Gobierno republicano-socialista de Azaña

Por Toribio

9/02/2023 Historia

4.- Gobierno republicano-socialista de Azaña

Tras la preceptiva dimisión del Gobierno provisional, se abren consultas entre los líderes de los grupos políticos y se encarga a Azaña la formación de un nuevo Ejecutivo que iba a ser el primero efectivo de la II República, el cual quedaba constituido el 16 de Diciembre de 1931 de la siguiente manera: Manuel Azaña (Acción Republicana), Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra; Luis de Zulueta (Acción Republicana), de Estado (Exteriores); Álvaro de Albornoz (Partido Republicano-Radical Socialista), de Justicia; José Giral (Acción Republicana), de Marina; Jaime Carner (Esquerra Republicana de Cataluña), de Hacienda; Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana Gallega), de Gobernación (Interior); Fernando de los Ríos (PSOE), de Instrucción Pública y Bellas Artes; Indalecio Prieto (PSOE), de Obras Públicas; Francisco Largo Caballero (PSOE), de Trabajo; Marcelino Domingo (Partido Republicano-Radical Socialista), de Agricultura, Industria y Comercio. Quedaban apeados, respecto al anterior Gobierno, Lerroux y Martínez Barrios, ambos del Partido Republicano Radical. El nuevo Gobierno era aún más radicalmente republicano-revolucionario que el anterior, y ello por presiones del PSOE que conseguía no sólo hacerse con tres de las más importantes carteras ministeriales, sino también por dejar fuera al relativamente moderado Partido Republicano Radical y sustituir a los separatistas más moderados de Acción Catalana por los de la revolucionaria Esquerra Republicana de Cataluña. El PSOE llevaba así a la práctica su estrategia de participar en él lo justo para vigilarlo de cerca y controlar su labor, imprimiéndole de paso un marcado carácter revolucionario hasta en el separatismo.

Azaña conservaba la cartera de Guerra por su obsesivo empeño personal en profundizar en la reforma de las Fuerzas Armadas, la cual consistía, según él mismo declararía, en una drástica reducción de efectivos, cuadros de mando y unidades a fin de “…suprimir todo lo que estorbaba… era necesario destrozarlo y lo he hecho con serenidad y sin darle importancia, como hice con la Academia Militar, que eran algo que sobraba…”. Ante tanto “destrozo” los militares no rechistan, aceptando con estoicismo los tiempos que les tocaba vivir; no obstante lo cual, y dada la evidente injusticia de las medidas que se tomaban, no dejó de crearse un poso de profundo malestar pues, si bien la mayoría entendía que el Ejército precisaba de reformas, pues su anquilosamiento era evidente en muchos terrenos, no parecía normal que las mismas se centraran exclusivamente en reducciones siempre inspiradas por un claro matiz de “limpieza política”. Por el contrario, cuando Azaña como presidente del Gobierno intentó una reducción similar, hasta en un 50 por ciento, de los funcionarios de los ministerios civiles, encontró tan dura oposición que no tuvo más remedio que echar marcha atrás y retirar tal proyecto, no sin confesar que “…al igual que el de los militares, lo tenía pensado desde 1918…”.

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El nuevo Gobierno republicano-socialista comienza su tarea bajo la sombra de una República tocada a ojos vista. La agitación social sigue siendo endémica; la Ley de Defensa de la República coarta las libertades que dice defender, especialmente de los incipientes grupos de «derecha», mientras la situación económica se agrava. Tal panorama no escapa a uno de los más fervientes republicanos de siempre como era el filósofo José Ortega y Gasset, que tanto tuvo que ver con la implantación de dicho régimen, quien llegaba a exclamar por aquellas fechas “…se ha cometido un amplio error en el modo de plantear la vida republicana; no queda más remedio que rectificar el perfil de la República, la cual ha hecho triste y agria la vida de los españoles…”. Para subsanar los errores Ortega proponía la formación de un gran partido de “…amplia base nacional…” sobre el que apoyarla; pero su llamamiento parece llegar tarde, no interesa ni a los republicanos ni a las izquierdas-revolucionarias que empiezan a disfrutar del poder recién alcanzado y a ejercerlo a su antojo.

Nada más claro y aleccionador que las palabras ya citadas de Ortega y Gasset para definir lo que fueron los primeros meses de la República. Quebraba su credibilidad y las esperanzas puestas en ella, especialmente por los que aún sin estar convencidos la acataban, y ello debido al sectarismo, parcialidad y manipulación que se había instaurado en el poder a su amparo. En vez de establecer un marco general de convivencia tendiendo en cuenta las distintas opiniones sobre cómo había de articularse la vida española, se había aprobado una Constitución no «de todos» y para «todos», sino de “unos” contra “otros”; la Carta Magna de 1931 era la de “unos” y no la de “todos”. Los líderes republicanos del momento cedían, de buena gana además, a la presión y violencia de los que anhelaban la revolución, lo que, como es lógico, generaba ya la consiguiente reacción de los que también con razón se sentían perseguidos y amenazados. Queda claro que la causa de tal efecto, de dicha reacción, todavía no anti-republicana, sino anti-sectaria, eran las actuaciones de los republicanos radicales y de los revolucionarios, principalmente los socialistas. Por la acción de unos, surge la reacción de los otros, y los bandos que terminarán enfrentándose comienzan a definirse y a volverse cada día más antagónicos.

El propio Indalecio Prieto, ministro y líder del PSOE, definía así la situación de aquellos días “…la reacción de las fuerzas de derechas es más fuerte que los partidos republicanos; seguirá creciendo y plantará batalla; la misma será entre ellos y nosotros los socialistas, pues los partidos republicanos se esfumarán…”; se buscaba, pues, la confrontación directa, previa la provocación necesaria. Para las izquierdas-revolucionarias la República y su Constitución, como ya habían manifestado en varias ocasiones, no era más que un medio para alcanzar su objetivo real: la implantación de un sistema marxista-revolucionario. Por ello, cuando los socialistas se mostraban tan defensores de la República, no hay que entender que tal régimen era el suyo, sino solamente la pieza de engarce, necesaria de momento, para caminar hacia la dictadura del proletariado que, como en Rusia, debía ser republicana, sí, pero socialista y soviética.

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Hasta el momento, incluido el periodo de socavamiento de la monarquía, los republicano-revolucionarios habían tenido sólo que señalar los problemas y exigir cambios, ahora, ya en el Gobierno, llegaba el momento de aportar soluciones, es decir, de gobernar. Lo poco hecho mientras ocupaban el Gobierno de forma provisional había sido más que desastroso, logrando sólo crear agravios del todo innecesarios; ahora iban a enfrentarse a los problemas reales de la España de entonces; de ello iba a depender, como dijera el propio Azaña, el futuro de la República “…si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad…».

El 31 de Diciembre de 1931, en el pueblecito de Castilblanco (Badajoz), eran asesinados por las turbas enloquecidas por la propaganda revolucionaria los cuatro guardias civiles que componían la guarnición de su casa-cuartel. El hecho se produjo en circunstancias tan terribles –los cuerpos fueron despedazados– que generó en la opinión pública de toda España una ola de repulsa general. Los guardias civiles habían acudido con sus fusiles colgados sin intención de utilizarlos a disolver una manifestación organizada por el propio alcalde del pueblo, que era del PSOE. En unos segundos, cuando estaban parlamentando, los guardias fueron cogidos por sorpresa y linchados salvajemente.

Sin embargo, tal hecho, lejos de servir de acicate a las autoridades, es decir, al Gobierno y a los parlamentarios para defender a la Benemérita y tomar medidas para evitar su repetición, fue sorprendentemente utilizado para poner en marcha una calumniosa campaña contra la Guardia Civil y cualquier forma de orden que se intentara imponer en justa aplicación de las leyes en vigor. Así, se observa enseguida como el Gobierno, y con él la propia República, en vez de afianzar su autoridad, se vuelve contra ella e intenta desprestigiarla aún más. Nuevamente la República se evidenciaba como un sistema que, intentando guardar una apariencia de legalidad, era en realidad el vehículo que los revolucionarios manipulaban en pos de sus fines ideológicos, haciéndole perder legitimidad.

La campaña, que tuvo uno de sus principales portavoces en la exaltada dirigente comunista Margarita Nelken, cuyos mítines en Sevilla habían tenido gran repercusión en Badajoz y su comarca y por ello mucho que ver en el trágico episodio de Castilblanco, fue firmemente apoyada por «Mundo Obrero», órgano oficial del Partido Comunista de España, y resultó tan efectiva que consiguió incluso el cese del Gral. Sanjurjo como Director General de la Guardia Civil; quien dirigió una circular de despedida a los miembros de la Benemérita en la que, después de solidarizarse con ellos, les pedía conservar “…la templanza y remitan su actuación al más exacto cumplimiento de las leyes y de los reglamentos… (condenando) aquellos ataques dirigidos a socavar nuestro prestigio y a enfrentar a las masas obreras contra nosotros, sin que éstas se den cuenta de que también por ellas laboramos, pues sin el orden y la paz social que defendemos, su propio bienestar y existencia se verían comprometidos…”.

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Comenzaba 1932 marcado por la agitación social y la huelga general que declaraban los anarquistas en la cuenca del Llobregat que, como ya iba siendo costumbre, se vio acompañada del consiguiente llamamiento a la “revolución social”, suponiendo un nuevo ataque directo contra la República, sin que ninguno de ellos, por el momento, venga de las «derechas», a las que a pesar de todo, tanto republicanos como socialistas, se empeñaban en identificar como sus acérrimos enemigos. Los sucesos alcanzaron niveles gravísimos que obligaron a Azaña a emplear al Ejército para reprimirlos, llegando a declarar que “…fusilaría a quien se cogiera con las armas en la mano…”; el resultado fue de una treintena de muertos, la detención de numerosos revoltosos, la incautación de grandes cantidades de bombas caseras y armas ligeras y la deportación a Bata (Guinea) de varios de los implicados, entre ellos los dirigentes anarquistas Buenaventura Durruti –de 36 años de edad; procedente de la UGT se había pasado al anarquismo por considerar el socialismo poco revolucionario, poseyendo desde la Revolución de 1917, en la que participó activamente, un amplísimo historial como agitador, atracador de Bancos y pistolero– y los hermanos Ascaso, amigos y compañeros de correrías del anterior y como él implicados en su día en el asesinato del Cardenal Soldevilla.

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Como si sus problemas no fueran pocos y como si no vinieran siempre del mismo origen, es decir, de los grupos de izquierda-revolucionaria, Azaña y su Gobierno parece que, además de ahondar más en las heridas de las «derechas» y gentes de orden en general, buscaban congraciarse con esa misma izquierda-revolucionaria, desencadenando una nueva campaña de persecución religiosa poniendo en marcha dos medidas específicas:

* Por una parte, la descristianizando la vida ordinaria de la población, ordenando la desaparición de los crucifijos de todos los centros oficiales –al igual que ya se había hecho en las escuelas–, y la secularización efectiva de los cementerios, pues aunque ya estaba decretada no se cumplía en muchos casos, es decir, el cumplimiento estricto de la prohibición de enterrar a los muertos con rito religioso.

* Por otra, decretando la expulsión de España de los jesuitas, aduciendo la incompatibilidad del cuarto voto de tal orden –por el que juraban obediencia al Papa– con el artículo 26 de la Constitución republicana que prohibía a los españoles someterse a cualquier autoridad que no fuera la de la República. La expulsión iba acompañada de su disolución en todo el territorio nacional, privándola automáticamente de personalidad jurídica, por lo que se le prohibía poseer propiedades; sobre la base de lo anterior, se decretaba la expropiación total y sin resarcimiento económico alguno de todos sus bienes mobiliarios e inmobiliarios; por último, el decreto señalaba la responsabilidad penal personal en que incurrían los superiores de la orden en caso de ocultación de datos que impidiera la aplicación en toda su extensión del citado decreto.

Con la primera medida se intentaba propagar con mayor facilidad el proselitismo revolucionario de marcado carácter anti-católico en todos los sectores de la sociedad, consciente tanto el Gobierno como las izquierdas-revolucionarias de que las nuevas generaciones –como los jóvenes de cualquier país– debían jugar a medio plazo un papel importantísimo en la vida y el desarrollo de la nación, por lo que debían ser convenientemente adoctrinadas. Con la segunda, y a pesar de los perjuicios que ello comportaba, como se verá, se intentaba dar un golpe mortal a la presencia de la Iglesia y a la divulgación de la Fe en España, haciendo desaparecer una de sus congregaciones más emblemáticas, de mayor energía y prestigio, como eran los jesuitas.

La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, español de nacimiento, poseía características netamente hispanas. A ella pertenecían por entonces en el territorio nacional unos 3.600 sacerdotes, todos los cuales debían abandonar lo que era su propio país. De ellos, unos 400 ejercían la docencia en colegios, en unas cuarenta residencias, diez universidades y en dos observatorios astronómicos. Se puede calcular en cerca de treinta mil los alumnos que recibían clases bajo la dirección de jesuitas. En torno a ellos se congregaban más de mil misiones y otras cuatrocientas asociaciones de misericordia, de las cuales se beneficiaban cerca del cuarto de millón de personas de toda clase y condición, especialmente de muy escasos recursos económicos; ejemplo sangrante, entre otros muchos, fue lo que ocurrió con la leprosería de Fontilles (Alicante), que acogía a más de seiscientos leprosos, los cuales, al marcharse los jesuitas, pasaron a depender de la Dirección General de Sanidad que fue incapaz de mantener un mínimo de atención a tan desdichadas personas, alguna de las cuales se escaparon del centro provocando la consiguiente alarma entre los habitantes de las poblaciones cercanas cuando les vieron aparecer cargando con sus estigmas.

Como es lógico, y además de las despedidas calurosas y sentidas de multitud de personas que llegaron a manifestarse contra tan injusta y sectaria medida, los jesuitas recibieron el apoyo inmediato del Vaticano a través de una dura nota en la que se rebatía, punto por punto, todo lo relativo a su expulsión con términos jurídicos y razones incontestables poniendo de manifiesto la Santa Sede la ilegalidad del decreto de disolución, aclarando y recordando que el cuarto voto lo era sólo “…en sentido espiritual y religioso…” en cuanto al Papa como Vicario de Cristo en la Tierra, sin que presuponga poderes terrenales equiparables a los de otros Jefes de Estado; la bula del Papa Paulo III había dejado ya desde el Siglo XVI bien claro lo mismo, es decir, que tal obediencia se debía en todo aquello que tuviera que ver con “…el bien de las almas y la propagación de la Fe…”, no en cuestiones temporales; por ello, basar la expulsión en una supuesta vulneración de la Constitución era a toda luces una completa falacia. A parte de lo anterior, el Vaticano aducía que tenía reconocida su capacidad jurídica para crear y mantener congregaciones en España, por lo que no podía el Estado legislar contra tal derecho. El decreto era, además, anticonstitucional, porque violaba el derecho de los españoles a profesar y practicar libremente cualquier religión (art. 27). Se privaba a los jesuitas, que eran también españoles, de su derecho a permanecer en territorio nacional si ejercían de tales. Se les privaba, asimismo, al expulsarles, de sus derechos como ciudadanos, por ejemplo el de votar. Además, el artículo 28 de la Constitución determinaba que sólo podían ser punibles los hechos así declarados por la autoridad competente y, en este caso, no había habido ni cargos contra ellos, ni declaración legal de culpabilidad por lo que resultaba netamente inconstitucional la pena impuesta en el decreto. Por último, el mero hecho de disolver la Compañía aduciendo la obediencia de sus miembros al Papa, suponía una clara agresión contra éste en su calidad de cabeza visible de la Iglesia en el mundo. Como puede verse, dicha expulsión era un completo despropósito desde todo punto de vista, motivado únicamente por la saña anti-católica de las autoridades y partidos republicano-revolucionarios.

Pero contra tal inquina nada sirvió –como tampoco las críticas a tal medida de destacados republicanos como Unamuno u Ortega y Gasset– y el decreto se ejecutó. Tal hecho, además, trascendía de los meros aspectos de las relaciones bilaterales entre el Estado español y la Santa Sede, pues afectaba nueva y directamente a los creyentes de una nación, como era España, en la que su fe jugaba un papel determinante en el corazón y sentir de la mayoría de la población que observaba con desasosiego como su Gobierno, además de vulnerar todos los preceptos legales que estaba obligado a defender, golpeaba en lo más íntimo sus creencias más profundas de manera innecesaria, pues los jesuitas, que se supiera, no sólo no hacían mal a nadie, sino que por el contrario, con su labor docente y de ayuda a los más desfavorecidos cubrían en gran parte un aspecto francamente abandonado por esas mismas autoridades y Gobierno.

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Los ataques contra el Ejército continúan con la excusa de su “reforma”. Se disuelven las Capitanías Generales, lo que se traducía en que, en caso de disturbios graves, las fuerzas militares que era costumbre emplear para sofocarlos, fueran puestas bajo mando de gobernadores civiles o alcaldes que poco o nada sabían de su correcto uso; además de la politización que ello comportaba. Se suprimieron nombres de Regimientos ilustres en un intento absurdo por borrar su historia. Se depuso de sus empleos a los ascendidos por elección y postergó a los ascendidos por méritos de guerra. Se cribó a los Generales, separando del servicio a los que no eran gratos al Gobierno. Se reformó la Justicia Militar traspasando a la civil ciertos delitos, con grave quebranto para la autoridad de los mandos de unidades. Se aumentó el sueldo a las escalas subordinadas, que en algunos casos llegaron a cobrar más que sus mandos superiores. Con todo ello, y otras medidas más, quedaba claro que lo que se pretendía era dividir a los mandos del Ejército y de la Marina para, por un lado, neutralizar cualquier idea de resistencia a la República –que en realidad no existía– y por otro politizar a los cuerpos armados para servirse de ellos en su momento, siguiendo el guión según el cual la revolución no era posible sino se contaba con un Ejército y una Marina también revolucionarios que se unieran al proletariado al igual que había ocurrido en Rusia en 1917.

