Juanma Moreno Bonilla y José Antonio Nieto, la administración que no queremos ni para Andalucía ni para España

Juan Manuel Moreno Bonilla es el Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su Administración Regional. José Antonio Nieto es el Consejero, (en la Administración Regional el equivalente a lo que sería un Ministro en la Administración General del Estado), de la Consejería de “Justicia, Administración Local y Función Pública”. Puede que al lector le suene este último, menos conocido,  porque durante el golpe de estado separatista de 2017 en Cataluña,  era el Secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy que se prestaba a la farsa de formar parte de esa comisión que presidía el jefe de los golpistas Carlos  Puigdemont, y que se reunían supuestamente para parar el golpe, que es tanto como si para acabar con el contrabando de droga en el Campo de Gibraltar se crea una comisión presidida por el jefe de los narcocontrabandistas, y allí que van todos como tontos a prestarse a la farsa. Estaba él y estaba el Coronel de la Guardia civil Pérez de los Cobos, sin uniforme, vestido de dependiente de El Corte Inglés, ese Coronel tan ponderado entre los que políticamente no acertarían a darle ni a la puerta de un granero a 10 metros con una escopeta de perdigones del 10, que si su hermano no fuera magistrado del Tribunal Supremo pienso que en la vida habría ganado el pleito contra Marlaska.

Octubre de 2017, en primera fila y de izquierda a derecha, Carlos Puigdemont, José Antonio Nieto como Secretario de Estado de Seguridad, el Delegado del Gobierno en Cataluña Enrique Milló ex diputado regional del PP por Gerona, y el Coronel de la Gc Pérez de los Cobos con su uniforme de dependiente de El Corte Inglés, antes de entrar a una de las reuniones de la comisión creada al efecto para hacer la parodia de evitar el golpe de Estado separatista que presidía precisamente el jefe de los golpistas y separatistas Puigdemont que estaban perpetrando el golpe. En la foto inferior, una de las referidas reuniones-parodia de 2017. La guerra del humorista Miguel Gila en toda su cruda realidad.

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Al igual que en economía se habla de “macroeconomía”, para referirse a las grandes magnitudes económicas de un país, como la renta nacional, las importaciones o exportaciones que realiza, el empleo o las inversiones; y se habla también, en contraposición,  de “microeconomía”  para referirnos a la economía no de las grandes magnitudes, sino de las personas o agentes individuales, del ciudadano de a pie, las familias, los consumidores, etc,  con la política ocurre algo similar. Están los grandes temas de la nación,  la soberanía nacional, la Defensa de España,  la traición de los políticos sus partidos, y del separatismo,… pero hay también una perspectiva del poder del ciudadano corriente, cómo le afecta el funcionamiento de las instituciones en el día a día de sus relaciones individuales con el poder. En este artículo nos vamos a referir a esto último, en un caso concreto.

A finales del mes de junio pasado, de 2023,  desde la Dirección General de recursos humanos y función pública en los Servicios Centrales de la Consejería de “Justicia, Administración Local y Función Pública”, de la Junta de Andalucía en Sevilla,  se adoptó la disparatada y abusiva decisión de ilegalidad manifiesta, de prohibirle a los trabajadores temporales que trabajaban para la Administración andaluza, y que cesaban en su puesto de trabajo temporal por extinción de su contrato,  se les negó volver a la bolsa de trabajo de la categoría profesional del puesto en el que cesaban, impidiéndoles volver a quedar disponibles para futuras contrataciones temporales. El pretexto para no permitirles retornar a la bolsa de trabajo de su categoría en la que estaban inscritos fue que los trabajadores figuraban ya en la bolsa de trabajo de otra categoría diferente, y la Administración, (algún lumbreras de los muchos que hay en las Administraciones Públicas), consideraba incompatible figurar en las dos bolsas de categorías diferentes.

En concreto se le negaba a unos trabajadores (entre 75 y 100  por provincia, y Andalucía tiene 8 provincias) de la categoría de Educadores de Centros sociales (o de otra categoría como Educación Infantil) retornar a su bolsa de trabajo de esta categoría porque ya figuraban en la Bolsa de trabajo de Psicólogos.

Esto es una barbaridad no solo porque no se le puede prohibir a una persona sin empleo a que busque trabajo en más de una categoría si posee los requisitos de titulación etc. para ello,  sino porque las Bases que regulan la convocatoria de las Bolsa de Trabajo en las distintas categorías profesionales, en la Administración andaluza, establecen de forma expresa que tal incompatibilidad no sólo no existe sino todo lo contrario, que lo que existe es que está establecido de forma expresa que se pueden solicitar  estar de cuantas categorías se posean los requisitos de titulación etc. para ello.

