Fiscal General del PSOE, otra sentencia del Supremo “a precio de amigo”

Por José J. García L.

24/11/2025 España

El pasado jueves 20 de noviembre la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, (lo de “Supremo”, por decir algo), dictó e hizo pública una Providencia por la que adelantaba cuál iba a ser el fallo o sentido de la sentencia en el juicio contra el Fiscal General del PSOE, por delito de revelación de datos reservados.

La Providencia dice así:

“La Sala II del Tribunal Supremo, en la causa especial 20557/2024, ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo, que se anticipa:

““FALLO

Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.

Además la providencia hacía constar que de los 7 magistrados, 2 de ellos, -Dñª Ana Mª Ferrer García y Dñª Susana Polo García-, no estaban de acuerdo (lo que se traduce en que formularían voto particular).

Estas magistradas ya se opusieron a que el líder del PSOE andaluz José Antonio Griñán, entrara en la Cárcel tras ser condenado en el caso de los EREs de Andalucía. Qué suerte tienen algunos, pensaría Zaplana.

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Conocido el fallo de la sentencia, la izquierda  (decimos “izquierda” por abreviar, en realidad queremos decir la extrema izquierda porque en España no hay más izquierda que el PP, el resto es extrema izquierda), como un resorte ha puesto en marcha sus trompetas, sus grupos corales, sus orfeones, y sus orquestas mediáticas de propaganda,  para apresurarse a decir a los 4 vientos que el Fiscal General del PSOE es inocente, que la sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia injusta, y que el Poder Judicial está en manos de la derecha, o peor aún de jueces “fascistas”(?).

Que la sentencia es injusta parece evidente por grosero, (no esperábamos menos dado el sesgo ideológico de la sociedad española, y los magistrados pertenecen a la masa general de politizados),  pero no en el sentido que lo dice la izquierda sino todo lo contrario.

Hipocresía de la izquierda dejada a un lado, lo cierto es que el Fiscal General del PSOE ha gozado en todo el proceso de un trato de favor, también por parte del Tribunal:

Se le ha permitido que se siente en el lugar de privilegio del estrado junto a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía (lo de Fiscalía por decir algo, también), en lugar de sentarse donde se sienta todo acusado que es o en el banquillo, o en caso de una persona ilustre, o con la que el Tribunal quiere tener cierta consideración, en una silla frente al Tribunal.

Se le ha permitido que vista la toga no de abogado defendiéndose a sí mismo  (que si no está colegiado como Abogado ejerciente, y no lo puede estar por razones de incompatibilidad de su cargo, con la avara reforma en el Estatuto de la Abogacía ya no te puedes defender a ti mismo como “Licenciado en Derecho”, sino que en su afán de acaparar todos los pleitos y que no se escape ninguna minuta, y en el afán del Gobierno de poner cada vez más trabas para que haya menos acceso a la tutela judicial efectiva,  tendría que contratar un abogado, y por tanto esta posibilidad de defenderse a sí mismo no parece hoy posible), sino la toga de Fiscal General del Estado, lo cual es una irregularidad manifiesta porque por ejemplo un juez que viole a su vecina del quinto, y lo descubran, y no porque sea juez tiene derecho a comparecer en juicio para responder de este delito,  vestido con la toga de juez. Que no nos laven el cerebro.

Se le ha permitido que sea representado nada menos que por dos Abogados del Estado, lo cual si no es un delito de malversación se le parece bastante, cometido además a la vista del Tribunal, porque los funcionarios públicos tienen derecho a ser defendidos por la Abogacía del Estado cuando se vean acusados con ocasión del ejercicio legítimo de sus funciones, no cuando cometan delitos. Si un funcionario mete el ordenador de su trabajo en una bolsa y lo pillan llevándoselo, no tiene derecho a que encima lo defienda la Abogacía del Estado, sino todo lo contrario. No ha tenido un Abogado sino dos, entre ellos la Abogada del Estado que se hizo “famosa” por conseguir despojarle, por puro odio, a la familia Franco el Pazo de Meirás.

