España y los españoles de bien sufren persecución por la justicia
Todo poder se rodea de una variada gama de parafernalias para darse valor. Las togas rojas o negras de los magistrados, sus armiños, los palacios donde juzgan, las flores de encaje en las bocamangas, todo este augusto aparato con el que se envolvían o se envuelven ostentosamente les ha sido siempre muy necesario, y si los doctores no hubieran tenido sus gorros cuadrados y sus togas demasiado amplias de cuatro paños, jamás habrían engañado al mundo que no es capaz de resistir a esta prueba tan auténtica.
Si poseyeran la verdadera justicia, lo mismo que si nuestros reyes y dirigentes tuvieran el verdadero arte de gobernar, no tendrían necesidad de sus bonetes cuadrados ni de hacerse acompañar de propaganda, de guardias, de palafrenes, tropas armadas que sólo tienen manos y fuerza para ellos; el conjunto de ritos y detalles o las trompetas y tambores -militares o informativos- que van al frente de estos sicarios que les rodean hacen temblar a los más firmes.
No tienen el hábito, sino solamente la fuerza. Pero es cierto que habría que tener una razón bien acendrada para mirar como a otro hombre al gran togado o gran señor rodeado en su soberbio palacio por cuarenta mil oficiales y mandarines. No podemos ver a un abogado con su toga y su birrete sin experimentar una ventajosa opinión de su suficiencia.
El caso es que entre las preocupaciones fundamentales que giran en torno a nuestra justicia, cuyo problema esencial y más inmediato es la recuperación y garantía de un Estado de Derecho hoy día inexistente, se hallan la formación facultativa y ética de los jueces y magistrados, y la lentitud en resolver los procesos apilados, muchos de ellos postergados a propósito, como es, por ejemplo, el flagrante y vergonzoso asunto del aborto.
En Medida por medida, dijo Shakespeare que «los ladrones están autorizados al pillaje cuando los mismos jueces roban». Pero, por desgracia, y salvando a unos pocos ciudadanos, en España no hay especial preocupación por que se administre una recta justicia, misión principal que cualquier doctrina moral asigna a los gobernantes, como el deber más importante de la función de gobernar, y sin cuya vigencia la libertad es una quimera.
No obstante, las escasas gentes de bien que, en su perplejidad, aún se preguntan cómo es esto posible, cómo hemos podido llegar hasta aquí, saben que el primordial motivo se debe a que la noble institución que llamamos Justicia, es hoy una sucia mujerzuela que se prostituye por los arrabales más sórdidos. Y es por culpa de esta peliforra, que las lindes entre el negocio lícito y el ilícito son cada día más evanescentes y los sistemas penal, procesal y penitenciario no dejan de ofrecer amplias lagunas, que el caprichoso propósito de muchos jueces hace aún más extensas.
Si siempre ha habido ovejas negras en la judicatura, hoy día han dejado de ser excepción y son muchos los jueces, igual que son muchos los políticos, para quienes la justicia es el arte de quitar a los pobres y débiles lo que es suyo, para no quitárselo a los grandes sinvergüenzas. ¿Por ventura es menor delito robar al fisco decenas de millones, o dar golpes de Estado permanentes, o matar al prójimo, que irrumpir las reuniones y conjuras de la antiespaña y abatir sus banderas?
En incontables casos, durante la modélica transición democrática, los jueces se han delatado por inhibirse frente a actuaciones empresariales, políticas o partidistas delictivas; o por poner penas ridículas, si no trabas, para que prosperasen las denuncias o querellas contra los administradores económicos, políticos o sectarios. Desde la muerte de Montesquieu a manos del PSOE, el socialcomunismo y sus cómplices se han hartado de abrir expedientes, mediante definidos instrumentos procesales, a los discrepantes de su política corrupta y corruptora.
