La Amnistía del 77. La agonía de la verdad

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Puede parecer anacrónico, o fuera de lugar, hablar de la amnistía del 77, porque para la gran mayoría, aquel tiempo parece pertenecer a la prehistoria de nuestra sociedad. Sin embargo, yo considero el momento actual, como más apropiado que nunca para incomodar a la conformista conciencia social, molestarla con el aguijón de la memoria y espolear la honestidad intelectual, de todos aquellos que aún guardan un residuo de dignidad personal y de sentido crítico.

Según Dante Alighieri “los lugares mas oscuros del infierno están reservados para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis moral.” Sea o no suya la frase, encierra una gran certeza; la necesidad de elegir entre la muerte moral, la mentira indiferente, o el estruendo de la verdad. Desafortunadamente, gran parte de nuestros compatriotas han elegido menear amistosamente el rabo, y esconder sonrientes los colmillos, a cambio de un simple hueso y el tintineo de una bolsa de calderilla.

Ruego por tanto, al estimado lector de estas líneas, que preste atención y reflexione tras leer lo que en ellas se dice. Comprobará que hay cosas que siempre es necesario tener presentes para evitar que la verdad quede sepultada en el silencio indiferente de los tibios y neutrales.

La ley de Amnistía de 1977 fue el lubricante que posibilitó la llegada de la Constitución un año después, permitiendo hacer borrón y cuenta nueva mirando hacia otro lado, como si los atentados, crímenes, asesinatos y demás atrocidades terroristas nunca hubiesen existido.  Resulta despreciable comprobar, como muchos políticos actuales y gran parte de la población ignorante y despistada, se rasgan las vestiduras ante la amnistía de un independentista como Puigdemont y su corte de envalentonados aplaudidores, sin pararse a pensar en lo que significó la amnistía del 77 que borró de un plumazo los crímenes de grupos terroristas como ETA, GRAPO o el FRAP, para conseguir la aceptación de la Constitución que padecemos, y a cuyo altar se le han rendido todos los sacrificios posibles, incluyendo la muerte de algunos de sus incautos votantes.

La ley fue promulgada en España el 15 de octubre de 1977, y entró en vigor el 17 de octubre de ese mismo año. Por ella, se establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación vigente, y efectuados hasta el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de régimen franquista. Se trataba de “mejorar la convivencia y hacer posible la llegada de la democracia política a España” ¿Le suenan los argumentos al lector con relación a los actuales sucesos de la amnistía catalana? No existe gran originalidad en la clase política española, tanto antes como ahora, la misma estulticia y la misma ridícula grandilocuencia.

Es decir, quedaban amnistiados, desaparecidos, evaporados, los delitos de terrorismo “cualquiera que fuese su resultado”. La sangre, la memoria y las victimas pasaban a ser un estorbo para el régimen democrático que se edificaría sobre las cenizas de sus huesos. La impunidad se convertiría en la norma de convivencia. Porque no podría haber democracia sin impunidad.

La amnistía del 77 ejemplifica con claridad el inmenso patio de Monipodio, la inmensa cloaca en que se ha convertido la España actual, porque semejante ignominia constituye los cimientos del llamado régimen del 78, del que los “demócratas” del siglo XXI dicen provenir y cuya naturaleza no se recatan en alabar una y otra vez hasta la náusea, como mascotas amaestradas por el látigo de una obligada convicción, según la cual, la “Democracia” parece superior, anterior, y más trascendente que la existencia misma de la propia España.

El que “Quedasen anulados todos los procesos por crímenes de motivación política anteriores al 31 de diciembre de 1976, incluyendo todos los asesinatos cometidos por motivación política” significaba en la práctica, que no habría juicio ni castigo para ninguno de los asesinatos de ETA que hubiesen tenido lugar, y eso incluía el asesinato del presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco y de sus acompañantes, el escolta y el conductor del vehículo también asesinados.

Además de esas tres víctimas mortales, el atentado también causó dos heridos graves,  un taxista vallisoletano de 49 años y un funcionario de Madrid, de 27 años, aparte de varios más leves.

