Estamos de acuerdo. El Estado liberal-borbónico ha sentenciado a España y “todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles” … ¿Qué hacemos?
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Como todo comienza en el principio, partamos de él. El Estado liberal-borbónico (precisión que hace el coronel Manrique) se sustenta en la razón de Estado (1) que se ejecutó el 20 de noviembre de 1973 y que se encargó a la banda terrorista ETA, que no solo arrumbó la continuidad del régimen que había acaudillado Franco —es decir, el conjunto de sus normas, instituciones, valores y pautas de comportamiento que determinaron cómo se ejerció el poder y cómo se organizó el Estado—, una opción considerada inviable no por la mayoría del pueblo, sino por parte del propio Estado, sino que también eliminó las distintas alternativas que pudieron contemplarse en su momento.
Ello determinó el periodo que se abre a partir del 21 de noviembre de 1975, denominado Transición, que se convirtió en un complejo proceso de desmantelamiento institucional desde el propio interior del régimen, sostenido sobre tres pilares:
1º. La argucia jurídica basada en el principio «de la ley a la ley a través de la ley» para sustentar la Ley para la Reforma Política.
2º. El mecanismo necesario de la aprobación por parte de las Cortes del régimen.
3º. El apoyo a la involución por parte de la Corona, determinante como espaldarazo de legitimidad legal y militar.
De acuerdo que la democracia liberal siempre ha fracasado en España (en realidad, solo funciona en el Reino Unido); que la dinastía borbónica ha sido nefasta y que diferentes fuerzas maléficas, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, nos tienen en su punto de mira. Pero seamos honrados: «todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles» (2).
Hagámonos cuatro preguntas fáciles de contestar, que implican a todas las instituciones del Estado en mayor o menor medida.
1.ª Hoy en día se admite, incluso por los propios terroristas «perdonados», que el terrorismo impuesto por ETA desde el 21 de noviembre de 1978 hasta el 20 de octubre de 2011 fue un fenómeno sin precedentes en Europa. Por lo que resulta difícil comprender cómo la sociedad española y sus instituciones (como las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial) pudieron soportarlo sin una reacción proporcional a su gravedad. Ante esto, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, en primer lugar, los casi 1000 asesinatos?
2ª. Es un hecho, por más sangrante que resulte, que en Cataluña y las Vascongadas (denominada País Vasco) los españoles que viven en esas regiones no pueden ver desfilar a sus Fuerzas Armadas, ver jugar a la Selección Española de Fútbol, colgar en los balcones de sus domicilios una bandera nacional ni portar una simple pulsera con los colores de España sin exponerse a ser agredidos. ¿A quiénes se puede y se debe imputar este contrasentido?
3.ª Partiendo de la base de que la Ley de Memoria Socialista es una norma sectaria que tergiversa la verdad, ¿a quiénes se puede y se debe imputar su grado de aplicación?
4.ª Dado que el caso de Ceuta constituye, desde cualquier punto de vista, una invasión, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, al margen de al Gobierno, que los ceutíes y, por ende, los melillenses estén soportando la situación que viven actualmente?
«Todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles».
Si la política es el arte de lo posible ateniéndose a las circunstancias, por más que queramos ser utópicos no podemos divagar sobre lo que se puede o no se puede hacer. Porque si se trata de ser realistas: lo que se puede, se debe; y lo que se debe, se hace. Dicho esto, digamos también que sin poder (político, judicial o militar) no se consigue nada.
Ahora bien, el Estado liberal-borbónico tiene suficiente capacidad de retroalimentarse. En este sentido, es probable que ya se esté organizando su «maquillaje» institucional para asegurar su continuidad mediante el relevo generacional en la Corona, un mecanismo que ya se utilizó en la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Sería la «Operación Princesa»: una maniobra de relevo o sustitución en la Jefatura del Estado como consecuencia de la inanición del rey Felipe VI ante el desastroso bagaje del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá consecuencias muy graves. En este caso, la maniobra vendría propiciada por la derecha para salvar el sistema. Así, por el bien del Estado liberal-borbónico, se formalizaría el relevo de la hija por el padre con el argumento de una necesaria «renovación» o modernización «para el bien del pueblo», coletilla que no faltará.
