Historia negra del PSOE (VI-2)

Vera y Barrionuevo

También en 1983, estallarían los conocidos como caso Lasa y Zabala, El 5 de octubre de 1983, el comando de ‘Los Octavos’ de la organización terrorista ETA, secuestró al capital Alberto Martín Barrios, del Cuerpo de Farmacia del Ejército. ETA exige como condición para no asesinarlo la excarcelación de los terroristas implicados en el asalto al cuartel de Berga y que su comunicado se difunda por TVE para que toda España conozca sus reivindicaciones. Felipe González formó un sanedrín para estudiar medidas para erradicar a ETA. Formaban parte de ese grupo junto al ministro José Barrionuevo y el Secretario de Estado Rafael Vera, figuras del PSOE en el País Vasco como eran Ricardo García Damborenea (secretario del PSOE en Vizcaya), Enrique Casas (secretario del PSOE en Guipúzcoa) o Fernando Múgica Herzog (presidente del PSOE en Guipúzcoa). Así como miembros de la Guardia Civil como el entonces coronel Enrique Rodríguez Galindo.

Durante los casi 15 días que duró el secuestro, el Gobierno del PSOE a través del ministerio del Interior que regía José Barrionuevo Peña, con Rafael Vera como secretario de Estado de Defensa, pusieron en marcha distintas vías para intentar evitar que ETA asesinara a Martín Barrios.

Lasa y Zabala

Un grupo de Guardias Civiles de San Sebastián encabezados por Enrique Dorado y Felipe Bayo, dirigieron una compleja operación de secuestrar a dos etarras, Lasa y Zabala, para obtener información sobre el paradero de Martín Barrios. Una operación que contó con el respaldo de coronel Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable del cuartel de Intxaurrondo y del Gobernador Civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, que más tarde ascendería a Delegado del Gobierno en las provincias vascas. La operación derivará en la ‘desaparición física’ de Lasa y Zabala, sin que se puedan obtener datos válidos para localizar y salvar a Martín Barrios.

El 19 de octubre de 1983, ETA cumplió su amenaza y asesinó a Alberto Martín Barrios para gran indignidad de una parte de la sociedad española, aunque otra siguió los acontecimientos con cierta indiferencia. El secuestro y asesinato de Lasa y Zabala no sirvió, por tanto, para nada. Los restos de los dos etarras no aparecieron hasta 1995, cuando fueron identificados. Habían sido enterrados en cal viva.

Rodríguez Galindo

La historia cambio cuando en 1996, dos personas decidieron ‘recordar’ testimonios que habían escuchado. Estos eran el guardia civil Ángel López Carrillo (ex novio de la viuda de Enrique Casas, asesinado por ETA) y Txofo (confidente de la Guardia Civil), que aseguraron que en 1983 miembros del cuartel de la Intxaurrondo les habían informado que Lasa y Zabala habían sido asesinados por guardias civiles siguiendo órdenes de Enrique Rodríguez Galindo y del Delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga. López Carrillo y Txofo aseguraban que el Secretario de Estado de Defensa, Rafael Vera y el abogado de Estado, Jorge Argote, ambos del PSOE, habían trabajado para encubrirlo. Al caso Lasa y Zabala le siguió el secuestro de Segundo Marey. El 4 de diciembre de 1983, un ciudadano vasco residente en el País Vasco francés, Segundo Marey, fue secuestrado por un comando de mercenarios formado por Pedro Sánchez, Jean-Pierre Echalier y TalbiMohand. Era un momento en que en el País Vasco francés había una gran comunidad de dirigentes y militantes de ETA, amparándose de que el Gobierno de Francia les protegía concediéndoles el rango de ‘refugiados’ políticos, y todo ello permitía que Francia fuera un auténtico ‘santuario’ para ETA.