Por medio de las huellas dactilares que habían dejado y del reconocimiento de fotografías por parte de los testigos de los hechos, la policía identificó a los integrantes de ETA que habían participado en la preparación y ejecución del atentado. Localizados en Francia, el 15 de enero de 1974, el juez especial Luis de la Torre Arredondo, envió una orden de detención de los sospechosos al país vecino. Amparándose en el convenio de extradición del 14 de diciembre de 1877, el gobierno francés se negó a acceder a la detención de los asesinos del presidente del Gobierno de España, mediante una simple nota verbal.

Pero, por si esto no fuese poco para demostrar la iniquidad moral de un nuevo tiempo político que nacía corrupto, indigno y miserable, el perdón jurídico alcanzaba también al crimen de la cafetería Rolando, conocido popularmente como el atentado de la calle del Correo de Madrid, cometido el 12 de septiembre de 1974 por ETA, en pleno centro de la capital de España, en la Puerta del Sol. Causó un total de trece muertos, y más de medio centenar de heridos.

Conviene describirlo con cierto detenimiento para comprender la realidad del momento, porque como es bien sabido, el diablo se encuentra en los detalles.

El lugar fue elegido porque se encontraba a poca distancia de la Dirección General de Seguridad, el actual edificio sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Se trataba de una cafetería que solía ser frecuentada por muchos policías que trabajaban en la cercana Dirección General, sin que el hecho de que fuese un establecimiento abierto al público en general, significase un obstáculo para su elección como objetivo terrorista. Los encargados de colocar la bomba fueron dos terroristas vascos, Bernard Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga. Ambos se trasladaron en automóvil con la bomba, desde la cómoda seguridad de la protección en Francia, hasta Madrid.  El día establecido se dirigieron a la cafetería, entraron como si fueran clientes, dejaron bajo una mesa una bolsa con la bomba conectada a un temporizador y salieron del local. El artefacto explotó a las 14:35 horas, en un momento de gran afluencia de visitantes por ser la hora del almuerzo.

Los técnicos de la policía calcularon después, que la bomba constaba de treinta kilogramos de dinamita, reforzada con tuercas que hacían las veces de metralla para aumentar el efecto destructivo de la explosión. El techo de la cafetería cayó sobre las personas que se encontraban en su interior. La tremenda explosión causó deterioros estructurales en el edificio y sus efectos no solo se limitaron a la cafetería Rolando. La onda expansiva provocó daños en otras plantas del inmueble y en los edificios contiguos, penetrando incluso en el vecino restaurante Tobogán, cuya entrada daba a la calle Mayor que se encontraba en esos momentos repleto de clientes. Más de ochenta personas resultaron heridas, doce de las cuales murieron instantáneamente o al poco tiempo.

Todos los muertos, eran gente del pueblo, personas inocentes ilusionadas con sus vidas. Gente corriente que casualmente se encontraban allí almorzando o a punto de hacerlo. Algunos residentes, y otros de paso por la capital. Solo uno de los asesinados era policía y murió al día siguiente en el hospital. Además de los fallecidos, un total de setenta personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad y algunas sufriendo importantes mutilaciones.

Por tanto, no debería resultar extemporáneo recordar la miseria moral de un régimen que nace con semejante amnesia para el crimen y el asesinato, perdonando a sus autores y convirtiéndolos en héroes de la democracia, mediante la desaparición de sus actos por una amnistía tan absurda como inútil e inmoral. Aquellas víctimas inocentes alfombran el nacimiento del régimen del 78, y serán siempre un reproche contra la indignidad y cobardía de unos políticos tan corruptos como envilecidos por su falsa convicción. Al mismo tiempo que la presentación de una Constitución que nacía suciamente manchada de sangre. No es de extrañar que nos haya traído hasta donde nos encontramos ahora.