Se le ha permitido que la Fiscalía, cuya función en el proceso debe ser perseguir el delito, en este caso ha gozado de dos Fiscales que lejos de acusar han actuado como abogados defensores cualificados. Cuando se trata de dos curas que alertan sobre el peligro islamista, piden cárcel para los curas por “delito de odio”, como hizo la Fiscal de Málaga, y cuando se trata del camarada Fiscal General del PSOE, lo que hacen es defenderlo a capa y espada.  La Fiscalía en España no puede caer más bajo.

Luego durante el proceso hemos seguido viendo el trato de favor, porque por ejemplo cuando los periodistas de los medios de extrema izquierda han sostenido que ellos habían recibido el correo de la pareja de Ayuso, por otro vía,  mucho antes que el Fiscal General, a ningún magistrado se le ha ocurrido pedirles que trajeran esos correos para verlos, tapando la fuente, pero viendo que el correo existe y el día y la hora en que según ellos los recibieron. Hay que recordar que el falso testimonio en un proceso penal es un delito, y no menor.

Por tanto viendo todo esto y mucho más,  era de esperar que la sentencia iba a ser otro apaño, como el de los golpistas catalanes.

Y efectivamente así ha sido (o al menos así me lo parece a mí).

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No tenemos todavía la sentencia porque está pendiente de ser dictada, pero tenemos el adelanto de la Providencia que dice 4 cosas muy importantes:

Que lo condenan por el art. 417, 1º Código Penal (CP)

Que lo condenan a inhabilitación especial sólo para el cargo de Fiscal General,

Que la inhabilitación es por 2 años

Y que lo absuelven del resto de delitos.

Si vamos al Código Penal, el art. 417 tiene dos párrafos diferenciados, -el 1º y el 2º-, lo han condenado por el primero, cuando la conducta cometida por el Fiscal General tiene un más correcto encaje en el tipo penal de punto 2º y no del 1º.

Artículo 417

1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Es decir se le ha aplicado el 417, 1º,  (y dentro de este 417, 1º, el primer párrafo que es el más suave, y no el segundo), cuando a mi entender se le tendría que haber aplicado el art. 417, 2º (o en su defecto el 417, 1º pero el segundo párrafo que es el que afecta apersonas), por la sencilla razón de que se trataba de datos que perjudicaban gravemente a un particular (el novio de Ayuso), y el tipo penal más correcto es el 417, 2º y no el 417, 1º.

La diferencia es importante porque por el 417, 2º (o por el 417, 1º segundo párrafo), hay pena de cárcel, y el Tribunal Supremo ha eludido de esta forma la pena de cárcel (no aplicando el precepto que viene al caso, por ello Hermann von Kirchmann dejó escrito su clásico “La Jurisprudencia no es ciencia”), y por el 417, 2º además de pena de cárcel quedaría suspendido de todo cargo público, no solo de Fiscal General (es decir no cesaría en funciones únicamente de su puesto de Fiscal General del Estado, pero pudiendo seguir ejerciendo de Fiscal de un enorme nivel,  sino que quedaría suspendido de todo cargo público, también de Fiscal, no solo de Fiscal General). 

La diferencia,  como se ve,  entre aplicar el precepto correcto o no, es muy notable.

Se ve también el “nivel” jurídico de un Tribunal que de “Supremo” sólo tiene el nombre.

Que se lo apunten los que ponen sus esperanzas en los jueces que acaparan los tribunales más importantes, y se creen que son dioses. En España “dioses” hay pocos ya a estas alturas. Y los pocos que hay no se encuentran en estos ambientes.

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Dentro del 417, 1º (primer párrafo), que le ha sido aplicado, además se ha hecho de forma muy benévola (dentro de la principal benevolencia de aplicarle el 417, 1º en lugar del 417, 2º que es el que correspondía), primero porque la inhabilitación especial del 417, 1º es para todo cargo público (no sólo para el cargo desde el que se delinque, para Fiscal General):

Artículo 417

1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

y sin embargo se le ha minorado la previsión penal que ha quedado reducida no para todo cargo público, ni siquiera no para ser Fiscal, sino únicamente inhabilitado para lo menos posible, para su cargo de Fiscal General del Estado, con lo cual es la inhabilitación más “light” posible, porque puede seguir ejerciendo el cargo de Fiscal, y no de un Fiscal cualquiera o de base sino que podría ser Fiscal de Sala del Tribunal Supremo o de Fiscal ante Tribunal Constitucional, porque para lo único que se le inhabilita por 2 años es para ser Fiscal General del Estado.