Sin duda alguna, que el mejor sistema político para España sería un Directorio civil al estilo del que presidió don Miguel Primo de Rivera (con o sin el rey, quien seguiría careciendo de poder), sin partidos políticos y sin parlamento. Ahora bien, si apuesto por una República Nacional Presidencialista no es por otra cuestión que por realismo. Tumbar el sistema actual, hoy por hoy, es imposible, por lo que es necesario buscar una solución intermedia. Y la alternativa pasa por establecer una Jefatura de Estado fuerte y con capacidad de acción, para así no soportar por más tiempo una figura que podría sustituirse por un robot.
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1) Razón de Estado a la que se tomó gusto, como de sobra quedó demostrado el 24 de enero de 1977 y el 23 de febrero de 1981.
(2) Amadeo de Saboya, quien fue rey de España durante poco más de dos años, desde el 2 de enero de 1871 hasta su abdicación el 11 de febrero de 1873.
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Como todo comienza en el principio, partamos de él. El Estado liberal-borbónico (precisión que hace el coronel Manrique) se sustenta en la razón de Estado (1) que se ejecutó el 20 de noviembre de 1973 y que se encargó a la banda terrorista ETA, que no solo arrumbó la continuidad del régimen que había acaudillado Franco —es decir, el conjunto de sus normas, instituciones, valores y pautas de comportamiento que determinaron cómo se ejerció el poder y cómo se organizó el Estado—, una opción considerada inviable no por la mayoría del pueblo, sino por parte del propio Estado, sino que también eliminó las distintas alternativas que pudieron contemplarse en su momento.
Ello determinó el periodo que se abre a partir del 21 de noviembre de 1975, denominado Transición, que se convirtió en un complejo proceso de desmantelamiento institucional desde el propio interior del régimen, sostenido sobre tres pilares:
1º. La argucia jurídica basada en el principio «de la ley a la ley a través de la ley» para sustentar la Ley para la Reforma Política.
2º. El mecanismo necesario de la aprobación por parte de las Cortes del régimen.
3º. El apoyo a la involución por parte de la Corona, determinante como espaldarazo de legitimidad legal y militar.
De acuerdo que la democracia liberal siempre ha fracasado en España (en realidad, solo funciona en el Reino Unido); que la dinastía borbónica ha sido nefasta y que diferentes fuerzas maléficas, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, nos tienen en su punto de mira. Pero seamos honrados: «todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles» (2).
Hagámonos cuatro preguntas fáciles de contestar, que implican a todas las instituciones del Estado en mayor o menor medida.
1.ª Hoy en día se admite, incluso por los propios terroristas «perdonados», que el terrorismo impuesto por ETA desde el 21 de noviembre de 1978 hasta el 20 de octubre de 2011 fue un fenómeno sin precedentes en Europa. Por lo que resulta difícil comprender cómo la sociedad española y sus instituciones (como las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial) pudieron soportarlo sin una reacción proporcional a su gravedad. Ante esto, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, en primer lugar, los casi 1000 asesinatos?
2ª. Es un hecho, por más sangrante que resulte, que en Cataluña y las Vascongadas (denominada País Vasco) los españoles que viven en esas regiones no pueden ver desfilar a sus Fuerzas Armadas, ver jugar a la Selección Española de Fútbol, colgar en los balcones de sus domicilios una bandera nacional ni portar una simple pulsera con los colores de España sin exponerse a ser agredidos. ¿A quiénes se puede y se debe imputar este contrasentido?
3.ª Partiendo de la base de que la Ley de Memoria Socialista es una norma sectaria que tergiversa la verdad, ¿a quiénes se puede y se debe imputar su grado de aplicación?
4.ª Dado que el caso de Ceuta constituye, desde cualquier punto de vista, una invasión, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, al margen de al Gobierno, que los ceutíes y, por ende, los melillenses estén soportando la situación que viven actualmente?
«Todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles».