Los dos etarras que perpetraron la masacre, Bernat Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga, nunca fueron reclamados por la justicia española y por tanto nunca fueron detenidos y, según publicó “El Mundo’ en mayo de 2018, ambos vivían en Bayona, Francia, como feliz matrimonio. Sus víctimas, por lo tanto, nunca fueron resarcidas jurídicamente y aún en estos momentos, supongo que en la memoria de sus familiares debe palpitar amargamente la impunidad en la que han vivido los verdugos, protegidos por una ley de amnistía que los convirtió en inmunes a la acción de la justicia.

Forest amnistiada

La única detenida por este suceso fue Genoveva Forest, una activista catalana, comunista y casada con el dramaturgo Alfonso Sastre, también, como ella, muy cercano al independentismo vasco. Forest fue la que decidió el objetivo y facilitó el piso para la estancia y ocultamiento de los dos asesinos etarras, que pronto pudieron huir hacia la protección del estado francés. De igual forma, había participado dando apoyo y cobertura, en su momento, a los asesinos de Carrero Blanco, teniendo incluso la desfachatez de publicar un libro: Operación Ogro: cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco (1974), bajo el seudónimo de Julen Aguirre en las editoriales Ruedo Ibérico y Mugalde. Se trataba, en realidad, de una iniciativa de la dirección de ETA para explicar y justificar la acción terrorista a través de los testimonios de los miembros del grupo asesino. Así estaban las cosas…

Tras ser encarcelada preventivamente, salió de la cárcel con la Ley de Amnistía del 77, libre de toda culpa y desaparecidas jurídicamente las consecuencias de su crimen, que a todos los efectos nunca habría existido. Nunca fue juzgada, ni los autores materiales perseguidos por las autoridades del nuevo régimen del 78. ¿Es posible imaginar mayor infamia? Aunque, si es por el bien de la “democracia” todo puede ser aceptable.

La pareja Genoveva Forest-Alfonso Sastre se mudó al país vasco, desde donde continuó su acción de apoyo a Herri Batasuna, el brazo político de ETA y de la izquierda radical vasca, siendo detenidos brevemente en 1980 por sospecha de colaboración con la banda terrorista. A Alfonso Sastre en 1986, el régimen le “premió” con el Premio Nacional de Teatro, otorgado por el Ministerio de Cultura del gobierno de España… La guinda del pastel de la democracia del 78.

No obstante, por si esto no fuese poca infamia para sustentar la naciente democracia española del 78, no quedó aquí la cosa ni se detuvo en contemplaciones la acción política de aquel tiempo primigenio, que buscaba allanar el camino a toda costa para la Constitución, coartada jurídica, que todo lo amparaba.

Como una criminal ceremonia, el 20 de mayo de 1977, es decir, veinticinco días antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas.del 15 de junio, los terroristas de ETA secuestraron y asesinaron a Javier Ybarra Bergé, antiguo alcalde de Bilbao y figura relevante del empresariado vasco. Su cuerpo apareció con un disparo en la cabeza, el 22 de junio de 1977, en una zona de monte del Alto de Berazar.

José Díaz Herrera, en su libro Los mitos del nacionalismo vasco, (Planeta 2005), explica con detalle las circunstancias del crimen, que fueron ocultadas a la opinión pública de la época para no conmover a las sensibles conciencias democráticas.

Ybarra con sus hijos

“Tras un largo y cruel encierro a Javier Ybarra y Bergé lo asesinaron el 22 de junio de 1977, convirtiéndole en el primer muerto de la democracia española. Sus últimas horas debieron ser trágicas. El entonces comandante Guillermo Ostos de la Guardia Civil, que participó en la recogida de su cadáver en el Alto de Barazar, recuerda la escena: –El cuerpo, con un tiro en la cabeza, estaba metido dentro de una bolsa de plástico enganchado a un clavo, con los brazos atados a la espalda, los ojos vendados’. Durante el cautiverio había perdido 22 kilos y toda su ropa olía a orina y a excrementos. Al hacerle la autopsia el doctor Toledo, forense del Hospital de Basurto, determinó que tenía las paredes intestinales pegadas, síntoma evidente de que los terroristas casi no le habían dado de comer durante su confinamiento. Tenía además el cuerpo llagado, señal inequívoca de que estuvo todo el tiempo tumbado o metido en un saco sin poder moverse.–”

Precisamente, uno de los participantes en esa acción terrorista, Miguel Ángel Apalategui “Apala”, enseguida detenido en Francia, había sido protagonista de las grandes movilizaciones pro amnistía del verano de ese año.

