Historia negra del PSOE (VII-1)

Tras la renuncia de Carlos Solchaga de todos sus cargos el 5 de mayo de 1994, incluido el de portavoz del grupo parlamentario socialista, por su vinculación con el caso Ibercorp, Mariano Rubio murió antes de ser condenado. Según sus amigos nunca digirió su estancia en prisión en 1994. Iniciando entonces un proceso de deterioro, que finalizó con su muerte en 1999. El único condenado por el caso Ibercorp sería, por tanto, Manuel de la Concha.

Perote y Manglano

Coincidiendo con la investigación al caso Ibercorp en 1992, los servicios secretos del Estado gestionados por el Gobierno del PSOE se pusieron por primera vez de manera clara al servicio del ataque a los enemigos políticos del partido del Estado. Era la etapa en el que los servicios secretos se denominaban ‘CESID’ y estaban dirigidos por Emilio Alonso Manglano y Juan Alberto Perote. Como máximo responsable del CESID, Emilio Alonso Manglano se ganó la confianza del Vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa, Julián García Vargas. En este caso, el CESID se posicionó al lado de la Beautifulle People del PSOE, atacando al que se había convertido para ellos en ‘el traidor’: El periodista Jesús Cacho, que había pasado de cobrar de la Beautifulle, a ser el primer denunciador de esta, desde que había pasado a cobrar de Pedro J. Ramírez en el diario El Mundo.

Los servicios secretos interceptaron conversaciones de Jesús Cacho, con figuras oscuras del mundo de los negocios que evidenciaban una complicidad con estos.  Entre estas personas, figuraban el controvertido financiero Javier de la Rosa, el aristócrata Juan Peláez, colaborador habitual de Javier de la Rosa en sus filtraciones de información a medios de comunicación, y el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. En las conversaciones, se deducía que todos los que participaban en estas “charlas” que estaban siendo intervenidas, tenían una clara enemistad contra el gobernador socialista Mariano Rubio.

Pero es que además de las conversaciones espiadas por el CESID, a Cacho también le interceptaron conversaciones en las que el propio Cacho delataba que su jefe, Pedro J. Ramírez, asesoraba las intervenciones parlamentarias de dirigentes del Partido Popular contra el PSOE, e incluía insultos de Cacho contra su jefe. Lo que la izquierda conocía como las cloacas del estado, resulta que le fueron muy útiles para lograr sus objetivos. El PSOE confundió con suma facilidad, lo que tenía que ser un servicio al estado, con un servicio al partido, algo que a día de hoy, siguen cometiendo.

Ese mismo año Jesús Eguiguren, un destacado dirigente del PSOE vasco, fue condenado por pegar a su mujer Assunta Zubiarrain, con un paraguas y un zapato. La condena fue leve, pero el escándalo mayúsculo. El 12 de mayo de 1992, Jesús Eguiguren, conocido como chusito, anuncia su dimisión como vicepresidente del parlamento vasco.

En 1993, José María Mohedano había sido uno de los grandes fichajes del PSOE para ‘renovar’ la imagen del partido, de cara a un año electoral, el año en el que el PSOE perdió la mayoría absoluta.

Mohedano había sido un joven abogado militante del Partido Comunista, que se hizo famoso por llevar casos de presos antifranquistas durante los años finales del régimen y la Transición tardo franquista, junto a otras figuras como Jaime Miralles o Cristina Almeida. Pero Mohedano se decepcionó con la incapaz de renovarse del PCE, así como su incapacidad de romper del todo sus vínculos con las dictaduras comunistas de la Europa del Este, y en enero de 1981 hizo oficial su ruptura del PCE, calificando a ese partido de “convento de frailes mal avenidos” y con críticas duras a Santiago Carrillo.