Si alguien lo quiere comprobar, la convocatoria por la que se convoca la Bolsa Única en las diferentes categorías profesionales del personal laboral de la Junta de Andalucía, es la Resolución de 10/diciembre/2019, que está publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) nº 240 de 16/diciembre de 2019,  que se puede consultar en este enlace: AQUÍ y la posibilidad de estar en más de una categoría está establecida en la Base Primera relativa a las Normas generales, punto 3, que dice:

  1. Las personas aspirantes podrán participar de forma simultánea a cualquiera de las categorías profesionales convocadas, siempre que reúnan los requisitos exigidos para cada una de ellas.

Y se vuelve a decir en la Base Segunda, Base Tercera, Base Séptima y Base Octava.

Las Bases de una convocatoria son de obligado cumplimiento tanto para la Administración convocante como para los solicitantes. Esto no tiene discusión, la actuación administrativa de no permitir a los trabajadores que cesan el retornar a la bolsa de trabajo de su categoría porque ya figuran en la bolsa de Psicólogos, es una ilegalidad como una catedral, y tal incompatibilidad no puede sostenerse por muchas razones, pero entre ellas por la básica de que es contraria a las bases de la propia convocatoria.

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En las Delegaciones provinciales de esta Consejería de “Justicia, Administración Local y Función Pública” que dirige José Antonio Nieto, se quedan de piedra cuando reciben el criterio de incompatibilidad por estar en más de una categoría gestado en los servicios centrales de la Consejería en Sevilla, pero en lugar de plantarse y oponerse los Técnicos negándose a aceptar la inaceptable arbitrariedad (art. 9, 3º y 103, 1º CE), y los delegados provinciales desplazarse a Sevilla y decir que esto es una barbaridad, como el criterio en toda España para elegir cargos públicos es  su fidelidad al líder y el principio de “para ordenanza y Director, cuanto más tonto mejor”,   no solo no rechistan los delegados que hacen suyo el desafuero y firman las resoluciones  materializando la exclusión,  sino que cuando los interesados recurren la decisión en recurso administrativo de alzada ante los Servicios centrales de la Consejería en Sevilla, en lugar de aprovechar los Técnicos de las Delegaciones provinciales el trámite del informe preceptivo que han de elaborar para elevar el recurso a la Consejería para su resolución,  para en el informe oponerse a la pretendida incompatibilidad argumentando que es ilegal por ser contraria a las bases de la convocatoria, y además ser un disparate contrario al art. 34, 2º Ley 39/2015,  y proponer que se estimen los recursos,  -como haría un funcionario que hiciera honor al código ético de los arts. 52, 53 y 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público-, (porque la obediencia debida y el principio jerárquico en la Administración Pública tiene el límite del principio de legalidad, art. 9, 1º CE y 103, 1º CE, y de interdicción de la arbitrariedad, art. 9, 3º CE), lo que hacen es plegarse  e informar que conforme con el criterio de los servicios centrales de la Consejería, (que es un completo disparate, pero esto se lo callan),   proponen que los recursos se desestimen, para la completa indefensión de los afectados.

A lo que voy, no es a comentar el caso concreto,  que lo he explicado a grandes rasgos para situar al lector en el contexto. Sino que a lo que voy es a la actitud no querer saber nada del Presidente de la Comunidad Autónoma, (por lo que se dirá más adelante), y en parte también a la actitud del titular de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública autora del fiasco.

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Si los recursos de alzada se resuelven en los servicios centrales de la Consejería en Sevilla que es donde se ha gestado y de donde ha partido esta interpretación absurda de la incompatibilidad de estar en la bolsa de trabajo en más de una categoría, que han sido ellos quienes han impuesto este criterio a las delegaciones provinciales, está cantado que al corresponderle legalmente la resolución de los recursos de alzada a los servicios centrales de la Consejería  que son los autores de esta injusta y arbitraria decisión, el recurso pierde su naturaleza de “alzada” porque en fraude de ley quien resuelve es el mismo responsable del sentido de la resolución dictada por las delegaciones provinciales en la 1ª instancia administrativa, (en la práctica es como si la resolución del recurso quedara en manos del órgano que ha dictado la resolución recurrida, porque las delegaciones provinciales lo que han hecho al resolver en el sentido que lo han hecho,  es obedecer a los servicios centrales), de modo que los recursos no se iban a resolver en justicia, sino desestimándolos por el mismo departamento de donde había partido todo. A este nivel de fraude de ley hemos llegado en España.

