La arrastrada toga de Conde Pumpido

Conde Pumpido

La publicación de documentos secretos de USA por el portal de noticias de internet Wikileaks demuestra claramente lo que muchos sospechábamos, que Conde Pumpido había sido puesto a la cabeza de la Fiscalía del Estado para que sirviese al PSOE, y a su política, tanto interior como exterior. La interior caracterizada por la persecución judicial a los miembros del PP, y la exterior por la sumisión a los intereses de USA, por encima de los de España o de los españoles.

Este caballero procede de una familia de raigambre en el mundo jurídico, de derechas de toda la vida, pero el “niño”, como otros muchos juristas que conozco, se ha inclinado a babor, como forma de hacerse perdonar sus antecedentes familiares, o tal vez para “matar al padre”, que dicen los psiquiatras, es decir hacer justo lo contrario de lo que ha mamado desde niño y ha vivido en su casa.

Conde Pumpido ha venido actuando en estos años como un lacayo del PSOE, de una forma totalmente sectaria y partidista. Su famosa frase de que “había que arrastrar las togas por el polvo del camino” realmente ha sido cierta; ha puesto la toga fiscal a los pies del político de turno, cual alfombra del poder.

Se ensañó persiguiendo a don Francisco Camps, mientras miraba para otro lado en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía, en el “caso Faisán”, en el enriquecimiento a todas luces injustificable del señor Bono, y en tantos y tantos otros asuntos que podían perjudicar al PSOE. La Fiscalía a sus órdenes –y nunca mejor dicho- actuó como abogados de la acusación particular contra el PP, y abogados defensores del PSOE… Fiscales acreditados, de la primera categoría de la carrera, decían en privado que les producía vergüenza ajena las actuaciones –o la falta de ellas, según la conveniencia política- de la Fiscalía, siguiendo siempre las “instrucciones” de Conde-Pumpido, que no tiene nada de cándido, sino más bien de taimado.

De puertas adentro de la Fiscalía actuó como un sargento cuartelero, con un total autoritarismo y de forma demagógica, tomando medidas y dictando circulares e instrucciones totalmente irrealizables, dada la falta de medios de la institución, pero que quedaban muy bien de cara a la opinión pública.

Recuerdo una de sus primeras instrucciones, en la que nos amenazaba con expedientes disciplinarios si seguíamos haciendo informes manuscritos…, dada la tradicional falta de ordenadores en la Fiscalía, y la ausencia de conocimientos informáticos –que nadie nos pidió- para acceder a la carrera fiscal, como titulares o sustitutos.

Y promoviendo una política de nombramientos no por mérito y capacidad profesional, sino por proximidad ideológica y personal.  Dejando totalmente marginadas a personas muy valiosas pero que habían tenido la osadía de llevarle la contraria u opinar de forma distinta a la suya. Es el caso de don Eduardo Torres-Dulce, por ejemplo.

Según Heródoto, Sisamnes fue un juez real, corrupto, de la época del reinado de Cambises II de Persia. Aceptó un soborno en un juicio y dictó una sentencia injusta. Como consecuencia el rey le mandó detener por prevaricador y ordenó que se le despellejara vivo. Su piel se usó para tapizar el asiento en el que había presidido los juicios, y en el que debía sentarse su hijo, Ótanes, al que Sisamnes eligió para reemplazarle. Debía recordar a Ótanes el origen del cuero para que lo tuviera en cuenta en sus audiencias, deliberaciones y sentencias. (Obra de Gérard David)

Su asistencia al Consejo de Ministros, con voz pero sin voto, suponemos, en calidad de asesor jurídico del gobierno, al igual que el Abogado General del Estado –quien sí estaba cumpliendo sus obligaciones profesionales-, fue la gota que colmó el vaso del Consejo Fiscal, sumiso donde los haya, para atreverse a quejarse de dicha presencia, que ponía de relieve la total dependencia de la Institución, o al menos de su cabeza, del gobierno de turno.

Y ello en abierta contradicción con el art. 124, 1, de la Constitución, que establece: “El Ministerio Fiscal…tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”

Por mucho que el Estatuto Orgánico permita en su art. 9º, 2, que “En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. A informar, no a asesorar al Gobierno, que no es lo mismo…

En qué quedamos, ¿Conde Pumpido estaba al servicio de los derechos de los ciudadanos o a las órdenes de quien había propuesto su nombramiento al Rey?

Es decir, el gobierno del PSOE.

La conclusión es obvia, y no necesita más comentarios. No sólo eso, sino que se ensucia –y empaña el prestigio de la Institución- convirtiéndose en abogado del gobierno, o más bien en el perro de presa del PSOE, para atemorizar a los controladores.

La Ley 50/1997, del Gobierno, establece en su artículo 5, 2, que “A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados”. ¿Se asimiló al señor Conde Pumpido a secretario de estado?

 

¿Y tendrá obligación legal de mantener el secreto de las sesiones, cuando el número 3 del citado artículo dice que “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas”…?

Terribles interrogantes para un aprendiz de jurista, como el que suscribe.

