Hace 15 años

Por Col. Diego Camacho

13/03/2019 España

Vivíamos mejor, hasta el fatídico día del mayor atentado de nuestra historia. El Estado falló y lo conseguido durante la transición se escapó por las alcantarillas. La dignidad nacional es condición necesaria para fundamentar el Estado de Derecho y la libertad. Los políticos que detentaban el poder y sus sucesores traicionaron, no solo a las víctimas, sino a toda la nación.

No sabemos, todavía, quienes planificaron, financiaron, coordinaron y ejecutaron el ataque. Sí sabemos, que la versión oficial es falsa. Los partidos de la alternancia, PSOE y PP, colaboraron para tratar de engañar a los españoles. Al primero el atentado le procuró el triunfo electoral, el segundo fue castigado en las elecciones por su cobardía e incompetencia. Es uno de los enigmas, que ambos unieran su poder para encubrir el hecho.

Se trabaja en destruir las pruebas del arma utilizada, el explosivo, y el escenario de la masacre, los vagones. Contando para ello con la necesaria complicidad del juez del Olmo, instructor del caso y que es quien ordena su destrucción.

El encubrimiento del delito, con la destrucción de pruebas, se complementa con la fabricación de pruebas falsas y el montaje de escenarios para despistar. La furgoneta Kangoo con el ADN de los “suicidados” días antes en el piso de Leganés, la mochila que aparece en una comisaría de Vallecas con explosivo y tornillos sin que hubiera rastro de metralla en las explosiones, los ejemplares nuevos del Corán en edición chiita cuando los “suicidados” eran suníes, la muerte del jefe de los GEOS y la posterior profanación  de su tumba, la vinculación de los “suicidados” con los servicios de información de las fuerzas de seguridad (GC, PN y CNI), la huida sin ningún impedimento de uno de los supuestos yihadistas de Leganés, la falsedad en las declaraciones en sede parlamentaria y judicial de responsables de la seguridad del Estado, las irregularidades llevadas a cabo por la pericia y custodia en las muestras de explosivos, la permisividad del juez Gómez Bermúdez ante la falsedad de algunos testigos, el empeño de la fiscal en catalogar el explosivo como goma – 2 eco y más tarde  quitarle valor a la procedencia del mismo y finalmente el testimonio de dos rumanas confidentes de la policía que sirve para condenar a Jamal Zougan cuando se comprueba meses después que el mismo es falso.

Resulta obsceno escuchar a Casado prometer la desclasificación de la documentación sobre el 11 – M, si llega a la presidencia, cuando debería estar actuando desde el primer día que ocupó su actual cargo.

Más impresentable todavía la afirmación de la ministra portavoz, Celaá, diciendo que es cosa juzgada, cuando queda patente el enjuague y hay una persona condenada injustamente: Zougan.

Villarejo ha puesto de los nervios al afirmar la implicación de los servicios secretos marroquíes y franceses como participantes en la masacre. El gobierno y el CNI no deberían ponerse de perfil, tampoco el Rey cuya especial proximidad con Mohamed VI no le permite pasar del asunto sin implicarse personalmente.

Para latribunadeespana.com