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Pero a lo que voy es que precisamente porque si quien iba a resolver los recursos era el mismo departamento que había dado la instrucción a las Delegaciones provinciales a actuar como lo hicieron acordando las exclusiones, resulta evidente que este departamento desestimaría los recursos;  por ello  algún afectado estando todavía su recurso sin resolver, denunció los hechos ante el Presidente de la Comunidad Autónoma, alertándole de lo que estaba pasando y solicitándole que por personal de su gabinete (para no dejar la investigación en manos de los señalados) se investigara lo que está pasando con las bolsas de trabajo, porque con intención o sin ella lo que se estaba y se está haciendo tiene el efecto de alterar el orden de prelación de los candidatos de la bolsa de trabajo, excluyendo a los de mayor puntuación, (es decir vulnerando los principios constitucionales de mayor mérito y capacidad, art. 23, 2º CE), que al prohibirles retornar a la bolsa de su categoría no son llamados ya a ninguna nueva contratación, y estas contrataciones que recaen en otras personas con menor puntuación que se ven beneficiados cuando no habrían tenido derecho a ellas si no se hubiere previamente excluido a los excluidos por estar en la bolsa de otra categoría.

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En una Administración como Dios manda, esta denuncia presentada con su correspondiente fundamentación jurídica ante el Presidente de la Junta de Andalucía,  habría determinado el traslado del asunto a los Servicios Jurídicos de la Presidencia de la Junta, o al Gabinete Jurídico de la misma (el equivalente en la Administración regional a la Abogacía del Estado), para su estudio e informe, y si efectivamente se estaba contraviniendo la legislación de una forma grosera, -como desdichadamente es el caso-, requerir a los jefes de los Servicios o Dirección General afectada, a que se explicaran, y en caso de no justificar su actuación, hacer dos cosas: restituir la legalidad alterada reponiendo a los excluidos en sus derechos, y tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios o autoridades responsables. Si además de responsabilidad disciplinaria se apreciaran indicios de conducta con presunta relevancia penal, el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LECr) obliga a todo funcionario o autoridad a denunciar los hechos al Ministerio Fiscal.

Eso es lo que hace una Administración seria y que combata la arbitrariedad administrativa o incluso la posible corrupción, si en España la leyes tuvieran algún valor “erga omnes”., y si la Administración Pública de verdad hiciera honor al mandato del art. 103, 1º CE: “La Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

Ni que decir tiene, y este es el motivo de este pequeño artículo,  que la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha desentendido de la denuncia, lo que demuestra el nulo nivel ético y jurídico de la misma.

A los pocos días de la denuncia (octubre de 2023),  el denunciante lo que se encuentra es que ve desestimado su recurso de alzada, y unos pocos días después recibe un simple correo electrónico, -ni siquiera una notificación en toda regla aunque se le comunicara de forma telemática-, de la Presidencia de la Junta, diciéndole que en relación con el asunto denunciado  que como ya se le ha dictado resolución en el recurso de alzada, que nada más que añadir.

La respuesta fue esta:

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Este proceder habría tenido algún sentido si el recurso hubiera sido estimado, porque con la estimación se habría corregido lo que se denunciaba,  pero no al serle desestimado. De tal modo que la Presidencia de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla en lugar de investigar el caso,  y comprobar qué hay de verdad en lo que el denunciante advierte, lo que se hace desde la Presidencia de la Junta de Andalucía es no hacer nada, dejar en manos de la Consejería de “Justicia”, Admón. Local y Función Pública denunciada para que resuelva desestimando el recurso, en lugar de fiscalizar e investigar los hechos denunciados por su propio personal para poder atajar si se estaba cometiendo alguna irregularidad en la referida Consejería (no puedes dejar la investigación en manos del investigado, salvo que no quieras corregir la presunta corrupción administrativa).

Esta es la Administración de Juan Manuel Moreno Boinilla, del PP, lo digo por los que ven en el PP el remedio contra la corrupción endémica del PSOE en Andalucía y en toda España, y como garantía del Estado de Derecho.

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Al ir recibiendo los interesados las resoluciones viendo desestimados sus recursos de alzada, comprueban, porque lo dice el propio texto de la resolución,  que la competencia para resolver los recursos,  que en principio la tiene atribuida legalmente el titular de la Consejería, es decir el Consejero, en este caso el Consejero de Justicia, Admón. Local y Función Pública,  José Antonio Nieto, sin embargo ha sido delegada por éste en favor de su subordinado el Secretario General de la Función pública.