Si ya antes del asesinato de Martín Barrios, al PSOE le disgustaba esa situación, a partir de ese momento el Gobierno de Felipe González y sus mandos antiterroristas, estaban dispuestos a lo que fuera necesario para poner fin a esa situación. No se trataba, por tanto, sólo de cometer acciones ilegales contra ETA en Francia, se trataba de crear una marca para que los etarras dejaran de sentirse impunes, y para que el Gobierno de Francia se diera cuenta de que no podía ponerse del lado de los terroristas, sin que eso provocara consecuencias. Si el motivo para que Francia defendiera la impunidad de ETA era porque los crímenes sólo se producían en suelo español, acciones en su suelo le obligarían a reforzar su posición. El 4 de diciembre de 1983, era el día de dar a conocer a esa nueva banda: los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Segundo Marey

Cuando la esposa de Marey abría la puerta de su vivienda, irrumpieron de ella los mercenarios que llevaban sus rostros al descubierto. Tras introducirse en el domicilio, golpearon a Marey, le rociaron con gas lacrimógeno y se lo llevaron introduciéndolo en un coche. La realidad es que el objetivo de los GAL era secuestrar al dirigente de ETA Mikel Lujúa, pero los mercenarios se habían confundido de vasco y habían secuestrado a alguien que no tenía ningún puesto de mando en la organización criminal. Durante el secuestro, los mercenarios llevaron al secuestrado ante un policía de Bilbao, presunto organizador del acto, José Amedo Fouce. Tras constatar que se habían equivocado de persona y que no era Lujúa, Amedo consultó con sus superiores, comisario Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, y con los socialistas Julián Sancristobal (Gobernador Civil de Vizcaya) y Ricardo García Damborenea (Secretario General del PSOE de Vizcaya). También informaron a la cúpula del ministerio del Interior, José Barrionuevo y Rafael Vera, también ambos del PSOE. Si reconocían que se habían equivocado nadie se tomaría en serio a los GAL, y parte del objetivo era que se les temiera. Ricardo García Damborenea y Julián Sancristobal propusieron entonces ‘enterrar’ a Segundo Marey, pero esa idea fue descartada por Barrionuevo y Vera (según Amedo, también por él mismo). Finalmente se optó por retener por unos días al secuestrado Marey, para dar publicidad a la marca ‘GAL’. Aquel comando de mercenarios y policías retuvo a Marey durante 10 días, hasta su liberación el día 14.

El 15 de diciembre de 1983, la prensa española se hacía eco de la liberación de Segundo Marey, asumiendo que sus secuestradores lo habían confundido con un etarra a quien pretendían sonsacar información. Tras el secuestro de Marey, los GAL estuvieron operativos hasta 1987. En el proceso judicial que se llevaría contra la organización, quedaría probado que su financiación procedía de altos funcionarios del Ministerio del Interior. Los GAL asesinaron a 27 personas. Entre los condenados, se encontraban ilustres socialistas como el ministro de Interior José Barrionuevo, Rafael Vera, secretario de estado para la seguridad, Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya, Julen Elgorriaga ex gobernador civil de Guipúzcoa y un largo etcétera de mandos policiales y miembros de la Guardia Civil.

En paralelo con el terrorismo de estado, la corrupción política y económica se generaliza, teniendo siempre al PSOE como hilo conductor.

Si ha habido un caso excepcional en la historia judicial y decisoria del Gobierno de España frente a los administrados, ese asunto ha sido, sin duda alguna, el del llamado “Caso RUMASA”, un caso en el que, más allá de la corrupción económica y política que supusieron los hechos relatados por la Historia, supone una cúspide en la corrupción moral de un sistema, el de la Democracia española, que se supone amparado en las garantías jurídicas y el Estado de Derecho dimanan de la Constitución de 1978.

El Gobierno se hizo un traje a medida absolutamente impropio de un Estado de Derecho: confeccionó las medidas legales, la expoliación e incluso las medidas cautelares ordenando a la Policía las detenciones políticas oportunas, las expropiaciones necesarias para los intereses gubernativos e incluso los efectos posteriores. La intervención de RUMASA se llevo a cabo el 23 de febrero de 1983. La expropiación trae consigo la necesidad de aplicar un plan de saneamiento para cubrir un déficit que, según los peritos judiciales, alcanza a 31 de diciembre de 1982 un total de 346.000 millones de pesetas (más de 21.000 millones de euros). Y abre un proceso que se mantuvo inconcluso 24 años después de su inicio. Diez años después de la expropiación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sentenció finalmente a favor de Ruiz-Mateos, condenando al Estado por violación de Derechos Humanos, dado que la causa no fue vista en plazo razonable y no es oído Ruiz-Mateos en la causa de inconstitucionalidad sobre la expropiación, sentencia que supone un varapalo al Gobierno y a la propia Justicia española al subrayar la desproporcionada duración del proceso, Además, se abrió paso a la indemnización por parte del Estado español a la familia Ruiz-Mateos, algo que nunca llegó a producirse. Las empresas que formaban RUMASA fueron, en muchas ocasiones, “regaladas” a ilustres empresarios o amigos del socialismo, con multitud de irregularidades en su adjudicación.