Si la política es el arte de lo posible ateniéndose a las circunstancias, por más que queramos ser utópicos no podemos divagar sobre lo que se puede o no se puede hacer. Porque si se trata de ser realistas: lo que se puede, se debe; y lo que se debe, se hace. Dicho esto, digamos también que sin poder (político, judicial o militar) no se consigue nada.
Ahora bien, el Estado liberal-borbónico tiene suficiente capacidad de retroalimentarse. En este sentido, es probable que ya se esté organizando su «maquillaje» institucional para asegurar su continuidad mediante el relevo generacional en la Corona, un mecanismo que ya se utilizó en la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Sería la «Operación Princesa»: una maniobra de relevo o sustitución en la Jefatura del Estado como consecuencia de la inanición del rey Felipe VI ante el desastroso bagaje del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá consecuencias muy graves. En este caso, la maniobra vendría propiciada por la derecha para salvar el sistema. Así, por el bien del Estado liberal-borbónico, se formalizaría el relevo de la hija por el padre con el argumento de una necesaria «renovación» o modernización «para el bien del pueblo», coletilla que no faltará.
Sin duda alguna, que el mejor sistema político para España sería un Directorio civil al estilo del que presidió don Miguel Primo de Rivera (con o sin el rey, quien seguiría careciendo de poder), sin partidos políticos y sin parlamento. Ahora bien, si apuesto por una República Nacional Presidencialista no es por otra cuestión que por realismo. Tumbar el sistema actual, hoy por hoy, es imposible, por lo que es necesario buscar una solución intermedia. Y la alternativa pasa por establecer una Jefatura de Estado fuerte y con capacidad de acción, para así no soportar por más tiempo una figura que podría sustituirse por un robot.
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1) Razón de Estado a la que se tomó gusto, como de sobra quedó demostrado el 24 de enero de 1977 y el 23 de febrero de 1981.
(2) Amadeo de Saboya, quien fue rey de España durante poco más de dos años, desde el 2 de enero de 1871 hasta su abdicación el 11 de febrero de 1873.
Como todo comienza en el principio, partamos de él. El Estado liberal-borbónico (precisión que hace el coronel Manrique) se sustenta en la razón de Estado (1) que se ejecutó el 20 de noviembre de 1973 y que se encargó a la banda terrorista ETA, que no solo arrumbó la continuidad del régimen que había acaudillado Franco —es decir, el conjunto de sus normas, instituciones, valores y pautas de comportamiento que determinaron cómo se ejerció el poder y cómo se organizó el Estado—, una opción considerada inviable no por la mayoría del pueblo, sino por parte del propio Estado, sino que también eliminó las distintas alternativas que pudieron contemplarse en su momento.
Ello determinó el periodo que se abre a partir del 21 de noviembre de 1975, denominado Transición, que se convirtió en un complejo proceso de desmantelamiento institucional desde el propio interior del régimen, sostenido sobre tres pilares:
1º. La argucia jurídica basada en el principio «de la ley a la ley a través de la ley» para sustentar la Ley para la Reforma Política.
2º. El mecanismo necesario de la aprobación por parte de las Cortes del régimen.
3º. El apoyo a la involución por parte de la Corona, determinante como espaldarazo de legitimidad legal y militar.
De acuerdo que la democracia liberal siempre ha fracasado en España (en realidad, solo funciona en el Reino Unido); que la dinastía borbónica ha sido nefasta y que diferentes fuerzas maléficas, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia, nos tienen en su punto de mira. Pero seamos honrados: «todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles» (2).
Hagámonos cuatro preguntas fáciles de contestar, que implican a todas las instituciones del Estado en mayor o menor medida.
1.ª Hoy en día se admite, incluso por los propios terroristas «perdonados», que el terrorismo impuesto por ETA desde el 21 de noviembre de 1978 hasta el 20 de octubre de 2011 fue un fenómeno sin precedentes en Europa. Por lo que resulta difícil comprender cómo la sociedad española y sus instituciones (como las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial) pudieron soportarlo sin una reacción proporcional a su gravedad. Ante esto, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, en primer lugar, los casi 1000 asesinatos?