 

Aunque tal vez la presencia de Conde Pumpido pueda tener su acomodo legal en el artículo 4, 2: … “Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales”.

Es muy posible que el PRI-PSOE considere que la Fiscalía General del Estado es una función gubernamental, concreta y determinada…, como un ministerio sin cartera.

Sin cartera y sin dinero, pues lo cierto es que no tiene presupuesto propio y depende de lo que el Ministro de Justicia quiera gastar en la Institución.

En fin, castillos más grandes han caído, y su buen nombre profesional como Magistrado del Tribunal Supremo se ha cubierto de “polvo del camino” –por no decir de otra cosa- tras su paso por la Fiscalía General del Estado. Sic transit gloria mundi…

Y ahora, con su penúltima “deposición”, insultando, o por lo menos faltando al respeto, a sus compañeros magistrados del tribunal constitucional, se acredita, una vez más, que hay muchos jueces –y fiscales-, que se han equivocado de vocación, y que lo suyo es la política, no la actividad judicial o fiscal.

https://www.ramirograumorancho.com/


5 respuestas a «La arrastrada toga de Conde Pumpido»

  1. El art. 22 Constitución Española (CE) establece que las asociaciones/organizaciones que persigan fines o que utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Dadas las fechorías que han cometido y cometen no pocos fiscales (recordemos a Ironman por poner un ejemplo reciente, o la propia existencia de la Fiscalía del odio que es una Fiscalía al servicio de la extrema izquierda, o lo de Cartagena de Indias y la información vaginal, éxito asegurado) no tendría la menor dificultad en un juicio de Nuremberg fundamentar la acusación de organización criminal para la Fiscalía. Este es el gran drama de España y de la Fiscalía, que la institución constitucional que tiene en su art. 124 la obligación de ser la defensa de la legalidad, de la acción de la justicia y de la defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, no sea ninguna de las tres cosas sino todo lo contrario:
    – Defensa de la legalidad, la Fiscalía ha desertado de esta obligación constitucional, por iniciativa propia no hace nada y por denuncia de los particulares menos todavía, Si se hiciera públicas las estadísticas horrorizaría cómo la mayoría de las denuncias contra la Administración Pública no se tramitan.
    – Promover la acción de la Justicia, muy relacionada con la obligación anterior. Si esto se cumpliera los recursos de VOX, por ejemplo contra el separatismo catalán y en otras muchas cuestiones, no serían de VOX serían de la Fiscalía, sin embargo son de VOX porque a la Fiscalía ni está ni se la espera, y también ha desertado de esta obligación constitucional. En el caso de los delitos de odio sólo actúa al servicio de la soflama antifascista, cuando en las puertas de los actos de VOX se grita por la extrema izquierda que goza de impunidad en España «ETA mátalo» respecto a Ortega Lara, siempre le pilla en la ducha al Fiscal y no se entera de lo ocurrido, lo cual viene muy bien si aspira a que le den la Medalla de San Raimundo de Peñafort, que hoy en día tiene más mérito no tenerla que poseerla.
    – En cuanto a la Defensa de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, garantizados sobre el papel en la Constitución Española, dos datos: en el procedimiento especial contencioso-administrativo para la protección de los Derechos fundamentales de la persona, en el que el Ministerio Fiscal es parte, lejos de posicionarse del lado del ciudadano que ve vulnerados sus derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal suele posicionarse (no hay estadísticas, o al menos yo no las conozco pero prácticamente en el 100% de los casos y sin el «prácticamente») como un segundo abogado de la Administración, contra el ciudadano que ve
    vulnerados sus derechos, o mej9or dicho no como un segundo abogado sino como el primero, abriéndole el camino al primero, porque aunque la Ley, dado el carácter preferente y sumario de este procedimiento especial, dice que el plazo para contestar u oponerse ala demanda del ciudadano es común y simultáneo tanto para el Ministerio Fiscal como para el Abogado del Estado o de la Administración de que se trate acusada de tal vulneración de Derechos, en la práctica se comete la irregularidad, que dice bien poco de los Tribunales que deben garantizar su propia imparcialidad y ser garantía de legalidad (art. 106, 1º CE y art. 9, 1º CE), de que primero contesta a la demanda el Ministerio Fiscal y una vez el Abogado del Estado o de la Administración de que se trate dispone de este escrito de contestación, es cuando elabora la oposición. Es decir el Ministerio Fiscal que es parte en esta clase de procedimientos como «garantía de legalidad»(¿?) y como protección supletoria de los Derechos Fundamentales, en realidad se convierte en el primer Abogado de la Administración que abre camino al segundo.
    Esto en los procedimientos contencioso-administrativos especiales de protección de los Derechos Fundamentales de la persona, en los Recursos de Amparo de los Derechos Fundamentales ante el Tribunal Constitucional, el papelito del Ministerio Fiscal es todavía peor. El art. 10, 1º CE declara el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales de la personal. Sin embargo a pesar de esta declaración de inviolabilidad lo cierto es que el Tribunal Constitucional incumple este mandato constitucional (porque en España quienes primero incumplen las leyes y la propia constitución son precisamente las instituciones que tienen por misión garantizar su cumplimiento, lo vemos todos los días en Cataluña que el Presidente de la Generalidad Catalana según la Constitución es el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma y trasgrede manifiestamente esta condición sin que haya ninguna consecuencia jurídica por ello como sería su automática inhabilitación) y casi el 100% de los Recursos de amparo no se resuelven sino que se inadmite. Tal porcentaje de inadmisiones es incompatible con el carácter «inviolable» de los Derechos Fundamentales. La decisión de inadmisión se acuerda sin trámite de audiencia (es decir sin derecho a que el ciudadano pueda saber el motivo y pueda oponerse y alegar antes de tomar la decisión, con lo cual el propio Tribunal Constitucional comete indefensión, es decir vulnera el derecho fundamental del art. 24, 1º CE) y sin derecho de recurso. El único que puede recurrir es el Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal no recurre ni aunque se lo pida el interesado. Esta es la triste realidad del papel del Ministerio Fiscal en su obligación de Defensa de los Derechos Fundamentales de la persona, que es nula como en tantas cosas.