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Además el art, 417, 1º CP  habla de forma genérica de  “funcionario público” sin distinción de rango:

“funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”

En este concepto de “funcionario público” entra tanto el funcionario público de rango más modesto (un ordenanza, un telefonista, un auxiliar administrativo), como el funcionario público de una mayor jerarquía.  Y quedan incluidos todos, independientemente de su cualificación jurídica. Lo que no significa que todos tengan la misma responsabilidad. Será atendiendo luego a su puesto, rango o jerarquía, a su cualificación jurídica o técnica, y por supuesto a las circunstancias del caso concreto, que se le exija más o menos responsabilidad. Y por eso el art. 417, 1º establece un segmento de pena de inhabilitación entre 1 y 3 años, porque no va a ser lo mismo que el delito lo cometa un ordenanza que el Asesor Jurídico o el Interventor de una Mesa de Contratación, o un letrado de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Fiscal General del Estado, tanto por su altísimo puesto, rango (funcionario nivel 30 que es le máximo posible), y nivel jerárquico (Jefe de todos los Fiscales de España), como por sus funciones constitucionales,  es la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, que a su vez es la institución que tiene por misión promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Y por tanto, su responsabilidad en la comisión del delito es mucho mayor que si el delito lo comete un auxiliar administrativo de ventanilla de cita previa de un hospital que le cuenta a su vecina que otra vecina ha estado en el hospital por una metrorragia.

¿Le agrava la pena el Tribunal Supremo en consideración a su máxima jerarquía y cualificación jurídica para conocer el alcance penal de lo que estaba haciendo?.  No:

• la pena impuesta dentro de la beneficencia del 417, 1º es además, en su grado intermedio, dos años de tres posibles,

• la inhabilitación es solo la mínima y restringida para su cargo de Fiscal General, y no la especial más normal para ser Fiscal, o la más amplia para ser funcionario, lo que le permite seguir siendo Fiscal incluso de la máxima jerarquía a excepción de Fiscal General (¿en qué situación de desamparo o indefensión quedan los ciudadanos señalados como anti-comunistas sometidos a la acción profesional de este Fiscal en los próximos 2 años, y en el futuro?),

• y además queda absuelto de todos los demás delitos (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, etc)

Al Tribunal sólo le ha faltado regalarle una caja de 5 kilos de mantecados para que se los coma esta Navidad.

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Como vemos se trata, o al menos a mí me lo parece,  de una Sentencia a precio de amigo.

Y todavía a dos magistradas, que deben tener un retrato de Pedro Sánchez en la mesita de noche de sus dormitorios,  les parece poco, y van a efectuar voto particular. Y todavía a la izquierda le falta tiempo para poner en marcha su maquinaria de propaganda para encima criticar al Tribunal, en lugar de darle las gracias.

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¿Por qué la izquierda delinque tanto y es tan violenta?,

Aquí tenemos la respuesta: porque le sale gratis o en el peor de los casos a precio de amigo:

La izquierda tiene unas leyes hechas a su favor, (leyes de Falsificación y Manipulación Históricas que imponen un relato que tapa sus crímenes y amenazan y persiguen a quien se atreva a defender la Verdad Histórica, creación del fraude del “delito de odio” como pretexto con disfraz de legalidad, para perseguir a los que se opongan a los planes de Marruecos y a los calificados de “fascistas” y que ni se puedan defender ni siquiera dialécticamente frente al odio que se despliega contra ellos, porque son los calificados de “fascistas” los que sufren el odio desde 1933, y desde 1945 sin solución de continuidad ya ni hablamos),  tienen a los medios de comunicación para silenciar lo que no conviene que sepa la opinión pública, y para amañar el relato y echarle la culpa de todo a la “ultraderecha”, tiene unos tribunales ideologizados en lo políticamente correcto, es decir en el relato frentepopulista de la extrema izquierda, porque los jueces salen de la sociedad y sufren como todos los demás la lluvia ácida de la propaganda mentirosa, la desinformación y guerra psicológica,  con el efecto de sufrir la politización que ello supone,  como cualquier otro ciudadano desinformado.  Eso los bien intencionados, luego los hay que son verdaderos talibanes de la extrema izquierda, que si fuera por ellos nos matarían a todos nosotros a hachazos. También los hay que cuando se trata del PSOE,  les caducan los delitos sin llegar a instruirlos, como ha pasado en Andalucía con los ERE.