La Administración judicial española ha dado reiteradas muestras de insensibilidad a la hora de calificar de delictivas muchas conductas reprobables cometidas por sujetos pertenecientes a los distintos poderes fácticos, y a reconducirlas al ámbito de la simple mala gestión, o a traspasar a las víctimas la carga del delito. De modo que, actualmente, cualquier integrante de tales poderes puede cometer delitos con absoluta impunidad. La Justicia no lo va a atrapar, porque se cobija bajo la impunidad que le brinda el Sistema; y si lo atrapa, no va a ir a juicio; y si va a juicio, será absuelto.
Y en el inaudito caso de que un político o empresario de la secta sea condenado a prisión por cometer un fraude supermillonario o relacionado con el manejo del Estado o con el crimen sectario, no pisará la cárcel o la pisará muy efímeramente y disfrutando de las comodidades y los lujos de un monarca oriental, pagados, a más inri, por los mártires y defraudados.
No pocos de los teóricos guardianes de las libertades y derechos que la Constitución les encomienda han traicionado su ética profesional dispuestos a ganarse la vida mediante actividades delictivas, y presumiblemente lo seguirán haciendo. Encubriéndose tras la justicia, no dudan en corromperla. Estos funcionarios prevaricadores, que se protegen de quienes los denuncian, culpándolos de desacato a la autoridad, o del delito de odio, desprecian el servicio al bien común.
Resulta indignante que los ciudadanos puedan ir a la cárcel por cuestionar la labor de algunos jueces y de algunos políticos de la secta o de sus actitudes y resoluciones judiciales y públicas. Ya es excesivo el desplante judicial de incoar diligencias por estos presuntos -y recurrentes- delitos de desacato o de odio, pero despreciar a la víctima, llegando incluso a acordar su prisión, y además incondicional, es una falta de respeto a la justicia, al derecho y a la libertad.
Llevamos décadas comprobando que las malas causas son ahora las que encuentran los mejores defensores, porque acaban arrinconadas o absueltas. No olvidemos que, entre los togados, no son pocos quienes se dedican a borrar rastros, a archivar asuntos y a aliviar de sus abusos o absolver de sus delitos a quienes los chantajean o protegen, regidos como están por la polacada y la venalidad.
Mientras que las denuncias contra disidentes ideológicos o adversarios políticos, o los asuntos que a éstos les concierne y perjudica se resuelven rápido -con sentencia inculpatoria, por supuesto-, en todas las acusaciones contra las izquierdas, los magistrados de la cuerda hacen voto de no lavarse, como escribió Rabelais. Y de paso, la caterva que alza el pendón del marxismo cultural, arropada por su aparataje mediático, hace voto de no sonarse hasta que sea otorgada sentencia definitiva. A consecuencia de esos votos permanecen sucios y mocosos, ya que la corte no acaba de revisar todos los documentos del caso correspondiente o guarda éste directamente en el cajón invisible.
De modo que las respectivas sentencias en los casos amigos serán otorgadas en las próximas calendas griegas, es decir, nunca. Y ello es así porque se consideran con mayor poder que la naturaleza, que nada hace inmortal, ya que pone fin y período a toda cosa por ella producida, pues todo cuanto nace muere. Pero no, en esto de la justicia ellos poseen naturaleza divina, pues sólo Dios es capaz de hacer cosas eternas. Y así, estos mentirosos y tragadores de mentiras logran hacer incorpóreos o inmortales ciertos procesos pendientes de su voluntad.
Al hacer lo cual han hecho comprobable el dicho de que la miseria es compañera de los procesos y de la gente pleiteadora miserable, ya que con ellos por medio antes llega el fin de nuestras vidas que el del pretendido derecho. Nos encontramos, pues, con procesos decididos por manos perversamente dispuestas y llenas de corrupción; por hombres tribonianos, descreídos, malignos e inicuos, que venden leyes, edictos, constituciones y ordenanzas, en puros dineros, a la parte que más ofrece, que casualmente es la izquierda, que tiene a los poderes fácticos de su parte y, con ello, sustraído el Estado de derecho y secuestrada la libertad de los españoles de bien.