2ª. Es un hecho, por más sangrante que resulte, que en Cataluña y las Vascongadas (denominada País Vasco) los españoles que viven en esas regiones no pueden ver desfilar a sus Fuerzas Armadas, ver jugar a la Selección Española de Fútbol, colgar en los balcones de sus domicilios una bandera nacional ni portar una simple pulsera con los colores de España sin exponerse a ser agredidos. ¿A quiénes se puede y se debe imputar este contrasentido?
3.ª Partiendo de la base de que la Ley de Memoria Socialista es una norma sectaria que tergiversa la verdad, ¿a quiénes se puede y se debe imputar su grado de aplicación?
4.ª Dado que el caso de Ceuta constituye, desde cualquier punto de vista, una invasión, ¿a quiénes se puede y se debe imputar, al margen de al Gobierno, que los ceutíes y, por ende, los melillenses estén soportando la situación que viven actualmente?
«Todos los que perpetúan los males de la Nación son españoles».
Si la política es el arte de lo posible ateniéndose a las circunstancias, por más que queramos ser utópicos no podemos divagar sobre lo que se puede o no se puede hacer. Porque si se trata de ser realistas: lo que se puede, se debe; y lo que se debe, se hace. Dicho esto, digamos también que sin poder (político, judicial o militar) no se consigue nada.
Ahora bien, el Estado liberal-borbónico tiene suficiente capacidad de retroalimentarse. En este sentido, es probable que ya se esté organizando su «maquillaje» institucional para asegurar su continuidad mediante el relevo generacional en la Corona, un mecanismo que ya se utilizó en la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Sería la «Operación Princesa»: una maniobra de relevo o sustitución en la Jefatura del Estado como consecuencia de la inanición del rey Felipe VI ante el desastroso bagaje del Gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá consecuencias muy graves. En este caso, la maniobra vendría propiciada por la derecha para salvar el sistema. Así, por el bien del Estado liberal-borbónico, se formalizaría el relevo de la hija por el padre con el argumento de una necesaria «renovación» o modernización «para el bien del pueblo», coletilla que no faltará.
Sin duda alguna, que el mejor sistema político para España sería un Directorio civil al estilo del que presidió don Miguel Primo de Rivera (con o sin el rey, quien seguiría careciendo de poder), sin partidos políticos y sin parlamento. Ahora bien, si apuesto por una República Nacional Presidencialista no es por otra cuestión que por realismo. Tumbar el sistema actual, hoy por hoy, es imposible, por lo que es necesario buscar una solución intermedia. Y la alternativa pasa por establecer una Jefatura de Estado fuerte y con capacidad de acción, para así no soportar por más tiempo una figura que podría sustituirse por un robot.
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1) Razón de Estado a la que se tomó gusto, como de sobra quedó demostrado el 24 de enero de 1977 y el 23 de febrero de 1981.
(2) Amadeo de Saboya, quien fue rey de España durante poco más de dos años, desde el 2 de enero de 1871 hasta su abdicación el 11 de febrero de 1873.
Si los corruptos y traidores volaran, los españoles no veríamos nunca el sol…
Urge irlos señalando, y ponerles ante el espejo de su propia traición, para que la sociedad, o lo que queda de ella, tome buena nota.
Aplicación del artículo 8 CE, cómo se ha comentado en múltiples ocasiones, formación de una junta militar en la Jefatura del Estado el tiempo necesario para disolver, en primer lugar, la actual constitución y, posteriormente, constitución de una ley fundamental basada en los principios tradicionales de España (católica, patriota…). Eliminación de los partidos políticos, y representación política basada en la familia, municipio y sindicato, y si esto no fuese factible a corto plazo, por lo menos ilegalización de los partidos marxistas-internacionalistas (PSOE, comunismo) y partidos separatistas.
A grandes males, grandes remedios.
No todos estamos de acuerdo!!! …la España contemporánea la sentenció el ejército que no han cumplido con NINGUNO de sus deberes; todo lo demás forma parte del relato que a ustedes les han dictado.
Los bobones no pintan nada; son un cero a la izda.; pero bueno; mientras no les corten la cabeza, tan felices. Felipe igualda es un buen ejemplo de progredumbre que no desmerece a la de éste. Con todo, firmo pero ya por el tonto, antes de volver a lo de la república marrana.