Esto son corruptelas o “pequeños” fraudes que la Jurisdicción C-A tolera pero que no debería tolerar si de verdad los Tribunales de lo C-A hicieran honor al mandato constitucional del art. 106, 1º CE : “Los Tribunales de Justicia controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. ¿Por qué lo digo?, porque el art. 8 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (la antigua Ley de Procedimiento administrativo se desglosó en 2015 en dos nuevas leyes que vinieron a sustituirla, la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo, para entendernos, su nombre exacto es más largo, y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público), dice que las competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano que la tenga atribuida como propia. Tal precepto desautoriza delegar en masa la resolución de todos los recursos de alzada de la consejería porque precisamente porque la competencia es irrenunciable. Entonces una cosa es una delegación de competencias justificada por alguna razón (una convalecencia programada, un volumen inesperado de asuntos que requiera para poder abarcarlos el que se delegue la competencia mientras dure esa situación imprevista, u otras circunstancias debidamente motivadas), y otra que llegues en plan señorito a la Consejería, y lo primero que hagas es delegar en un inferior la competencia para resolver no este o aquel recurso de alzada, durante un segmento de tiempo o en determinadas circunstancias,  sino para desentenderte de la responsabilidad de resolver los recursos, y quedarte únicamente con el sueldo de Consejero, -que eso no se suele delegar-, y con el figureo de ser Consejero, que eso en la feria, en determinados ambientes y en el Círculo de la Amistad de Córdoba de donde es natural el Consejero,  viste mucho. Eso es un fraude de Ley como una catedral, o al menos a mí me lo parece, porque es contrario al art. 8 Ley 40/2015, al principio de responsabilidad del art. 3 de la misma Ley, y además de por otros muchos preceptos y razones jurídicas que omito para no aburrir, porque denota la clase de Consejero (o de Ministro, Cospedal cuando llegó al Ministerio de Defensa hizo exactamente lo mismo, -porque esto es una práctica que se ha generalizado dada la falta de sentido público de los políticos-, delegar la resolución de los recursos de alzada del ministerio de Defensa, que el que los recibía por delegación tampoco los resolvía él sino que elevaba a “Resolución” la “Propuesta de resolución” que sus inferiores le pasaban, con lo cual la falta de calidad jurídico-administrativa era y es notoria), que no quiere cargas y que no quiere supervisar la Justicia de la actividad administrativa de su departamento, porque la Resolución de un recurso de alzada, aunque es una resolución administrativa, no deja de ser, en cuanto decisión administrativa que afecta a los ciudadanos, y que agota la vía administrativa,   la decisión última del departamento donde se plasma el cumplimiento (si se observa) o el incumplimiento (si se vulnera) del principio de legalidad (art. 9, 1º CE), interdicción de la arbitrariedad (art. 9, 3º CE), proscripción de la indefensión (art 24 CE, y no hay peor indefensión que la falta de justicia y la degeneración de la vía de recurso), y en definitiva la idea de Justicia dentro de una Administración pública conforme al art. 103, 1º CE “La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley al Derecho”.

En definitiva nos encontramos con una Administración Regional, cuyo Presidente cuando se denuncia una desviación de poder y una actuación manifiestamente ilegal, (al menos aparentemente, porque las bases de la convocatoria son inequívocas, y porque el disparate y la incongruencia  en el ámbito de la actuación de la Administración Pública está expresamente prohibido por el art. 34, 2º Ley 39/2015), en lugar de averiguar qué hay de verdad en la misma, lo que hace es lavarse las manos y se conforma con lo que los propios denunciados resuelvan insatisfactoriamente en relación con los hechos denunciados,  sin exigir ninguna explicación, (lo cual es un nefasto modo de proceder porque es negarse a indagar,  y dejar en manos del señalado que resuelva lo que le venga en gana, de modo que si los hechos denunciados son ciertos nunca se corrige la ilegalidad denunciada porque todo queda en manos del departamento que la está cometiendo, algo así como si la sentencia en un caso de robo, violación o asesinato se dejara en manos del acusado para que se la dicte a sí mismo, si el reo es el que se dicta  a sí mismo su propia sentencia así, si ha cometido el delito, ni se esclarecen los hechos ni se hace justicia).