Si la corrupción en España es un asunto gravísimo, sobre todo por haberse convertido en endémica, lo que resulta de estremecedora gravedad es la que involucra a los jueces, pues son ellos quienes hacen posible el albañal que hoy es nuestra patria. Por eso, hablar de justicia en este país -y de democracia y de libertad- es un sarcasmo. No hay mayores sembradores de alarma social que las instituciones cuando están invadidas por renegados y perjuros y, entre ellas, la más perniciosa, dado su crucial significado, la institución de la Justicia.
La Justicia ha sido administrada, y sigue siéndolo, con feroces criterios de clase; y es justo, por tanto, que halle oposición de clase: la de los que sufren persecución por la justicia. Pero con las izquierdas resentidas dirigiendo la sociedad y abusando de ella, se ha dado la vuelta al significado genuino de este sano criterio, y eso quiere decir en nuestros tiempos que a un hombre de izquierda se le permite todo, y nada a un hombre de derecha.
Peligrosísimo principio, si se considera la facilidad y la rentabilidad con que hoy se puede ser hombre de izquierda. Que dicho principio sea afirmado cuando ser de izquierda supone riesgo, peligro, sacrificio, como ocurría a los líderes de la libertad en época de la revolución industrial, a caballo de los siglos XIX y XX, es una cosa; otra muy distinta cuando significa -como ahora- instalarse en los privilegios, en los desafueros, en la comodidad abusiva e impune y en el libertinaje.
Hoy en día, si alguien puede hablar de justicia, quejarse de ella y exigirla, es aquél que sufre su persecución a través de unos corruptos ejecutores que deberían encarcelarse a sí mismos o entre ellos. Un juez normal, es decir, profesional y ético, debiera levantarse cada mañana pidiendo a Dios o al Destino fuerza y sabiduría para dedicarlas a favor de su oficio. Mas ello no suele ser así en estos tiempos cenagosos, sino que al saltar de la cama son numerosos los jueces que ocupan su pensamiento con el medro personal, la cobardía o el sectarismo más vil.
Los espíritus libres, la gente honrada, añoran los tiempos en que todos los pleitos, procesos y diferencias eran arreglados por hombres de bien, como jueces soberanos, aunque no fueran jueces. Los espíritus libres, la gente honrada, no quieren venganza, sino equidad y derecho. Sólo anhelan enfrentar a las personas con las duras consecuencias de sus actos delictivos o irresponsables. Pero para ello es obligado rasgar el velo que oculta el crimen bajo la apariencia de la ley.
Muchas son las cosas que hay que regenerar y adecentar en España; la primera de ellas la Justicia.
5.500 jueces: TODOS SUPER HONRADOS.
3.000 fiscales: TODOS SUPER HONRADOS.
¡Acojonante!!
Por lo visto, no hay ninguna OVEJA NEGRA EN LA FISCALÍA Y/O JUDICATURA ESPAÑOLA.
Y yo me lo creo…
Si no somos capaces de «resucitar a Montesquieu», nada podrá evitar el hundimiento del régimen político actual en el cieno de una tercera república de estilo castro-bolivariano, y de la que ya no podremos salir de modo rápido y pacífico; aún si se respetaran las formas y maneras, pero solo aparentemente, de una verdadera democracia de corte occidental. De hecho, hace tiempo que venimos percibiendo anticipos de lo que nos espera y parece más próximo cada día que pasa.
Me he puesto a redactar mi comentario y al empezar a pensar qué iba a escribir me he dado cuenta de que lo que quisiera decir no tengo libertad para hacerlo porque acabaríamos todos en la cárcel. Porque la democracia roja es el sistema que permite decir «Franco asesino», pero no para opinar de contrario. Esto como los nombres de las calles, la «democracia» y el Pluralismo político es para que todas las calles sean del gusto de Podemos, y las del gusto de los demás quedan prohibidas por Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación históricas.