En 1984 estalla un caso de soborno del PSOE en Murcia, cuando el entonces secretario de finanzas del PSOE de Murcia intenta sobornar a dos periodistas de La Verdad de Murcia. Ese mismo año tenemos el caso FLICK, por el cual el PSOE habría recibido el dinero de la socialdemocracia alemana a través de fundaciones culturales, concretamente la Fundación Ebert y Flick. Felipe González tuvo que enfrentarse en un tenso debate a los portavoces de Coalición Popular encabezados por Jorge Vestrynge, con el célebre ‘ni Flick, ni Flock”. Pero con mayoría absoluta del PSOE, era imposible que cualquier comisión del Congreso realizara un dictamen negativo hacia el PSOE.

No sería hasta 1996, cuando el dirigente del PSOE Luis Solana Madariaga reconocería que él personalmente, en una entrevista concedida a Antena 3 TV, había llevado dinero en maletas de Alemania a España para financiar al PSOE en la delicada tarea de reconstruir el partido en la Transición.

En 1986, un nuevo caso de corrupción hunde al presidente socialista de Castilla y León. En octubre de 1986, dimitió el presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid López, un año después de haber cedido también el cargo de secretario general del PSOE de Castilla y León a Juan José Laborda.

La carrera política de Demetrio Madrid quedó truncada cuando el presidente de la Audiencia Territorial de Valladolid, Teófilo Ortega, anunciaba el 29 de octubre de 1986, el procesamiento tanto a Demetrio Madrid López, como a su hijo Adolfo Madrid López. También al socio de ambos, Esteban Cisneros. Se investigaba si había indicios racionales de que la venta del taller PEKUS, fue realizada por los tres socios de manera fraudulenta, menospreciando los derechos de sus trabajadoras. 11 de ellas presentaron la querella que llevo al banquillo al presidente de Castilla y León.

En 1987, el diario El Independiente, publica una conversación entre Pablo Castellanos y el periodista Raúl del Pozo, donde Pablo Castellanos, a la sazón dirigente de Izquierda Socialista y vocal a propuesta del PSOE, en el Consejo General del Poder Judicial, afirmaba:

  • Pablo Castellano – Fuimos [Izquierda Socialista] los primeros en hablar del cesarismo y de la oligarquización del PSOE. Fuimos los primeros en llamar la atención sobre la corrupción. A algunos ya les asusta esta situación de proliferación de comisionistas.
  • Raúl del Pozo – No caigamos en la calumnia.
  • Pablo Castellano – Yo, por razón de mi cargo, tengo mucho trato ahora con jueces. Y varios presidentes de audiencias territoriales me alertan. Algunos de esos presidentes me dicen “oye, Pablo, que tus compañeros del PSOE se están hinchando”. El de Burgos, el de Sevilla, etc. Viene y te cuenta el de Ibiza que llegan presiones de Madrid, concretamente de Benegas, para no clausurar KU. Iban a cerrar la discoteca porque no reunía condiciones. Lo impidieron. Esa leve anécdota refleja el descaro de mis compañeros. Porque luego te enteras además de que Benegas es socio de Matutes.
  • Raúl del Pozo – Matutes tiene buenas relaciones con los socialistas.
  • Pablo Castellano – Porque son socios. Luego le pagan haciéndolo comisario para Europa. Fraga quería llevar a Europa a Robles Piquer o a Navarro, pero de la Moncloa (PSOE) le dieron el nombre correcto (Matutes).
  • Raúl del Pozo – ¿Hasta dónde llega la colaboración con Matutes?
  • Pablo Castellano – Van a hacer una urbanización en Formentera con capital español, vasco y luxemburgués de más de 6.000 millones de pesetas. Han constituido una sociedad en la que por supuesto esta Matutes. Empiezas a olfatear y te preguntas. ¿Pero qué está pasando aquí? Algunos dirigentes del PSOE están haciendo fortunas.