La “comprensión” con los asesinos de Ybarra llevó al límite la aplicación de la amnistía, porque para que “Apala” pudiese ser amnistiado del crimen del empresario vasco, se forzó el redactado de su condena para considerar, como fecha de inicio del delito, la del secuestro el 20 de mayo, y no la del asesinato, el 22 de junio, que ya estaba fuera del ámbito de la amnistía.

Llegados a este punto, conviene explicar la situación con detenimiento y, ruego por tanto al lector, que preste especial atención si quiere comprender lo que fue un giro de rosca más en la inmundicia política de aquella época, que quedará en los anales, tanto de la historia política española como de la mundial, representando para siempre un ejemplo de mezquindad y miseria moral, difícilmente superable.

Inicialmente cuando se redactó, la ley de amnistía tenía contemplado un periodo temporal de actuación para la prescripción de los delitos llamados políticos. Este período abarcaba hasta el 31 de diciembre de 1976. ¿Por qué precisamente hasta esta fecha y no hasta el 15 de junio del año siguiente, 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco? Pues, ni más ni menos, porque de ser así habría que incluir en la amnistía a los asesinos de los cinco abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid, un crimen ejecutado por activistas de extrema derecha el 24 de enero de 1977, al que siguiendo la lógica conceptual de la ley habría que atribuirle también una motivación política.  Y, como todo el mundo sabe, es esencialmente imposible aplicar el perdón político a los componentes del mal absoluto personificado en los militantes de extrema derecha, porque va en contra de la religión democrática que todos, social demócratas, demócrata-cristianos, marxistas radicales, o terroristas vascos, parecen profesar. Por tanto, hubo que limitar el ámbito de actuación de la ley hasta el 31 de diciembre de 1976, para no incluirlos en sus beneficios.

La amnistía aprobada

Pero el problema surgió cuando semejante circunstancia provocaba que los crímenes de ETA cometidos a partir de esa fecha, entre los que se encontraba el asesinato del ex-alcalde y empresario vasco, tampoco podrían ser exonerados de culpa, y esto no podía ser bajo ningún concepto. Así pues, el Partido Nacionalista Vasco dijo que no, que si se quería que participase en las futuras elecciones, era imprescindible fijar el límite temporal de la amnistía en el 15 de junio de 1977.  ETA había continuado matando a partir de diciembre de 1976 y era necesario ejercer la impunidad jurídica también sobre aquellos crímenes.

Habría que aplicar, por tanto, la amnistía, a los detenidos por el asesinato de los abogados comunistas. Y eso era inaceptable.

La solución adoptada para resolver el entuerto fue tan grosera como miserable, y demuestra que un país que no se respeta a si mismo está condenado a la decadencia y al desastre existencial. Algo que podemos contemplar en nuestros días ante la indiferencia irresponsable y bovina de la población que rumia ensimismada ante sus pantallas electrónicas.

¿Que se hizo?, pues, como deseaba el PNV, ni más ni menos que decretar el alcance temporal de la amnistía hasta el 15 de junio de 1977, pero solo para los delitos y asesinatos que “se hayan producido en defensa de la democracia o la autonomía de los pueblos”. El socialista Txiqui Benegas lo dejó claro en su intervención parlamentaria justificativa: “…hasta el 15 de junio, siempre que el móvil haya sido el restablecimiento de las libertades públicas o la reivindicación de la autonomía, circunstancias estas que concurren en todos los militantes vascos susceptibles de ser amnistiados…”.

