«El virus socialista de Ábalos. Chanchullos del dinero público», Grau Morancho
Nuestro colaborador don Ramiro Grau Morancho, acaba de publicar un nuevo libro, titulado “El virus socialista de Ábalos”, con el subtítulo de “Chanchullos del dinero público”, a la venta en exclusiva por Amazon.
El libro es de dimensión reducida, 59 páginas, pero de denso contenido, dónde informa, con todo lujo de detalles, todos los chanchullos realizados para comprar trece millones de mascarillas, a precios sobre elevados, por parte del señor Ábalos, con la colaboración de dos de sus subordinados, los presidentes de las empresas públicas Puertos del Estado, S. A., y ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ambos nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta suya, y por lo tanto coautores o cooperadores necesarios de los delitos que se denuncian, públicamente.
Pero el autor no solamente expone ante la opinión pública esta actuación, claramente irregular, y prevaricadora del todavía ministro, sino que pone los puntos sobre las íes, y denuncia ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo la actuación de Ábalos, dada su condición de aforado como Ministro del Reino de España.
Confiamos y esperamos que la fiscalía tome esta denuncia con profesionalidad, objetividad e imparcialidad –creo que el “fiscal” Navajas se jubila en breve, a Dios gracias-, y abra la investigación correspondiente.
La fiscalía, como muy bien dice el autor en la contraportada, no solo está para perseguir a los robagallinas (y para defender al gobierno de turno, añado yo), pues “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…” (art. 124, 1, de la Constitución vigente).
Aunque el asunto en sí es complejo, pues hay que “navegar” por la normativa reguladora del estado de alarma, del derecho administrativo, contratación pública, etc., lo cierto es que el autor lo explica con claridad meridiana, y es fácilmente comprensible para cualquier persona ajena al mundo del Derecho.
En definitiva, una nueva obra de nuestro colaborador, don Ramiro Grau Morancho, que nos animamos a recomendar a nuestros lectores, deseándoles los mayores éxitos.
El libro está a la venta, exclusivamente, en Amazon (AQUÍ), al precio de nueve euros.
Me parece un libro muy necesario, pues alguien tenía que contar la verdad…
Ahora bien, dudo mucho de que la querella o denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda prosperar.
En España hay una especie de «tradición» consistente en que los jueces no se meten contra los políticos,s pienso que a cambio de qu elos políticos actúen a la recíproca.
Y, por si fuera poco, Lola, la de Garzón y Cartagena de Indias, LA FISCALA GENERALA DEL DESGOBIERNO que sufrimos está ahí puesta para lo que todos sabemos: tapar la mierda de la PSOE.
El único problema es que la mierda ya está saliendo de las ancantarillas, y «navega» por la superficie, y va a ser muy difícil poder taparla toda…
D. Carlos lo que usted dice, desgraciadamente, en muy cierto, pero precisamente por eso, todo proyecto político de regeneración de España tiene que pasar por corregir el estado actual de ausencia de verdadera Justicia, e inhabilitar a todos aquellos jueces y fiscales que no hayan hecho honor al mandato del art. 117, 1º CE (Constitución Española): «Poder judicial integrado por Jueces y Magistrados independientes, sometidos EXCLUSIVAMENTE al imperio de la Ley».
No puede ser que un país que no esté regido por malhechores pueda tener una Fiscal General del Estado relacionada (aunque sea maritalmente) presuntamente con el narcotráfico sudamericano que es la meca del narcotráfico.
No puede ser que los alijos de droga se pierdan de los depósitos judiciales o policiales como se han perdido algunos.
No puede ser que en España se desarrolle una «Justicia de autor» que resuelve en un sentido o en el contrario dependiendo del color político del imputado o del interesado (según estemos en un procedimiento penal o contencioso-administrativo, respectivamente), y entonces a la Familia Franco ni agua, y a Monedero, Pablo Iglesias y Echenique lo que haga falta.
No puede ser que todo un Fiscal del TS se niegue tramitar todas las denuncias contra el Gobierno, todas ellas sin excepción, sin realizar antes la más mínima instrucción que permitiera decidir con un mayor conocimiento de causa, como ha hecho con todo descaro el Fiscal Navajas a sabiendas de la impunidad de la que gozan, y que se saben que ellos están por encima de la Ley (lo cual es incompatible con el concepto de «Estado de Derecho»).
