España: de “Estado de Derecho” a “Estado fallido, tiránico y policíaco”

Por José J. García L.

17/12/2019 España

He estado leyendo el artículo que el Español Digital publicó ayer 13 de diciembre, de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la corrupción, VER ARTÍCULO AQUÍ y cómo en él se denuncia la “presunta” corrupción judicial y del Ministerio Fiscal en España, diciendo cosas tan tremendas como:

“La causa principal (de la existencia de corrupción en España) es la inexistencia real de división de poderes, la falta de control y la negación por parte de la propia Administración y los Tribunales a aplicar el régimen disciplinario entre sus empleados por parte de la Administración que debe controlar su actividad, y la falta de aplicación de la ley vía civil y penal por parte de los Tribunales entre sus empleados. Igualmente, la Fiscalía, cuando se trata de un colega de profesión, no sólo no cumple la ley y el Estatuto del Ministerio Fiscal, sino que arremete contra los denunciantes cuyos derechos han sido socavados.”

O esto otro:

“Resulta sorprendente que un Órgano como el Consejo General del Poder Judicial, cuando un Juez es denunciado con pruebas irrefutables, en lugar de tomar medidas contra el Juez persiga a los que denuncian las prácticas irregulares e incluso ilegales del Juez…no en vano España sale retratada año tras año como la Administración de Justicia con más falta de independencia y mayores irregularidades de Europa según el Consejo de Europa.” 

Ayer se hizo pública la condena a 38 años de cárcel a cada uno de los 3 jóvenes futbolistas del Arandina, un caso de supuesta violación a la amiga de uno de ellos que no está nada claro.  La famosa “manada” de Pamplona por mucho más y con todo el despliegue mediático había sido condenada a 15 años prácticamente la mitad de pena a pesar del despliegue de los medios), a la de Manresa que eran marroquíes, todavía menos, y a estos otros, por aparentemente bastante menos, a 38 años de cárcel.

Me ha impactado la reacción de uno de ellos al recoger la sentencia, en la puerta del Juzgado, preguntando a quién había matado él para merecer una condena de nada menos que 38 años de cárcel, totalmente desengañado de una Justicia en la que quizás en su inocencia e ingenuidad había confiado, no parece que sea la reacción propia de una persona que es culpable, más bien todo lo contrario.

Resulta que verdaderos violadores que sí merecerían esos 38 años y mucho más, de los que merodean por ascensores o los aparcamientos subterráneos para sorprender y violar a sus víctimas, reciben penas  irrisorias y permisos penitenciarios que les permiten volver a delinquir una y otra vez, y sin embargo en este caso que es muy dudoso que se haya producido la  agresión que se imputa, caen 38 años, que eso no se lo imponen ni a los terroristas.

Ese mismo día dos etarras condenados por asesinato daban una conferencia en la Universidad del País Vasco.

¿Se imagina que en la Universidad de Tel Aviv fuera un terrorista palestino condenado por asesinato a dar una conferencia?, (o un agente de campo del Mossad, con múltiples asesinatos en su haber, diera una conferencia en el Líbano o Irán?).

¿O a la Universidad de Cambridge un terrorista del IRA?, ¿o que la Universidad de la Sorbona invitara a los terroristas de la matanza de Bataclán a dar una conferencia?.

No hace mucho el Tribunal Supremo archivaba la denuncia de VOX contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por los papeles (actas) encontradas a ETA en Francia a pesar de la fuerza objetiva de las pruebas que el contenido de tales actas implicaba. Esto, que sí hubiera merecido 38 años de cárcel y más, no determinaba ninguna responsabilidad sino el archivo sin más trámite.

Cada vez resulta más evidente, por grosero, cómo la Justicia no es que sea un “cachondeo” como dijo en 1985 el alcalde de Jerez Pedro Pacheco, sino que esto es ya alcanza presuntos niveles de una auténtica merienda de negros, donde ya se han perdido los papeles hasta en lo más básico y evidente, en un país donde la seguridad jurídica está garantizada sobre el papel en la Constitución (art. 9, 3º CE) y donde los Jueces se supone que están sometidos a la Constitución y a las leyes (art. 9, 1º CE y art. 5, 1º LOPJ).