Inmediatamente después de esa entrevista, Pablo Castellanos era expulsado del PSOE. La corrupción socialista se generalizo durante el Felipismo, afectando prácticamente a todas las comunidades e instituciones. El caso Barreiros en Galicia en 1987, el tema de Pilar Miró y su ropa interior con el dinero de RTVE, ente que ella dirigía. Pilar Miró gasto en vestuario más de 100.000 pesetas al mes, mas compra de joyas y obras de arte.. En diciembre de 1989 estalla el caso Iberia, una trama de comisiones en torno a la compra de aviones, en el que implicaba a un general de los Estados Unidos, Joseph F. Franklin, a cargos del INI y a miembros del PSOE. En 1990 tenemos conocido como ‘caso Juan Guerra’, fue el mayor caso de corrupción que alcanzaba al PSOE y, directamente, al Gobierno de Felipe González. La magnitud del escándalo se evidenciaba en el hecho de que el 1 de febrero de 1990, el Congreso de los Diputados aprobara una sesión para hablar específicamente de esa cuestión que había aireado la prensa. El escándalo se debía a que Juan Guerra, militante del PSOE y hermano del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, ocupaba un despacho en la Delegación del Gobierno de Andalucía sin que estuviera clara cuál era la labor que ahí desempeñaba. En teoría la labor de Juan Guerra, era la de ‘asesor del Gobierno’, pero las informaciones periodísticas señalaban a que Juan Guerra, que había estado ocupando ese despacho durante 6 años (desde enero de 1983 hasta mayo de 1989), lo había usado para hacer negocios privados, pero negocios privados que se veían respaldados por el hecho de que usara para ellos un despacho oficial del Gobierno, en lo que se introducía como un caso de tráfico de influencias, dado el espaldarazo que le suponía a Juan Guerra dar a entender que contaba con el respaldo del todopoderoso Gobierno del PSOE en sus negocios. El 12 de enero de 1991, Alfonso Guerra dimitió como vicepresidente del gobierno. Guerra sería sustituido por Narcis Serra y además mantuvo en el Gobierno a Carlos Solchaga, el otro gran enemigo interno de Guerra. Eso causaría en el PSOE la mayor división interna que el partido padecía desde la batalla entre Indalecio Prieto y Juan Negrín.

En 1991, los escándalos en el PSOE se multiplican. La estructura del PSOE estaba dominada por Alfonso Guerra González, y eso también incluía al Secretario de Organización, Txiki Benegas, que era el que designaba al ‘tesorero’ del PSOE, el histórico Guillermo Galeote y al responsable de finanzas del Grupo Parlamentario socialista, Carlos Navarro, todos ellos del sector ‘guerrista’ del PSOE.

Aquel equipo financiero del PSOE saltó a la fama el 29 de mayo de 1991, cuando el diario El Mundo destapó que desde 1988 a 1990, había dos empresas de Barcelona, Filesa y Time Export, a las que grandes empresas aportaban grandes cantidades de dinero por supuestas asesorías o informes inexistentes.

Al iniciarse la década de los noventa, ya era un hecho que había todo un sector de hombres de negocios que se estaban haciendo millonarios como intermediarios en todo tipo de cuestiones. Eran ‘conseguidores’. Unían a las distintas partes de un negocio, de compra, venta, o adjudicación y, a cambio de lograr que el negocio llegara a buen puerto, se llevaban un porcentaje del mismo. Y se daba la circunstancia de que gran parte de estos ‘conseguidores’ disponían de carné del PSOE. Ese era el caso de Florencio Ornia, que fuera Director General de la Presidencia del Gobierno y de Juan Carlos Mangana, que había sido empleado en nómina por la comisión ejecutiva del PSOE. Estos dos militantes socialistas se habían hecho millonarios por su labor de ‘conseguidores’ a cambio de comisiones de Siemens. El caso Renfe/AVE iba a quedar unido al nombre de un ministro: el de Julián García Valverde, que enero de 1992 ocupaba el cargo de ministro de Sanidad perteneciente al ‘sector guerrista’ del Gobierno, enfrentado al sector más liberal del Gobierno que encabezaba Carlos Solchaga. García Valverde, antes de ser ministro socialista de Sanidad, había sido, también bajo gobierno del PSOE, máximo responsable de RENFE.

RENFE había decidido realizar operaciones especulativas, para financiar parte de la inversión del eje San Sebastián de los Reyes-Alcobendas, con García Valverde como presidente. La compañía estatal planeó la compra de terrenos lindantes con el trazo de la vía u otros centros ferroviarios, que subirían de valor después de ser recalificados, para venderlos posteriormente. Para ello se utilizó a la empresa filial Equidesa.