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La situación económica seguía deteriorándose a pasos agigantados. Publicadas las liquidaciones definitivas de los presupuestos del Estado, el de 1930 –último de la Monarquía y heredero de la eficaz gestión de la «Dictadura de Primo de Rivera»– arrojaba un superávit de más de cincuenta y dos millones de pesetas, sin embargo, el de 1931, es decir, el primero de la República, contemplaba de antemano un déficit de más de ciento noventa y ocho millones. Saldo tan negativo se debía en gran parte a la reducción en cerca de ochenta y tres millones de pesetas de las previsiones de recaudación, junto con el considerable aumento de los gastos, principalmente de los relativos a personal y medios de los cuerpos de seguridad que habían aumentado desproporcionadamente, lo que paradójicamente no se traducía en el correspondiente y esperado descenso de la delincuencia, el terrorismo o la agitación callejera cuyo ascenso era galopante. Otros datos apuntaban a que el ahorro cuantificado había descendido en más de mil trescientos millones de pesetas y las letras impagadas habían aumentado en casi un veinticinco por ciento. Como puede verse, el desconcierto y el caos inundaban el escenario financiero y económico de España. Además, se habían quemado cosechas, dejado de cultivar tierras, ocupado fincas y subido los salarios demagógica e insosteniblemente por lo desproporcionado de sus cuantías –sólo por acallar protestas y amenazas de huelga de las centrales sindicales revolucionarias– viéndose obligado el Gobierno, para compensar, al gravoso aumento de impuestos, generando un considerable encarecimiento de los precios, entre ellos de productos de primera necesidad, disparándose el paro.

El primer presupuesto de la República era de cuatro mil trescientos millones de pesetas frente a los tres mil seiscientos millones de pesetas del último de Primo de Rivera; el aumento era notorio máxime existiendo tan sólo un año de diferencia. Paradójicamente llamaba la atención el fuerte aumento de los fondos adjudicados al Ejército, a pesar de su reducción que se había justificado en la necesidad de abaratar costes, pero es que la cuestión era que con las medidas adoptadas el gasto de tal organismo había crecido gravado por el aumento de las clases pasivas, pues los militares depurados o pasados voluntariamente a la reserva seguían, como es lógico, percibiendo sus emolumentos. En la partida del Ministerio de Trabajo el aumento que se reflejaba no se dedicaba a la creación de empleo y mejora de la formación de los trabajadores, sino al pago de la considerable red de delegados y subdelegados –en realidad «sindicalistas liberados», figura de nueva creación– de los sindicatos revolucionarios, mayoritariamente de la UGT socialista, que dedicarían su tiempo al proselitismo, la expansión de la revolución y la agitación social, a costa del erario público. Para ahorrar gastos se ordenaba detener las obras públicas puestas en marcha por la «Dictadura», entre otras se ordenaba no construir “…ni un kilómetro más de ferrocarril…”, lo que suponía sentenciar a grandes regiones de España al atraso y el subdesarrollo. Como colofón, el presupuesto preveía unos ingresos de tres mil ochocientos millones de pesetas, por lo que el presupuesto nacía con un déficit aceptado de antemano de quinientos millones de pesetas. Aquellas suculentas reservas que dejaran Calvo Sotelo y Primo de Rivera se consumirían de poco tiempo si no se ponía remedio.

El Gobierno decidía acometer una pretendida reforma agraria, asunto y aspiración que durante décadas venía siendo icono principal y pedestal fundamental de las reivindicaciones y campañas de agitación de los republicanos y revolucionarios. Las medidas adoptadas, aunque aparentemente parecían dar de lado a los postulados radicales defendidos por anarquistas y socialistas, no cedían a la tentación de la utopía, apostando fundamentalmente por la expropiación de tierras y el asentamiento de jornaleros y sus familias en ellas; en realidad se trataba de una socialización y colectivización prácticamente bolchevique, aunque encubierta, del espacio agrario muy parecida a la que se venía aplicando por entonces en la Rusia revolucionaria que tan penosos resultados estaba dando, tanto en el orden económico, como productivo y humano. Evidenciaba tal reforma el defecto, entre otros muchos, de haber carecido de un cuidadoso y profundo estudio previo de la realidad del campo español, mucho más compleja y complicada, tanto desde el punto de vista de su explotación como del humano, de lo que los agitadores socialista, comunistas o ácratas creían, al igual que les ocurría a los demagógicos líderes republicanos. La reforma pretendida adolecía por ello de improvisación e inmadurez. Por ejemplo, se quería aplicar las mismas medidas en todas las regiones españolas, sin tener en cuenta sus grandes diferencias agrícolas, ganaderas y de propiedades; en unas existían grandes latifundios y en otras pequeños minifundios, todo lo cual desaconsejaba, por imposible e injusto, el igualitarismo irreal y anacrónico que el Gobierno pretendía imponer. Por todo ello, y por otras muchas razones parecidas, el proyecto no sólo generó desde el mismo momento en que comenzó a debatirse en las Cortes un cúmulo de suspicacias, susceptibilidades, temores, desconciertos y consiguiente agitación, sino que tal crispación se trasladó enseguida al campo –y a las calles de no pocas ciudades– provocando, ante la falta de seguridad y perspectivas, la acentuación de los males tradicionales de tal sector, entre ellos un fuerte descenso de la producción y el enconado enfrentamiento entre propietarios y labriegos, acentuado al politizarse.

Para más inri, el Ministro de Trabajo, el socialista y líder de la UGT, Largo Caballero, máximo exponente de la corriente más extremista y revolucionaria del PSOE, emitía un decreto por el que, bajo la pretendida y peregrina excusa de “…impedir la competencia entre braceros…”, prohibía la contratación de éstos fuera de su comarca de origen, con los que los condenaba a convertirse prácticamente en los ancestrales “siervos de la gleba” de la Edad Media al privarles de la normal y necesaria movilidad para buscar trabajo, provocando que en comarcas donde hacía falta mano de obra no se pudiera obtener al no poder contratarla de otras, y en las que escaseaba se produjeran excedentes sin contratar que no podían ser asumidos, resultando de todo ello un nuevo y cada vez más considerable aumento del paro en el campo y mayor descenso de la producción.

Todo este desgobierno generaba, en el orden político, la consiguiente polarización, y en lo social, junto a la agitación, el descontento de todos. El clima social y político se volvía caótico e irrespirable. Ortega y Gasset llegaría a gritar desesperado “…¡no es esto, no es esto!…”, refiriéndose a la orientación que se estaba dando a la República a cuya implantación tanto había contribuido, a la cual veía convertida en un régimen político que, lejos de solucionar los problemas que se achacaban a la monarquía, los acentuaba, creando además otros nuevos de peor cariz.

Por si fuera poco, regresaba a las Cortes el debate sobre el pretendido estatuto de autonomía de Cataluña, provocando encendidos enfrentamientos entre diputados de uno y otro signo, trasladados a la calle en forma de varias revueltas estudiantiles que acabaron irremisiblemente con graves enfrentamientos con las fuerzas del orden.

5.- El golpe de estado del General Sanjurjo (10 de Agosto de 1932)

Cada día era más evidente que la calculada inhibición de Alcalá-Zamora, como Presidente de la República, el sectarismo de Azaña, como jefe del Gobierno, y la clara deriva revolucionaria de sus respectivos partidos entregados a la implantación de la revolución, herían innecesaria e injustamente la susceptibilidad y más arraigadas creencias de buena parte de la sociedad española del momento que, además, recordemos, había aceptado la República, bien que ahora, por la forma en la que sus principales impulsores, los republicanos y revolucionarios, ejercían el poder, comenzaban a identificarla con el origen de sus males; para muchos, comenzaba a hacerse realidad lo que el propio Azaña dijera nada más implantarse “…si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad…». Por eso no es de extrañar que para comienzos del verano de 1932, comenzaran a producirse ciertos movimientos entre aquellos que por carácter o por ansia patriótica se sentían más impulsados a poner coto al desgobierno y a la peligrosa deriva que la República, y con ella España, iban tomando; para ello, su mejor referencia era lo hecho en 1923 por el Gral. Primo de Rivera.

Resurge entonces la figura de José Sanjurjo Sacanell, uno de los más prestigiosos Generales del momento; de 60 años de edad; veterano de la guerra de Cuba y de la de Marruecos, primero en las operaciones de recuperación de dicho territorio tras el desastre de Annual en 1921, luego, siendo Gobernado Militar de Zaragoza, y entusiasta partidario del golpe de Primo de Rivera, éste le designó para el mando operativo del desembarco de Alhucemas cuyo rotundo éxito motivo que Alfonso XIII le concediera el título de Marqués del Rif, tras de lo cual, en 1928, era nombrado Director General de la Guardia Civil, siendo confirmado en tal cargo por Azaña al proclamarse la República –cuya implantación acató sin rechistar–, para ser cesado, como dijimos, a raíz de la campaña que los grupos republicano-revolucionarios de las Cortes lanzaron contra la Benemérita a raíz de los sucesos de Castilblanco, pasando entonces a ostentar la dirección del Cuerpo de Carabineros, es decir, de la Policía de aduanas.

Sanjurjo, profundamente dolido por la reacción del Gobierno y el Parlamento ante el asesinato de los guardias civiles en Castilblanco y la injusta y premeditada campaña contra la Guardia Civil que se desarrolló entonces contra dicho instituto que él mandaba, también por el acoso al que se sometía a aquellos que habían ocupado cargos tanto en la Monarquía como durante la «Dictadura de Primo de Rivera», pero sobre todo por la deriva que vemos tomaba la República y España en manos de los nuevos gobernantes, pensó que había llegado el momento de hacer lo mismo que en su día hiciera Primo de Rivera a fin de rectificar tan desvariado rumbo.

Inicia, pues, Sanjurjo, una amplia serie de consultas para ver con qué apoyos podría contar caso de decirse a intervenir. Las hubo no sólo con destacados altos mandos militares, sino también con personalidades civiles de diversa tendencia política. Sanjurjo pulsó la opinión de antiguos líderes monárquicos; de dirigentes del secesionista PNV –contactos pronto abandonados al comprobar que en dicho partido prevalecía el radicalismo separatista sobre su pretendido catolicismo–, e incluso con el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, amigo personal del General, por creer Sanjurjo que el viejo demagogo podía ser la personalidad civil –entonces estaba en ascenso de nuevo gracias a su espectacular y oportunista giro hacia el centro-republicano– que necesitaba para que, asumiendo el poder, evitara que el «golpe» lo fuera sólo militar –y diera lugar a una «dictadura» siquiera por un corto espacio de tiempo– y convocara elecciones a celebrarse de forma esta vez sí que libres y democráticas, en un ambiente adecuado de calma y orden de cuyo logro se ocuparía Sanjurjo y el Ejército, confiando en que las mismas pudieran aclarar el panorama político español, poniendo freno al desbocado galope de la República hacia la Revolución.

Sin embargo, no fue precisamente la discreción y el acierto en sus consultas la mejor de las virtudes de Sanjurjo. Desde prácticamente las primeras reuniones, la Policía estuvo al tanto de lo que ocurría, fuera por interceptaciones de conversaciones telefónicas entre los más decididos, fuera por otras fuentes. Caso sangrante fue el del propio Lerroux quien, adoptando una calculada ambigüedad ante Sanjurjo, consiguió mantenerse al tanto de los avances de la conspiración para, llegado un momento dado, desmarcarse de ella e incluso comunicar su existencia y lo que sabía a Azaña, facilitando a éste aumentar la vigilancia y la eficacia de las pesquisas; encargado de estás estaba Arturo Menéndez, a la sazón Director General de Seguridad, amigo personal de Azaña, ex-Capitán de Artillería y aviador, republicano acérrimo y ferviente por despecho a raíz del conflicto de su Arma con la «Dictadura de Primo de Rivera», que estuvo implicado en la sublevación de Jaca y de Cuatro Vientos, siendo nombrado jefe de policía de Barcelona al implantarse la República. Especialmente a partir de la delación de Lerroux puede decirse que todos los pasos de los conspiradores quedaron controlados de cerca, lo que además no resultaba difícil a tenor de las numerosas indiscreciones que seguirán cometiendo.

Se protagonizan, además, por parte de alguno de los implicados durante el periodo de consultas citado hechos desafortunados e incomprensibles que atentaron directamente contra el necesario secreto en que debía prepararse todo. Por ejemplo, uno de los máximos apoyos de Sanjurjo, el Gral. Manuel Goded Llopis, a la sazón Jefe del Estado Mayor del Ejército, cuando presidía el 27 de Junio en los campamentos militares de Carabanchel de Madrid un almuerzo de confraternización entre mandos del Ejército, terminó su alocución con un “…¡Viva España y nada más!” que no fue secundado por el Tte. Col. Julio Mangada, personaje de sobra conocido por su tendencia filo-comunista, también implicado en su día en la sublevación de Jaca, dominado siempre por un marcado carácter histriónico y extremista. El silencio de Mangada provocó la cólera de Goded, quien le espetó “…¿Por qué te callas? ¿Es que no eres español?…”, lo que a su vez disparó la furia del ya de por sí inestable Teniente Coronel quien a la vista de todos los presentes se quitó la guerrera, la arrojó al suelo y la pisoteó mientras, histérico y fuera de sí, profería gritos a favor de la República, contra la Monarquía y a favor de la Revolución. La conclusión de todo fue el arresto de Mangada, pero también el cese por orden de Azaña de Goded, así como de algún otro alto mando presente en los hechos; la pérdida por éste de la Jefatura del Estado Mayor será, como puede suponerse, una gran contrariedad cuando se produzca el «golpe», pues desde ella Goded podría muy bien haber asegurado buena parte de su éxito, lo que ya no iba a ocurrir.

Conforme avanzaba la conspiración, para Azaña quedaba cada día más claro que el pretendido «golpe» no iba en absoluto contra la República –hecho éste crucial, como se verá más adelante–, que Sanjurjo no lograba definir con claridad los objetivos que perseguía y que el número de adeptos que lograba era muy reducido y, aunque entre ellos había reconocidos altos mandos militares, la idea del «golpe» no cuajaba.

Es importante destacar que a pesar del exacto conocimiento que en todo momento poseyó el Jefe del Gobierno de la inminencia del «golpe», de la mayoría de los implicados e incluso del día y forma en que se iba a ejecutar, por mandato expreso de Azaña no se tomaron medidas para abortarlo, lo que hubiera sido posible y obligado pues pruebas se tenían, sino que, por el contrario, decidió que el asunto se mantuviera en secreto incluso ante el resto de ministros del Gabinete a los que se ocultó –ni siquiera se comunicó al presidente de la República, Alcalá-Zamora–, advirtiendo de su inminencia tan sólo a algunos de sus incondicionales. La intención de tal maniobra era evidente y será más adelante confesada por el propio Azaña  “…reventara el grano, para así extirparlo de raíz….”; es decir, que permitiendo que el «golpe» se llevara a cabo esperaba conseguir la excusa perfecta para desplegar una amplia y radical campaña contra los que él creía enemigos de la República –fueran reales o imaginarios de las Fuerzas Armadas o de la sociedad civil, aunque nada tuvieran que ver con la intentona de Sanjurjo–; mejor decir lo que para Azaña era la República, es decir, él mismo y los partidos republicano-revolucionarios. El éxito de tan artera maniobra estaba además asegurado gracias al amplísimo conocimiento que tenía de los entresijos del «golpe», éxito que además redundaría en beneficio del prestigio personal del propio Azaña. El maquiavelismo del Presidente del Gobierno era evidente; su maniqueísmo y manipulación política también; finalmente, su falta de escrúpulos para manipular a la opinión pública, engañándola con el fin de seguir imponiendo su concepto de España y sus criterios políticos, morales y sociales, absoluta.

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El golpe de Sanjurjo iba a ser, por todo lo que hemos visto, una reacción puntual contra la situación catastrófica en el orden moral, social, económico y patriótico generado por la República por el proceder de su presidente, Alcalá-Zamora, de su jefe de Gobierno, Azaña, y de unas Cortes sectarias controladas por los revolucionarios socialistas del PSOE, todos los cuales, de una u otra forma y por uno u otro motivo, caminaban abiertamente hacia la Revolución. En cuanto a lo que definitivamente decidió a Sanjurjo a llevar a cabo la intentona, lo diría él mismo posteriormente “…mi dilema era o romper mi espada, y emigrar, o sublevarme. Lo primero me pareció una cobardía; lo segundo un sacrificio que, si España me seguía, podría salvarla…”. En él intervendrán muy reducidos grupos de personas adscritas a sectores de opinión muy heterogéneos, mal encuadrados y peor coordinados. Entre ellos los habrá militares de tendencia monárquica como los Gral,s Orgáz, Ponte y otros que unían a tal condición su pertenencia a la nobleza; algunos terratenientes temerosos de la situación que se vivía en el campo, y elementos de «derecha» muy dispersos y a título personal pues tales grupos adolecían aún de escasa organización.

Por parte de los conspiradores se contaba con que, iniciado el «golpe», el prestigio personal del Gral. Sanjurjo, así como el de algunos otros de los mandos militares implicados arrastraría a otros, fuera por poseer idéntico concepto sobre la mejor forma de dar solución a los problemas existentes, fuera por compañerismo o patriotismo. Sin embargo, veremos que eso no ocurrirá, y que a pesar del alto grado de amedrentamiento y desafección que a estas alturas producía la orientación dada a la República, no era el suficiente para lanzar a la calle a las gentes de orden en pos del Gral. Sanjurjo como hubiera sido necesario; muy posiblemente por el propio miedo que les infundía la violencia de la reacción que con casi toda seguridad iban llevar a cabo las autoridades republicanas y más aún los afiliados a los partidos revolucionarios; también, no cabe duda, por no considerar aún la situación lo suficientemente grave como para justificar, y mucho menos arriesgarse a respaldar, un «golpe de Estado». Además de lo anterior, los objetivos del «golpe», una vez iniciado, permanecerán confusos, siendo mal explicados y aún peor canalizados por sus dirigentes evitando que la ciudadanía se identificara con ellos.