Si todo falla, tienen el Tribunal Constitucional que actúa como el VAR cuando juega el Barça,  que  sólo le falta un detalle: una foto de Lenin y otra de Stalin presidiendo los despachos, y entre ambas la de la Pasionaria y la de Josep Asens Giol,  con el escandalo a voces del camarada-comisario Conde Pumpido, que no es solo Conde Pumpido, que son todos los demás, y con un índice de inadmisiones a trámite de los recursos de amparo del 97% para los ciudadanos corrientes, como si el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales (art, 10, 1º CE), dependiera del interés constitucional que el caso tuviera para el TC.

Y si todo esto no es suficiente, siempre queda el caso Faisán y el indulto del Gobierno, como han sido indultados los que han agredido a simpatizantes de VOX en las inmediaciones de un acto, que como todo falló para que la agresión les saliera gratis total, allá que el Gobierno los ha indultado.

La señora que quemó al delincuente que violó a su hija, (María del Carmen García Espinosa), para ella no hay indulto que valga, ni por el Gobierno del PP ni por el Gobierno del PSOE, pero para los etarras, para los camorristas catalanes o para los que van a descalabrar simpatizantes de VOX, para esos no hay pegas. Y por supuesto tampoco para el Tribunal Supremo que rechazó la petición de indulto de esta mujer: AQUÍ

Por todas estas cosas y muchas más en España tenemos tribunales pero no tenemos Justicia ni Estado de Derecho.

Por esta realidad los de Blanquerna van a la cárcel por un empujoncito de nada, y ven además agravadas sus condenas en el Supremo, y en cambio lo que en las Universidades actúan en tropel y con toda violencia contra quien pretenda dar una conferencia que no sea de extrema izquierda, no les pasa nada a pesar de las agresiones que cometen y la violencia que despliegan, como hemos podido ver en muchísimos casos, los últimos con el periodista Vito Quiles.

Por esto el que se suena los mocos con la bandera de España se va de rositas y se ríe de todos nosotros, y por esto Zapatero ve archivadas las querellas.

Por esto la Sala C-A de la  Audiencia Nacional se negó a pronunciarse y resolver incumpliendo el art. 67,1º LRJC-A (que dice que: “la sentencia decidirá todas las cuestiones planteadas en el proceso”), los arts. 24 y 53 CE (Derecho a obtener la tutela judicial efectiva y la protección de los Derechos Fundamentales a través de los Tribunales de Justicia), y 11, 3º LOPJ (que ordena a los jueces que se dejen de cuentos y otorguen a la tutela judicial efectiva), y se negó a resolver sobre la violación de Derechos Fundamentales del Brigada de Cádiz, y a deducir testimonio contra el General del Cuerpo Jurídico de la Dirección General de la Gc que para no poner de manifiesto el atropello que se había cometido con él en la Dirección General,  se negó a informar sobre la violación de Derechos Fundamentales y otros motivos de nulidad de pleno derecho en la anulación arbitraria de su ascenso a Subteniente, como era su obligación legal.

Por ello el 11M no se ha enjuiciado como debería haberse hecho y se han destruido los trenes para que no pueda hacerse en el futuro, sin consecuencias para nadie, como nos sea para la jueza Coro Sillán que intentó reabrir el caso para que se investigara, y lo pagó viéndose en la calle como indigente.

Por ello las tumbas de Franco y de José Antonio fueron profanadas, porque no hay protección jurídica ni tutela judicial efectiva que valga  para los nuevos judíos de esta sociedad que son los señalados como franquistas.

Por ello los separatistas catalanes están tan envalentonados, porque saben que de bajo siempre hay no uno sino varios colchones y varios paracaídas: unas leyes hechas para ellos,  unas televisiones para amañar el relato,  un tribunal que les pasa la mano, un Tribunal Constitucional por si la cosa no sale como se esperaba. Y si no es bastante, siempre queda la Ley de amnistía y los indultos del Gobierno que el Rey firma sin pegas.

Porque los libros de Historia cuentan que Luis XIV de Francia dijo aquello de “el Estado soy yo”, pero quién de verdad se cree que “El Estado soy yo”, y ejerce como tal,  con todas las instituciones a sus pies, mostrándole vasallaje, empezando por la Fiscalía General del Estado que hace mucho que no es del Estado sino del PSOE,  es el Presidente Pedro Sánchez.