Borrell en 1991

El 1 de octubre de 1991, el ministro de Fomento Josep Borrell, interpelado en el congreso, reconoció por primera vez en el Parlamento, que en ese proceso había irregularidades que se iban a estudiar.

El 24 de noviembre de 1991, la nueva presidenta de RENFE Mercé Sala, que había asumido el cargo tras abandonarlo Julián García Valverde para asumir este el cargo de ministro de Sanidad, admite que la compañía adquirió aquellos terrenos únicamente para especular con ellos. El 13 de enero de 1992, Julián García Valverde dimitía como ministro de Sanidad. García Valverde era el segundo ministro que tenía que dimitir por casos de corrupción.

Si dentro de las guerras internas del PSOE, para los ‘guerristas’ los casos Juan Guerra, AVE-RENFE y Filesa fueron su gran lastre, para sus rivales, el sector liberal-felipista-solchaguista, que representaba Carlos Solchaga Catalán, el talón de Aquiles iba a ser el ‘caso Ibercorp’ / Caso Rubio.

Mariano Rubio había sido nombrado gobernador del Banco de España por el PSOE en 1983., a instancias de los ministros Carlos Solchaga y Miguel Boyer. Uno de los grandes amigos de Mariano rubio era Manuel de la Concha. Tanto Mariano Rubio, como Manuel de la Concha, como Miguel Boyer, abandonaron a sus respectivas esposas a finales de la década de los ochenta en pleno gobierno felipista, para casarse con mujeres más jóvenes y glamurosas, habituales en las páginas de revistas de crónica social jet-set. Por todo ello, este grupo de figuras del PSOE fue apodada como la ‘Beautifulle People’ del PSOE. Y siempre contaron con la hostilidad del sector ‘guerrista’ del PSOE. Quizá para defenderse, Manuel de la Concha optó por entrar en el sector de los medios de comunicación comprando una participación minoritaria en el Grupo16 (Diario16 y Cambio16), y convirtiéndose en el hombre fuerte del grupo, por los créditos que su Banco Ibercorp concedió a aquel conglomerado.

Los primeros indicios de corrupción en torno al Banco Ibercorp aparecieron en julio de 1991, cuando el diario El Mundo desveló que Ibercorp había comprado acciones del Banco Hispanoamericano la semana previa al anuncio de la fusión de la entidad con el Banco Central.

Pero el verdadero escándalo Ibercorp iba a estallar el 12 de febrero de 1992. Ese día el diario El Mundo y Jesús Cacho, iban a dar el dato que iba a terminar de reventar a la Beautifulle People del PSOE. Al investigar al Banco Ibercorp, la Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitó a De la Concha que facilitara los nombres de los accionistas reales del banco. La principal entidad propietaria del Banco Ibercorp era la sociedad Sistemas Financieros. Pero cuando Manuel de la Concha facilitó la lista de propietarios de Sistemas Financieros, ‘omitió’ algunos nombres al citar que entre los socios había un tal ‘M. Jiménez’. La realidad es que la persona que se escondía detrás de ese nombre era Mariano Rubio Jiménez, es decir, el Gobernador del Banco de España. Y al igual que con este, Manuel de la Concha también había tratado de ocultar que en el listado de los accionistas también estaba Miguel Boyer, Isabel Preysler (esposa de Boyer) y Carmen Posadas (esposa de Rubio). Por lo que la conclusión es que De la Concha y Rubio, no eran sólo amigos, sino que resultaba que eran socios en el Banco Ibercorp. Por lo que podía deducirse que Mariano Rubio Jiménez, que debía ser neutral como funcionario máximo responsable del Estado de la supervisión de todo el sistema bancario español, estaba contaminado si tenía intereses en una de las entidades financieras.

El 4 de mayo de 1994, la fiscalía, a través del fiscal socialista Mariano Fernández Bermejo, ordenaba el encarcelamiento sin fianza de Mariano Rubio y Manuel de la Concha, que no pudo evitar romper a llorar al verse entre barrotes.

Era un precio alto para el PSOE, destruir a Mariano Rubio Jiménez era también destruir a Carlos Solchaga, el que había sido su valedor, que ya reconocía públicamente que se sentía engañado por Rubio. El 5 de mayo de 1994, Carlos Solchaga anunció la dimisión de todos sus cargos en el PSOE, incluyendo el de portavoz del grupo parlamentario y la renuncia a su acta de diputado.

La corrupción socialista era ya un secreto a voces, pero lo peor todavía estaba por llegar.

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