Para afirmar, como lo hemos hecho, que la intentona de Sanjurjo no fue nunca contra la República basta con leer los párrafos principales de la proclama que lanzó desde Sevilla, ciudad elegida por el General para instalar su puesto de mando:

«Españoles: Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y nos mueve a procurarla. No hay atentado que no se haya cometido, abuso que no se haya perpetrado ni inmoralidad que no haya descendido a todos los órdenes de la Administración pública, para provecho o para el despilfarro escandaloso. La fuerza ha sustituido al derecho, la arbitrariedad a la ley, la licencia a la disciplina. La violencia se ha erigido en autoridad y la obediencia se ha rebajado a la sumisión. La incapacidad se impone donde la competencia se exhibía… Ni los braceros del campo, ni los propietarios, ni los patronos, ni los obreros, ni los capitalistas que trabajan, ni los trabajadores ocupados o en huelga forzosa, ni el productor, ni el artesano, ni el empleado, ni los militares, ni los eclesiásticos, nadie siente la interior satisfacción de la tranquilidad de una vida pública jurídicamente ordenada, la seguridad de un patrimonio legítimamente adquirido. La inviolabilidad del hogar sagrado, la plenitud de vivir en el seno de una nación civilizada; de todo este desastre brota espontáneamente la rebelión de las almas que viven sin esperanza…

Las angustias del país nos emocionan profundamente. La revolución será siempre un crimen o una locura… año y medio de sectarismo tiránico de la economía nacional, que ha sufrido el quebranto de miles de millones; se ha hecho mofa y escarnio en el Parlamento de lo más fuertemente arraigado en la mayoría de los españoles; se han destrozado los organismos de defensa e insultado groseramente a los cuerpos armados; ha aumentado la criminalidad de modo alarmante. El parao forzoso, extendido en proporciones aterradoras, tiene en la miseria a muchos miles de obreros. No se ha tenido en varios meses ni un día de sosiego y tranquilidad, con el sobresalto constante del incendio, huelgas revolucionarias, robos, atracos y amenazas. Las leyes de excepción nos privan más que nunca de los derechos ciudadanos, y por si estos y otros males fueran pocos, se han alentado imprudentemente los sentimientos de varias regiones y envenenado aspiraciones que podían ser legítimas en su origen, poniendo en peligro inminente la integridad de España.

Por amor a España y por imperativos de nuestra conciencia y nuestro deber, que nos obliga a salvarla de la ruina, de la iniquidad y de la desmembración, aceptamos desde este momento la responsabilidad de la gobernación del país y asumimos todas las funciones del poder público con el carácter de Junta provisional. Las Cortes, que eran ilegítimas en su origen por el régimen de terror en que fueron convocadas y erigidas, y facciosas por la prorrogación de sus funciones a extremos ni siguiera consignados en su propia convocatoria, han sido disueltas. No venimos, sin embargo, a imponer un régimen político contra la República, sino a libertar a España de la alarma, que sólo en un año ha ocasionado daños tan gravísimos en lo material y en lo moral. La forma en que los Poderes del Estado han de organizarse se determinará por la representación legítima de todos los ciudadanos designados en elecciones que se celebrarán en un régimen de libertad, sin amenazas ni coacciones que impidan manifestarse libremente la voluntad individual de los electores.

Para ello es preciso, ante todo, que la paz y la disciplina sociales se restablezcan en beneficio de todas las clases y no en el de una sola de ellas, de modo que los actos políticos de todas las tendencias puedan celebrarse en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo, sin que las gentes pacíficas se vean amenazadas, como en el último simulacro de elecciones, por bandas de forajidos.

España necesita de todos sus hijos,… A todos, repetimos, requerimos para que cooperen a dotar a España de instituciones estables, a instaurar la paz interior desaparecida, a reconstituir su economía sobre la base de la estricta justicia social, sin la que no hay dicha verdadera; a imponer la libertad, que respeta todos los derechos legítimos, reconoce y acata las justas jerarquías y hace cumplir todos los deberes naturales y sociales.

¡Viva España y viva la soberanía nacional!»

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La información que llegó a poseer Azaña sobre las intenciones de Sanjurjo fue exhaustiva, como hemos dicho. Apenas veinticuatro horas antes de que se iniciara el «golpe», Arturo Menéndez conocía, por la confidencia de la amante de uno de los Oficiales confabulados, que se iba a realizar en la noche del 9 al 10 de Agosto; incluso desde unos días antes se tenía controlado un piso en la madrileña calle de Bárbara de Braganza, cercana a uno de los laterales del Palacio de Buenavista, sede entonces del Ministerio de la Guerra  (hoy Cuartel General del Ejército) que iban a utilizar los conspiradores para intentar desde él acceder a dicho Ministerio en el que Azaña había decidido atrincherarse y hacer frente a lo que se avecinaba.

Azaña se prepara y da las instrucciones oportunas en la tarde del 9 de Agosto con el sigilo conveniente para que se cerraran las puertas del Palacio de Buenavista y se reforzaran los servicios de centinela. Por su parte, la plana mayor de los conjurados se situó en un piso del número 21 de la calle Prim, y otros en el de Bárbara de Braganza ya citado, sin saber que estaban bajo vigilancia, y otros se concentraron en zonas no lejanas del citado palacio como las calles Alfonso XII y el Paseo de Recoletos. Seguro del éxito en Madrid, Sanjurjo marchaba esa misma noche a liderar el golpe en Sevilla, viajando en automóvil junto a su hijo Justo, Oficial del Ejército, y el propietario del Teatro de la Comedia; este traslado será uno de los pocos éxitos de la sublevación, pues increíblemente el General pudo burlar la vigilancia que desde hacía días se le había puesto por orden de Azaña y Menéndez quienes, al conocer el hecho, no pudieron reprimir el nerviosismo que se apoderó de ellos.

Sobre las cuatro de la madrugada del 10 de Agosto de 1932 varios Oficiales se acercan a las verjas laterales del Palacio de Buenavista que intentan asaltar, lo que provoca un intercambio de disparos, corto pero intenso, con los puestos de vigilancia reforzados. Los sublevados, que han llegado en varios coches desde el Paseo de Recoletos, se muestran sorprendidos por la violencia y rapidez de la respuesta, optando por ocupar algunas precarias posiciones de tiro en portales y esquinas de las calles Prim, Barquillo y Conde de Xiquena, pero son repelidos rápidamente por el fuego que se les hace tanto desde el Palacio, como desde los edificios anejos desde puestos preparados y ocupados de antemano por miembros de la Guardia de Asalto, cuerpo policial creado por la República sobre la base de personas seleccionadas y al que se venía dotando del mejor armamento y material posible entonces, con la intención de convertirlo en fuerza de confianza y alternativa a la Guardia Civil y a los Carabineros de cuya lealtad se dudaba. Debido a todo ello, los sublevados tienen que retirarse haciéndolo hacia Recoletos; mientras, otro reducido grupo intentaba hacerse con el Palacio de Correos, sito en la cercana Plaza de la Cibeles, lo que no consiguen debido a la oposición de los tres guardias civiles de retén en ella que, sorprendidos por los requerimientos de los sublevados, se niegan a dejarles entrar en el edificio manifestando que sólo lo harían si recibían órdenes de sus superiores. Ante la imposibilidad de hacerse con Correos, los asaltantes se retiran a la plaza donde se reúnen con los que habían fracasado en la toma del Ministerio de la Guerra.

Cuando están decidiendo qué hacer y esperando a que les lleguen los refuerzos previstos de las guarniciones madrileñas que debían sublevarse, son a su vez cercados por fuerzas de Asalto leales al Gobierno iniciándose un intenso tiroteo. Estando en esas, llega a la Plaza de la Cibeles, bajando por el Paseo de la Castellana, el único refuerzo que verán esa madrugada los sublevados, compuesto por algunos soldados de Caballería del cuartel de la Remonta –ubicado en la calle Valdeacederas del barrio de Tetuán– que había sido sublevado a duras penas y sólo en parte por el Cap. Manuel Fernández Silvestre y Duarte –hijo del Gral. Fernández Silvestre que dirigía las tropas que protagonizaron el «Desastre de Annual» en 1921– y el Tte. Manuel Fernández Muñiz, que resultaría muerto en la refriega. De los demás refuerzos que se esperaban no los hubo toda vez que la sublevación del Regimiento de Infantería nº 31 con sede en el Cuartel de la Montaña, entre la calle de Ferraz y el Paseo de Rosales, no se realizó; tampoco llegaron a tiempo algunos reducidos grupos  de tropas que habían salido de Alcalá de Henares al mando de un Capitán quien, mientras se dirigía a Madrid, al ser informado del fracaso de la sublevación, decidió dar media vuelta y volver a reintegrarse a su acuartelamiento.

Sobre las nueve de la mañana las fuerzas de Asalto controlaban la situación, dispersándose los sublevados. La Junta provisional creada para hacerse cargo del poder era detenida en el piso de la calle Prim y otros implicados en pisos cercanos donde algunos propietarios les habían dado cobijo. El «golpe», en lo que se refiere a Madrid, había terminado y fracasado. De tan apurada situación lograría escapar el Gral. Emilio Barrera Luyandos, jefe máximo de la conspiración en la capital madrileña, quien, ayudado por el aviador Juan Antonio Ansaldo, iniciará una rocambolesca y larga huida que al cabo de un mes de esconderse con la ayuda de amigos y allegados terminará con su feliz arribada a Francia, no sin antes haber intentado en Sevilla contactar ese mismo día 10 de Agosto con Sanjurjo, sin conseguirlo, pues a la hora en que lograba llegar a la capital hispalense la sublevación en ella estaba ya también en fase de extinción.

Por su parte, Sanjurjo llegaba a Sevilla sobre las tres y cuarto de la madrugada del 10 de Agosto y junto a su ayudante, el Tte. Col. de Estado Mayor, Esteban Infantes, iniciaba rápidamente los contactos, preparados de antemano, para incitar a la sublevación a las unidades de la guarnición sevillana. El resultado obtenido, aun con graves fallos, resultó en las primeras horas muy esperanzador al mostrarse dispuestas a sumarse al «golpe» muchas de ellas; excepción hecha del importante aeródromo militar de Tablada donde no se consigue nada a pesar de personarse en él el propio Sanjurjo. Lo conseguido fue más que suficiente para que, al amanecer, Sevilla pudiera darse por prácticamente controlada, con las autoridades militares y civiles que no se habían adherido a la sublevación puestas bajo arresto; excepción de lo dicho fue un reducido grupo de concejales del Ayuntamiento que habían logrado escapar a su detención refugiándose en el Alcázar hispalense consiguiendo reorganizarse y contactar con otros dirigentes revolucionarios logrando emitir un llamamiento a la «huelga general revolucionaria» que puso en alerta a no pocos activistas, afiliados y agitadores de los partidos republicano-revolucionarios que comenzaron a merodear por las calles en grupos en actitud amenazadora.

Sin embargo, y a pesar de este relativo éxito inicial –Sanjurjo incluso llegó a dejarse ver por algunas de las calles de la ciudad hispalense–, la intentona estaba ya condenada al fracaso una vez comenzaron a llegar noticias de Madrid. Uno de los factores que van a incidir más directamente en el fracaso definitivo del «golpe», tanto en Madrid, como en Sevilla, van a ser las estrictas órdenes dadas por Sanjurjo y demás dirigentes del mismo en el sentido de que debía evitarse por todos los medios el derramamiento de sangre. Así, hemos visto, por ejemplo, como sólo tres guardias civiles habían impedido la toma del edificio de Correos a un grupo, no excesivamente numeroso, pero sí mayor, de Oficiales sublevados y armados sólo porque éstos tenían órdenes de no derramar sangre; en la Sevilla sublevada y en buena medida controlada militarmente y con buena parte de su población a favor, las proclamas de los revolucionarios se distribuyeron sin oposición de la fuerza armada que domina las calles para evitar enfrentamientos, lo que les envalentonó y animó a plantar cara a los soldados en la seguridad, mayor cada minuto que pasaba, de que su gesto, aún con la tensión del momento, no terminaría en baño de sangre por las órdenes existentes. Aún más, cuando le llegaron a Sanjurjo las primeras noticias de que la sublevación había fracasado en Madrid, aceptó con resignación el final de su aventura y, renunciando a continuar con ella por el peligro de provocar enfrentamientos armados, optó por cesar en su actitud; tal peligro era muy real, toda vez que se sabía que Azaña, sofocada la sublevación en Madrid, había ordenado el urgente desplazamiento a Sevilla de varias unidades militares de confianza; Sanjurjo, ante tal posibilidad manifestó tajante “…en ningún caso haré que se produzcan enfrentamientos entre hermanos de armas…”. La única víctima mortal de todo el intento fue el Tte. Fernández Muñiz ya citado.

Sanjurjo se despidió de los suyos dejándoles libertad para actuar como considerasen y en un vehículo se dirigió a Huelva dispuesto a hacer frente a sus responsabilidades, entregándose en tal ciudad en la que existía una autoridad estable, ya que en Sevilla era imposible pues, entre las autoridades sublevadas y las arrestadas que iban recobrando la libertad y se reintegraban a sus puestos de mando, militar o civil, quedaba la masa revolucionaria que se entregaba al saqueo de propiedades y centros considerados de «derechas», católicos o antirrepublicanos, por lo que incluso podría peligrar su integridad física; en ningún instante pensó el general en huir a Portugal, lo que hubiera podido hacer con suma facilidad. Desde Huelva sería trasladado a Madrid.

6.- Consecuencias del golpe: Azaña, los republicanos y los revolucionarios sin freno

Queda claro que la intentona del Gral. Sanjurjo no sólo no cuajó y acabó en fracaso, sino que no llegó ni siquiera a inquietar toda vez que, como Azaña muy bien sabía, pocos, muy pocos la secundaron; no sólo dentro del estamento militar –fueron escasos los altos mandos y menos aún los medios y bajos–, sino también entre la población civil que permaneció en sus casas, ocurriendo los mismo con aquellas personalidades que presumiblemente aunque no estaban por la República, por el momento la respetaban a pesar de la desilusionante y peligrosa deriva que tomaba cada día más. Sin embargo, lo anterior, que era un hecho constatado por todos, no iba a ser tenido en cuenta ni por Azaña, ni por los republicanos, ni menos aún por los partidos de izquierda revolucionaria como el PSOE y el PCE. Como veremos a continuación, todo lo contrario, pues la «sanjurjada» –apelativo que se dio al intento de «golpe de Estado», con el cual incluso la población reconocía que el hecho había sido más una cuestión personal y de unos pocos que un real y serio intento de sublevación– sería tomada como excusa para lanzar una amplísima e injustificada ofensiva no contra los posibles enemigos de la República, sino contra los adversarios ideológicos y personales de republicanos y revolucionarios, en una vuelta más de la espiral de sectarismo, odio y provocación que éstos llevaban a cabo desde la implantación del tal régimen.

Como primera medida, por otro lado lógica, eran detenidos y sometidos a consejo de guerra sumarísimo –el 24 de Agosto– los máximos responsables de la intentona: el Gral. Sanjurjo, su hijo el Cap. Justo Sanjurjo, el Gral. García de la Herrán, que les secundo y acompañó en todo momento en Sevilla, y su ayudante el Tte. Col. Esteban Infantes. Las condenas fueron a muerte la de Sanjurjo; a cadena perpetua la de García de la Herrán; a doce años la de Esteban Infantes y absuelto el hijo del General.

Pero si lo anterior estaba justificado, lo que ya no lo estaba eran las detenciones de más de cuatrocientas personas, de distinta condición, entre los que se encontraban el Gral. Berenguer –último Presidente del Gobierno con la Monarquía–; los hijos del Duque del Infantado –ambos militares–; numerosos miembros de la nobleza española; diversos mandos militares de distinta graduación; el intelectual Ramiro de Maeztu; Joaquín Calvo Sotelo, hermano de José –éste no lo fue porque permanecía exiliado en Francia–; los hermanos José Antonio y Miguel Primo de Rivera y Juan Ignacio Luca de Tena, editor del diario «ABC», cuyo periódico era suspendido por más de tres meses, no permitiéndosele volver publicarlo hasta finales de Noviembre de 1932. De los anteriores, a excepción de algunos de los mandos militares, muy pocos, que habían secundado la sublevación en Madrid, ninguno de ellos tuvo nada que ver con ella; hecho que era bien conocido por Azaña y Arturo Menéndez pues, repetimos, su conocimiento de la trama había sido desde su inicio más que exacto.

Pasados los primeros momentos de incertidumbre, y seguros ya de sí mismos y de la actitud del Gobierno y demás autoridades, los dirigentes y afiliados de los partidos y organizaciones republicanas y revolucionarias lanzaron a la calle a sus mejores y más fogueados agitadores provocando numerosos altercados callejeros tomando como objetivo de sus iras edificios religiosos y sedes de los incipientes partidos de «derechas» –los principales altercados se registraron en Sevilla, Málaga y Granada– en una muy bien orquestada campaña de amedrentamiento de sus adversarios políticos, así como de todo aquel ciudadano que no comulgara con sus ideas; por las calles pedían el fusilamiento inmediato de Sanjurjo de tal manera y con tal ahínco que su abogado defensor llegaría a declarar “…cuando la Monarquía sufría atentados o agresiones revolucionarias, se pedía siempre la libre absolución de los implicados, mientras que ahora, cuando las sufre la República, se pide su cabeza…”. Además de los altercados citados las organizaciones sindicales revolucionarias, principalmente la UGT socialista, convocaron numerosas huelgas en Cataluña y el norte de España.

Consecuencia también del fracaso del «golpe» fue que en los cuarteles se asentó la división entre los mandos –que ya no cesará, sino que con el paso del tiempo se ahondará– entre los partidarios de la República que se congratulaban de su fracaso –y que a partir de este instante, contando con el total apoyo de Azaña como ministro de la Guerra reforzarán sus posiciones colocándolos en los puestos de mayor responsabilidad– y entre los que aunque no se sumaron a la intentona se sentían solidarios con los participantes, exclusivamente por el conocimiento de sus personas y trayectorias, seguros de que sus intenciones, aunque equivocadas, eran sanas. Se abre, pues una grave brecha en las Fuerzas Armadas con la correspondiente tensión entre unos y otros que sólo la disciplina y el espíritu de servicio conseguirá mantener por el momento dentro de cauces civilizados.

El Gobierno, con Azaña a su frente, ante la posibilidad de que la ejecución de Sanjurjo pudiera provocar un nuevo levantamiento, pues al enorme prestigio del General debía sumarse la tensión en los cuarteles ante tal posibilidad se palpaba en el ambiente, optó por conmutarle la pena de muerte por la de prisión; no sin la firme oposición de Casares Quiroga, ministro de la Gobernación (Interior). En tal conmutación influyó también, y no poco, la intención de Azaña de “venderla” como muestra de sensibilidad, humanidad y pretendida prueba de equilibrio de parte del Ejecutivo, bajo cuyo amparo iban a adoptarse medidas punitivas de todo orden contra sus adversarios políticos e ideológicos que de otra forma hubieran quedado a la vista de todos con el consiguiente desprestigio.