Y paralelamente un titular de la Consejería que como ha delegado la competencia para resolver los recursos de alzada, no se está enterando de lo que está pasando en su Consejería, porque aquí los cargos de los políticos en la Administración Pública no están para servir sino para figurar.  Es la concepción liberal del ejercicio del poder, “laisser faire, laisser passé”, sin ninguna vocación de servicio al interés general y de hacer las cosas con Justicia. Esto es lo que los medios del sistema llaman “Estado de Derecho”, pero que el Derecho y la legalidad brillan por su ausencia, y si no, que se lo digan a los afectados, que situados en una completa indefensión,  cuando todos los llamamientos a la legalidad, bien en la vía de alegaciones y recurso de alzada, bien en la vía de poner los hechos en conocimiento del Presidente de la propia Junta de Andalucía, no dan el más mínimo resultado. No funciona nada, porque denunciados los hechos también ante el Defensor del Pueblo nacional, en el mes de septiembre, han pasado 4 meses y no ha dado señales de vida, lo resalto también porque en los medios se llenan la boca con grades palabras sobre las garantías y los derechos de los ciudadanos pero se callan que todo a la hora de la verdad es papel mojado por muchas razones, la principal por la mediocridad de los que ocupan los  cargos y los puestos sin ninguna vocación de actuar como es debido.

De esto tienen mucha culpa también los Tribunales de Justicia, que adolecen de la misma patología y que incluso cuando le dan la razón al ciudadano en los casos en los que la lleva y hacen la caridad de reconocérsela, lo hacen en su mínima expresión, desautorizan la ilegalidad de la actuación administrativa sin mayores reproches, por la mínima, en una Justicia “paternalista”, donde se parte de que la Administración es como el Futbol Club Barcelona, que hay que hacer lo que sea para que no pierda el partido, al ciudadano sólo se le da la razón si el partido queda 20 a 0 a su favor, y como digo incluso en estos casos, se la da la razón por la mínima, y sin aplicar jamás el art. 40, 1º LEC, (de aplicación supletoria a los procedimientos C-A y laborales),  que lleva oxidado décadas por desuso, y cuando solicitas su aplicación te la niegan diciendo que lo denuncies tú, que es tanto como si llamas a la policía porque te están robando y te dijeran que ellos no van, que si quieres que llames a la Guardia civil. Porque este es el “nivel” también del Poder judicial en España.

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Una vergüenza de la actuación administrativa, de la que dejo constancia para que quede para la posteridad la realidad del sistema liberal frente al autobombo y la propaganda. Este es el verdadero rostro del “Estado de Derecho”(?) en la Administración andaluza, da lo mismo que sea PSOE que PP porque la indefensión de los ciudadanos y el mal gobierno sigue siendo la regla.


6 respuestas a «Juanma Moreno Bonilla y José Antonio Nieto, la administración que no queremos ni para Andalucía ni para España»

  1. Por qué no se acaba con la corrupción en España ?
    Porque PP y PSOE, entre los dos, concentran más del 80 % de los votos, y ninguno de los dos está comprometido de verdad en la lucha contra la corrupción. A la vista está.

  2. La corrupción siempre viene oculta, a través de la masonería de dchas o de izdas. La masonería es el arma secreta que nos deja vendidos de toda la vida contra la misma piedra. Los masones tienen la culpa de todo lo malo, más aún que sus amos.
    El PSOE siempre fue un asilo masones, el PP desde su creación en su cúpula, extendiéndose el mal hasta convertirlo en una copia del PSOE. Seguramente que en VOX hay más de uno, pues es lo suficientemente importante en número de votos como para dejarle rienda suelta. Todos los partidos separatistas son masónicos y están financiados para serlo. La izquierda toda desde Marx, anarquistas incluidos.
    Los amos; el NOS/M, gobiernan el mundo a través de ellos, controlan los grados más altos mediante obediencia jerárquica y secreto, con organismos supranacionales, con la banca y con megaempresas pantalla. Los gobiernos o son suyos, o están en nómina.
    El estado de derecho tanto en el sistema liberal/conservador de las pseudo democracias, tendente con descaro desde la Agenda hacia las «eficientes» dictaduras, es una mascarada. Todo consiste en maquillar u ocultar más o menos la verdad.

  3. El Commando «güorperfe» formado por cientos o miles de enchufados , de esos de «tu sientate aquí y ya te diré lo que tienes que hacer (tranquilo que el 29 se pagan las nóminas)» sigue activo, enchufaron socialistos y ahora peperos, una administración -com0o la mayoría de las administraciones españolas en los cuatro niveles- corrupta y fallida, y una nación de deseosos de enchufarse.

  4. Pues toda su primera legislatura en Andalucía estuvieron los «voxeros» haciendo de muleta política -y casi gratis- para el P.P. de Moreno Bonilla. Sí Vox, la «esperanza»… para algunos.

    1. Pífia absoluta de Vox en Andalucía. Firmaron un acuerdo, lo incumplió el Pp y siguieron apoyando. El Pp es tan peligroso como el Psoe. Y Vox necesita espabilar.

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