Por tanto voy a opinar dentro de lo que se puede opinar, el resto me lo tengo que guardar.
En España no es que no haya Justicia (que no la hay), es que lo peor es que en su lugar se ha instalado la iniquidad, la arbitrariedad y la injusticia. Este es el gran drama de España.
La cuestión no es baladí, la Justicia además de una Virtud (con mayúscula) es el elemento más legitimador de un Estado. Un sistema político donde no hay Justicia, es ilegítimo por definición, por muchas elecciones que haya, sin este elemento «sine qua non», no hay un verdadero Estado, y menos aún un Estado que merezca la calificación de «Estado de Derecho» .
La cuestión de fondo de la ausencia de Justicia no es que Montesquieu haya muerto, porque un Estado puede no tener división de poderes, pero el sentido del Honor de sus dirigentes o mandatarios ser tan fuerte, y su sentido ético tan puro, que ello no impida que la Justicia sea la seña de identidad de ese Estado. El ejemplo lo tenemos con los Reyes Católicos.
La falta de Justicia en España es el resultado de un cúmulo de factores:
– La clase dirigente carece de un sentido ético, si el poder está en manos de rufianes que aspiran al Mal en lugar de gente de honor con un sentido del deber orientado hacia el Bien, la Justicia, que es una virtud, brillará por su ausencia.
– La Justicia es también una actitud ética. Uno puede esperar Justicia de personas con una categoría moral. De una banda de malhechores que lo capturen a uno en un bosque o en un callejón uno no puede esperar nada bueno, Justicia tampoco.
– Para que haya Justicia las leyes o normas que se aplican han de tener un contenido justo. Si las leyes son injustas la aplicación de estas leyes no puede dar como fruto la Justicia sino la injusticia. En España, como consecuencia de los dos factores anteriormente enumerados las leyes que se redactan no tienen un contenido ético, de Justicia y de aspirar al bien común, sino que las leyes han quedado reducidas a meras declaraciones de autoridad redactados para beneficiar e imponer su voluntad los imperantes y su séquito. Por citar un ejemplo de actualidad, un okupa usurpa un domicilio y se pouede quedar con él durante años porque los jueces no amparan a su titular, pero si el okupa se va de vacaciones y el titular aprovecha que el piso se ha quedado vacio para entrar y recuperarlo, entonces al legítimo propietario no se le aplica la misma consideración que al okupa, sino que el juez abre diligencia pontra el propietario por haber invadido su piso. Estas leyes no caen del cielo, sino que los diputados las redactan con este tenor y los jueces para el Comunismo crean doctrina para entender que hay «coacciones» donde no las hay, por ejemplo cuando el propietario recupera su piso cuando se queda vacío, o cuando decide no seguir pagándole los recibos de la luz o del agua y se da de baja en el suministro. Las leyes de las sociedades izquierdistas y liberales, cumplen una serie de requisitos formales (publicación en el BOE o en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma que sea) y ya con eso alcanzan el valor de normas jurídicas, cuando en realidad no son verdaderas normas jurídicas porque carecen de ese contenido ético, aunque se imponga como si lo fueran. También por este motivo España no es un Estado de Derecho, porque las leyes que se hacen en España no son «Derecho» en sentido propio, sino mandatos imperativos, al margen del bien común y del exigible contenido ético que debe tener una Ley material. No puede hablarse de Estado de Derecho donde el «derecho» que reina es la iniquidad y la injusticia.
– Para que en una sociedad haya «Justicia» las normas han de tener una vocación de permanencia, pero como en España las leyes, como hemos dicho en el punto anterior, son solo manifestaciones de voluntad de los imperantes y su séquito, las normas cambian continuamente, esto además de problemas de aplicación y de seguridad jurídica, plantea también problemas de convicción, porque la actividad legislativa se convierte en un puro mamoneo sin pies ni cabeza, y esto no invita precisamente a sentirte vinculado por una ley que cambia de sentido cada dos por tres. Esto lo saben muy bien los funcionarios.