La conmutación de la pena de muerte a Sanjurjo hizo que quedara incluido entre los implicados en el «golpe» que fueron encarcelados en el penal de Dueso (Santander); en contra de la legislación vigente, ya que tal penal estaba destinado exclusivamente a presos comunes y Sanjurjo, por su condición de militar, debía cumplir su pena en un centro de detención de tal condición, cuestión que solventó el Gobierno cambiando por decreto urgente la calificación del Dueso declarando tal centro penitenciario útil para civiles y militares. Otros muchos de los encartados fueron trasladados a Villa Cisneros (Sahara español), quedando retenidos en su aeródromo en condiciones humillantes e inhumanas, no faltando un trato extremadamente vejatorio; de tal modo fue y a tales privaciones se les sometió, que, en Diciembre de ese mismo año, veintinueve de ellos escapaban consiguiendo embarcar en un pequeño velero francés a cuyo Capitán sobornaron, logrando arribar a Portugal, país desde el que dieron a conocer a la opinión pública internacional las terribles condiciones de su encarcelamiento, provoca una reacción de repulsa general contra el Gobierno republicano que le obligó a repatriar a los que quedaban allí ingresándolos en prisiones normales hasta la celebración de su juicio definitivo, lo que ocurrirá en 1933; para más inri la mayoría de ellos resultarían o absueltos o condenados a penas tan escasas que ni siquiera hubieran tendido que entrar en prisión, quedando patente que su detención y encarcelamiento había sido del todo injustificado, y producto únicamente de la inquina personal o ideológica del Gobierno contra ellos. Tanto en el caso de Sanjurjo, como en el de los deportados a Villa Cisneros quedó en evidencia de que no sólo se había querido corregir su participación en el intento de sublevación, sino aun más de humillarlos y, con ellos, a los pretendidos sectores de población que para republicanos y revolucionarios “representaban”.

Pero además, el Gobierno presentó en el Parlamento un proyecto de resolución urgente por el que se procedía a expropiar, sin derecho a indemnización alguna, las propiedades de los implicados en el «golpe» –algunos de ellos unían a su condición de militares la posesión de uno o varios títulos nobiliarios, contando por ello con elevado patrimonio–, pues no bastaba al Ejecutivo con aplicarles la Ley y encarcelarlos, sino que además, había que reducirlos, junto con sus familias, a la indigencia “…no quería hacer mártires, sino mendigos…” (Declaraciones de Azaña). La dureza e injusticia de la medida –toda vez que su aplicación implicaba carácter retroactivo, algo que nunca se puede aplicar al promulgar una nueva Ley–, además de lo injustificado de la misma, causó sorpresa, estupor y la apertura de profundas heridas que ya no cerrarán; ni que decir tiene que los partidos republicanos y revolucionarios con representación parlamentaria no sólo la aprobaron, sino que la festejaron sin recato.

No podía quedar ahí la cosa. Se decretó el cierre de más de cincuenta periódicos y revistas de tendencia moderada o calificados de «derechas» por el mero de serlo, pues en ningún momento ninguno de ellos había ni tenido nada que ver con el intento de sublevación, ni una vez producido éste lo habían jaleado; la medida, evidentemente, vulneraba incluso la propia Constitución republicana.

Con todo ello, quedaban claras las intenciones de Azaña, el Gobierno, y de los partidos republicanos y revolucionarios que –con el visto bueno del presidente de la República, Alcalá-Zamora, quien callando, otorgaba–, sin freno alguno, querían aprovechar la oportunidad para una vez reventado “…el grano…” proceder a «…extirparlo de raíz….”, es decir,  destruir a sus reales o potenciales adversarios políticos o ideológicos por el procedimiento que fuera, aun vulnerando las propias leyes republicanas, cuando no la más elemental norma de ética y sentido común.

Se aprovecha también la oportunidad para “purgar” diferentes cuerpos de la Administración. Se cesan, se dejan disponibles o se cambian de destino, sin más explicaciones, a numerosos diplomáticos, magistrados y jueces –de éstos un centenar– y a cerca de trescientos mandos militares con la excusa de su supuesta desafección a la República, en modo alguno real pues como vemos la Fuerzas Armadas la habían aceptado en pleno, e incluso el «golpe» de Sanjurjo quedó claro que no iba contra ella, reemplazándolos por otros considerados proclives al nuevo régimen, es decir, los que evidenciaban una decidida y radical tendencia izquierdista-revolucionaria; por otro lado in compatible con su condición de militares pues dicho estamento tenía absolutamente prohibida la filiación política de cualquier tipo. También comenzó a debatirse en la Cortes por vía de urgencia un improvisado proyecto de Ley cuyo objetivo era modificar las bases de ingreso y ascenso de los Oficiales del Ejército y de la Marina, pretendiendo la peregrina idea de facilitar el acceso a las escalas de mandos superiores de los Suboficiales e, incluso, de las clases de tropa –soldados y marinería–, con la intención de aupar en lo posible a éstos entre los cuales venía desde hacía tiempo cuajando especialmente las ideas izquierdistas-revolucionarias; se potenciaba así una nueva brecha en las Fuerzas Armadas, pues a la «horizontal» ya citada entre mandos, se unía ahora la «vertical» entre superiores y subordinados. La inquina y sectarismo de Azaña seguían estando detrás de la «…trituración…» del Ejército y la Marina. Asimismo, se aprovechó para reforzar –aumentándose la plantilla en dos mil quinientos hombres más– y politizar en lo posible a la Guardia de Asalto, cuerpo de seguridad que quedaba tras el «golpe» como fuerza policial «republicana» defensora por excelencia y garante de la misma.

Una última referencia merece ser destacada. Cuando los diarios de moderados y de «derechas», suspendidos por orden gubernamental a raíz del «golpe» vuelvan a publicarse –después de meses de agresión a la libertad de expresión y prensa tan supuestamente “defendida” por la República y sus partidarios–, todos sin excepción, abrían sus ediciones quejándose de la medida sufrida, por desmedida, indiscriminada e injusta, declarando su sentir y opinión de que –aun reconociendo su afinidad «en lo personal» con los implicados en el «golpe» y aun entendiendo sus motivos y fines– no dudaban en reprobarlo con contundencia, lo que habrían hecho antes de haber podido y no estar suspendidos, volviendo a manifestar su firme decisión de defender sus ideas dentro de la legalidad republicana, de las normas de ciudadanía y respeto del orden público y de las autoridades vigentes; no podía quedar de nuevo más claro para todos, que no estaba la República en peligro por este lado. Por el contrario, durante los tres meses que duró el monopolio de la prensa republicana y revolucionaria no dejaron tales diarios y revistas de pregonar la Revolución y de exponer que, para ellos y las fuerzas políticas que los sustentaban, la República no era más que la vía para llegar a la implantación de un régimen de dictadura del proletariado, fin más contrario a la República que los fines declarados por Sanjurjo en su bando de sublevación.

A pesar de las muestras de buena fe por parte de tantos españoles, incluso de aquellos no especialmente proclives a la República, la campaña de represión feroz, injusta e in justificada llevada a cabo por Azaña y los partidos republicanos y revolucionarios –no se olvide que con el silencio cómplice de Alcalá-Zamora–, dejaría una profunda huella que servirá de “aviso a navegantes” para muchos a los que tal constante comportamiento comenzaba a asustar, confirmándoles que en casos anteriores –quema de conventos, elaboración de la Constitución, etc.– no se había tratado de hechos puntuales y aislados, sino de actuaciones premeditadas de parte de aquellos. Así pues, se había vuelto a perder otra oportunidad para conciliar tendencias y animar e impulsar la moderación entre todos. Por el contrario, tanto el Gobierno como el Parlamento republicano-socialista habían dado el peor de los ejemplos gobernando para unos, los suyos, despreciando y persiguiendo a los otros, los considerados adversarios.

El sentimiento descrito queda resumido en una nota que hacía pública Gil Robles, cada día más consolidado como líder de la «derecha», desde su posición de máximo dirigente de Acción Popular, quien, entre otras cuestiones, manifestaba ante la “…restricción e interdicción…” de derechos políticos tan elementales como el de asociación, reunión, libertad de expresión escrita y oral,  “…los más vehementes (en este caso los sublevados) pierden la fe en la virtualidad de tales prácticas ciudadanas y la ponen en la fuerza, aún fuera de la Ley…”, por lo que pedía al Gobierno “…garantías y respeto para las personas y grupos…” que, aun discrepando con las ideas republicanas y más todavía con las revolucionarias, sabían encauzar tal oposición “…dentro de la Ley y ejercerla, como es su derecho, en la más estricta legalidad…”.

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Tal reflexión caerá en saco roto, pues no le bastaba ni a Azaña ni a Alcalá-Zamora con las medidas ya comentadas con anterioridad. Su ansia por destruir cualquier retazo de oposición política e ideológica era tanta que aprovechando entre otras cosas la suspensión de sus periódicos, lanzaban una nueva ofensiva parlamentaria para sacar adelante diversas iniciativas legislativas que hasta entonces permanecían en largo y lento debate en las Cortes. Lo peor de todo fue que para ello iban a encontrar esta vez no sólo respaldo en los partidos republicano-revolucionarios, sino también en buena parte de aquellos que incluso hasta entonces venían mostrándose contrarios a ellas –de ahí su bloqueo en la Cortes– como era el caso del Partido Republicano Radical de Lerroux, y ello sólo por temor a ser tachados de “republicanos tibios» que en el ambiente existente muy bien podía equipararse a ser señalados como “golpistas”.

Con tan hábil y artera maniobra, Azaña conseguía acelerar el radicalismo revolucionario de la República logrando la aprobación del estatuto de autonomía de Cataluña, de la Ley de reforma agraria y de una nueva Ley de congregaciones religiosas, obsesión esta última cada día más acentuada; el propio PSOE reconocía públicamente que si no hubiera sido por el clima creado a tras la «sanjurjada» tales proyectos o no hubieran salido adelante o lo hubieran hecho en condiciones tan restrictivas que no hubieran satisfecho a sus instigadores. De esta manera, para nada sirvió que el «golpe» hubiera estado en buena medida provocado por el temor real a la desintegración de España haciendo ver a los poderes republicano-revolucionarios la necesidad de no seguir adelante con sus planes por la alarma social que causaban, sino todo lo contrario ya que su fracaso era utilizado como excusa y trampolín para avanzar aún más rápido hacia la implementación de sus ideas revolucionarias.

Así pues, el 9 de Septiembre de 1932 quedaba aprobado por 334 votos a favor y 24 en contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña que contemplaba diversas transferencias legislativas y ejecutivas del Estado a la Generalidad; como era de prever, los independentistas catalanes se apresuraron a manifestar que el mismo lo consideraban mero “…punto de partida para mayores libertades y consecución de la total soberanía como pueblo…”, es decir, de la independencia. Es aquí donde radicaba y radica el problema del estatuto. No en su existencia o puesta en vigor, sino en el anuncio claro y sin tapujos de los propios secesionistas de no conformarse con él y estar decididos a caminar hacia la independencia absoluta, vulnerando y poniendo en jaque a la propia República a la que usaban como medio para lograr tal objetivo, dejándola en ridículo y quebrándola.

Pero es que además del fondo de tan grave cuestión, estaban las formas de como se quería llevar a la práctica el estatuto, esto es, por la vía más rápida posible; de manera radical y mediante la consabida “revolución”, es decir, sin tomar en cuenta el hecho de que buena parte de la propia sociedad catalana no estaba de acuerdo con tal proceder e incluso sin tener en cuenta, tampoco, que la otra parte aún más radical, la anarquista, de amplísima implantación y poder en Cataluña –especialmente en los sectores obreros– si deseaba el estatuto era para llegar a la independencia y al tiempo de ella implantar el “comunismo libertario” más extremista, cuyo significado no se calibraba bien en todas sus consecuencias por parte de los más afilados independentistas tales como la Ezquerra Republicana y muchos menos por sus líderes Maciá y Companys, ensoberbecidos por su triunfo del momento que les hacía considerarse imparables, intocables y capaces de todo. Los dos, tras las primeras elecciones al Parlamento catalán que se celebraron el 20 de Noviembre de 1932, eran elegidos Presidente de la Generalidad catalana y jefe de su gobierno autónomo, respectivamente; aun con todo lo anterior y el ambiente que se vivía, no puede ocultarse un hecho significativo y sorprendente: los resultados de tal consulta electoral evidenciaron un fuerte descenso de votos de Ezquerra Republicana de Cataluña y el consiguiente ascenso de la Lliga Catalana, es decir, de los moderados en perjuicio de los más radicales. La lectura de tales resultados era fácil: conseguido el estatuto, la mayoría no creía necesaria la independencia y sí, en cambio, restablecer el orden social y laboral en la región que de toda España venía siendo la más duramente castigada por las huelgas, atentados políticos y delitos comunes; en los resultados influyó también el que comenzaron a conocerse los primeros casos de corrupción en el seno de la Ezquerra, causa en breve de agudas crisis políticas en la Generalidad catalana. Y es que, no cabía duda de que en buna medida los líderes independentistas lo que perseguían con tales ideas no era otra cosa que su beneficio personal que de otra forma les costaría mayores esfuerzos y tiempo conseguir; si es que lo lograban. Como vemos, exactamente a como viene ocurriendo en la actualidad, toda vez que al no existir, ni entonces ni ahora, causas reales y verdaderas ni históricas, ni sociales, ni étnicas, ni lingüísticas, ni económica para la independencia ni catalana ni vascongada, sus impulsores lo que pretenden es sólo satisfacer su desmedido afán de protagonismo y lucrarse.

Como resultado de la aprobación del Estatuto se iniciaba en Cataluña una campaña, que ya no cesará, de persecución de todo lo español –historia, lengua, símbolos, etc., etc.–; igual que ha ocurrido en la actualidad. Esta acción, con el tiempo, generará la consiguiente reacción, pues grandes sectores de la propia Cataluña y del resto de España no encuentran justificación a tal proceder, máxime cuando el estatuto reconoce amplias prerrogativas a lo catalán, pero no la exclusividad y mucho menos la autorización para eliminar lo español, a no ser que todo ello fuera una muestra más de por donde iban realmente los revolucionarios catalanes.

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La reforma agraria era otro de los proyectos estrella de Azaña y de la propia República, como ya se ha dicho. En una nación como era entonces España, eminentemente agrícola y ganadera, los problemas del campo –alguno de ellos seculares y de difícil solución– venían siendo la piedra de la discordia preferida para derribar Gobiernos e intentar auparse al poder. Durante la Monarquía fue este asunto una de las principales armas arrojadizas utilizadas por la demagogia republicana y revolucionaria; con ella, además, captaban fácilmente el apoyo de grandes masas de trabajadores del campo cuyo escaso nivel cultural les convertía en presa fácil de las promesas milagrosas y casi mesiánicas de tales grupos. El problema, sin duda, tenía una base cierta porque es verdad que no pocos grandes terratenientes y propietarios no se mostraron nunca sensibles a la necesidad, ya no política, sino humana y productiva, por impulsar reformas que sacaran al campo y a sus trabajadores del subdesarrollo, actitud con la que tiraron durante mucho tiempo piedras sobre su propio tejado, pues con ella favorecieron ya desde el Siglo XIX la expansión de dichas ideologías, así como la nefasta y peligrosa lucha de clases propugnada por el marxismo; fenómeno que no era ni original y particular de España, sino de toda Europa. Pero también era evidente que las propuestas anarquistas, socialistas y comunistas –utópicas y engañosas– tampoco iban a mejorar la suerte de tal sector, como ya podía comprobarse por la desastrosa experiencia rusa de aquellos mismos años y ni que decir tiene de los posteriores.

En Septiembre de 1932 se aprobaba la Ley de Reforma Agraria por 318 votos a favor y 19 en contra. Sin embargo, la citada Ley nacía viciada, pues en vez de servir de instrumento para dar pasos sólidos a fin de ir impulsando medidas seguras de reforma, encubría la autorización para la expropiación en masa sin garantías legales de ningún tipo, sin indemnizaciones y conculcando hasta el más elemental derecho a la propiedad. La Ley, nada más promulgarse, desató las ansias revolucionarias propiciando lo que a partir de entonces será hecho diario y consumado: la ocupación de tierras y fincas. Con la excusa de dicha nueva norma legal, muchos alcaldes y Ayuntamientos impulsarán las ocupaciones e incluso el reparto anárquico de las tierras enajenadas por la fuerza de los hechos, desde luego entre aquellos que les eran políticamente afines, generando con tales actuaciones sólo más caos, inseguridad y, aún peor, la destrucción de buena parte de sector de producción tan importante para la vida diaria de grandes sectores de población, en especial de los más desfavorecidos, dándose la paradoja de que la ley, en vez de incentivar la producción provocará lo contrario, es decir, una marcada e imparable caída de la misma: Por ejemplo, se dejaron de labrar grandes extensiones de terreno; se roturaron tierras sin atender a estudios técnicos adecuados dejándolas en poco tiempo inservibles; se talaron grandes masas arbóreas de forma indiscriminada; se mató ganado atendiendo a necesidades coyunturales y sin control; importantes masas de trabajadores agrícolas se vieron  obligados a desplazarse en busca de trabajo, cada día más difícil; apareció la hambruna en comarcas antes autosuficientes; muchos propietarios se trasladaron a las ciudades temerosos por su seguridad. La anarquía cundió de tal forma, que incluso los propios líderes revolucionarios comenzaron a verse superados y desbordados por las masas sin freno que ellos mismos excitaban, las cuales se volverían cada vez más radicales y, sin embargo, en vez de intentar frenarlas y moderarlas, dichos dirigentes se dejaban arrastrar y, en una temeraria e irresponsable “huída hacia delante”, se radicalizaban aún más aumentando sus propagandas sectarias y violentas, inoculando un odio acérrimo y ciego en los trabajadores contra todo y contra todos, incluidas las fuerzas de orden público a las que se colgó el sambenito de herramienta al servicio de los terratenientes y de los «ricos» tan sólo por cumplir su deber de guardar y hacer guardar el orden. Tal clima fue especialmente propenso a las huelgas salvajes, quema de cosechas, atentados contra propietarios y autoridades, con especial virulencia en los pueblos en los que todo el mundo se conocía y nadie pasaba desapercibido, generando enfrentamientos y creando rencores y animadversiones personales y familiares de enorme calado y dificilísima solución. La pasividad y amparo que las autoridades republicanas mostraban ante hechos de tal naturaleza sólo podía ser explicada si las mismas buscaban provocar la crispación y radicalización de masas incultas y sufridas, buscando sembrar un odio que les permitiera lanzarlas dónde y cuándo les interesase en pos del logro de sus objetivos políticos revolucionarios.

