suspendería también el plazo de prescripción, de modo que si el Tribunal Europeo luego no estimara la demanda, se podrían exigir tales costas.
La Secretaria de la Sala de la Audiencia Nacional, dio traslado de la solicitud al Abogado del Estado para que pudiera alegar al respecto, y el Abogado del Estado alegó que no se accediera a la suspensión por 3 motivos:
1. Porque no había causa legal para acceder a la suspensión
2. Porque el documento que se aportaba (la Providencia del TEDH) carecía de fehaciencia suficiente porque era una comunicación firmada de la Secretaria del Tribunal.
3. Y sobre todo decía el Abogado del Estado que carecía de fehaciencia, señalando que es lo más importante, porque no constaba que dicho documento se refiriera a este procedimiento.
A la vista de tales alegaciones la Secretaria de la Sala C-A de la Audiencia Nacional negó sin más trámite la suspensión del proceso de tasación de costas solicitada.
El Letrado presentó escrito mostrando su asombro de que la Secretaria judicial (Letrada de la Administración de Justicia) hubiera aceptado como válida tales alegaciones de la Abogacía del Estado cuando eran un puro fraude:
1.- que no se podía aceptar que no hubiera causa legal para acceder a la suspensión, cuando si es que le parecía poca causa legal Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( 4 de noviembre de 1950) suscrito por España y en que se fundamentan las posibilidades de Recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no era causa legal? El art- 96 CE, y lo que decida un Tribunal de Justicia situado a un nivel superior en la protección de los Derechos Fundamentales, como está reconocido internacionalmente y suscrito por España.
2.- Que cómo podía aceptar ella como válido que el Abogado del Estado le restara fehaciencia a la providencia o comunicación del Tribunal Europeo por estar firmada por la Secretaria del Tribunal cuando ella, como Secretaria de la Audiencia Nacional, sabía perfectamente por formar parte de sus propias funciones y competencias, que precisamente el Secretario de un Órgano judicial es el máximo fedatario público del mismo (art. 453, 1º LOPJ).
3.- Y en tercer lugar , qué control de legalidad (art. 106, 1º CE) hacía esa Sala o Secretaría aceptando el argumento de poner en duda que la Providencia aportada se refiriera a este caso y no a otro distinto, en lugar de recriminar al Abogado del Estado por tal afirmación, teniendo en cuenta que el representante procesal del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la Abogacía del Estado, y por tanto si ese documento pertenecía o no a este procedimiento no se podía poner en duda por cuanto a la Abogacía del Estado le constaba si pertenecía o no por estar personada y ser parte en dicho procedimiento.
A la vista de la decisión absurda de la Sala de aceptar las alegaciones manifiestamente ilegales de la Abogacía del Estado, y con la experiencia de las injusticias que ya se cometieron durante el proceso en 2019, (la principal que la sentencia fue desestimatoria porque se negó a resolver la parte más importante del recurso que era la violación de Derechos Fundamentales y los 10 motivos de nulidad de pleno Derecho, cuando el art. 67, 1º LRJC-A obliga a que la sentencia resuelva las cuestiones que plantea el recurso. Y la condena en costas fue ilegal porque para que haya condena en costas tiene que haber una desestimación total del recurso, y no hay desestimación total si la parte más importante del mismo (los motivos de nulidad de pleno Derecho y la violación de Derechos Fundamentales) se niega la sentencia a resolver), el Letrado manifestó que a la vista de lo que había decidido sobre la suspensión dando por buenas unas alegaciones de la Abogacía del Estado que eran un puro fraude, ese órgano judicial no ofrecía garantías de legalidad y por tanto que no iba a impugnar los 1500 € de costas que había solicitado la Abogacía del Estado.
A la vista de tal escrito, la Secretaria dió traslado a la Abogacía del Estado para que pudiera oponerse. La Abogacía del Estado respondió guardando silencio sobre las acusaciones contra sus argumentos vertidas, porque era la pura verdad lo que había manifestado el Letrado del Brigada, limitándose a decir que como el Letrado había manifestado su intención de no recurrir las costas, que se procediera a ser aprobadas y a cobrárselas.
A la vista de tales alegaciones de la Abogacía del Estado que había sido incapaz de rebatir las acusaciones sobre la ilegalidad y mala fe procesal de sus alegaciones, y no no las rebatió, la Secretaría dicto Diligencia de Ordenación y Decreto. ¿Y que decidió una vez las alegaciones de la Abogacía del Estado quedó probado que eran un fraude?
La Secretaria confirmó la negativa a suspender, y dió aprobó los 1500 € costas solicitados por la Abogacía del Estado, posiblemente, no lo sabemos, como represalia por la admisión de la demanda ante el Tribunal Europeo, ello explicaría que las reclamen ahora.
Este es el nivel «jurídico» y Moral de los Tribunales de Justicia hoy en día. Un pais que no tiene Justicia es un Estado fallido. España es un Estado fallido.