Es decir, nótese que, con semejante argumentación, el Parlamento y las autoridades españolas, estaban interpretando, que los crímenes anteriormente referidos y muchos otros similares cometidos por ETA, habían sido efectuados en nombre de la democracia, de las libertades públicas o de la autonomía de los pueblos. O sea, entre otros, los asesinados de la cafetería Rolando lo habían sido a manos de activistas, “que luchaban por el restablecimiento de las libertades públicas o que reivindicaban la autonomía”. Y por supuesto, el cautiverio, tortura y asesinato del antiguo alcalde de Bilbao, Javier Ybarra Bergé, abandonado miserablemente como un montón de carne podrida, lo había sido también en función de los mismos argumentos.

Por tanto, habían sido asesinados por unos luchadores por la libertad y por la democracia, no cabe otra actitud comprensiva. En el caso de los activistas de extrema derecha había sido todo lo contrario. Amnistía a la carta, a gusto del consumidor. ¿Cabe mayor vileza y menor respeto por el pueblo español o por la simple inteligencia y el espíritu crítico?

La ley de Amnistía, promulgada el 14 de octubre de 1977, benefició a un total de 1.232 miembros de la banda criminal ETA, 676 de los cuales volvieron a las actividades terroristas en cuanto tuvieron ocasión. Los que estaban en prisión, salieron a la calle y los que se hallaban huidos de la justicia, quedaron exonerados de culpa.

Alguno de los etarras premiados, con lo que se presentó como un “gesto de reconciliación nacional”, llegaron a formar parte de la dirección más sanguinaria de la banda, o participaron en el atentado con más víctimas mortales, el de Hipercor, el 17 de julio de 1987, con 21 muertos.  Es el caso de Santiago Arróspide Sarasola “Santi Potros”,

Por todo esto resulta vomitivo comprobar como en la actualidad los partidos políticos “constitucionalistas” ponen el grito en el cielo, cuando el inquilino de la Moncloa y su grupo de mariachis mediáticos, y jurídicos, defienden la amnistía de los independentistas catalanes, utilizando similares argumentos “creativos”, y contraponiéndolos a la supuesta impecable amnistía de la transición necesaria para la convivencia nacional, según su aberrante alusión.

Todo proviene del mismo tronco putrefacto y maloliente, todo proviene de la falta de dignidad y de respeto por la justicia. Todo proviene, en definitiva, de la naturaleza corrompida del sistema constitucional nacido del régimen del 78, con su Carta Magna a la cabeza.


6 respuestas a «La Amnistía del 77. La agonía de la verdad»

  1. A Suarez y al rey le debemos aquella amnistía que devolvio a los asesinos de ETA a la calle para que siguieran matando buenos españoles
    Asi empezo la democracia constitucional y autonómica

  2. Muy buen artículo. Y todo ocurrió bajo el mandato omnímodo de Juan Carlos.
    Un apunte más: Desde antes de la entrada en vigor de la Amnistía, desde la base aérea de Getafe, y en avión militar, fueron desterrados a Europa.
    Fueron amnistiados y extrañados a países más propicios a tales asesinos, concretamente a Suecia (presidida por el socialista Olof Palme), en avión militar y previa entrega de una importante suma en divisas para que los etarras pudiesen permanecer allí sin problemas económicos; tales terroristas volvieron, no obstante, a España cuando ellos así lo decidieron esta Ley regularizaba de este modo su situación ilegal (quebrantamiento de condena)” . La cantidad de dinero que se dio a cada uno de los extrañados, para algunos fue de 200.000 pts, y, para otros y más seguramente, dos millones.
    (Ismael Medina: Los signos del futuro, en El Alcázar del 30-XI-1977. General Atarés: Carta al Director de El Alcázar, el 1-IX-1983, continuación de otra del 21-VIII-83; y ABC del 18-IX-83).

  3. España era un asilo masones; Franco tiene disculpa por la edad y su retiro, pero Carrero; no se en que estaba pensando, y así le fue. Y así nos fue.

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