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Con todo lo que ocurría, no es de extrañar que la economía general de España siguiera su imparable caída amenazando con quedar fuera de control. La minería asturiana, sector de gran importancia entonces porque el carbón era fuente de energía principal sufría una depresión sin par que intentó solucionarse con artificiales compras de carbón por parte del Estado que, al no concretarse en acciones practicas, sólo conseguían enrarecer aún más el ambiente y aumentar la desconfianza de tales trabajadores, ahora ya incluso contra los propios gobernantes republicanos. El nuevo presupuesto general del Estado, deficitario como se dijo, se debatió en el Parlamento donde, ante la evidencia de su inviabilidad, se optó por camuflarlo contablemente contabilizando como ingresos previstos la deuda del Tesoro, lo que además de irregular, para nada servía; y es que, entre otras cosas, la corrupción galopaba por España sin freno, llegando un diputado republicano a exclamar “…aumentáis los gastos de la Monarquía en vez de reducirlos; mantenéis todos los cargos de favor, acrecentándolos…”.

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Parejo con lo dicho, continuaba la politización de las más altas instituciones del Estado. En la inauguración del nuevo año judicial –el primero de la República–, el ministro del ramo, Álvaro de Albornoz declaraba “…la Justicia tiene que ser republicana…”. Por su parte, ante las críticas que tal expresión suscitó, Azaña fue más lejos y, a raíz de una interpelación en las Cortes de la exigua oposición de «derechas» por la continua y abusiva aplicación de la Ley de Defensa de la República contra los partidos, grupos y personas de «derechas» afirmó “…al aplicar tal Ley no se infringe la Constitución, al contrario, es cuando se cumple… uno de los tópicos existentes es el que propugna la independencia del sistema judicial. ¿De qué, Sr. Gil Robles? ¿De las intromisiones del Gobierno? Pues yo no creo en la independencia del poder judicial. ¡Que diga lo que quiera la Constitución!… De esta política no pienso separarme ni un ápice…”; no podía ser más claro el Presidente del Gobierno sobre cuáles eran sus intenciones.

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Ya hemos visto que era una de las obsesiones de Azaña ahondar en la persecución contra la Iglesia. Para ello, contando con el silencio cómplice de Alcalá-Zamora –el Presidente de la República seguía cultivando su pretendida imagen de católico ejemplar como si nada fuera con él ni nada estuviera pasando, por ejemplo, asistiendo a la Santa Misa en todos los viajes oficiales que realizaba–, Azaña impulsó una nueva Ley de Congregaciones Religiosas. En esta ocasión se trataba de expulsar totalmente a los religiosos del sistema de enseñanza, al tiempo que se expropiaban todos sus bienes, quedando además lo poco que se les dejaba bajo la tutela del Estado. La reacción de los por el momento embrionarios partidos «conservadores», de profunda raíz católica, no se hizo esperar, pero aun cuando lucharon en las Cortes por hacerse oír, su debilidad numérica era tan evidente que no pudieron impedir la aprobación de la Ley en Mayo de 1933; sus términos causaron hondísima impresión en el sentir de amplios sectores de población que con ella se veían agredidos directa e irreparablemente, una vez más, y sin justificación posible, en sus creencias más profundas y en sus derechos más inalienables. La injusticia de la Ley era evidente pues, entre otros aspectos, manifiestamente ilegítimos y anticonstitucionales, la ley mermaba la libertad de asociación y libre ejercicio profesional de los católicos; negaba la igualdad civil de los religiosos; impedía a los padres elegir el modelo de educación de sus hijos; nacionalizaba los bienes de la Iglesia si indemnizarlos; impedía la libre expresión de la fe de los católicos al prohibirles la exhibición y manifestaciones públicas del culto, y negaba el derecho de la Iglesia y de los religiosos a poseer bienes.

Por tal ley se requisaba a la Iglesia las más de cuatro mil casas de religiosos con que contaba en España, de ellas más de la mitad eran escuelas de primaria, más de doscientas escuelas nocturnas y unas doscientas cincuenta de formación profesional; cerca de quinientos hospitales, clínicas y dispensarios; otras tantas leproserías, manicomios y asilos de ancianos; más de cien comedores de pobres. Todo ello afectaba a cerca de un millón y cuarto de personas que recibían enseñanza o asistencia en tales establecimientos. La eliminación de los religiosos y personas adscritas a ellos y su sustitución por funcionarios del Estado, que además en ese instante no existían, suponía la urgente necesidad de invertir cerca de once mil seiscientos millones de pesetas que el Estado tampoco poseía. En cuanto a lo que se incautaba en obras de arte no se puede calcular su valor, sin duda ingente, aunque económicamente no rentable porque al ser declarado patrimonio nacional no se podía enajenar.

Como toda Ley, una vez votada y aprobada por las Cortes –lo fue por 278 votos a favor y 50 en contra, nueva prueba del «rodillo» republicano-revolucionario–, debía como todas ser ratificada por Alcalá-Zamora como Jefe del Estado, sin embargo, viejo demagogo optó en esta ocasión por agotar el plazo antes de firmarla el 2 de Agosto de 1933, llevando así a cabo una más de sus habituales muecas teatrales de cara a la galería, queriendo dar a entender con ella a la opinión pública católica lo difícil que le resultaba aceptar tal ley. No obstante, con tan pobre escenificación, sin embargo, a estas alturas y dados los precedentes tan cercanos, sólo consiguió no sólo no convencer a nadie, sino defraudar a todos, ya que mientras los republicanos y revolucionarios no le perdonarán el retraso y pretendidas dudas a la hora acusándole de pérdida de “fervor republicano”, por otro los católicos le tendrán siempre en cuenta que, aun agotando el plazo, la firmó, lo que acrecentaba la burla.

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En este ambiente no es de extrañar que se sigan dando pasos para perfilar y radicalizar las posiciones políticas de unos y otros. Políticamente hablando los meses de gobierno de Azaña, con tal cúmulo de despropósitos, van a servir de revulsivo al escenario político español, dando pie:

* Al inicio y consolidación de la desilusión de grandes sectores de población que abrazaron de buena gana la República como panacea de todos sus males y que se ven profundamente decepcionados al no identificarse con el sectario radicalismo imperante; sin embargo, como tampoco aún les atraían las propuestas que iban surgiendo de los incipientes, pero cada vez más consolidados, sectores de «derecha», terminaban por ser víctimas de una acusada confusión y consecuente desorientación. La aparición de tal fenómeno fue captada rápidamente por algunos políticos que, desde mucho tiempo atrás, venían haciendo del oportunismo y la demagogia su única razón de ser y actuar, como era el caso de Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, quien –apreciando astutamente el potencial de votos que esa desorientación podía proporcionarle–, para aprovecharse de él, no tenía reparo en dar un giro a su antiguo discurso radical republicano, orientándolo hacia fórmulas más moderadas para intentar situarse en una posición de «centro» que pensaba iba a ser el sector dominante entre los votantes en el futuro inmediato. La estrategia no era del todo desacertada; el problema radicaba, precisamente, en que el carácter demagógico y oportunista de sus intenciones, producto únicamente del afán de protagonismo del personaje, no iba a lograr dotar al proyecto de una mínima consistencia de cara al futuro.

* Aquellos que acataron y acataban la República sólo como un mal menor y consecuencia directa de la decadencia de la Monarquía, a la que no consideraban como origen de los males españoles, sino como víctima de ellos, es decir, los sectores de «derechas», acentuaban su unión ante el cariz de clara persecución que tomaban los acontecimientos, siendo Gil Robles y su Acción Nacional los primeros y máximos beneficiarios registrando un auge realmente llamativo. Ello pese a la trabas de toda clase que desde el Gobierno republicano se les ponía:

— prohibición, por decreto de 21 de Abril de 1932 del uso del término “nacional” en su nombre, obligando a cambiar la denominación del partido por el de Acción Popular; sin embargo, y en claro agravio comparativo e incumplimiento de ese mismo decreto el Gobierno no prohibía a la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) el uso de dicho término.

— constantes cierres de su órgano oficial de expresión, el diario «El Debate».

— persecución, incluso encarcelamiento, de varias de sus más destacados miembros, como era el caso de José Calvo Sotelo, que seguía obligado a permanecer exiliado en Francia-

— el aumento de la agitación y violencias contra sus afiliados y sedes.

No obstante las trabas, observando que cada día eran más los ciudadanos que mostraban su apoyo, Gil Robles decidía dar un nuevo paso para aglutinar a todos los sectores conservadores y de «derechas», siempre dentro del sistema republicano, y fundaba en Marzo de 1933 la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que en breve se convertirá en el principal partido de dicha tendencia –constando en su ideario el rechazo en lo social a la lucha de clases, la intervención limitada del Estado en las cuestiones económico-sociales de la nación y de los particulares, la búsqueda de una más justa distribución de la riqueza, el derecho y libertad al trabajo y la sindicación libre, la designación de jurados mixtos, la independencia judicial, la libertad religiosa y el derecho a la práctica pública de la misma. Sin embargo, la CEDA nacía con un defecto fundamental que terminará por inhabilitarla como solución al caos político que se avecinaba, al recoger en su nombre y estatutos el vocablo «autónomas», es decir, la disposición de reconocer unas pretendidas autonomías administrativas de ciertas regiones españolas, lo que era lo mismos que poner en peligro la unidad nacional y dar esperanzas a los independentistas varios que afloraban por doquier a la sombra del estatuto catalán recién aprobado.

* Los partidos revolucionaros, por su parte, no se contentan con los gestos que una y otra vez realizaban Azaña, su Gobierno y los republicanos, exigiendo cada vez más, sometiendo al Ejecutivo a continuas presiones para que promulgase nuevas normas legales que favoreciesen el ambiente revolucionario, persiguiese con mayor eficacia y ahínco a sus supuestos adversarios y más aún contra la Iglesia y cualquier expresión de religiosidad. Para ello no dudan en aumentar los altercados callejeros, los ataques contra la autoridad, los atentados, etcétera. El principal partido de tal sector, y apoyo principal del Gobierno en las Cortes, el PSOE, hacía suya esta estrategia que refrendarían oficialmente sus máximos órganos de dirección en el Congreso celebrado en Octubre de 1933, rechazando la propuesta de Besteiro de abandonar el Gobierno al considerar que tras al fracasar la «Sanjurjada» la República quedaba consolidada; el rechazo iba más allá, pues significaba que la orientación más revolucionaria y radical seguía su avance en tal partido gracias al constante ascenso de sus dos principales líderes, Indalecio Prieto y Largo Caballero.

* Por su parte, Azaña y los partidos republicanos, emergentes de las urnas en el momento de la implantación del nuevo régimen, continuaban en su ensimismamiento creyéndose únicos interpretes autorizados de los designios de España, gobernando a su antojo, sin darse cuenta de que su nefasto ejercicio del poder y la radicalización de posturas que se estaba produciendo comenzaba a pasarles factura comen haciéndoles perder constantemente apoyos.

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Como no podía ser de otra forma, el ejercicio del poder por parte de los republicano-revolucionarios y el caos que se adueñaba de España, así como la radicalización de posturas, alejaba de la República a insignes intelectuales que mucho había tenido que ver con su implantación, como era de nuevo el caso del filósofo José Ortega y Gasset quien declaraba en un acto público en la Universidad de Granada que abandona la política al comprobar cómo la República “…utiliza ideas viejas mandadas retirar en todas las naciones. Es lamentable que un régimen que ha podido aprovechar el maravilloso momento de su instauración para realizar una gran obra nueva, haya utilizado tan sólo postulados del Siglo XIX, sin crear una ideología y una filosofía nuevas…”. Otros, como Unamuno, Pérez de Ayala y varios más, adoptaban posturas similares. Al tiempo, algún que otro político, no exento de responsabilidad en el desastre, tenía al menos el valor de reconocer que el camino que se seguía era fatal de necesidad, como fue el caso de Miguel Maura –hijo de Antonio Maura, varias veces Presidente del Gobierno con Alfonso XIII– quien exclamaba “…cada ciudadano tiene la sensación de que las leyes no sirven para nada… tenemos una Constitución que es un engendro del que nadie se siente solidario, señal de que se da por incumplida y prostituida… no queda en pié de ella ni un artículo esencial… por no cumplirse, no se cumple ni la Ley de Defensa de la República… no hay ni sombra de derecho, ni autoridad que lo ampare…”.

Los hechos refrendaban lo dicho. Durante el último trimestre de 1932 y el primero de 1933 se producen, entre otros muchos y por citar sólo algunos: la detención e ingreso en prisión sin causa justificada de los ex-ministro de la Monarquía, Antonio Goicoechea y Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano; varias agresiones a la Guardia Civil con resultado de muertes y heridos graves en pueblos de Huelva, Toledo, Badajoz y Cádiz, donde el Ejército debe intervenir para restablecer el orden; descubrimiento de varios depósitos de explosivos y armas pertenecientes a militantes socialistas, anarquistas y comunistas en Plasencia, Reus, Sevilla, Arrigorriaga, Dos Hermanas, Algeciras, Jerez, Madrid, Barcelona, Iznalloz, Petrel; convocatoria de «huelgas revolucionarias» con duros enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas del orden, y entre partidarios de unos y otros partidos políticos, en Llenera (Badajoz), en el sector textil de Barcelona, en Vizcaya, en Aldeanueva del Camino (Cáceres), en Cádiz, en Salamanca, en Gijón, en Toledo, en Barcelona, en Murcia; numerosos intentos, algunos consumados, de quema de iglesias y centros religiosos –incluso la disolución a tiros de una procesión en Cogollos de la Vega (Granada)–; atracos y atentados contra empresarios, alcaldes y concejales.

La República perdía apoyos por los cuatro costados conforme iba quedando cada día más en manos de los extremistas y radicales más sectarios e impulsivos. De nuevo conviene recordar aquellas frases, ahora proféticas, del propio Manuel Azaña “…si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad…» ¿A quién más que a él, en esos instantes Presidente del Gobierno, cabía echarle dicha culpa?

7.- Casas Viejas

Como en ocasiones anteriores, quitando la única excepción de la «sanjurjada», un nuevo envite contra la República va a proceder de aquellos que decían sostenerla y encarnarla, es decir, de los partidos revolucionarios, en este caso de los anarquistas; y ello a pesar de la obsesión de Azaña por ver enemigos sólo en las exiguas «derechas».

Efectivamente. En buena medida envalentonados por la actitud del Gobierno tras la intentona de Sanjurjo, los anarquistas, envalentonados por la rápida y fácil resolución del «golpe», pero mucho más aún por el clima pro-revolucionario que insuflan en el ambiente las medidas posteriores del Gobierno que ya hemos citado, creen llegado el momento, una vez más, de acelerar la llegada de su propio concepto de revolución e intentan llevar a cabo una sublevación general en todo el territorio nacional que estalla de manera simultánea en varias provincias en los primeros días de Enero de 1933; concretamente durará del 8 al 12 de tal mes. La excusa venía buscándose desde finales de 1932. En un Pleno de Regionales de la anarquista CNT, celebrado el 1 de Diciembre de tal año en Madrid, el sindicato de ferroviarios solicitó el apoyo para declarar una huelga general en la que se reclamarían aumentos salariales. Al final, los ferroviarios se echaron atrás porque más de la mitad de sus secciones sindicales pensaban que la huelga resultaría un fracaso, pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña de la CNT retomó la idea a propuesta de su líder, Juan García Oliver, empecinado en poner en práctica lo que denominaba “gimnasia revolucionaria”, que consistía, según él, en una “…acción insurreccional…” que impidiera la consolidación de la “…República burguesa…” eligiéndose el 8 de Enero de 1933 para su comienzo. 

La insurrección, además de no conseguir un seguimiento muy amplio, y aunque no faltaron preparativos, ni agitadores, ni medios, su ejecución, puso enseguida en evidencia la debilidad consustancial a la ideología anarquista, cuyo odio a cualquier atisbo de dirección y orden, incluso para alcanzar sus propios fines, estaba tan enraizada, que les impidió llevar a cabo acciones coordinas y eficaces, siendo la ejecución del levantamiento marcadamente ineficaz, incapaz, deslavazado y un rotundo fracaso, permitiendo que las fuerzas de seguridad fueran poco a poco reduciendo los diversos focos de sublevación. El Ejército y la Guardia Civil tomaron posiciones estratégicas en los lugares donde se preveían los mayores desordenes y los dirigentes sindicales fueron detenidos. En algunas barriadas de Barcelona hubo choques entre anarquistas y fuerzas de orden público. Hubo huelgas, incidentes con explosivos y proclamaciones del «…comunismo libertario…» en algunas poblaciones de Aragón, como Robres y Bellver de Cinca, y las valencianas de Bugarra, Ribarroja, Bétera, Benaguacil, Utiel y Pedralba; en esta última localidad murieron diez anarquistas y un guardia civil.

El órgano oficial de la CNT en Madrid, decía el día 11 “…Ni vencidos ni humillados… (culpando a) la política represiva… sectaria de los socialistas que detentan el poder y usan de él contra los intereses de los trabajadores… (amenazando con que las revueltas) existen y aumentarán por razones de injusticia bien patentes… (por lo que) vencida una insurrección surge otra, resuelta una huelga, otra se produce; apaciguado un motín, estalla otro mayor…”.

Pero surgió la excepción que confirmó la tónica citada en el párrafo anterior. Una de las provincias donde se produjeron fuertes disturbios fue la provincia de Cádiz. El 10 de Enero, el Gobierno decidió enviar allí a una Compañía de guardias de Asalto al mando del Cap. Manuel Rojas Feijespán. Cuando el día 11 llegaron a Jerez de la Frontera, fueron informados de que la línea telefónica había sido cortada en Casas Viejas, población de unos 2.000 habitantes cercana a Medina Sidonia, en la que en la noche del día 10 al 11 un grupo de anarquistas habían secundado la insurrección. Por la mañana habían rodeado, armados con escopetas y algunas pistolas, la casa-cuartel de la Guardia Civil, sitiando a su pequeña guarnición compuesta por tres guardias al mando de un Sargento. Tras un intenso intercambio de disparos el Sargento y un guardia resultaron gravemente heridos, muriendo ambos dos días después.

Ante la gravedad y el mal cariz que toman los hechos, acuden a Casas Viejas más refuerzos de la Guardia Civil y de Asalto de los pueblos cercanos, procediendo a tomar posiciones para controlar el pueblo, registrándose algunas casas. Al cabo de algún tiempo, y varias detenciones, sólo quedaban atrincherados en una pequeña casa labriega –prácticamente una chabola– un reducido grupo de anarquistas liderados por el propietario de la casa, Francisco Cruz Gutiérrez (a) “Seisdedos” quien, junto a algunos compañeros de ideología, sus mujeres y niños, mantienen prisioneros a dos guardias civiles heridos en la primera refriega y dicen estar dispuesto a morir antes que rendirse. Conminados en varias ocasiones a deponer su actitud, incluso se les envía, esposado, a uno de los revoltosos, que había sido detenido, para convencerles, quien, sin embargo, en vez de ello, decide sumarse al grupo del “Seisdedos”. Al seguir negándose a cesar en su actitud se producen varios tiroteos que dan como resultado nuevos heridos entre las fuerzas del orden.