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En España no se habrían alcanzado los niveles de corrupción que se han alcanzado (de todo género, no sólo corrupción económica, también política, institucional, etc), si no fuera por todo esto.

Esta es la realidad de España, que dentro de unos siglos, se estudiará con asombro cómo  pudimos caer tan bajo, y cómo sólo unos cuantos a título particular y a pecho descubierto,  se opusieron a este estado de cosas mientras que los que tenían obligación de hacerlo por razón de sus cargos formaban parte del cotarro, por acción o por omisión.

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 ¿Y cuál es la reacción de la izquierda ante la realidad de una sentencia que hasta donde ha podido los ha salvado?

La reacción de la izquierda a todo esto es desenfundar su arma reglamentaria, que es la mentira, el fingimiento y la manipulación de la realidad,  y encima tachar al Tribunal Supremo de sentencia política contra el gobierno “progresista”(¿?), como si pudiera calificarse de “progresista” un Gobierno y un sistema que está llevando a España a un proceso de autodestrucción y a un empobrecimiento no ya progresivo sino galopante, de toda la sociedad menos de la clase política, que son la nueva oligarquía,   a pasos agigantados, (tan agigantados que la clase media española se está proletarizando tanto que está desapareciendo),  que España como nación,  se desmorona por momentos, y es ya un Estado fallido sostenido por todo lo que tapan y manipulan las televisiones del régimen.

La Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, -en una puesta en escena que la coloca como candidata favorita no solo al Premio Nacional de Teatro (que éste lo otorga el Ministerio de “Cultura” y lo tiene asegurado), sino al primer premio de los Premios MAX de las Artes escénicas, al Premio Tony (“Tony Award”), que se entrega en los Estados Unidos y es el equivalente teatral a los Óscar en el cine, y raro será que no reciba también en Gran Bretaña el Premio Laurence Oliver-, ha acusado directamente al Tribunal Supremo de dictar una sentencia política, dirigida contra el Gobierno y ha mostrado un apoyo explícito al Fiscal General del Estado condenado, al que ha calificado de inocente.​

Entre otras cosas ha dicho que:

• “Estamos sin lugar a dudas ante una sentencia política. Una sentencia que no se dirige al Fiscal General del Estado, sino que se dirige al Gobierno de coalición progresista”.​

• Ha calificado el fallo de “muy grave”, que “rompe la institucionalidad del Estado” y “hace daño al Poder Judicial”.​

• Siguiendo la consigna del Gobierno ha afirmado que la denuncia parte de “un bulo” generado por el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se le había condenado «sin pruebas». ​

• Que dicha condena “fractura” la judicatura española, haciendo referencia a los 2 votos de las magistradas discrepantes, dándole mayor relevancia a una minoría de 2 magistradas ultrasanchistas, (porque antifranquistas son todos), que a una mayoría de los otros 5 magistrados, lo cual es norma en la extrema izquierda, darle más valor a la minoría que a la mayoría cuando a ellos las votaciones no les salen como les gustaría.​

• También ha afirmado que la sentencia será estudiada “en todas las facultades de Derecho de España” y la consideró una “anomalía” judicial.​

No será esto lo que será estudiado en las Facultades del Futuro sino cómo una mendruga de este tipo, y otros como ella (Pablo Iglesias, Oscar Puente, Carmen Calvo, etc. etc), pudieron llegar a dirigir los puestos de la Nación que descubrió América y Evangelizó medio mundo, y salvó a Europa en Lepanto.

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El discurso del PSOE siempre es el mismo, ellos son siempre “inocentes”, aunque los pillen con las manos en la masa o con dinero “pa’sar una vaca”.

El problema no es que esto son mentiras a cual más gorda, y que la extrema izquierda lo sabe y tiene que esforzarse para no romper a reir cuando lo dice, porque gracias a que nada de esto es verdad sino justo al contrario,  la extrema izquierda viene disfrutando de la impunidad de la que goza y viene gozando desde hace más de 50 años en los tribunales y fuera de ellos.

