He guardado las distancias. Ya no.
Viví más de un cuarto de siglo en la España de Franco. Como hijo de la transición opté, como la gran mayoría, por el buenismo. Tras haber pertenecido a un partido socialista no marxista voté, como una gran mayoría de los españoles, al ex Secretario General del Movimiento. Fue un buen negociador. Con maña y astucia, legalizó al partido comunista que era, y sigue siendo, ilegal en la Alemania democrática. Conviene recordar que Franco murió en 1975 y que hubo que esperar aún 14 años para que cayera el Muro de Berlín, símbolo del comunismo soviético, del que, por cierto, el Partido Comunista español era tributario.
Los políticos de la transición, casi por unanimidad, quisieron, mediante la ley 46/1977 de Amnistía, superar todos los crímenes de intencionalidad política cometidos antes del 15 de junio de 1977, incluyendo también los recientes crímenes de ETA. Fue aprobada por Unión de Centro Democrático, PSOE, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, Minoría Vasco-Catalana y Grupo mixto, con la abstención de Alianza Popular y los diputados Francisco Letamendia (Euskadiko Ezkerra) e Hipólito Gómez de las Roces (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro). En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Fue una indiscutible manifestación de que los diputados que representaban al pueblo español optaban por borrón y cuenta nueva. En suma, por sentar las bases para la plena reconciliación y un nuevo comienzo.
Lamentablemente ETA prosiguió su carrera sangrienta y hoy cabe decir que, al no enfrentarse contundentemente a ello, se cometió el error más grave de nuestra democracia. La Constitución contenía instrumentos más que suficientes para haber pospuesto el desarrollo preautonómico de las regiones en conflicto, hasta que la violencia no hubiese sido controlada. Se hubiesen evitado de esa forma muchos de los 800 asesinatos de ETA, posteriores a 1977, así como la huida forzada de unos 200.000 españoles residentes en el País Vasco y Navarra. Ese grave error fue el germen del 23-F de Suárez y del GAL de Gonzalez. El mensaje de que unos mueven el árbol, mediante sus crímenes, y otros recogen las nueces, fue una triste y pesada carga en todo el proceso de desarrollo constitucional. Llevó, erróneamente a intentar captar a los nacionalistas “moderados” mediante concesiones económicas y transferencias. No ha dado resultado. El ejemplo vivo lo tenemos en la agresión terrorista de Alsasua contra dos guardias civiles y sus novias y en los grandes carteles que se encuentran cuando se viene por la autopista desde Francia a España: “Euskalherria. Vasque Country”. Ni la palabra España ni su bandera aparecen. Mal camino. Hoy cabe el riesgo de que los Comités de Defensa de la República catalana, los CDR, se sientan tentados a recorrer también el camino de la violencia. Mal camino.
Muchos españoles hemos callado, por buenismo, esperando que al final la moderación triunfaría. Sin embargo, hoy es evidente que Zapatero, primero, y ahora Sánchez quieren volver al frentismo de la Guerra Civil, y que, al mismo tiempo, minusvaloran la importancia de la unidad de España, piedra angular de nuestra actual Constitución. Frente a la inmensa mayoría de españoles, que pensamos que en la Segunda República y en la propia Guerra Civil hay luces y sombras en ambos lados, hay un grupo de radicales que siguen queriendo ignorar que 8.000 religiosos fueron asesinados, por el mero hecho de serlo, en el bando “rojo” y que las checas y los “paseos” fueron muy típicos del bando “rojo” y no del bando “nacional”. No quieren escuchar las posturas equilibradas de muchos socialistas como Leguina, Redondo, Guerra y otros.
Ante esa agresiva e injusta visión de la historia que pretenden trasladar a las nuevas generaciones no cabe ya guardar distancias porque tolerar la mentira y la desinformación es lo peor que se puede hacer si deseamos una España de convivencia democrática. Hay que desmontar las mentiras interesadas en que se funda la sesgada Memoria Histórica. Hay que hablar, como mínimo, del clima de desorden en que nació y se mantuvo la Segunda República y del golpe de estado socialista de 1934 y del contexto en el que se produjo el golpe de Estado impulsado por Mola y al que se adhirió Franco.
En mayo de 1931, apenas proclamada la república, se produjo el linchamiento de religiosos y la quema de unos 100 edificios religiosos, en particular, en Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Granada, Cádiz, Murcia y Alicante.
El 5 de octubre de 1934 se desencadenó el hecho más grave del periodo: la Revolución de 1934, el fracasado golpe de estado socialista. La anunciada “huelga general revolucionaria” fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades, pero fue rápidamente sofocada, salvo en Asturias. En esta provincia, las milicias obreras integradas por unos 20.000 obreros, en su mayoría mineros, se hicieron con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal y a continuación se apoderaron de Gijón y de Avilés y entraron en la capital Oviedo. Fueron incendiadas 58 iglesias y conventos, el palacio episcopal, el Seminario y la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, que fue dinamitada. El gobierno republicano tuvo que recurrir a legionarios y regulares procedentes de África. Toda la operación fue dirigida, desde Madrid, por el general Franco, por encargo expreso del ministro de la Guerra Diego Hidalgo. El día 18 de octubre, casi dos semanas después, los insurrectos se rendían. El balance de víctimas fue de unos 1.100 muertos y 2.000 heridos entre los insurrectos, y unos 300 muertos entre las fuerzas de seguridad y el ejército. Como consecuencia de estos hechos fueron detenidos numerosos dirigentes de izquierdas, entre ellos el comité revolucionario socialista encabezado por Francisco Largo Caballero.