En Madrid, el Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, al que ya vimos actuar como hombre de confianza de Azaña durante la «sanjurjada», enterado de los hechos, dispone el envío de más refuerzos de la Guardia de Asalto, al tiempo que imparte al Cap. Rojas órdenes precisas y “…recias…” –como posteriormente reconocería Azaña, quien respaldó personalmente las mismas– en el sentido de no querer debilidades, como hasta el momento “…ni prisioneros, porque después declaran…”. No sólo eso, cuando un año después, en Mayo de 1934 se vea el correspondiente proceso judicial por estos hechos, el Cte. de Estado Mayor, Bartolomé Barba, declarará “…estando yo de servicio en la División de Estado Mayor me telefoneó Azaña, que me llamó a su presencia y me dijo que en Lérida y en otras provincias, habían ocurrido sucesos extraordinarios y que los mismos se preparaban en Madrid, que había que obrar con energía y que nada de prisioneros, nada de detenidos ¡tiros a la barriga! –al entender la gravedad de lo que me decía– le pedí que lo confirmara y volvió a repetir ¡nada de prisioneros! ¡tiros a la barriga!…”; tal declaración nunca sería desmentida por Azaña.

Con sus nuevas órdenes, el Cap. Rojas ordenó al anochecer el asalto de la casa, fracasando en varias ocasiones por la tenaz resistencia de los de adentro. Así pues, en la madrugada ya del día 12, Rojas ordenó incendiar la vivienda, ante lo cual la abandonaron precipitadamente una mujer y un niño que fueron respetados por las fuerzas de seguridad, no así varios hombres que intentaron lo mismos, los cuales fueron materialmente acribillados, mientras los otros morían abrasados en el interior, entre ellos uno de los guardias que tenían prisionero. Cuando todo termina, el Capitán, preso de gran excitación –y recordando las instrucciones recibidas–, no se conforma, realiza una redada en el pueblo, detiene a catorce hombres –alguno de ellos septuagenario–, los conduce al lugar de los hechos y procede a fusilarlos. En total resultaron muertos 19 hombres, dos mujeres y un niño.

El escándalo conmovió de inmediato a toda España, una vez conocida la desproporción y brutalidad de la represión. Pero lo peor estaba por llegar. Primero, el Gobierno negó los hechos; luego, tras destituir a Menéndez y al Gobernador Civil de Cádiz, comenzó a ceder permitiendo la apertura de una investigación oficial de una comisión parlamentaria que, eso sí, estaba controlada por diputados del PSOE, la cual concluye que el Gobierno no tenía responsabilidad alguna, con lo que el escándalo fue en aumento; máxime cuando tras ser detenidos el Cap. Rojas y el resto de mandos de la Compañía de Asalto, al verse amenazados de ir a la cárcel, hicieron pública una declaración formal en el que desvelaban los pormenores de lo sucedido, incluidas las órdenes recibidas, así como el Gobierno, o por lo menos el propio Azaña, las conocía y había respaldado. A partir de este momento se suceden los enfrentamientos en el Parlamento y las mociones de censura que el Gobierno consigue superar a duras penas con el respaldo de republicanos y socialistas, logrando poco a poco ir echando tierra sobre el asunto.

El colofón de lo ocurrido lo pondría personaje tan afecto a la República como era Diego Martínez Barrio, del Partido Republicano Radical de Lerroux, al exclamar “…hay algo peor que el que un régimen se pierda, y es que ese régimen caiga, enlodado, maldecido por la Historia, entre vergüenza, lágrimas y sangre…”.

8.- La caída del Gobierno Azaña 

Azaña y su Ejecutivo ven acrecentarse, por el escándalo de Casa Viejas, el desgaste que venían sufriendo por su deriva revolucionaria y el sectarismo con que veía actuando. Aun así, Azaña no tuvo escrúpulos en intentar, bien que a la desesperada, en manipular el asunto de Casas Viejas para emprender una nueva campaña de acoso contra los partidos de «derechas» para ver si conseguía distraer la atención y congraciarse con los sectores más extremistas de la sociedad; en dicho afán, y con un descaro increíble no tuvo in conveniente alguno en manifestar públicamente que lo de Casas Viejas había sido una provocación de las «derechas» cuyos líderes habían “…pagado a los revoltosos para provocar la caída de la República…”. Por el contrario, sobre los anarquistas, únicos y verdaderos artífices de los altercados, y sobre los socialistas, sus compañeros de gobierno y sus incitaciones a la revolución, ni una palabra.

En el mareo de dicha campaña de acosos, el Gobierno disuelve numerosas corporaciones municipales en los que los partidos republicanos y revolucionarios no tenían mayoría, con la esperanza y la intención de que en las correspondientes elecciones para reelegirlas se hicieran con el control municipal los partidos republicanos y revolucionarios; algunos Ayuntamientos fueron disueltos aplicando criterios tan absurdos como celebrar o haber permitido actos religiosos; por aparecer pintadas contra Pablo Iglesias, fundador del PSOE; por oponerse a la invasión de fincas; por no permitir la roturación de tierras; por recibir oficialmente a Lerroux o por haber emitido notas de protesta contra la inhumana represión a la que se sometía a los condenados por el «golpe» de Sanjurjo.

En total habían sido disueltos 2.400 consistorios municipales, celebrándose la consulta electoral para su nueva constitución el 23 de Abril de 1933, volcándose en la campaña electoral los republicanos y revolucionarios en un intento desesperado por hacerse con tan importante parcela de poder municipal, esencial para propagar sus ideas. Sin embargo, las elecciones no pudieron serles más adversas. Los partidos que por entonces sostenían decididamente al Gobierno, bien que por distintos motivos –Acción Republicana, Radical-Socialistas, PSOE, Republicanos Gallegos, Galleguistas, Izquierda Republicana y el Partido Comunista– obtuvieron un total de cinco mil representantes municipales; los que habían prestado respaldo al Gobierno en su comienzo, pero que ya habían comenzado a despegarse de él por motivos más de interés personal de sus líderes que otra cosa –el Radical Republicano de Lerroux, los Conservadores, Federales y Progresistas–, obtienen cuatro mil doscientos; por su parte, los partidos de «derechas» que poco a poco iban tomando forma y que, aun respetando la República se oponían decididamente a la deriva revolucionaria que imprimía Azaña — Agrarios, Nacionalistas, Jaimistas, Católicos, Acción Popular, Tradicionalistas y Monárquicos–, obtuvieron  cuatro mil novecientos representantes. De esta forma, la jugada no sólo les había salido mal a republicanos radicales y revolucionarios, sino que, en realidad, suponía un serio aviso al propio Azaña, a su Gobierno y a sus apoyos de que algo estaba cambiando en la conciencia de los españoles, tendencia que de seguir confirmándose amenazaba directamente a la estabilidad y continuidad del propio Ejecutivo. A pesar del impacto de los resultados, no por ello Azaña y los suyos, ensoberbecidos, estaban dispuestos a cambiar, sino todo lo contrario, todavía más decididos a continuar aferrándose al poder y persistir en su política de siempre, aumentando el descontento, las críticas y las protestas contra su gestión; resulta paradójico que, aquellos que en 1931 utilizaron unas elecciones locales, que además perdieron, para derribar la Monarquía, ahora, en las mismas circunstancias las obviaban y se mantenían en él a toda. La crisis gubernamental estaba, por ello, cantada.

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El 13 de Mayo de 1933, Melquiades Álvarez, republicano de pro, manifestaba “…las Cortes son facciosas; cuando unas Cortes se divorcian del país, son facciosas; no tan sólo porque pueden usurpar el poder, sino porque pueden perturbar el ejercicio del Gobierno…”. Esta era la realidad a mediados de 1933. Azaña y su Gobierno se apoyaban en la mayoría relativa que conservaban en el Parlamento, gracias al respaldo de su grupo, Acción Republicana, y del PSOE, sin tener en cuenta la realidad desastrosa de España y el descontento generalizado, así como la situación descontrolada en el orden político, económico y social. Azaña se aferraba al poder y se jactaba de ello en público. Su talante, así como el de los socialistas, quedaba en evidencia. Pero, con todo, su tiempo se agotaba en tanto en cuanto ya parte de la Cámara –principalmente el Partido Republicano Radical de Lerroux, otros minoritarios de corte republicano moderado minoritarios y los pequeños de «derechas»– comenzaban a unir fuerzas en las votaciones y a oponérsele, su relativa mayoría se resentía y no podía gobernar.

Tal situación de anquilosamiento y cerrazón de Azaña y su Gobierno sólo perjudicaban y agravaban la ya de por sí mala situación general de España. Se multiplican las comisiones de empresarios y juntas directivas de organizaciones agrícolas, ganaderas y de comerciantes que, en visitas protocolarias a los respectivos ministros de su ramo, ponían de manifiesto la agonía en que se debatían sus respectivos sectores de producción; en el campo resultaba más rentable dejar las tierras en barbecho, que someterse a la anarquía de las Casas del Pueblo socialistas y las centrales sindicales que imponían todo: los trabajadores, los salarios, ocupaban tierras, quemaban cosechas y se declaraban día sí, día también, en huelga; en el sector ganadero ocurría lo mismo;  la pasividad y cada vez más la complicidad de las autoridades locales era evidente; se protestaban cada día más letras comerciales, trayendo la ruina a numerosas familias que vivían de pequeños negocios; los grandes empresarios sufrían continuos menoscabos por las continuas huelgas y paros. Lo anterior lo refrendaba el agregado comercial británico en un informe que por esos días enviaba a su Gobierno “…no podrá haber resurgimiento económico, mientras no se alcance un mínimo de estabilidad política…”.

Mientras, la situación de práctica anarquía social y de orden público se hacía insoportable. Como ejemplo, que se repite mes tras mes sin control ni visos de solución –y que no repetiremos por no hacer el relato reiterativo, bastando para su comprobación releer los periódicos de la época–, en el mes de Mayo se registran huelgas en Tarrasa, Zaragoza, Bilbao, Guadalajara, Toledo, Sevilla, Badajoz y otras ciudades, en las cuales cada vez con mayor virulencia se producen tiroteos entre los huelguistas y las fuerzas del orden, poseyendo aquellos armas cortas y largas, no dudando en utilizarlas; atentados con bomba en Gijón, Barcelona, Vallecas (Madrid), Granada, Carmona, Alcalá de Guadaira y Alicante contra edificios públicos o sedes empresariales, cada vez son más los depósitos clandestinos de explosivos que son incautados por la Policía; múltiples incendios o intentos de incendio de iglesias en Bilbao, La Coruña, el patronato católico de Gijón que albergaba a 180 niñas, destrozos de imágenes en varios templos de Morón, en la iglesia de Nuestra Señora del Remedio (Barcelona) y actos sacrílegos en Murcia; agresiones a miembros de la Guardia Civil o de Asalto, así como a afiliados de partidos de «derecha»; para coaccionar la celebración de actos de dichos partidos se empleaba el subterfugio de que cuando se anunciaba un mitin en alguna ciudad o pueblo, la dirección socialista del lugar amenazaba con la huelga general en la localidad, lo que servía de excusa a las autoridades para prohibir el acto aduciendo que su celebración provocaba huelgas y sus consiguientes disturbios y enfrentamientos. Junto a ello y en tan revuelto río, el número de atracos en la calle y a entidades bancarias perpetrados, sea por delincuentes comunes, sea por pistoleros al servicio de organizaciones partidistas –principalmente anarquistas–, era el pan de cada día y de cada mes. En definitiva, el ambiente era marcadamente prerrevolucionario.

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Lo que va a acelerar la ya crisis gubernamental que todos esperaban fue, en realidad un hecho fortuito. Aquejado de una grave enfermedad, dimitía el ministro de Hacienda, Jaime Carner, asumiendo interinamente Azaña dicha cartera. En el Consejo de ministros del 8 de Junio, con el presidente de la República, Alcalá-Zamora presente, Azaña plateó la necesidad de cubrir la vacante, anunciando su intención de aprovechar para reestructurar el Gobierno. Es entonces cuando Alcalá-Zamora manifiesta su opinión de que, en vista de la situación de desgaste y descrédito del Ejecutivo lo lógico era abrir consultas para llevar a cabo su completa sustitución por otro nuevo; para justificar tal opinión, Alcalá-Zamora, en un largo monólogo, expuso con detalle lo que nosotros hemos hecho en párrafos anteriores, es decir, la debilidad de los apoyos del Gobierno en el Parlamento, la disgregación que se observaba en los grupos políticos que hasta la fecha le apoyaban sin condiciones, el desastre económico y la continua e imparable alteración del orden público y social. El Jefe del Estado, por sorpresa, intentaba así asestar a Azaña un golpe que éste nunca le perdonará.

La crisis gubernamental e institucional quedaba, por lo tanto, abierta y consumada. A partir de aquí y de manera curiosa se produce un espectáculo que no se veía desde los peores días de la Monarquía, que nunca se pensó ver en la República y que denotaba con claridad que estos eran los mismos perros que aquellos, sólo que con distinto collar. En vez de disolver las Cortes, ante la perdida de confianza del Presidente de la República y convocar elecciones, que era lo lógico y estipulado, como hiciera tantas veces Alfonso XIII, ahora Alcalá-Zamora iniciaba una ronda de consultas con los líderes de los partidos –a los que además citaba en el palacio real que era su residencia, exactamente como el Rey– para ver la mejor forma de resolver la crisis planteada, pero sin consultar al pueblo y en petite comité. La paradoja de lo que ocurría la sintetizaba hábilmente Unamuno al manifestar “…esta no es una crisis de Gobierno, sino de las Cortes mismas que ya no representan la verdadera proporción de opiniones, sentimientos y creencias de sus votantes… La República vino por elección popular, no por sedición armada o huelga revolucionaria. Hacer eso que llaman revolución es (en realidad) guerra civil… por lo cual, libres elecciones cuanto antes y sepamos que quiere el país…”. Como puede imaginarse, se desoirá tal llamamiento toda vez que, unos y otros, habían entrado ya, como ocurriera tantas veces durante la Monarquía, en la dinámica de la intriga y el contubernio político para aferrarse al poder fuera como fuese, siempre a costa del bienestar y desarrollo de la nación.

Durante días, Alcalá-Zamora tropezará con unos y otros, como durante la Monarquía, una y otra vez sin encontrar solución. Tanto Azaña –herido en su orgullo por haber sido sorprendido por la maniobra de Alcalá-Zamora–, como principalmente los socialistas –temerosos de tener que abandonar el poder–, pondrán cuantas trabas les sea posible para impedir la formación de un nuevo Gobierno mientras no fuera el que ellos quisieran, además de bloquear cualquier posibilidad de convocar elecciones, temerosos también de poder perderlas. El Presidente de la República encargaría formar Gobierno a varios pro-hombres del momento como eran los socialistas Julián a Besteiro e Indalecio Prieto y al republicano-socialista Marcelino Domingo sin que ninguno lo consiguiera, por lo que, finalmente, Alcalá-Zamora se veía obligado a volver a encargar tal tarea al propio Azaña; Miguel Maura exclamaba  “…estamos ante un fraude. Lo que pretende gobernarnos es una facción por su conducta y por los fines que se proponen… estas Cortes representan todo lo contrario a la verdadera opinión de España…”. Así pues, con sus artimañas y bloqueos alevosos y premeditados, Azaña y los socialistas sometían al Presidente de la República a la humillación y el desprestigio personal y público de tener que devolverles el poder al fracasar su intento de expulsarles del Gobierno, satisfaciendo sus ansias de poder y su orgullo a pesar de que con ello empeoraba la crisis y el escándalo era mayúsculo, todo con tal de conservar el poder.

Ante los tales actuaciones y hechos, mientras Lerroux exclamaba “…la República vive sólo porque no nos echamos a la calle…” y Gil Robles manifestaba “…tenemos derecho a acusaros de detentación del poder, de abuso de la mayoría, de todas las circunstancias que hacen de vosotros un Gobierno faccioso sin derecho a la obediencia del país…”, el ministro de Trabajo, el socialista y líder de la UGT, Largo Caballero, les replicaba, desde la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebraba en Ginebra, “…con nosotros (los socialistas) cuanto se quiera; sin nosotros, ni un paso. Aceptamos el Estado republicano como inevitable sólo para llegar a la dictadura del proletariado. No estamos dispuestos a tolerar la libertad de enseñanza… ¿Libertad para qué?…..”.

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Cuando ante las alarmas que se encendían por doquier, lo lógico hubiera sido tomar buena nota y corregir el comportamiento sectario que venía siendo habitual, Azaña y los socialistas iban a demostrar enseguida que, por el contrario, iban a impulsar nuevas acciones con el fin de aumentar su control sobre todos los resortes del poder impulsando reformas legislativas que, en previsión de futuro, les aseguraran en lo posible tener todo a su favor. En tal dirección iban a estar la promulgación de una nueva Ley Electoral, otra de Orden Público y sobre todo la relativa al Tribunal de Garantías Constitucionales –organismo semejante al actual Tribunal Constitucional y por ello máximo árbitro del juego político en caso de elecciones– y a la elección de sus componentes. Con la primera ley pretendían cambiar el sistema de proporcionalidad entre votos y diputados para beneficiar a los grandes partidos o coaliciones, de forma que una ligera mayoría de votantes se traduciría, por circunscripciones, en una neta mayoría de diputados, lo que podría beneficiarles en las regiones donde los socialistas creían poseer mayores apoyos; con la segunda ley, que debería ser la sustituta de la tan polémica de Defensa de la República, pretendían respaldar cualquier acción que el Gobierno emprendiera contra sus adversarios políticos; con la última norma legal buscaban conseguir el control del alto tribunal, convirtiéndose los socialistas en juez, además de en parte que ya lo eran, de cualquier reclamación sobre irregularidades en los procesos electorales. Caso de especial significación fueron el empeño y las maniobra empleadas para conseguir elevar a la presidencia del Tribunal de Garantías a Álvaro de Albornoz, a la sazón ministro de Justicia, miembro del Partido radical republicano Socialista, masón, y fanático revolucionario.