Estos desproporcionados 38 años de cárcel contrastan con otras decisiones judiciales.

Contrasta con el archivo contra Zapatero por las actas de ETA cogidas en Francia.

Contrasta con lo poco más de dos años de cárcel que había cumplido el delincuente Bernardo Montoya por el asesinato de una anciana de 82 años a la que primero había apuñalado en su casa para robarle. La anciana sobrevivió al apuñalamiento y denunció a Montoya y éste para que no pudiera declarar contra él en el juicio fue y la asesinó. Condenado a 17 años (menos de la mitad de estos 38 años) apenas cumplió poco más de 2 años cuando estaba libre para asesinar a Laura Luelmo, la profesora asesinada en   Campillo (Huelva).

Este verano el apuñalamiento en el cuello al Jefe de la Policía local de Punta Umbría (Huelva)  por un vendedor ambulante a quien el Fiscal le pedía 6 meses de cárcel a pesar de que un apuñalamiento en el cuello, donde no caben torniquetes, milagro fue que no terminara desangrado el policía, merecía una petición de pena objetivamente mucho mayor, máxime cuando por escribir un tuits franquistas se piden 2 años de cárcel.

Tenemos el caso del asesinato de Víctor Laínez, muerto a patadas por el grave delito de llevar en España unos tirantes con los colores de la bandera de España,  calificado en una parodia de juicio como mero “homicidio imprudente” (como cuando se te cae del andamio sin querer la llave inglesa y le cae en la cabeza al que pasaba por allí), a manos de Rodrigo Lanza,  antisistema de extrema izquierda,  que ya había dejado tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona y que como en el caso del asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya,   se encontraba en libertad pese a cometer ese otro crimen. Condenado a tan solo 5 años de cárcel, como ya lleva 2 en prisión provisional al final en dos años como máximo estará en la calle. Dos años de cárcel es lo que el Fiscal del odio de Jerez le pide a un Brigada de la Guardia civil por supuestamente escribir unos tuits “franquistas” y contra Pablo Iglesias. Matar a una persona con unos tirantes con la bandera de España conlleva en la práctica la misma pena que escribir un tuit franquista o contra Pablo Iglesias “el intocable”. Esta es la “Justicia” que tenemos en España.

Y por supuesto contrasta con lo que está ocurriendo en Cataluña: por el golpe de Estado el Tribunal Supremo cubriéndose de gloria la pena más alta ha sido para Junqueras de 13 años, prácticamente un tercio de los 38 años de cárcel impuestos a estos chavales sin punto de comparación, o ahora va a resultar que un golpe de Estado en toda regla con cientos de miles de personas movilizadas, con agresiones y enfrentamiento con la policía etc. etc, con el presunto asesinato de dos Fiscales (El Fiscal General del Estado Sr. Maza y el Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña Sr. Romero de Tejada, muertos con apenas una semana de diferencia en extrañísimas circunstancias que el Gobierno se ha negado a investigar), con daños valorados en millones de euros, más la destrucción de la unidad de España etc. etc. es menos importante que una supuesta violación .

Y no solo el golpe de Estado, todos los actos de violencia a raíz de publicarse la sentencia que hemos podido ver cómo en Cataluña los separatistas actúan con total impunidad, incendiando la ciudad, que ha quedado devastada hasta en su pavimento, con comercios asaltados y saqueadas y un aspecto desolador,  o cortando las autopistas un día y otro y otro sin ninguna consecuencia. Con todo lo que ello ha supuesto de violencia, de mantener y sostener la rebelión, con un coste económico enorme, con el desplazamiento de contingentes de policía, la agresión a los mismos, etc. etc. etc.

La sentencia contra los golpistas catalanes se dictó en octubre y ya se está anticipando que en enero estarán en su casa, en fraude de ley con beneficios penitenciarios que el Gobierno separatista Catalán ni se molesta en ocultar que concederá “por la cara”, la famosa igualdad de todos los españoles ante la ley (art. 14 CE), que como todo lo demás brilla por su ausencia en esta país que empieza a ser ya un estado fallido.