En la otra punta el Capitán Auditor en el proceso de Burgos contra los terroristas de ETA D. Antonio Troncoso de Castro , que sufrió un intento de soborno por parte del Ministro de Información y Turismo Sánchez Bella, ofreciéndole a través de persona interpuesta un puestazo en el Banco Hipotecario (o en el de Crédito Agrícola) a cambio de que no pidiera penas de muerte para los asesinos del Comisario del Cuerpo General de la Policia de San Sebastian, un Guardia civil de tráfico y un taxista (escribo de memoria y no recuerdo más que el nombre del Comisario). La oferta suponía pasar de cobrar 16.000 pesetas al mes de su sueldo como Capitán auditor a 200.000 pesetas, sin embargo el Capitán D. Antonio Troncoso de Castro dando una lección de integridad, no solo no sucumbió al intento de soborno, sino que además tuvo la entereza de denunciarlo, y se abrieron actuaciones contra los sobornantes, otra cosa es que el régimen ya corrompido y corroído de traidores no culminara el procesamiento de los acusados.
Esto es lo que le hace falta a España, personas con la integridad de dicho Capitán ante quien me descubro por su honestidad y sentido de la Justicia. Pidió 9 penas de muerte de entre los 16 acusados. Todas las penas de muerte fueron después conmutadas. El Ministro Sánchez Bella si bien fue cesado como Ministro fue nombrado tras el asesinato de Carrero Blanco Presidente del Banco Hipotecarío hasta finales de 1977.
Muy buen artículo, enhorabuena al autor y al Español Digital por publicarlo.
Muchísimas gracias Kevlar por su comentario, en el que hace aportaciones esenciales en las resumidamente quiero incidir.
Efectivamente, me ha faltado incluir a los MCS (el quinto poder) que en realidad es el primero -y casi único y verdadero- por el temor reverencial que le tienen los otros. Los cinco mediatizados por “las fuerzas oscuras de la rosa y el mandil”
En cuanto a la segunda parte de su comentario, sirve para corroborar la corrupción de la Justicia.
Porque con la sucesión de prevaricaciones que narra, hasta un profano en derecho llega a esa conclusión.
Yo como militar profesional y Vd. profesional del derecho, lamentamos el tener que opinar así del Ejército y de la Justicia. Pero nuestra dignidad personal nos impide ocultar la verdad.
Un cordial saludo y reitero mi agradecimiento por el comentario.
Brillante artículo, que suscribo totalmente, mi Coronel.
Es triste decirlo, pero no se movió ni un mando del Ejército, la Guardia Civil, etc.
Los actuales componentes de «nuestras» Fuerzas Armadas, ¿realmente están al servicio de España, o son UNOS SIMPLES MERCENARIOS A SUELDO…?
Gracias Ramiro.
Si es triste para usted, figúrese para mi.
Me consta que para muchos compañeros la profanación del sepulcro de Franco fue un sapo difícil de tragar, que no obstante tragaron en silencio. Unos por acomodaticios -no soy capaz de poner cobardía- pero otros lo hicieron por un desviado sentido de la disciplina.
Y digo desviado porque la disciplina -la obediencia- al enemigo se llama traición.
Yo tengo la conciencia tranquila, por al haber advertido al Mando lo que era y lo que supondría la Ley de La Memoria Histórica” (en la que se apoyó la profanación) fui arrestado y cesado en el destino. Vetándome para ocupar cualquier otro hasta pasar a la situación de retirado. Con lo cual “de facto” se me expulsó del Ejército.
Un cordial saludo.
Yo, ya les juzgué desde ese nefasto día: ¡¡Que no encuentren reposo alguno cuando dejen de existir!!!!
Que Dios se lo demande… y que la historia de España los inscriba en su lista de felones y traidores.
Un cordial saludo y gracias por el comentario.
El pueblo español, al que tanto quería Franco, también es cómplice.
Completamente de acuerdo Antonio.
Pero no olvide que a Nuestro Señor Jesucristo lo recibieron con palmas el Domingo de Ramos y el jueves lo crucificaron.
Ese mismo pueblo, inducido por escribas y fariseos, por el Sanedrín, clamaba ¡¡¡crucifícalo!!!
Y la cobardía de Pilatos lo hizo posible.
Exactamente igual que ha sucedido con Franco.
Nihil novo sin sole.
Un cordial saludo,
Nihil novo sub sole
Se habla en estos libros que se citan en este artículo, de «prevaricación», sin embargo es mucho más y mucho peor que la «mera» prevaricación, porque la sola prevaricación se predica cuando es un tema sin mayor trascendencia social y política, pero cuando de lo que se trata es de prostituir el sistema político y la la Justicia y de cargarse el Estado de Derecho desde la raíz, la cuestión va más allá de la mera prevaricación de dictar una Resolución Judicial injusta a sabiendas de su injusticia, sino que dada la trascendencia y la profundidad de la prevaricación , y sus largos tentáculos que todo lo abarcan, hay que hablar directamente de golpe de Estado , de quiebra de las instituciones, de prostitución de todo el sistema político y de convivencia social, hay que hablar de delitos de «Lesa Patria» , de crímenes contra la Nación Española, y además con todas las agravantes de disfraz (porque se disfraza el delito mediante falsas apariencias), de prevalencia de cargo público, de la indefensión en que son situadas las víctimas , de uso de armas porque las Fuerzas de Orden Público y las FFAA han dejado de cumplir la misión de ser garantes del Orden y la Ley en el buen sentido de los términos , para ser lo que son hoy, una cuadrilla de seguratas de discoteca y de gente armada, a las órdenes de los imperantes y su séquito, sin ninguna referencia moral o de legalidad con el Derecho Natural y de Gentes.