No fue hasta 1986, cuando José María Mohedano decidió dar el paso y afiliarse al PSOE invitado por Felipe González y Alfonso Guerra. Desde el comunismo se le consideró un traidor. Santiago Carrillo comentó entonces: “Espero que todos los dirigentes comunistas como Mohedano se vayan al PSOE o al infierno y nos dejen hacer un Partido Comunista en paz”. Palabras un tanto irónicas, si se tiene en cuenta que el grupo carrillista también se acabó integrando en el PSOE, aunque el propio Carrillo no se integrara personalmente en el partido de Ferraz, aunque si coquetearía con él. Paradojas del destino. Se acabaría acercando al partido de su padre, y al partido del que se había marchado en su juventud. Pero Mohedano tenía un punto débil: un supuesto gusto por los lujos. Ya en 1992, Maruja Torres había escrito en El País un artículo contra este por esa cuestión, artículo que este contestó, advirtiendo que podía demandarle por injurias.  Pero en 1993 se produjo el escándalo, cuando la prensa se cebó con el hecho de que Mohedano se había comprado un deslumbrante Jaguar como vehículo. Guerra y González coincidieron en que el Jaguar de Mohedano les estaba dando muy mala imagen. Y el 22 de julio de 1993, José María Mohedano anunció su renuncia a seguir siendo el secretario del Grupo Parlamentario Socialista. Apenas había estado unos meses en el cargo.

El año 1993 no sería un buen año para el PSOE. Además de perder la mayoría absoluta, los casos de corrupción se multiplican. A los ya mencionados se le deben sumar el caso UCIFA, que serian las primeras “sombras” de corrupción sobre la Guardia Civil. El 17 de febrero, la cúpula de esta unidad antidroga fue acusada de pagar con droga a confidentes. El PSOE y Luis Roldan salieron muy tocados de este proceso. Se establecieron condenas muy severas para la cúpula y la unidad fue desmantelada. Los miembros de la antigua UCIFA iban a tomar venganza contra el socialista Luis Roldán por considerar que este les había dejado tirados y, en noviembre de 1993, filtrarían a la prensa lo que sabían de su ‘director general’.

En 1993 estalla el caso Collado, afectando de forma muy directa al PSOE de Murcia. Collado era presidente de la comunidad y en marzo, una comisión de investigación del parlamento murciano determina que se observa indicios de corrupción en la gestión de Collado. De los 24 diputados socialistas del PSOE de Murcia, 22 respaldan esa resolución. Collado acabaría sentado en un banquillo y después de cuatro mayorías absolutas socialistas, el Partido Popular, lograría una mayoría absoluta que no ha soltado desde entonces. Mientras, en Asturias el caso Petromocho se lleva por delante al presidente asturiano socialista.

En noviembre de 1993 fue desmantelada por la policía, una red de espías que se dedicaba a colocar micrófonos y pinchar teléfonos en empresas de comunicación, que incluían a directivos y accionistas de las cadenas Antena 3 TV, Telecinco y Canal Plus, las tres cadenas privadas de televisión en España. En teoría era un caso de espionaje industrial, que sólo afectaría a la empresa privada que los hubiera contratado. En este caso parece ser que esta empresa era TISA, de Javier Godó Muntañola, presidente de La Vanguardia y ex presidente de Antena 3 TV.

Sin embargo, entre los detenidos se encontraban tres agentes del CESID: Fernando Rodríguez González, que tenía el grado de coronel, Manuel María Sánchez y Miquel Ruiz Martínez [Mikel Legarza Eguía] ‘El Lobo’, el agente del CESID al que los servicios secretos lograron infiltrar en la cúpula de ETA en 1975, para lograr detener a un gran número de sus miembros y a la cúpula dirigente de entonces, cuando el CESID aún se denominaba CESED. ¿Cómo era posible que tres personas que trabajaban para el Estado, como agentes del CESID, estuvieran a la vez ganando dinero haciendo labores de dudosa legalidad para una empresa privada como era TISA? Parece que antes, “El Lobo” ya había trabajado para Antonio Herrero Lima, el periodista radiofónico. Y cuando Godó Muntaño la le comentó a Herrero Lima que sospechaba que sus propios empleados le estaban robando, Herrero Lima le propuso que contratara a ‘El Lobo’ y a sus hombres para poder espiar a su propio personal.