    Centrándonos en el Sr. Conde Pumpido, varias cosas:
    la primera que dice el artículo que es de una buena familia de juristas.
    Sobre esto decir lo que se decía en los monasterios de la costa de Escocia en el siglo XII, respecto de los vikingos («De los ataques de los piratas vikingos líbranos Señor»), de las «buenas familais» y especialmente de las «juristas» líbranos Señor, porque lo de buenas se dirá por el dinero que tienen, o por la posición social o por su falta de escrúpulos, porque uno de los grandes males de España es que los «grandes de España» son muy pequeños, y las clases altas, muy bajas.

    la segunda que resulta curioso cuando menos que en todas las sentencias donde el demandante es «franquistas» o calificado como tal, como es el caso de la familia Franco y otros muchos, el ponente es siempre Conde Pumpido, cuando precisamente en esos casos no solo no debería ser el Ponente sino que debería abstenerse de intervenir un señor que ha sido comisario político con Zapatero, que es lo peor que se puede ser en materia de Justicia en España.

    Y la tercera porque llego tarde a trabajar, y lo tengo que dejar aquí, es que en el Caso Royuela este seños aparece como un criminal en el estricto sentido penal del término, y sin embargo el CGPJ y la Fiscalía General del Estado vienen mirando para otro lado cuando tales acusaciones deberían determinar de forma fulminante la apertura de unas diligencias para averiguar qué hay de verdad en esto. Cuando no se hace, sino que lo que se hace es mirar para otro lado , lo que pone de manifiesto es la catadura no solo moral sino jurídica de los que detentan los poderes del Estado en España.
    Mientras todo esto se tolere España no será un Estado de Derecho porque no está regido y sometido al Derecho (art. 9, 1º y 3º CE , art. 103, 1º CE, y art. 106, 1º CE) sino un Estado Tiránico que aparenta lo contrario por la corrupción generalizada de sus instituciones incluida la «profesión» periodística y las televisiones compradas para sostener esta farsa.
    Habrá Justicia en España cuando esta persona y los que los apoyan sean conducidos ante un Tribunal imparcial con poderes para imponer una pena proporcional a su actuación presuntamente cometida y sostenida.

  2. CONDE PUMPIDO es de lo peor que le ha pasado a la «justicia» en España, y e suna clara demostración de que los jueces y fiscales no pueden meterse en política, y/o, que si se meten, DEBEN ABANDONAR PARA SIEMPRE las respectivas carreras, judicial o fiscal.
    Un juez o fiscal no sólo debe ser HONRADO, sino también PARECERLO, y es evidente que toda la gente que se contamina políticamente, toma partido, etc., NI ES HONRADO, NI LO PARECE.
    Así de claro, directo y contundente, sin ambages ni medias tintas.

    1. Estimado seguidor: así es. Más claro imposible. Cualquiera de ellos que dé el más mínimo salto a algo que huela a política aunque sea de lejos debería colgar la toga para SIEMPRE. Bravo. Saludos cordiales

  3. * 3 ministros del actual gobierno socialcomunista (mal comunista que socialsita), son jueces en activo, ahora en la situación de «servicios especiales», pero jueces, al fin y al cabo.
    * ¿Qué clase de «independencia» judicial podrán tener cuándo retornen a su anterior profesión?
    * CAMPO, ex ministro de justicia, obtiene una plaza de magistrado de la audiencia nacional.
    * La anterir ministra de justicia, es nombrada fiscal general del gobierno, que no del Estado.
    * Y no sigo, porque me pongo enfermo…
    NO SE MOLESTAN NI EN DISIMULAR.
    ¿Dó está la separación de poderes, el Estado de Derecho, etc…?
    NI ESTÁ NI SE LE ESPERA.

  4. CONDE PUMPIDO es un tipejo siniestro, y no digo personaje, pues no lo merece…
    Es de lo peor que ha pasado por la judicatura española en el último medio siglo, ¡y cuidado que hay decenas de impresentables, pero tanto como él, ninguno!

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