Uno de los mayores defectos que le observo a VOX es cómo permanece impasible e indiferente ante la destrucción del Estado de Derecho por parte de los jueces, blanqueando permanentemente al Poder Judicial y le muestran vasallaje y pleitesía cuando ellos, en su condición de parlamentarios, gozan de un plus de libertad de expresión de la que no gozan los ciudadanos corrientes para poder hablar, y deberían ser ellos, en cuanto representantes públicos, los que lideraran y encabezaran la lucha contra la corrupción judicial y la prostitución de la Justicia, y sin embargo lo que vemos es justo lo contrario, hacerle la pelota a los jueces y poniéndose ellos también de perfil, como el PP, en la profanación de la tumba de Franco y del Franquismo, y en tantísimos otros temas relacionados con los mismos.
Desde los policías rojos que pusieron en el domicilio de José Antonio Primo de Rivera la pistola que sirvió de pretexto para acusarlo falsamente de tenencia ilícita de armas (en una época que los revólveres se vendían en las ferreterías, y que los grupos de izquierdas iban armados hasta los dientes sin ninguna consecuencia para ellos dada la degradación de la hipócritamente llamada «legalidad republicana»), y desde el Juez miserable que luego lo condenó a muerte siguiendo las instrucciones del criminal de guerra Francisco Largo Caballero, hasta la actualidad, una constantes de los enemigos de España es la impunidad de la que han gozado en todas las épocas, y cómo todos sus crímenes y todos sus delitos les han salido gratis total, con escasísimas excepciones como la de Companys y poco más, recordemos si no a los asesinos de Carrero Blanco a los que los soltaron sin juzgarlos siquiera pasa así que se beneficiara<n de la amnistía dada por el Rey Juan Carlos y por Adolfo Suárez, nefastos sujetos que a su lado Carlos IV y Fernando VII mejoran bastante.
Creo que una aspiración del Estado Nacional que está por venir es el de la Justicia como ideal ético y jurídico, y el de dar a cada uno lo suyo, y esto no solo incluye a canallas como Bono, Zapatero y el actual Presidente del Gobierno que están poniendo ricos a sus amos, askenazíes o no, firmándoles desde sus respectivos gobiernos deuda y más deuda financiera que los enriquezca aún más y cuyos intereses será luego imposible de pagar para las generaciones de españoles, endeudando a España de por vida en favor de sus codiciosos amos que han hecho del dinero y del poder para el Mal su máxima aspiración, sino que ha de incluir forzosamente a los que han contribuido por acción o por dejación a la prostitución de España, a la indefensión y empobrecimiento de los españoles, y a la destrucción del Estado de Derecho.
Si venderse a los intereses extranjeros de Marruecos, Gran Bretaña o los EEUU, valga la redundancia, ha servido desde 1975 para ser ascendido a General, o si negar la tutela judicial efectiva y mancillar el principio de Recta Administración de Justicia ha servido a otros para llegar a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, aparentando con sus togas y con sus collares una dignidad de la que carecen por completo, porque son, en términos evangélicos, sepulcros blanqueados, el Estado Nacional que está por venir, -y echamos de menos que VOX en este tema guarde silencio en lugar de anticiparlo si de verdad quiere hacer honor a su imagen de regeneración-, ha de revertir esta situación, y lo que en estos tiempos ser un corrupto es mérito, en los tiempos que están por venir, debe determinar la pérdida total del patrimonio y la pérdida de la nacionalidad española, como parte de las penas que deben corresponder por los delitos de "Lesa Patria". Entiendo que esta aspiración es fundamental si de verdad creemos en la Justicia como ideal.
Ciertamente, don Lorenzo, tiene usted toda la razón. El pueblo está idolatrado por aquellos que saben lo fácil que
es manipularlo pues, digan lo que digan, el pueblo no es, ni mucho menos, sabio. Los Evangelios, con lo cual se intuye
su veracidad, muestran claramente lo que los malvados hacen con las masas. Ayer y hoy son lo mismo. Reciba un
cordial saludo.
Gracias Antonio.
Efectivamente el ¡¡¡crucifícalo!!! Fue inducido por los sepulcros blanqueados, que hoy, con los medios que tienen a su disposición, tienen mucha más capacidad de manipular a los pueblos que sus ancestros, aquellos escribas y fariseos.
Un cordial saludo.