El ministro de Defensa socialista, Julián García Vargas, y el Vicepresidente del gobierno Narcís Serra, hubieron de comparecer ante una Comisión del Congreso para explicar la actitud de sus agentes. Vargas, en su comparecencia del 9 de diciembre de 1993. Era un hecho que espías del CESID habían estado al servicio del espionaje industrial. También en 1993, la conocida como ley de la patada en la puerta, la ley del ministro del interior José Luis Corcuera, fue declarada ilegal. En aquel momento había un enfrentamiento entre él, que desde el Ministerio del Interior era el máximo responsable de la Policía y la Guardia Civil, y Narcís Serra, el que fuera Vicepresidente del gobierno, que tenía el mando del CESID. Según Corcuera “Serra sabía que él dimitiría si le tocaban un artículo” y por eso hizo todas las gestiones que pudo para que el TC tumbara la ‘Patada en la Puerta’.

Resultado: dimitió Corcuera, que fue reemplazado por el socialista Antonio Asunción. Y con él anunciaron su dimisión también Rafael Vera y Luis Roldán. Los episodios que se iban a suceder a partir de ese momento iban a ser fatales tanto para el PSOE, como para el Estado.

El año 1993 parecía no acabarse nunca para los socialistas, aunque los años venideros tampoco serian mucho mejores. Ese año estalla el caso PSV, donde el sindicato socialista, la UGT, acabaría en el banquillo. De los escándalos de corrupción que menos debió lamentar Felipe González desde el punto de vista personal, fue el caso PSV [Promotora Social de Viviendas], la cooperativa de viviendas que había creado el sindicato socialista Unión General de Trabajadores, controlado en aquel periodo por Nicolás Redondo. El motivo es que Nicolás Redondo se había convertido desde 1987 en uno de los principales acusadores dentro del PSOE, de las políticas de Felipe González y Carlos Solchaga, por lo que Felipe González no debió lamentar demasiado la caída de su mayor enemigo interno en el PSOE de aquel momento. El proyecto PSV había recaudado los ahorros de muchos trabajadores afiliados a la UGT, que habían depositado su dinero en manos de esa cooperativa de viviendas, que tenía la misión de construir pisos para todos ellos bajo la dirección del dirigente de UGT Carlos Sotos, y apadrinado por Paulino Barrabés, un histórico del equipo de Nicolás Redondo.

Pero el 23 de diciembre de 1993, la cooperativa socialista dependiente de la UGT, la cooperativa PSV, se declaraba en quiebra sin que aquellos pisos se hubieran construido. Nicolás Redondo Urbieta estaba acabado, y en el congreso de la Unión General de Trabajadores celebrado ese año 1994, renunció a seguir siendo secretario general del sindicato socialista, cediéndole el cargo a Cándido Méndez.

En paralelo a todo esto, estalla en caso Luis Roldan. El dirigente del PSOE Luis Roldán había anunciado su salida como Director de la Guardia Civil, por solidaridad con José Luis Corcuera como ministro del Interior. Pero su marcha iba a ser todo menos tranquila. Roldán, militante del PSOE desde 1976 y sería el primer civil al frente de la Benemérita, lo cual había despertado grandes simpatías entre los sectores llamados progresistas, mientras que gran parte de la población, lo habían visto como un menosprecio al cuerpo, al poner al frente del mismo a un civil. La derecha pronto sucumbió a los encantos de Roldan, por su contundencia en la lucha contra el terrorismo de ETA. También en sectores feministas fue bien visto, por ser él quien lideró el ingreso de mujeres en la Guardia Civil.

