El informe de AIREF o la gran tara del sistema
La AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha levantado una liebre: España gasta 14.000 millones de subvenciones sin control y sin transparencia suficiente. 14.000 millones de nuestro dinero, ganado con nuestro esfuerzo, y no sabemos si se ha empleado bien ni tampoco si se han cumplido los objetivos para los que fueron destinados. El presidente de la AIREF, José Luis Escrivá, en su evaluación global del gasto que se conocerá como Spending Review, ha destacado una carencia grande en la evaluación de las políticas públicas y sobre todo en la evaluación de los resultados.
Si el Estado fiscalizara de forma diligente estas subvenciones, podríamos quejarnos, argumentando que hay otras prioridades, y si fuera una cifra transparente y localizable, nuestra queja sería sobre el fondo, no sobre la forma. Sería una cuestión de preferencias. Ahora, con este escándalo, el cual ha dejado muy poco revuelo social, la queja, el quebranto, es sistémico. Uno de los engranajes básicos del sistema no está funcionando.
España necesita recursos públicos para mejorar el equipamiento de los colegios, para dotar de más recursos a los hospitales públicos, para aumentar las pensiones, para incrementar los sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para dotar de más personal y medios a la Administración de Justicia. O, incluso, para rebajar esa Deuda-Bomba que tenemos cual espada de Damocles sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Pero sin un control eficaz de las subvenciones, sin una transparencia y un régimen sancionador coercitivo para prevenir y castigar el mal uso, no podemos obtener una foto nítida de qué se puede y no se puede hacer con los recursos públicos.
Desconozco qué desconcierta más. Si la resistencia del sistema ante semejantes barbaridades o la poca atención ciudadana que ha generado esta terrible circunstancia. Afortunadamente, España posee instituciones sólidas y fuertes y una democracia consolidada que sostienen el sistema. Sin embargo, carece, aún, de una ciudadanía verdaderamente activa que marque la agenda política y controle al poder. Y este es el principal abuso de poder en democracia: disponer sin control del dinero de los ciudadanos. Una vergüenza que debería indignaros cuando nos levantamos con los primeros rayos de sol y perseguirnos durante nuestras largas y duras jornadas.
El asunto se torna sangrante cuando es el propio Estado mediante la Agencia Tributaria el que persigue a los ciudadanos para asegurarse de que pagan hasta el último euro de los impuestos que le corresponden y aplica, además, una piel muy fina a la hora de establecer qué gastos son deducibles y cuáles no. Debería ser un principio de reciprocidad básico, un componente integral de higiene pública, que un control similar al de Hacienda para con el contribuyente recaiga sobre el beneficiario de las multimillonarias subvenciones que se reparten cada año.
Es cierto, España afronta muchos problemas presentes y futuros. Y si conseguimos conciliar el sueño por la noche es porque confiamos en el sistema. No obstante, éste tiene una falla y bien grande: extrae ingentes recursos del esfuerzo de sus ciudadanos para gastarlos sin el control y la transparencia necesarios. Si falla algo tan básico, ¿cómo podremos vencer desafíos como la automatización del trabajo, la glaciación demográfica o las nuevas adicciones? ¿cómo podremos, como país, resistir los envites de la posmodernidad líquida si no estamos gestionando bien lo que tenemos?
Para El Debate