– La Justicia precisa también que quienes las administran hagan honor a esta labor. En España podemos ver que en los Tribunales de mayor categoría (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, y en menor medida Tribunales Superiores de justicia de las CCAA), hay una patente falta de sentido de la Justicia. Aquí (en el artículo) se cita el retraso en más de 10 años de la sentencia del Aborto (mientras cada año mueren 140.000 niños asesinados mediante esta técnica, para los cuales la sentencia cuando se dicte ya llegará tarde), pero siendo esto gravísimo, la actitud cuando ha quedado patente ha sido cuando el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) tenía que emitir informe sobre el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado en plena crisis diplomática con Bolivia por el presunto intento de agentes españoles de sacar de la embajada de Méjico a un agente Venezolano ante el temor de que éste pudiera ser capturado y pudiera implicar al ex-presidente Zapatero, al amigo de la candidata a la Fiscalía General el ex-juez Garzón, o al Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y determinados personajes vinculados al mismo. El CGPJ se implicó (se mojó) tan poco en la Justicia que ellos con sus togas representan que para no oponerse al nombramiento se limitó a informar que cumplía los años de servicio para poder ser nombrada… como si todo lo demás, presunta investigación de la DEA a su «amigo» Garzón, y todo lo demás incluido, no tuviera ninguna trascendencia aunque solo fuera para la buena imagen de la institución.
Hemos sabido por declaración de hace unos años del Ministro de justicia de Felipe González que se autoproclamaba masón que altas personalidades del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional pertenecían como él a la Masonería. Sentencias como el al profanación de la tumba de Franco o del Estatuto de Cataluña, sólo se explican desde esta declaración.
El expediente Royuela, tanto si es verdad como si no lo fuera, habría exigido en todo caso que el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial (y las Asociaciones de jueces y fiscales) hubiera ya tomado cartas en el asunto para aclarar qué hay de verdad en todo eso.
El agravio comparativo de muchas sentencias (sin ir más lejos basta comparar la sentencia del TS sobre Blanquerna, elevando las penas, con las penas impuestas en el golpe de Estado de Cataluña).
Un dato que se ha comentado varias veces en estas páginas de el Español digital pero que la gente desconoce, es que en España el Tribunal Constitucional no garantiza los Derechos Fundamentales de los ciudadanos ya que el Tribunal Constitucional desde hace años inadmite a trámite el 96% delos recursos de los ciudadanos. La inadmisión no es que el recurso se desestime sino que directamente no se resuelve. Esto se hace sin trámite de audiencia previo y sin posibilidad de recurso. Sólo la Fiscalía ante el TC puede recurrir la inadmisión pero tiene por norma no hacerlo. Por tanto cuando en la tele o en los centros de enseñanza se dice que el Tribunal Constitucional garantiza los Derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, no es verdad, porque el Tribunal constitucional ha desertado de esta función. El ciudadano queda en una completa indefensión.
Desde 2016 otro tanto de los mismo puede decirse del recurso de la instancia anterior al recurso de amparo (ante el TC), el Recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se rumorea que las inadmisiones son cercanas al 100%.
En materia de justicia no caben estadísticas, porque la persona que sufre una resolución injusta de nada le sirve que eso le pase a más gente, es como si en el hospital te amputan la pierna que no es, no hay consuelo por que te digan que eso sólo ocurre cada 10 años o al 0’1 de los que operan, si te ha tocado esta vez a tí. Entonces esta situación no se justifica siquiera en una situación excepcional o de emergencia, pero mucho menos cuando esto se convierte en la triste realidad de todos los años. Un Tribunal que en lugar de resolver los casos se dedica a inadmitirlos (con condenas en costas de varios miles de €), es como un hospital que en lugar de curar a los enfermos que llega los echara a todos con pretextos diversos. Qué clase de medicina y de médicos sería esa?.