No puede ser que todos hemos visto la actuación del Sr. Trapero y haya quedado absuelto solo porque es separatista o porque es lo que ahora le conviene al Gobierno o por el motivo que sea.
No puede ser que un delito de Rebelión y un golpe de Estado cometido en directo por televisión reciba otra calificación y penas que son un insulto y además con el descaro de que en menos de dos años han quedado todos en la calle y haciendo además apología de su actuación.
No puede ser que ni uno solo de los grandes delitos o procesos judiciales que se han llevado a cabo en España, NI UNO SOLO, se haya esclarecido y resuelto como hubiera sido lo procedente con arreglo a la Ley:
– Juicio de la colza
– Juicio por la expropiación de Rumasa.
– 23 F
– Asalto al Banco Central de Barcelona
– Asesinato ritual de la niñas de Alcásser
– Atentado del 11M
– Caso Faisan
– Juicio de la Infanta
– Golpe de Estado de Cataluña de octubre 2017
– Dejar de investigar el posible asesinato del Fiscal General del Estado Sr. Maza y del Fiscal del TSJ de Cataluña sr. Romero de Tejada, muertos con dos semanas de diferencia en extrañísimas circunstancias
– 11 años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley del Aborto.
– «Constitucionalidad» del Estatuto de Cataluña o de la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas Zapatero/Rajoy, «constitucionalidad» de la Ley de violencia de género, etc.
– Archivo dela querella contra Zapatero
– Profanación de la tumba de Franco
– Archivo caso Desly Rodriguez y maletas aeropuerto de barajas
y todos los que me he dejado entre medias.
– Todo lo que se le archiva a Podemos porque para eso es Podemos
– Absolución del Jefe de los Mosos de Escuadra.
– y un larguísimo etc.
y todo lo que me dejo en el tintero.
No pude ser que que estén colgados en internet decenas de videos del «Expediente Royuela» y el CGPJ no tome cartas en el asunto, en el sentido que corresponda, sea verdad o no lo sea, (en un caso habrá que tomar unas medidas y en el otro otras) pero lo que no se puede tolerar es que eso esté ahí como si fuera normal lo que ahí se cuenta.
En mi modesta opinión todos los jueces y fiscales implicados en todos estos asuntos y otros muchos donde hay «indicios» de actuación fuera del mandanto del art. 117, 1º CE, deberían ser juzgados, y mientras se aclara, suspendidos en funciones, tengan el cargo que tenga, si de verdad España es un Estado de Derecho donde TODOS -ciudadanos y poderes públicos-, están sometidos a la Constitución y las leyes, art. 9, 1º CE, otra cosa es el problema jurídico de cómo se constituye un Tribunal de Justicia que sea «natural» (juez natural predeterminado por la ley) para enjuiciar a personas que están en la cúpula del Poder judicial (y son a ellos a quien habría que procesar) y cuya composición (la del Tribunal enjuiciador) garantice que no son iguales y compinchados a los que van a ser enjuiciados, porque para ese viaje no necesitamos alforjas. Y si se acredita la comisión de hechos delictivos que se proceda contra ellos con todas las consecuencias, y sin posibilidad de volver nunca más a poder ejercer ninguna profesión relacionada con el Derecho (es decir tampoco como Abogados) al que han mancillado.
En cuanto a la aspiración del artículo que espera que la Fiscalía actuará respecto de la denuncia formulada. Me temo que eso es pedir peras al olmo. Y voy a dar un ejemplo: hace años, en un recurso de amparo, un letrado sostenía en su demanda que el Tribunal Militar Central no llevaba razón al negarse a levantar una medida cautelar de suspensión de funciones acordada por un General rojo de la Guardia civil contra un guardia acusado de «franquista» por un diputado de Podemos, incluso después de que éste (el General) hubiera reconocido que la medida cautelar era mientras se instruía el expediente disciplinario y recaía sanción, que a decir por sus palabras estaba ya predeterminada antes de instruir el expediente (es decir era una sanción anticipada al margen del procedimiento y no una verdadera medida cautelar) y el Tribunal Militar se negó a levantar la medida cautelar de suspensión de funciones porque decía que levantar la media cautelar era algo excepcional.