Por otra parte, el 6 de octubre, sin conexión con la insurrección socialista, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, dio un golpe de estado al proclamar «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española» e invitó a la formación de un “Gobierno Provisional de la República” que tendría su sede en Barcelona. Sin embargo, la rebelión catalana, fue rápidamente dominada al día siguiente por la intervención del Ejército, encabezado por el general Domingo Batet, cuya firme pero moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas (murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles). El Presidente y los Consejeros de la Generalidad fueron encarcelados y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 fue suspendido.
Desde octubre de 1934-diciembre de 1935 hubo gobiernos radical-cedistas que desarrollaron, legítimamente, en el marco de la Constitución, actuaciones propias de su pensamiento político.
En febrero de 1936 hubo elecciones generales muy equilibradas en votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular” que contaba con 263 diputados (incluidos 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña, mientras que la derecha quedaba con 156 diputados y los partidos de centro-derecha con 54 diputados.
La medida más urgente que tomó el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934. Unos 30.000 presos «políticos y sociales» fueron puestos en libertad, incluyendo a los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, reanudándose las funciones del Parlament y reponiendo en su puesto a Lluís Companys como presidente de la Generalidad y a sus consejeros.
El 3 de abril de 1936, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, Alcalá Zamora, que fue destituido el 7 de abril El 26 de abril, fue elegido Manuel Azaña, e investido como presidente el 10 de mayo de 1936.
El año fue especialmente conflictivo para el orden público dando lugar a que Gil Robles en la sesión del 17 de junio de 1936, Gil-Robles denunciara los desórdenes habidos, según él, desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio: «160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto. 269 muertos. 1287 heridos de diferente gravedad. 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan. 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 10 periódicos totalmente destruidos, todos de derechas, 83 asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 146 bombas y artefactos explosivos, 38 recogidos sin explotar.»
En este contexto revolucionario, tuvo un papel especial el socialista Largo Caballero, que contaba con el apoyo incondicional de las Juventudes Socialistas que le llamaban el «Lenin español». Estas juventudes, cada vez más radicalizadas, acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en junio de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven Santiago Carrillo.
En resumen, cabe señalar que durante los cinco años de vigencia de la Segunda República hubo problemas constantes de orden público, con unas 2.600 víctimas mortales, lo que refleja la intensidad del desorden si se las compara con los 800 asesinatos de ETA, a lo largo de 30 años.
En este explosivo contexto sólo faltaba encender la mecha. Me remito a las palabras del artículo de Joaquin Leguina de junio de 2018: “El 2 de julio de 1936 unos pistoleros de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) entraron en un bar frecuentado por jóvenes y mataron a dos estudiantes falangistas. Poco después, pistoleros de derechas asesinaron a José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y conocido socialista. El 12 de julio de 1936 un capitán de la Guardia Civil llamado Fernando Condés (un izquierdista que había participado en Madrid en la asonada contra el Gobierno de Lerroux en 1934), vestido de paisano y acompañado por cuatro pistoleros socialistas de la Motorizada, tras presentar sus credenciales a los policías que protegían al parlamentario José Calvo Sotelo, subieron al domicilio de éste y se lo llevaron en una camioneta de la Guardia de Asalto. El prietista Luis Cuenca le pegó dos tiros en la nuca. Después fueron al cementerio de la Almudena y tiraron el cadáver a la entrada del tanatorio”
Lo que siguió fue el llamado Alzamiento Nacional y la trágica Guerra Civil. El resto es historia. Ante ella asumo también las palabras con las que Joaquin Leguina terminaba su artículo: La gente de mi generación, y menos la de generaciones posteriores, no tenemos responsabilidad alguna en hechos como los aquí narrados, pero el PSOE como persona jurídica haría bien en echar al olvido todas las atrocidades de la guerra, las de uno y otro bando.
Es hora, españoles, de mirar los hechos con objetividad, no dejarnos engañar y optar por la Reconciliación Histórica. Tras 40 años hay que dar un nuevo impulso a nuestra Constitución, centrados en lo que se establece su preámbulo: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución. ¡Viva España!
Hay mucho desconocimiento d la historia reciente por parte d muchos españoles, para empezar en los centros d enseñanza d nuestra generación (nacidos en los años 50) nunca se estudió la historia más allá d Alfonso XII. Todos estos hechos los hemos conocido por interés personal mucho tiempo después, es importante que las jóvenes generaciones conozcan nuestra historia y la d Europa entera, con las dos horribles guerras del siglo pasado y la terrible guerra Civil española para que nunca se repita la historia.
Estimada seguidora: magnífico, ya dijo Menéndez Pelayo que pueblo que no conoce su historia está condenado a irremisible muerte. Saludos cordiales