Toda esta situación de la falta de Justicia en España podría corregirse si hubiera contrapesos, no ya con base en Montesquieu, sino si hubiera asociaciones de jueces y fiscales que reivindicaran la dignidad de su profesión y denunciaran esta actitud. ¿Conoce alguien que alguna asociación de jueces haya dicho algo sobre el caso Royuela,?, ¿o sobre la falta de tutela judicial efectiva si se inadmiten sistemáticamente los recursos de Casación ante el TS y los recursos de amparo ante el TC,, salvo que seas separatista catalán, que entonces se admiten los recursos sin cumplir los requisitos para ello. En otros casos, como es la Asociación Jueces para el Comunismo, su labor en el seno de la judicatura no ha podido ser más nefasta, más sectaria y más lamentable.
Los colegios de Abogados podrían salir al paso de toda esta situación, pero la realidad es que no lo hacen. Desde ir en primera línea en la manifestación cuando el asesinato de los
Abogados laboralistas compañeros de despacho de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, ya no han vuelto a manifestarse hasta que el Comunismo los vuelva a necesitar.
Los medios de comunciación (especialmente las televisiones) y la propia Iglesia Católica podrían ser contrapesos para denunciar esta situación y forzar de alguna manera la regeneración. sin embargo los medios de comunciación están en manos de las mismas fuerzas que presuntamente la cúpula judicatura; y en cuanto a la Iglesia Católica ya vemos la actitud de complicidad que ha tenido en el tema de la profanación de la tumba de Franco. Hemos pasado de una Iglesia Católica que se rasgaba las vestiduras cada vez que un terrorista de ETA, con las manos manchadas de sangre era condenado, a una Iglesia Católica que parece haber muerto porque está totalmente desaparecida de los grandes males que aquejan a la sociedad, ya no se la oye en nada, al menos en nada bueno.
En mi modesta opinión los miembros de los Tribunales superiores son irrecuperables, y si algún día España se salva todos deberían ser apartados. No puede ser que la Constitución Española en su art. 22, 5º prohíba las sociedades secretas (es decir la masonería) y los miembros del Tribunal que tiene que garantizar el respecto a esa Constitución, pertenezcan a la sociedad prohibida en la propia Constitución. Qué respeto por la Constitución se puede esperar de tales magistrados que desafían e incumplen la constitución de forma tan flagrante?.
Una de las cosas más importantes que ha dicho Santiago Abascal es la denuncia que hizo en el Congreso de los Diputados contra el Tribunal Constitucional, como un Tribunal amañado que para el Gobierno resuelve en días para darle carta blanca para la profanación de la tumba de Franco y sin embargo para su recurso (el de VOX) contra la inconstitucionalidad de algunas medidas adoptadas en el Estado de alarma, han dado lugar a que el Estado de alarma agote su duración y se levante, y el TC sigue sin resolver el recurso.
Con el Servicio Público de la Justicia en manos de esta clase de Magistrados no puede hablarse de Estado de Derecho sino todo lo contrario, con lo cual todo proyecto político que tienda a la regeneración de España tendrá que tomar la medida de situar en los órganos judiciales a personas íntegras que hagan honor a la Justicia como ideal ético y jurídico.
A consecuencia de que en España no hay justicia, muchos de los problemas que tiene España y que tendrían solución acudiendo a ella, no la tienen porque la actitud de los Tribunales no es la que cabría esperar desde la perspectiva del principio de «Recta administración de Justicia».
Esta situación que se padece en España de unos jueces que no parecen que queden vinculados porf el art. 117, 1º CE (jueces independientes y sometidos exclusivamente al imperio de la Ley) sitúa a España y a los españoles de bien en una completa indefensión, y la responsabilidad de los autores, cómplices y encubridores de esta situación, por acción o por omisión, ha de considerarse como máxima.