El 23 de noviembre de 1993, el periódico Diario16, desvelaba que Luis Roldán poseía un patrimonio superior a los 400 millones de pesetas, e incluía dos pisos, tres chalets, un dúplex, cinco parcelas urbanizables en la costa y una finca. El valor de una de estas propiedades era superior a los 180 millones de pesetas. Todo estaba repartido entre Madrid, Zaragoza, Pamplona, Cizur, Cambrils y Rioja. Un patrimonio que parecía difícilmente conseguible con un sueldo de 400.000 pesetas netas mensuales, que era el sueldo fijado para un director de la Guardia Civil. Después vendrían las comisiones de investigación, la rocambolesca fuga y posterior entrega y entre medias las fotografías. Durante el primer mes de Roldán fugado, se difundieron las imágenes del que había sido director general de la Guardia Civil, participando en orgias en calzoncillos con mujeres y con un flotador hinchable en forma de foca. Sería el empresario Jerezano José María Ruiz Mateos, el que se encargó de hacerle llegar esas fotografías a todos los medios de comunicación. La imagen de Luis Roldan, había quedado destrozada para siempre. En total Roldán se apropió de unos 1.700 millones de pesetas a través de estos procedimientos, con ayuda de Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto. También fundamental el apoyo del ex directivo del banco BBV Juan Jorge Prieto Pardina, que según parece, ideo la mecánica de ocultación de los ilícitos, pero que jugó con la ventaja de que en el momento del juicio quedó absuelto.

Después de descubrirse que el Gobernador del Banco de España Mariano Rubio Jiménez, y que el ex Director de la Guardia Civil Luis Roldan, habían, como poco, defraudado a Hacienda, el 4 de mayo se descubrió que otro alto cargo del PSOE, también estaba defraudando a la Hacienda Pública. En este caso se trataba del ministro de Agricultura Vicente Albero, que había ocultado al fisco hasta 20 millones de pesetas. Vicente Albero seria otro ministro del PSOE que se vio obligado a dimitir por corrupción.

Los grandes fichajes del PSOE en la campaña electoral de 1993, que habían sido seleccionados “cuidadosamente” para blanquear la imagen del partido y dar la impresión de que lucharía contra la corrupción, el juez Baltasar Garzón y el juez Ventura Pérez Mariño, rompen con el partido ante el deterioro público que está dejando el socialismo. Pérez Mariño lo hace desde el Congreso pidiendo la dimisión de Felipe González en pleno debate del Estado de la Nación. En el caso de Garzón será mucho peor. Garzón había ido de ‘número 2’ en la candidatura del PSOE por Madrid, sólo detrás de Felipe González, lo que daba a entender que sería ministro. Pero González optó por poner al frente de Justicia a Juan Alberto Belloch. Tras la dimisión de Antonio Asunción como ministro de Interior por el ‘caso Luis Roldán’, se especulaba que Belloch pasaría de Justicia a Interior y que, ahora sí, Garzón sería ministro de Justicia. Pero tampoco, Felipe González optó por ‘fusionar’ los ministerios de Justicia e Interior y mantener al frente de ellos a Belloch. Casualidad o no, Garzón rompió entonces con el PSOE, dejó su acta de diputado y regresó a la Audiencia Nacional. Desde ahí y con el respaldo de Pedro J. Ramírez, reabrió el caso GAL para investigar a la cúpula del PSOE, es decir, los que tan sólo unas semanas antes habían sido sus compañeros. Años más tarde, Baltasar Garzón sería expulsado de la carrera judicial por prevaricador.

En marzo de 1994 estalla el caso de los fondos reservados. La corrupción socialista parece no tener fin.

  • Rafael Vera – 141 millones de pesetas como mínimo.
  • Luis Roldán – 393 millones de pesetas en sobresueldos.
  • Julián Sancristobal – 131 millones de pesetas en sobresueldos.
  • Francisco Álvarez – 15 millones de pesetas.
  • Iñaki López – 7 millones de pesetas.
  • José María Rodríguez Colorado – Un mínimo de 5 millones de pesetas.

Pero la principal duda, es si de ese reparto de millones de dinero público, se hacía bajo conocimiento o no de los ministros Corcuera y Barrionuevo. Tanto Manuel Fraga Iribarne (Fundador del PP), como Federico Trillo, en ese momento ministro del Gobierno del Partido Popular, fueron llamados como testigos a aquel juicio, y en él declararon a favor de Barrionuevo y Corcuera, en el sentido de que no eran los ministros los que manejaban los fondos reservados, sino los subalternos.