El problema,  y lo que es de destacar, es el lavado de cerebro que estas falacias provocan en los 49 millones de tontos que hay en España, que todavía no se han enterado que la mentira y el fingir forma parte del ADN de la extrema izquierda y constituyen el arma reglamentaria de todo activista talibán-comunista.

Digo en los 49 millones, pero más exactamente debo decir en los 60 millones de tontos que hay en España, porque aunque el número de habitantes es de 49 millones, algunos son tan tontos tan tontos que cuentan como dos ó tres, y por eso cabe hablar de 60 millones en un país de 49.

No parece que, si el Fiscal General fuera tan inocente como dice el Gobierno, destruyera los mensajes de su teléfono. Si tales mensajes evidenciaran su inocencia no los habría destruido. No hay que ser Hércules Poirot para ver esto, a parte de los testimonios de sus propios subordinados que vivieron el proceso de cómo se gestó todo,  y que no dejan dudas al respecto.

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La extrema izquierda sabe que ha gozado también en este juicio del trato de favor a que está acostumbrada en los tribunales, pero finge otra cosa para presionar todavía más a un Poder Judicial antifranquista politizado a favor de la extrema izquierda, y para engañar a la masa de bobos, siguiendo el viejo lema de Lenin “Contra los cuerpos, la violencia; contra las almas, la mentira”.

Y los medios de comunicación amplifican el efecto, en un país donde toda la prensa es prensa amarilla, especialmente las televisiones, y la crítica periodista ha desaparecido (en realidad nunca ha existido), de los grandes medios, que como todo lo demás están al servicio del PSOE.

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Yo no tengo ningún interés en que el Fiscal General del PSOE vaya a la cárcel, mucho menos después de ver el mamoneo en que se traducen y se convierten estas estancias en la cárcel  en plan marqués para los amigos del Gobierno y del poder. Pensemos por ejemplo en las vacaciones de los separatistas catalanes en la cárcel, viviendo a todo plan y con todo tipo de prebendas, o el que Urdangarín cumpliera condena en una cárcel de mujeres, algo que no está al alcance de ningún español corriente. Por estos y otros hechos, creo que ciertos jerarcas de instituciones penitenciarias, merecen la cárcel más que el Fiscal General del PSOE.

Es más,  hasta cierto punto me incomoda que en España haya tan poca Justicia y tan poco sentido nacional como para que con las cosas malas que hace la Fiscalía, -entre ellas perseguir sacerdotes por alertar del peligro de la invasión mahometana, o defender delincuentes en lugar de acusarlos, que en muchos aspectos funciona como una policía política propia de los regímenes del otro lado del Telón de Acero, de esto el librero D. Pedro Varela puede dar un testimonio estremecedor-, sea condenado por esto, que no es nada en comparación con todo el mal que hace, porque los grandes delitos que se cometen en España, los negocios de las mascarillas durante la pandemia, el golpe de Estado de los separatistas catalanes incluidos, etc. etc.  los denuncian los particulares (D. Ramiro Grau, VOX, Hazte Oir, Manos Limpias), o como en este caso por querella del propio agraviado que para impulsar la acción de la Justicia se ha tenido que rascar bien el bolsillo porque no puede contar con la Fiscalía, cuya principal función es estar a lo que le convenga al Gobierno (“la Fiscalía de quién depende,  del gobierno, pues eso”), y en archivar las denuncias que recibe de los particulares que si hubiera estadística sería escandaloso, y en este caso incluso no es que no haya hecho nada sino que se le ha puesto en contra. Y lo denuncian los particulares porque a la Fiscalía ni está ni se la espera, eso sí para perseguir a los patriotas, para eso se desviven.

Salvando las distancias naturalmente, esta condena recuerda un poco cuando Al Capone fue condenado y encarcelado por evasión de impuestos, y no por su actividad criminal y por toda la gente que asesinaba o mandaba asesinar a diario.

Yo sólo quiero hacer ver, poner de manifiesto,  frente al discurso oficial de los políticos y las televisiones del régimen,  cómo una vez más manipula la izquierda,  y cómo siempre se sale con la suya (lo hemos visto en Valencia como han conseguido presentar y cargarle a Carlos Mazón como el único responsable),  gracias al favor de los tribunales,  a pesar de que el relato de la extrema izquierda es, como todo lo que dice, un puro fraude para engañar a la gente.

Quede para la Historia.