La sorpresa para Azaña y los socialistas saltaba cuando el 3 de Septiembre se celebraban elecciones para la designación de los vocales regionales de dicho tribunal. En ellas los candidatos de los partidos de «derechas» conseguían 33.000 votos, frente a los 16.000 de los candidatos de los partidos republicanos y revolucionarios. A destacar, que entre los primeros conseguían ser elegidos José Calvo Sotelo, a pesar de permanecer en el exilio en Francia –desde donde manifestaba en relación a lo que ocurría en España “…ruinas, desolación, resquemores, rebeldía, caos. La Revolución se ha devorado a sí misma, la Justicia acuchillada, la propiedad atropellada, todo lo que es nacional y por ende religioso, escarnecido y vilipendiado…”–, por haber sido ministro de Hacienda durante la «Dictadura de Primo de Rivera», por lo que no podría tomar posesión de su cargo. Así como el financiero Juan March que había sido encarcelado por orden de Azaña aduciendo, falsamente, su presunta colaboración con la «sanjurjada»; quien, no obstante, el 9 de Noviembre de este año protagonizaría una espectacular fuga de la cárcel de Alcalá de Henares, ayudado por varios de sus carceleros a los que pagó por ayudarle, trasladándose junto a ellos a París, desde donde haría unas declaraciones muy precisas acusando a los líderes republicanos y socialistas –en concreto a Azaña, Indalecio Prieto, Largo Caballero y otros– de haberle encerrado como venganza por no haber accedido a prestarles dos millones de pesetas en tiempos de la Monarquía para financiar sus actividades contra ella, así como no haberse prestado a ciertos negocios que consideraba mezquinos y perjudiciales para los intereses de España cuando Prieto fue designado ministro de Hacienda al proclamarse la República, siendo llamativo que, tan bien informado personaje, dio detalles bien precisos que nunca fueron desmentidos por los acusados.

Pero a pesar del resultado de las elecciones, Azaña y el PSOE lograban imponer, con coacciones y otras triquiñuelas, que fueran designados más de sus candidatos electos que los otros, a pesar de que los resultados electorales habían sido claros.

Dichos comportamientos y desmanes propiciaron también la profundización de las diferencias incluso en el seno de los partidos que apoyan al Gobierno, y en concreto en el PSOE, cuyos líderes, Besteiro y Largo Caballero, seguían distanciándose por sus diferencias sobre cómo se debía actuar a la vista de la situación que se vivía. Para Largo Caballero, ya en franca ascensión, los socialistas debían continuar en el Gobierno y no ceder “…ni un milímetro. Y caso de no poder hacerlo mediante la Constitución, habría que conquistar el poder como se pueda… no nos iremos del poder tan fácilmente. El socialismo se irá del poder cuando crea que se debe ir… hay quien piensa en la pacífica evolución y en esperar a que lleguen los acontecimientos. Yo no acepto eso…”; para Besteiro, en franco declive, la situación era insoportable y el PSOE debía salir del Ejecutivo “…me aterra una dictadura del proletariado, pues si se implantase en España se vertería tanta sangre de capitalistas como de obreros…”.

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Con todo ello, con dichos escándalos políticos, el descrédito institucional crecía sin freno, al tiempo que lo hacían las alteraciones del orden aumentando el clima de caos, en el que los agitadores revolucionarios, anarquistas, socialistas y comunistas, encontraban el caldo de cultivo ideal para expandir sus ideas; durante el final del verano del 1933, una oleada de incendios intencionados de cosechas y bosques dejó anonadados a propios y extraños, agravando aún  más la situación catastrófica del campo. Por estos meses se observaba ya en España la lenta, pero firme, consolidación del Partido Comunista Español (PCE), que perfeccionaba su férrea disciplina y totalitaria y dictatorial organización interna, contando con unos 50.000 afiliados en toda España, creando varias organizaciones satélite como la «Asociación de Amigos de la Unión Soviética» que lograba atraer no pocos intelectuales impresionados por la propaganda comunista que, con la ayuda de la URSS, todo lo inundaba, si bien muchos de ellos, cuando vayan conociendo la realidad terminarán por abandonarla espantados; el órgano oficial del comunismo francés, el diario «L´Humanité» daba cuenta de la expansión del comunismo en España y de la extensión de su red de “células» no sólo en el seno del mundo laboral, sino, aún peor, en el de las Fuerzas Armadas, siempre bajo la inspiración y con la ayuda de Moscú.

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Como no podía ser de otra,  la situación de inestabilidad política y social provoca inmediatamente la crisis del segundo gobierno de Azaña, abriéndose de nuevo las consiguientes consultas para formar otro, dado que otra vez Alcalá-Zamora optaba, en vez de disolver las Cortes como debiera, por encargar la formación del nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, que lo lograba formar el 2 de Octubre, bien que, lógicamente, sometido a unas presiones y la acción de un clima tan asfixiante, no sólo en la Cámara, donde es boicoteado y zaherido sin piedad ni respiro desde su toma de posesión por Azaña y los socialistas, sino también en la calle por éstos, los comunistas y anarquistas, donde aumentan los atentados, las huelgas, los sabotajes, la ocupación de tierras, los incendios y un largo etcétera de iniquidades con el único objetivo de derribarlo, lo que logran en pocos días, optando Alcalá-Zamora por encargar a Martínez Barrio, correligionario de Lerroux, la formación de un nuevo gabinete, quien lograba formarlo con el visto bueno de su jefe y de Azaña y los socialistas, con la única condición, ahora sí, de que convocara elecciones generales. Es por ello, éste, un gobierno de mero trámite e ineficaz para que alguien ostente el poder el tiempo justo para elegir nuevas Cortes de las que debería salir un nuevo gobierno que, presuntamente, fuera representativo del sentir de la población y capaz de gobernar. Terminaba así el bienio de gobierno azañista-socialista y los dos primeros años de la República cuyo balance no podía ser más nefasto, habiendo conseguido sólo aumentar hasta niveles increíbles las diferencias de todo tipo entre los españoles abocándoles a un irremediable enfrentamiento que cada vez comenzaba a estar más en el ambiente.

9.- Las elecciones de Noviembre de 1933 

Ahora, cuando tanto Azaña como sus aliados socialistas se enfrentaban a la cruda realidad de que después de dos años de gobierno podían perder el poder, van a reaccionar aun con mayor radicalidad, pues tal posibilidad les resultaba insoportable e inaceptable; como había anunciado Largo Caballero. Entre otras cosas porque evidenciaría su fracaso personal e ideológico «…Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad…» (Azaña). Así pues, se preparaban para las elecciones con el ánimo entre temeroso de su resultado y envalentonado por los medios que de todo tipo –legales o ilegales– iban a poner en práctica para intentar no perderlas.

El 9 de Octubre de 1933 se disuelven las Cortes y se convocan las elecciones generales a celebrar en primera vuelta el 19 de Noviembre y, en segunda –en las circunscripciones en las que no se alcanzara el mínimo exigido por la ley–, el 3 de Diciembre; la idea era poder tener para el 8 de Diciembre constituidas las nuevas Cortes que debían elegir al nuevo Gobierno.

Nada más conocerse el anterior calendario, unos y otros, muy conscientes de la importancia que las elecciones tenían para el futuro, se lanzan a una verdadera vorágine de propaganda electoral en la que los mítines de los principales líderes y candidatos son las estrellas. Se utilizaron también otros medios de propaganda, muchos de ellos novedosos para la época, como los globos de helio que al explotar desparramaban octavillas; los discursos por radio –medio de comunicación que comienza a tomar gran protagonismo y relevancia–, e incluso la proyección en la parte trasera de vehículos en marcha, convenientemente preparados, de películas de mítines ya realizados. A pesar de la penuria y limitaciones técnicas no se escatimó en gastos. La significación del momento era evidente.

Los partidos que acuden a la consulta electoral van a hacerlo en representación de los tres grandes sectores ideológicos que cada día aparecían más definidos: los que podríamos calificar como republicano-revolucionarios, es decir, azañistas, socialistas y comunistas –los anarquistas de la CNT-FAI, aunque cercanos a los anteriores, los despreciaban acusándoles de «burgueses», por lo que, no queriendo ser identificados con sus posturas, iban de momento por libre–; los republicanos moderados, principalmente el Partido Republicano Radical de Lerroux, y los de «derecha» encabezados por la CEDA de Gil Robles.

Los socialistas y comunistas, principales compañeros de viaje y sostenes de Azaña, propugnaban, junto con éste –excitando sin tapujos a la violencia contra sus adversarios políticos que para ellos lo eran todos los demás, incluidos los anarquistas–, no sólo la profundización en las leyes ya aprobadas durante el bienio anterior, sino incluso promulgar otras nuevas que impulsaran la construcción de una república netamente revolucionaria, con el declarado fin de continuar dando pasos hacia la revolución y la dictadura del proletariado. Sus líderes, en especial Largo Caballero e Indalecio Prieto, ambos del PSOE, tanto en sus declaraciones, como en sus escritos así lo acreditaban “…reclamamos nuestra absoluta libertad para acentuar y radicalizar las leyes laicas… si nuestros diputados son menos, se deberá a los atropellos de las autoridades y entonces los socialistas tendrán que saltar las fronteras de la Ley… no detendremos, sino que impulsaremos, el avance de los proletarios hacia su objetivo que es la revolución social… a vencer el día 19 en las urnas y, si somos derrotados, a vencer el día 20 en las calles… si los socialistas somos derrotados en las urnas, iremos a la violencia…”; no había, ni hay, lugar a errores, engaños o falsas esperanzas, eran ellos mismos quiénes lo decían.

Los anarquistas de la CNT–FAI, como no era menos de esperar, concurrían, sin concurrir. De acuerdo a su credo propugnaban la abstención, pues su ideario era el anti-Estado, es decir, luchar por derribar todo signo de autoridad y permitir que las asambleas de ciudadanos fueran las que adoptaran todas las decisiones, hasta las más ínfimas; si ya de por sí su ideología no les permitía ningún signo de organización, mucho menos elegir unas Cortes y un Gobierno. El comunismo libertario que perseguían debía realizarse por la violencia y previa la total destrucción de cualquier rastro de orden para, a continuación, sobre la base de la nada, crear una nueva sociedad de hombres individuales no sometidos a ninguna ley; por ello, sus eslóganes electorales eran, en realidad anti-electorales “¡¡¡Que les vote Rita!!!”; “¡¡Que no vote nadie!!”; “…nosotros no vamos a las elecciones, sino a la revolución para implantar el comunismo libertario en España; obreros, preparad las bombas y las pistolas…”.

Alejandro Lerroux, por su parte, como ya adelantamos en su momento, aunque republicano cien por cien, ponía sus esperanzas de resucitar políticamente en ofrecerse a los votantes de uno y otro signo, sobre todo a los republicanos desencantados con Azaña y los socialistas, como solución de «centro» y, por ello también, como alternativa a los partidos de «derecha» que comenzaban por fin a salir de su ostracismo. Así, el anciano demagogo proclamaba su republicanismo, pero abjuraba de su pasado radical buscando hacerse con los votos de los indecisos. Sin embargo, precisamente por esa pirueta política tan delicada y difícil, su programa electoral, al intentar complacer a todos, resultaba poco claro y ambiguo hasta el extremo; así, por ejemplo, tras manifestar “…me aterra el triunfo de las derechas porque supone la revolución en las calles (por la prometida reacción de azañistas y revolucionarios)...”, decía estar dispuestos a “…modificar algunas de las leyes más polémicas de Azaña…”, pero sin concretar cuáles ni en qué forma.

Por su parte, las «derechas», principalmente la CEDA de Gil Robles, que lograban por fin levantar cabeza y aglutinar a todos aquellos que tras la implantación de la República en 1931, y debido a las artimaña de republicanos y revolucionarios, habían quedado prácticamente desmantelados, conscientes de que después del nefasto bienio azañista-socialista tenían una clara oportunidad de aunar los deseos e ilusiones de grandes sectores de población, manifestaban con decisión su intención de revisar no sólo las leyes promulgadas por Azaña, sino también la Constitución para corregir sus graves defectos, es decir, su sectarismo, en especial los artículos que amparaban la persecución religiosa “…el socialismo, que llegó al poder por sorpresa, se aparta del camino de la democracia para entrar en el de la violencia… las Cortes que se van a elegir pueden ser el ensayo decisivo para la democracia en España… aceptamos la batalla en el terreno de la democracia, pero que los socialistas no pretendan marchar por caminos de dictadura, pues les saldremos al paso…”.

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La gran novedad era la aparición de una nueva formación política e ideológica que nada tenía que ver con las que existían hasta ese instante.

Durante los agitados meses de 1933 que hemos descrito, se había registrado la entrada definitiva en política de José Antonio Primo de Rivera, cuya figura tendrá amplísima repercusión en el futuro. Hasta este momento había realizado algunas intervenciones motivadas sobre todo por su interés en defender la memoria de su padre, cuya obra y colaboradores eran perseguidos por la República de manera obsesiva; el caso era que, tras largos y acalorados debates en el Parlamento, que se había convertido en juez y parte en la búsqueda de supuestas responsabilidades tanto del Gral. Primo de Rivera, como de los que fueron sus ministros durante la «dictadura», de lo único que se atrevieron a acusarles fue de “…haber suspendido ilegalmente la Constitución al asumir el poder mediante el golpe de Estado del General que tuvo el respaldo del Rey…”; es decir, que los republicanos y revolucionarios, ahora dueños de las Cortes, que durante décadas habían hecho todo lo posible, legal e ilegalmente, para derrocar aquella Constitución monárquica, venían ahora en su defensa con tal de poder acusara de algo a la «Dictadura» con la que, además, muchos de ellos, como Largo Caballero y otros socialistas, por ejemplo, habían colaborado y en la que habían ostentado incluso altos cargos. La paradoja histórica resultaba realmente llamativa pues con tan pobre acusación, en realidad lo que ocurría era que dicha «dictadura» recibía un inesperado y sorprendente reconocimiento a su labor, pues si sus más encarnizados enemigos sólo eran capaces de reprocharle esa «suspensión» de la Constitución, es que todo lo demás lo había hecho bien.

José Antonio Primo de Rivera, venciendo su natural aversión hacia la política –como el mismo declararía en múltiples ocasiones–, pero consciente de los momentos trascendentales que vivía España, de los dificilísimos que se avecinaban y de la necesidad de que cada español, empezando por él mismo, asumiera su parte de responsabilidad, venía tomando contacto con Ramiro Ledesma Ramos –co-fundador de las JONS– y, junto a varios amigos, daba forma a la creación de Falange Española.

Por toda Europa, sin que España fuera ajena a ello, se extendía rápida y firmemente la convicción de que la democracia liberal, inorgánica y de partidos había fracasado como sistema político idóneo para solucionar los problemas de la sociedad del momento. Como consecuencia de ello –aunque también de otras muchas causas económicas y sociales–, en todos los países europeos florecían ideologías totalitarias cuyo único punto en común era la aversión al sistema de partidos políticos múltiples, decantándose por la preeminencia de un único partido; tales eran el caso, con sus más que grandes diferencias, del comunismo ruso, el nazismo alemán y al fascismo italiano. En España, donde los partidos liberales decimonónicos ya vimos lo que habían dado de sí, y donde los que venían protagonizando el primer cuarto de Siglo XX sólo habían conseguido empeorar aún más la situación, abocando a la nación hacía el caos, no es de extrañar, sino todo lo contrario –prueba de que España no era, ni es, algo raro ni distinto del resto de los países europeos–, que ganara terreno tal pensamiento.

Sin embargo, puesto que de todas formas España fue y es siempre diferente, tal tendencia iba también a manifestarse con matices bien distintos en nuestra patria que en el resto de las naciones europeas. Así, aunque José Antonio recogería algunos gestos exteriores inspirados en los que por entonces venían poniendo de moda el fascismo italiano o el nazismo alemán –el saludo brazo en alto, por ejemplo–, repudiará desde sus principios y de forma radical los postulados racistas y xenófobos de aquellos, impregnando el ideario de Falange Española de una profunda base católica que hará de la Falange un movimiento radicalmente distinto y ajeno tanto del nazismo como del fascismo. Es injusto y demasiado fácil, por impreciso, inexacto y simplista, tachar a José Antonio y a su naciente Falange Española de “fascista” simplemente por saludar brazo en alto. José Antonio recuperó el  “…espíritu del imperio español…” que encarnaron los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II en cuanto al concepto de Estado unitario; dotó al falangismo de una recia y fortísima doctrina social –en buena medida revolucionaria pero opuesta a la funesta lucha de clases marxista–, especialmente sensible y contraria a la habitual manipulación y explotación de las masas obreras propia de socialistas y comunistas, declarándose Falange partidaria de dedicar a ellas los principales esfuerzos para sacarlas de su penuria, recuperando su dignidad, arrebatándolas de las garras del comunismo y del socialismo marxistas, cuya perversión social y humana, al propugnar la lucha de clases, José Antonio veía con absoluta clarividencia. Así, José Antonio lograba una síntesis y simbiosis perfecta entre lo mejor de las nuevas teorías sociales, con lo mejor de la tradición española, aunando unas con otras, incrustando en la Falange un enraizado y profundo sentimiento patriótico y orgullo católico y español, junto al más avanzado concepto de la dignidad del ser humano y del trabajo, más los de servicio a la Patria y espíritu de sacrificio de los intereses personales a los generales de la nación; también, un radical y equidistante alejamiento tanto del capitalismo como del marxismo, considerando a ambas corrientes, en lo ideológico como en lo económico y social, igualmente nefastas, destructivas, explotadoras y contrarias a la dignidad humana.

Con lo anterior, José Antonio colocaba a Falange Española no sólo a años luz del totalitarismo ateo y racista de nazis y fascistas, sino también en el polo opuesto, y enemiga irreconciliable, del marxismo, y por ello de socialistas y comunistas

El 29 de Octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, en un acto atestado de personas y radiado a toda España, se llevaba a cabo la constitución y presentación oficial de Falange Española con la intervención de Alfonso García Valdecasas; el aviador retirado y miembro de la tripulación del «Plus Ultra», Julio Ruíz de Alda y, finalmente, José Antonio Primo de Rivera; los tres máximos cofundadores de la nueva formación política. Lo que quedó claro desde el principio es que todos ellos planteaban algo nuevo y muy distinto al de resto de partidos y líderes políticos. Se podría o no estar de acuerdo con sus postulados, pero había que reconocer que sus propuestas era muy diferente a todo lo por entonces conocido.