La sentencia dio por buenos aquellos testimonios, optó por absolver a los dos ex ministros pero, eso sí, machacar a Rafael Vera como máximo responsable del reparto.

  • José Barrionuevo – Absuelto.
  • José Luis Corcuera – Absuelto.
  • Rafael Vera – 8 años de cárcel.
  • José María Rodríguez Colorado – 6 años de cárcel.
  • Julián Sancristobal – 4 años de cárcel.
  • Francisco Álvarez – 11 meses de cárcel.
  • Iñaki López Rodríguez – 10 meses de cárcel.

El PSOE celebró la absolución de sus compañeros José Luis Corcuera y José Barrionuevo, ignorando que este ya había sido condenado por el caso del secuestro de Segundo Marey, mientras que expulsaban del partido tanto a Rafael Vera como a José María Rodríguez Colorado permitiéndoles, eso sí, que lo presentaran como un caso de ‘baja voluntaria’ a modo de marcha digna.

En 1993, la corrupción también alcanza al PSOE de Aragón. En septiembre el guerrista José Marco se hace con el poder en Aragón gracias a una moción de censura que prosperó con el apoyo de un diputado tránsfuga: Emilio Gomáriz. Según el testimonio de Montes que era presidente de las cortes regionales, el PSOE de Aragón, en unas negociaciones en el parking de la plaza Salamero, el PSOE se comprometió a pagarle 100 millones de pesetas por su voto en la moción de censura (600.000 euros), pero después de la votación sólo le dieron 60 millones de pesetas, lo que le ocasionó a este un profundo malestar. En esa etapa tambien se producirá el llamado ‘caso del sillón’. El 26 de noviembre de 1993, se hizo público que José Marco, como presidente de Aragón, se llevó a su casa un sillón de piel que era propiedad de la Diputación aragonesa. El precio del sillón era de 78.000 pesetas. La información fue publicada por ‘ABC’, El caso del sillón no sería el único escándalo de Marco. Un año después saltó el escándalo de las escuchas aragonesas. José Marco no sólo pagó por espiar a sus rivales externos (Santiago Lanzuela, presidente del PP de Aragón o los líderes del Partido Aragonés, Emilio Eiroa, Hipólito Gómez de las Roces y José María Mur), sino que también ordenó espiar a los enemigos internos dentro del propio PSOE aragonés. Los representantes del sector ‘felipista’ Antonio González Triviño (alcalde de Zaragoza) y su segundo, Luis García Nieto. El espía había sido contratado por el diputado ‘guerrista’ Fernando Gimeno, a las órdenes de José Marco.

Marco pagó hasta 15 millones de pesetas de dinero público a la agencia Diamond de Juan Gómez Moreda, para esos pinchados telefónicos. La imagen de Marco se vio todavía más deteriorada si cabe, al conocer el ‘holding’ de empresas de negocios que tenía la familia de José Marco, que podían verse beneficiadas por su control de la administración: la empresa Mapesa (de su hermano y su esposa), la empresa Grupales europeos (de su hermano y su esposa), la empresa Marcotran (de sus padres), la empresa Bonavia (de su hermano, esposa y su cuñada), la Academia Marco y la Gasolinera ELF (donde estaban todos ellos). Aquello hacía preguntarse si el interés de Marco para llegar a la presidencia de Aragón, era por un motivo político o era por beneficiar a sus negocios. José Marco fue obligado a dimitir y a abandonar todos sus cargos dentro el partido. José Marco acabaría en el banquillo por segunda vez. En las elecciones autonómicas del 95, el PSOE sufriría una severa derrota.