El Letrado para acreditar ante el Tribunal Constitucional que el Tribunal Militar Central no llevaba razón, además de citar los argumentos de rigor, aportó un libro escrito por el General del Tribunal autor de la resolución recurrida, donde el propio General en su libro decía lo contrario de los que decía en la resolución judicial, es decir en el libro decía lo mismo que sostenía el Letrado: que lo excepcional era imponer la medida cautelar (porque es una excepción al principio de presunción de inocencia, entonces se puede imponer la medida cautelar pero con requisitos que la hagan aconsejable, no por la cara), y no el levantarla o dejarla sin efecto.
¿Cuál fue la reacción de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional (que es parte en los recursos de amparo precisamente como garantía de los derechos Fundamentales, aunque en la práctica sea para todo lo contrario) cuando se encontró de bruces con esta alegación, con el libro, con la página marcada para que lo comprobara, de cómo el Tribunal Militar resolvía en sentido contrario a como el propio general tenía escrito en su libro?
No fue deducir testimonio contra aquel General por un posible delito de prevaricación, ni tampoco por lo menos estimar el recurso, sino todo lo contrario solicitó la inadmisión del recurso de amparo porque según la Fiscalía se le tenía que haber hecho esta alegación primero al Tribunal Militar para ver qué respondía (como si al autor de un libro hubiera que recordarle lo que él mismo tiene publicado), como no se hizo (porque el libro se descubrió después de dictada la Resolución, cuando se preparaba el Recurso de amparo contra ella), pues la Fiscalía que se supone que está como garante de los Derechos Fundamentales (art. 124 CE) en lugar de pedir que se estimara el recurso (aunque se hiciera la loca respecto de la posible relevancia penal), lo que pidió es que se inadmitiera.
El Recurso de amparo se fundaba en la violación de 10 Derechos Fundamentales, y esto del libro era un argumento que sólo afectaba a un Derecho Fundamental (el de Presunción de inocencia) que además su violación no se fundamentaban única ni principalmente en este argumento sino en otros muchos, sin embargo no es que la Fiscalía o el propio Tribunal C. rechazaran la violación de este Derecho Fundamental y el Recurso se admitiera y siguiera respecto de los otros 9 Derechos Fundamentales violados, sino que esto ya sirvió como pretexto para rechazar la admisión de todo el recurso en su conjunto.
Algo así como si el lector acude a un juez para exigir el pago de 10 facturas diferentes, hay una factura que tiene un pequeño problema (que no es tal, sino todo lo contrario, pero bueno) y no es que pierdas el derecho a cobrar esa factura concreta pero puedas seguir reclamando sobre las 9 restantes que no tienen el menor problema, sino que el problemilla en una de ellas ya da pie al tribunal para rechazar las otros 9 también sobre las que no hay la menor tacha, pero eso a la Fiscalía y al TC le da igual, de lo que se trata es de rechazar el 96’5 % de los Recursos de Amparo todos los años.
Así funciona la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Lo cuento por si alguien todavía no sabe en qué país vivimos.
Contra esto nadie mueve un dedo, pero la falta de Justicia en España es un modo de corrupción en sí misma y una fuente para que la corrupción de todo tipo pueda florecer como se ve que florece en España, y contra esta situación habría que luchar, y quienes deberían capitanear esa lucha es la parte sana de la Judicatura (si es que queda algo, en la Fiscalía lo veo harto difícil si queda algo sano o ya no), y cada uno de los españoles que no haya desertado de un ideal de Justicia para nuestra país, porque cada uno en su parcela es responsable de lo que está pasando.
Brillante y exhaustiva exposición, que suscribo totalmente.
Debería publicarla como artículo, pues es muy superior a un comentario normal y corriente y, por supuesto, muy superior a mis modestos artículos.
¡Gracias, amigo,por su brillante disertación!
Voy a comprar y leer este libro, pues me consta que el autor sabe de lo que escribe…
Y, además, lo hace bien, y sin pelos en la lengua.
Ábalos está de mierda hasta las orejas, y sólo es cuestión de tiempo, de poco tiempo, que acabe cayendo.
Si el Tribunal Supremo cumpliera con su deber, ya estaría siendo INVESTIGADO, y no creo que le resulte tan fácil al desgobierno actual mantener en su cargo a un ministro sobre el que pesan tantas sospechas, y ninguna buena…
DE CUALQUIER FORMA, LA MASONERÍA ANIDA EN EL SUPREMO Y EN EL CONSTITUCIONAL, y por eso vemos tantas Sentencias y Autos que repulgan al sentido común de la mayoría de los españoles, por no decir de todos.