Compárese esta “reinserción social” de los separatistas catalanes sin dejar de sostenerse en sus intenciones separatistas, con la nula reinserción social para por ejemplo Josué Estébanez  que lleva 12 años en la cárcel de su condena a 26 años,  sin beneficios penitenciarios de ninguna clase (a los calificados de “fascistas”,  ni agua, es decir no hay reinserción ni beneficios penitenciarios que valgan),  por defenderse en un vagón del metro de un grupo numeroso de ultraizquierdistas que iban a reventar una manifestación en Madrid, y que lo habrían matado si no se defiende con el resultado de un ultraizquierdista muerto.

Y podríamos seguir señalando agravios comparativos, como el asalto a la Capilla cristiana de la Complutense, que quedó en una simple multa, (habría quedado en una simple multa si hubiera sido asaltada una sinagoga judía?, yo creo que no),  el caso de la librería Blanquerna, donde el TS subió las penas de cárcel a los falangistas que entraron en la librería Blanquerna donde se estaba celebrando un acto separatista, pero que luego se han cometido hechos muchísimo más graves en la universidad de Barcelona o las puertas de actos de VOX o el propio asalto que hace unos días sufrió en el Hotel Intercontinental de Madrid un acto en pro de la paz entre palestinos e israelíes y que sufrió un ataque de la extrema izquierda, según la prensa:

“entre los alborotadores «se encontraban miembros de Podemos, Ahora Madrid e Izquierda Unida, así como miembros del grupo terrorista FPLP, designado como tal por la Unión Europea». Durante los incidentes, y según señala ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), el líder religioso palestino Nasr Al-Tamimi, uno de los ponentes, recibió amenazas de muerte, hecho ya denunciado ante la Policía Nacional.”

Si este hecho hubiera podido imputarse a los “fascistas” se hablaría de delito de “odio”,  de antisemitismo” y de mil cosas más, como ha sido la extrema izquierda quedará, como tantos otros, en nada, o en un apaño, como lo del asesinato de Víctor Laínez, muerto por llevar en España unos tirantes con los colores de España.

Si unimos todas estas piezas de un puzle, la pregunta es ¿a dónde va España? Judicialmente hablando, ¿a un Estado de Derecho o a un estado fallido y policíaco, donde las sentencias son un completo mamoneo al servicio del sectarismo político?  (sin ir más lejos la sentencia contencioso-administrativa que daba carta blanca al gobierno para profanar la tumba de Franco).

Yo no voy a defender a una juventud que da asco, y que entiende las relaciones hombre-mujer en pura basura, pero tampoco me voy a posicionar a favor del abuso de derecho y la desviación de poder, cuando parece evidente que con la que está cayendo en Cataluña y fuera de Cataluña que esos 38 años de cárcel no es ahí donde se han impuesto donde deberían imponerse, y mientras con las denuncias del caso “Cote Cabezudo” o con las de los dos Abogados de Podemos sobre financiación ilegal, nos hacemos los locos.

La condena no ha precisado más pruebas que la declaración de la denunciante.   La pregunta es ¿cuándo se dé el caso de que una mujer denuncie a un Magistrado de violación, irá el Magistrado a la cárcel sin más trámites o en ese caso se incumplirá la propia doctrina judicial y  ocurrirá como con las declaraciones de la Ministra de Justicia actual de lo que ella dijo presenciar en Cartagena de Indias (Colombia) de Jueces y Fiscales españoles con menores, que ha faltado tiempo para correr un tupido velo o directamente para no hacer nada, porque en esto no les conviene hacer nada que no se han molestado ni en investigar.

La Justicia en España ha pasado de ser la solución potencial, -como garantía de  legalidad y Justicia-, a ser parte muy importante del problema. De los más importantes. Quizás el mayor y más importante de los problemas, porque donde no hay Justicia, con el descaro de cómo no la hay en España,  a donde vamos es de cabeza al caos más absoluto, porque presuntamente se están cargando España precisamente aquellos que por razón de sus cargos deberían ser los paladines de su defensa y de la integridad de sus instituciones.