Tampoco la Cruz Roja, la entidad benéfica más importante de España, quedó al margen de la etapa de corrupción socialista en la época de Felipe González. A pesar de que la ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi, aseguraba que sus cuentas estaban auditadas, la labor de la presidenta de la Cruz Roja, la socialista Carmen Mestre, fue puesta en entredicho por el diario El País el 10 de mayo de 1994, a través de un informe de la auditora Ernst and Young, en el que se señalaba que la Cruz Roja tenía un déficit de más de 7.000 millones de pesetas. Aseguraba que la gestión de Mestre había sido pésima. Que en ella se había producido un desvío de fondos para el pueblo kurdo, a cambio de conseguir sus votos para formar parte de la comisión permanente de Cruz Roja internacional, que Cruz Roja había malvendido sus propiedades, en especial la antigua sede central de la calle de Eduardo Dato.

La Cruz Roja no era capaz de justificar que había pasado con la subvención de 3.000 millones que había recibido en 1990, para ahora estar en una situación de pérdidas de más de 7.000 millones. El escándalo de aquella auditoría, llevó a Carmen Mestre a presentar su dimisión el mismo 10 de mayo de 1994, fecha en que se conocían los datos de esa auditoría.

Uno de los casos más “fugaces” de corrupción del PSOE, sería el de Daniel Arranz, nombrado Gobernador Civil de Vizcaya por el PSOE el 25 de marzo de 1994, y que tuvo que dimitir el 17 de julio de 1994. Daniel Arranz fue imputado por prevaricación, cuando ejercía como presidente de la Diputación de Vizcaya, en el llamado caso Azpiegitura. Su rápida dimisión evitó que su calvario fuera demasiado prolongado, en un momento en el que los socialistas eran señalados por corrupción un día sí y otro también.

El ex sacerdote Gabriel Urralburu, era el líder carismático indiscutible del PSOE navarro (PSN-PSOE) desde 1975. En realidad fue sacerdote hasta 1985, cuando logró al fin la secularización para poder casarse con Olivia Balda Berasategui. En el congreso del PSN-PSOE de 1990, fue reelegido con el 100% de apoyo de los delegados, algo poco habitual en la historia de los congresos regionales del PSOE. Entre sus hombre de confianza de la ejecutiva estaban Antonio Aragón y Javier Otano. Urralburu fue presidente de la Comunidad Foral de Navarra entre 1984 y 1991. En ese periodo, su fiel Antonio Aragón era el consejero de Obras Públicas.

La imagen de Gabriel Urralburu quedó muy tocada, cuando el 14 de abril de 1994, al producirse las investigaciones en torno a la corrupción del socialista Luis Roldán, que había sido Delegado del Gobierno de Navarra, salió a la luz que la esposa de Gabriel Urralburu, Olivia Balda, figuraba como socia de Roldán en una de sus empresas inmobiliarias. Gabriel Urralburu se convirtió en el primer presidente de una comunidad autónoma que ingresaba en prisión por decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona. Durante la investigación de su patrimonio, dentro de la investigación a muchos colaboradores de Roldán, se encontró que Urralburu había adquirido importantes propiedades inmobiliarias en distintos puntos de España a través de la sociedad Residencial Menorquina, de la formaban parte él y su esposa. Al no ser capaz de dar explicaciones por ello al ser llamado a declarar, los tribunales optaron por la detención preventiva.

Sarasola y González

Enrique Sarasola Lertxundi, no fue la única persona del entorno de Felipe González que se hizo millonario, coincidiendo con la etapa en la que este era secretario general del PSOE, y era además presidente del Gobierno de España. En noviembre de 1994 estalló el llamado ‘caso Palomino’, en relación con el cuñado de Felipe González, Francisco Germán Palomino Romera que, casualmente o no, era directivo de la empresa Control y Aplicaciones España (CAE) entre 1989 y 1991, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Talleres Palominos. El 28 de octubre de 1994, el escándalo se hizo público, cuando el diario El Mundo desveló que el cuñado de González, Palomino, había ganado 346 millones de pesetas en cuatro años, en un pelotazo inmobiliario facilitado por el MOPU. Palomino compró una parcela por 40 millones y la vendió por 385 millones.

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