Por su enorme interés, del discurso de José Antonio entresacamos lo que sigue (Texto completo en Anexo III): “…cuando en 1762 Juan Jacobo Rousseau escribe el Contrato Social dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes,… los Estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes,… la justicia y la verdad. Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran permanentes… Rosseau venía a decirnos que la voluntad colectiva, la voluntad soberana, sólo se expresa por medio del sufragio… el Estado liberal fue servidor de esta doctrina… de ahí vino el sistema democrático, que es en primer lugar, el más ruinoso derroche de energías… vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, pues el sistema funcionaba por el logro de mayorías… y para conseguirla no hay que vacilar en calumniar a los otros… y por último el Estado Liberal vino a depararnos la esclavitud económica, por que a los obreros se les decía que sois libres de trabajar donde queráis,… pero como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen… por eso tuvo que nacer y fue justo su nacimiento, el socialismo… pero el socialismo, que fue una reacción legítima contra la esclavitud liberal, vino a descarriarse, porque primero dio con la interpretación materialista de la vida y de la Historia; segundo, en un sentido de represalia; tercero, en una proclamación del dogma de la lucha de clases… el socialismo, así entendido ….lo espiritual lo suprime; la Religión es el opio del pueblo; la Patria es un mito… no aspira a establecer una justicia social, sino a la represalia… por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases… trayendo consigo la disgregación, el odio, la separación, el olvido de todo vínculo de hermandad y solidaridad… así resulta que nos encontramos una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y todas las pugnas… por eso, el movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podemos decir de anti-partido, sépase que no es de derechas ni de izquierdas… porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica aunque sea injusta y la izquierda aspira a derribarla aunque con ella se arrastren muchas cosas buenas… la Patria es una unidad total en la que se integran todos los individuos y todas las clases. No puede estar en manos de la clase más fuerte, ni del partido mejor organizado… que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino… que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nuca miembro de un partido político, en cambio nacemos en una familia; somos vecinos de un Municipio; nos afanamos en el ejercicio de un trabajo… queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre… porque sólo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima… como portador de valores eternos… queremos que todos se sientan miembros de una comunidad seria y completa… queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre… la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna… queremos que el espíritu religioso,… sea respetado y amparado…sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no son suyas… queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su destino… esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanarnos en edificar… pero no debemos proponernos tan sólo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar ante la vida entera… una actitud humana, profunda y completa… esta actitud es el espíritu de servicio y sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida… no se imagine nadie que aquí nos reunimos para defender privilegios… yo creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla, alegremente, poéticamente… nosotros levantaremos este fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificaremos, nosotros renunciaremos y de nosotros será el triunfo… nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto, las estrellas…”.

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Aunque no eran novedad, pues su renacimiento y auge venía produciéndose desde 1931, habiendo concurrido ya a las elecciones de tal año en las que habían conseguido cuatro diputados, conviene registrar aquí, de cara a las nuevas de 1933, el proceso de consolidación de la Comunión Tradicionalista (CT).

Como vimos en su momento, el «carlismo» había sido la rama borbónica que había agrupado durante el Siglo XIX, y a partir de la muerte de Fernando VII, a los partidarios de que en vez de su hija, Isabel II, reinara su hermano, Carlos, de acuerdo a la tradicional Ley Sálica que aquél había modificado en el último momento con el único objeto de hacer reina a su hija. Nacía así el carlismo, también conocido como «tradicionalismo», movimiento cuyos seguidores no sólo pretendieron durante tal siglo –incluso mediante tres sublevaciones que dieron lugar a otras tantas «guerras carlistas»– la coronación de sus respectivos pretendientes, sino más aún corregir la orientación y deriva liberal de la monarquía borbónica española, cuyos representantes de entonces –Isabel II y Alfonso II– no dudaron en impulsar a pesar de ser manifiestamente contraria a la secular tradición católica de España, y germen de los injustificados y artificiales separatismos catalano-vascongado. Al no conseguirlo, el carlismo fue extinguiéndose paulatinamente a la par que lo hizo el Siglo XIX, quedando sólo en la memoria de algunos su recuerdo y anhelo, más a título personal que otra cosa.

Pero conforme durante el primer cuarto del Siglo XX, el reinado de Alfonso XIII, igual que sus antecesores de marcada orientación liberal, producía las nefastas consecuencias que hemos visto, amenazando no sólo a la propia monarquía, dejándola vacía y alejándola del corazón y la mente de los españoles, sino sobre todo a la fe y unidad de España, comienza a resurgir de sus cenizas el ideal carlista; más bien el puramente tradicionalista, es decir, el anhelo de reconducir a España hacía sus más puras raíces católicas y hacía su más férrea unidad, toda vez que las posibilidades de que Alfonso XIII o su potencial sucesor fueran sustituidos por el pretendiente carlista de turno era a todas luces imposibles. Conforme la deriva de España hacia la anarquía y el caos se acelera, el tradicionalismo, de la mano de sus nuevos dirigentes, cobraba ánimos, prendiendo con fuerza en una nada despreciable parte de la más sana juventud española que sentía sus arraigadas creencias católicas y españolas, trasmitidas por sus abuelos y padres, heridas en lo más íntimo. Aunque el tradicionalismo prendía con mayor vigor y con diferencia en Navarra y Álava, no dejaba por ello de hacerlo en toda las provincia españolas, existiendo «círculos» tradicionalistas –se llamaban así a las organizaciones entorno a las cuales se agrupaban los de tales ideales– de notable envergadura, por ejemplo, en Sevilla y Valencia, entre otros.

Pero si tal movimiento se consolidaba paulatinamente, fue a raíz de la implantación de la II República, pero sobre todo de la quema de conventos de Mayo de 1931, cuando, ante espectáculo tan aterrador y hecho tan grave, así como casi más ante la evidencia de que la nuevas autoridades republicanas y los partidos marxistas y revolucionarios, así como sus centrales sindicales, llevaban a cabo una decidida persecución anti-católica y ponían en peligro inminente la unidad de España, cuando el tradicionalismo tomó impulso de forma ya irrevocable, sirviendo todo ello como llamada de atención y bandera de enganche de jóvenes de toda clase y condición –y también de no tan jóvenes– que no estaban dispuestos a permanecer impasibles ante las tropelías anti-católicas y anti-españolas de republicanos y revolucionarios. Con el clásico lema carlista «¡Dios, Patria y Rey!» –bien que en realidad prácticamente sólo los dos primeros, pues el tercero era más que utópico–, comienzan a tomar parte activa en la vida política de España, al tiempo que a organizarse para plantar cara a republicanos y revolucionarios, dispuestos a darlo todo por sus ideales católicos y españoles.

Al hilo de tal proceso, que de no haber sido por la furia anti-católica y anti-españolas de aquellos posiblemente no se hubiera producido, o al menos no con la fuerza con que lo vamos a ir viendo desarrollarse, los tradicionalistas se agrupan y perfeccionan sus organizaciones dando lugar a la figura, organizativa y humana, que será en breve leyenda, del «requeté», nombre por el que habían sido conocidos siempre los combatientes carlistas del Siglo XIX, el cual volvía ahora a tomar actualidad. Bajo tal denominación, los tradicionalistas se irán agrupando primero en reducidos grupos de no más de cinco a diez hombres dedicándose a vigilar iglesias y conventos para evitar los continuos atentados que contra ellos llevaban a cabo los revolucionarios socialistas, comunistas y anarquistas, así como a la propaganda de su movimiento, la Comunión Tradicionalista (CT), bajo la cual se iba a hora, en 1933, como se había hecho en 1931, a concurrir a las elecciones generales. Tocados con la tradicional boina roja carlista, estos nuevos tradicionalistas, irán aumentando sin cesar su número y perfeccionando su organización, al tiempo que fortaleciendo sus espíritus, no engañándose, como tampoco lo harían los recién creados falangistas, de que antes o después, la confrontación con los revolucionarios era inevitables pues así éstos lo declaraban y lo buscaban, creídos de que la única forma de lograr la implantación de la dictadura del proletariado o del comunismo libertario anarquista era mediante la Revolución.

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Como no podía ser de otra forma, dados los antecedentes y el clima de tensión que se vivía, la campaña electoral se desarrolló entre continuos ataques verbales de los líderes republicano-revolucionarios contra sus adversarios políticos que, desde luego, respondieron a ellos con la misma energía. Pero también, entre constantes altercados de orden público y enfrentamientos en la calle entre afiliados de distinto signo con el resultado de varios muertos y no pocos heridos. España se crispaba conscientes todos de la importancia de las elecciones; parece que con ellas, y según su resultado, se iba a acabar el mundo; de hecho era lo que los republicano-revolucionarios prodigaban a los cuatro vientos y sus masas, enardecidas, se lo creían. No había ya lugar para la moderación y la calma. Ese era el resultado de la nefasta deriva liberal del Siglo XIX; de la subversión republicano-revolucionaria del primer cuarto de Siglo XX; de la vaciedad de la Monarquía; de la ilegal e ilegítima implantación de la II República; de la aprobación de su sectaria Constitución y de los dos años de gobierno azañista-socialista que todo lo habían envenenado.

Los resultados del 19 de Noviembre fueron esclarecedores. Según los votos obtenidos, el Parlamento debía quedar constituido de la siguiente forma:

El balance por orientación política, es decir, por afinidad ideológica, apuntaba a la formación de tres grandes grupos: el de «derechas», con la CEDA a la cabeza, contaba con 179 escaños; el de «centro», liderados por los Republicanos Radicales de Lerroux, con 133 escaños; el de «izquierdas», teniendo a su frente al PSOE, con 65 escaños. Al no haber obtenido ningún partido los votos requeridos para tener representación en la primera vuelta, debió realizarse la segunda el 3 de Diciembre en Madrid, Castellón, Córdoba, Huelva, Málaga, Melilla y Murcia; una vez conocidos estos resultados, el arco parlamentario quedó definitivamente de la siguiente forma: «derechas», 212 escaños; «centro», 163 escaños; «izquierdas», 98 escaños.

Según el testimonio de Diego Martínez Barrio –segundo de Lerroux en el Partido Republicano Radical–, los principales dirigentes republicano-revolucionarios, es decir, de «izquierdas», con Azaña al frente, nada más conocerse los resultados, a la vista de la debacle que suponía para ellos, presionaron al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para que declarara nulas las elecciones y convocara unas nuevas, lo que no consiguieron ante la evidencia de que no había motivo alguno para proceder de forma tan descabellada.

Como puede apreciarse tales resultados representaban un sustancial vuelco en cuanto a las proporciones de escaños que venía teniendo el Parlamento desde su formación a raíz de la implantación de la República. El cambio más notable fue la irrupción en la escena parlamentaria de la CEDA, la derecha católica. El otro cambio trascendental fue la inapelable derrota de los republicano-revolucionarios y, de entre ellos, el durísimo correctivo sufrido por el PSOE; que se habían presentado en solitario a las elecciones creyéndose capaz de obtener una mayoría suficiente que le volviera a permitir imponer sus criterios y seguir empujando a la República hacia la revolución y la dictadura del proletariado. A destacar también la posición que conseguía el Partido Republicano Radical de Lerroux cuya estrategia había dado, sin duda, buenos resultados. Frente a las anteriores Cortes, en las que dominaban claramente los republicano-revolucionarios, ahora lo hacían las «derechas» y el centro-republicano; de hecho, Azaña –Acción Republicana– y los socialistas quedaban prácticamente barridos del mapa político. Además, conseguían acta de diputado José Calvo Sotelo –que exiliado en Francia había sido incluido en las listas de Renovación Española– y José Antonio Primo de Rivera que había sido el cabeza de lista de Falange Española. Por último, las elecciones supusieron también un notable fracaso para los anarquistas ya que el porcentaje de votos emitidos dejó bien claro que su estrategia de boicoteo de la consulta electoral no había interesado a nadie; se contabilizaron entre las dos vueltas un total de 5.190.881 votos válidos a favor de los partidos de «derechas» y «centro», y 2.820.139 a favor de los republicano-revolucionarios.

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Cuando el 8 de Diciembre se celebra la sesión de constitución de las nuevas Cortes, dos son los hechos más destacados al margen de la parafernalia oficial y burocrática de tal sesión: por un lado, el estallido de una nueva, dura, amplia y muy violenta sublevación anarquista –de la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) y FAI (Federación Anarquista Ibérica)–, que se extiende por no pocos rincones de la geografía española; por otro, la apertura de contactos entre los líderes de la «derecha» y los del «centro»; fundamentalmente entre Gil Robles y Lerroux, para ver la forma de constituir el nuevo Gobierno.

En relación con el primer asunto, en la madrugada del citado día 8 comienzan los primeros tiroteos en Barcelona y Prat de Llobregat; se producen altercados en Zaragoza, Barbastro, Logroño y Gijón. En algunos pueblos llegan a ocuparse los Ayuntamientos y a proclamarse el “comunismo libertario”, advirtiendo los sublevados que quien se opusiera sería pasado por las armas inmediatamente, lo que en algunos casos se realiza. La sublevación anarquista se propaga a Huesca, Valencia, La Coruña, Huelva, Badajoz y Oviedo, donde los enfrentamientos armados con la fuerza pública son continuos e intensos. Asimismo se declaran huelgas generales en Jaén, Toledo, Lugo, Ciudad Real y Sevilla. Se queman archivos, registros y varias iglesias. Se “requisan” –es decir, se roban– las mercancías de almacenes y tiendas de alimentos, así como en no pocas joyerías y obras de arte de Iglesias y conventos. Se cortan carreteras y se invaden tierras, fincas y haciendas. Se queman cosechas y se mata ganado. El hecho más destacado fue, con todo –y además de los muertos y heridos que los enfrentamientos callejeros produjeron–, el atentado contra el expreso Barcelona-Sevilla a su paso por la localidad de Puzol (Valencia), con el resultado de dieciocho muertos y múltiples heridos de diversa consideración. Hasta el día 11, en que la insurrección logra controlarse, puede afirmarse que España se sumió en la anarquía, nunca mejor dicho. Entre los numerosos detenidos vuelve a estar Buenaventura Durruti; también ahora Ángel Pestaña, otro destacado líder anarquista. El balance de este nuevo intento revolucionario anarquista no pudo ser más demoledor: más de una decena de muertos y medio centenar de heridos entre los miembros de las fuerzas del orden; cerca de sesenta muertos y unos cien heridos entre los insurgentes; dieciocho víctimas mortales inocentes por el sabotaje del expreso Barcelona-Sevilla; más de novecientas pistolas y unos ochocientos fusiles requisados; cerca de dos mil quinientos artefactos explosivos decomisados.

Sobre el segundo de los hechos señalados, es decir, los contactos entre Gil Robles y Lerroux para ver de la formación del nuevo Gobierno, la conclusión no pudo ser más sorprendente, inexplicable y decepcionante: Gil Robles ofreció la presidencia del Gobierno a Lerroux, a pesar de poseer más escaños; recordemos que contaba con un total de 212 escaños, sumados los de su partido más los otros de «derechas», por un máximo de 163 de los de Lerroux y otros partidos afines. Para intentar justificar decisión tan injustificable, Gil Robles se limitó a manifestar “…no ha llegado el momento de gobernar; no tenemos prisa…”. Tan extraña decisión nunca llegó a entenderse ni entonces ni incluso hoy. Por un lado, puede pensarse que en el ánimo de Gil Robles prevaleció la opinión de no provocar ni exacerbar las iras y amenazas lanzadas por las «izquierdas» durante la campaña electoral, de las que ya dimos cuenta –es decir, que Gil Robles pudo tener un ataque de pánico–; por otra, no es descabellado pensar que Alcalá-Zamora presionara a Gil Robles, también temeroso de verse otra vez sometido a las presiones de los republicano-revolucionarios a los que tan bien conocía por haber formado parte de ellos. Lo que sí quedaba claro es que al actuar así, Gil Robles defraudaba –en realidad traicionaba– no sólo la confianza que en él habían puesto sus votantes, sino también la de los otros partidos de «derechas» todos los cuales aspiraban a enderezar el rumbo de la República. Así pues, Gil Robles cedía el poder a ese extraño «centro-republicano» liderado por Alejandro Lerroux cuyos antecedentes radicales, y ahora teóricamente moderados, nada bueno hacían presagiar; por otro lado, estaba claro que la intención de Gil Robles de nada iba a valer para aplacar las ansias revolucionarias de azañistas, socialistas y comunistas, toda vez que su intención de echarse a la calle no lo era sólo en caso de ganar las «derechas», sino si ellos perdían el poder, lo que había ocurrido, por lo que no iban a parar hasta recuperarlo, estuviera en manos de Gil Robles o de Lerroux.

Por eso sorprendió aún más a todos que Gil Robles no sólo cediera la presidencia del Gobierno a Lerroux, sino incluso la totalidad de las carteras ministeriales, dejando que las mismas fueran ocupadas por personas no sólo del teórico “centro” –además de Lerroux había cinco ministros de su Partido Republicano Radical–, sino incluso de los republicanos de «izquierda» –había dos del Partido Republicano Radical Socialista, uno de Izquierda Radical Socialista y, pero aún, uno, Sánchez-Albornoz, ministro de Estado (Asuntos Exteriores), de la Acción Republicana de Azaña–, más dos independentistas, uno de Organización Republicana Gallega Autónoma y otro de Ezquerra Republicana de Cataluña; ni uno sólo de la CEDA o de algún otro partido de los afines a ella. La «derecha», indiscutible ganadora de las elecciones, quedaba, pues, apeada del Gobierno, por su máximo exponente, Gil Robles, que, ante las críticas, sólo fue capaz de articular un pobre “…esperaremos mejor ocasión…”.

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Por estos días se producía el fallecimiento de Francisco Maciá –el ex Coronel, líder independentista catalán, en esos momentos Presidente de la Generalidad de Cataluña– que era reemplazado por Luis Companys, aun más radical que él. Cataluña seguirá, por lo tanto, orientándose por la vía independentista lo que se traducirá en nuevas argucias y pruebas para la ya de por sí inestable y delicada situación de la República.

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La República se estrenó teniendo como presidente a Alcalá-Zamora, jefe del Ejecutivo a Azaña y Gobierno y Cortes de amplia mayoría socialista y republicana. Si recordamos las propias palabras de Azaña, sólo a ellos competía que el nuevo régimen, al terminar sus dos primeros años, estuviera profundamente desprestigiado, hubiera sembrado odios, arruinado a la nación y ésta se encontrara sumergida en un caos social y de orden público peor del existente durante el último año de la Monarquía: “…Azaña no emprendió ni cuajó una política creadora, sino agresiva y destructiva. Sin ella España no hubiera caminado hacia la guerra…” (Ricardo de la Cierva); “…el clima de la República era incómodo, nervioso, incierto, medroso, áspero. La República (de Azaña) fue incapaz de proporcionar otro clima a los españoles…” (Emiliano Aguado). Aquellos que tuvieron la responsabilidad del gobierno eran los únicos responsables de que España hubiera vuelto a perder otra oportunidad para establecer un sistema de convivencia pacífica y armoniosa aun dentro de las divergencias.