La caída de la Monarquía y la proclamación de la II República (1930-1931)

Por Toribio

17/12/2022 Historia

Nada más dimitir Primo de Rivera y extenderse la noticia por toda España, las grandes ciudades se ven ocupadas por grupos de manifestantes que al grito de ¡Viva la República! recorren sus calles más céntricas. Los políticos liberales marginados durante la «Dictadura» –tales como el Conde de Romanones, Miguel Maura (hijo de Antonio Maura), Sánchez Guerra y otros– se apresuran a salir de su ostracismo y retomar sus intrigas y componendas de siempre. Los líderes revolucionarios anarquistas, socialistas y comunistas reinician sus habituales actividades de agitación que durante seis años habían visto interrumpidas. Los intelectuales anti-monárquicos luchan de nuevo por hacerse notar pugnando por satisfacer su obsesivo afán de protagonismo. Nadie ha aprendido nada, porque nadie quería aprender. Los años de orden y buen hacer de Primo de Rivera son olvidados y, aún peor, de inmediato vituperados. La Monarquía es el objetivo de todos. Caído Primo de Rivera el rey pierde el único apoyo que tenía y queda, al frente de un sistema caduco que él mismo no supo vigorizar, en completa soledad a merced de sus enemigos. La Monarquía está vacía y, aunque buena parte del pueblo español conserva su preferencia y lealtad a la Corona, se palpa en el ambiente que cualquiera puede hacerle cambiar de idea; labor para la que sobraban voluntarios.

Alfonso XIII encarga al Gral. Dámaso Berenguer formar gobierno lo antes posible, lo que hace tras consultas con diversos personajes de relevancia monárquica. Se constituye así un gabinete integrado, de forma premeditada, por personas de poca relevancia política intentado enviar un mensaje de moderación y disposición al diálogo y al acuerdo con todos. Al tiempo se comienzan a emitir decretos mediante los que se anula lo legislado por la «Dictadura» intentando restablecer la situación anterior a ella de la forma más rápida posible, entre otros, se restablece la vigencia de la Constitución, disolviéndose la Asamblea Nacional constituyente creada por Primo de Rivera; se restablecen los cargos administrativo y organismos eliminados por la «Dictadura» e, incluso, se devuelven las cátedras a aquellos a los que por su oposición a ella se les había quitado. Asimismo, se concede una amplia amnistía que, de todas formas y como era de esperar en el ambiente que se vivía, deja descontentos a casi todos al no alcanzar a los detenidos por acciones con resultado de muerte. Con todo ello lo único que se consigue no es aplacar las iras anti-monárquicas, sino todo lo contrario, pues tanto los repuestos en sus cargos, fueran políticos o intelectuales, como de los amnistiados, se declaran fervientes republicanos y declaran que su único objetivo es derribar la monarquía.

El Gobierno decide también convocar elecciones generales tan pronto como sea posible pues, a pesar del ambiente anti-monárquico que corre por doquier, se manifiesta optimista y confiado de que, de todas formas, los partidos liberal y conservador de siempre podrán obtener una mayoría suficiente para salvar la cara a la Monarquía y pasar el bache. Ni el Gobierno, ni aun el propio rey, parecían querer darse cuenta de que incluso en los líderes de tales partidos anidaba ya el germen de la traición, comenzando su acercamiento a los republicanos anti-monárquicos, no por convicción, desde luego, pero sí por interés personal, al considerar que su supervivencia en política y la conservación de sus cotas de poder e influencia sólo iba a ser posible si se sumaban a la tendencia que parecía cobrar mayor fuerza, no teniendo escrúpulo alguno en abandonar el sistema al que no sólo habían sostenido y del que se habían beneficiado, sino de cuyo fracaso ellos mismos eran artífices por su corrupción e ineptitud, dispuestos a volcar toda la culpa sólo en el rey.

Al olor de las elecciones, y mientras se preparan las mismas –es decir, se constituye la Junta Electoral Central, se actualiza el censo, etcétera–, la agitación callejera de todo tipo y con cualquier excusa –política, estudiantil o laboral–, atizada por republicanos y revolucionarios, alcanza límites insospechados; el nuevo director general de seguridad, el Gral. Emilio Mola Vidal, se ve desbordado para intentar mantener el orden público, de todo lo cual dará cuenta en su momento en un magnífico libro de memorias en el que dejará constancia de los premeditados planes de subversión del orden vigente que dichos republicanos y revolucionarios llevaban a cabo con el único objeto de alcanzar el poder. Acompañando a la agitación callejera se multiplican los mítines y actos públicos de todo tipo de unos y otros en los que el mensaje único e invariable es la crítica acerba –muchas veces falsa– contra la Monarquía y el rey; la resonancia en el pueblo es especialmente incisiva cuando los que así actúan son, en no pocos casos, los líderes considerados hasta entonces fervientes monárquicos como, por ejemplo, Alcalá-Zamora, quien ya inclinado hacía un republicanismo radical, pinta en sus discursos una república maravillosa, utópica y prometedora de soluciones milagrosas inmediatas para todo y para todos, casi mágica, en contraposición con la imagen de la Monarquía, que se regodea en presentar como oscura, corrupta y fuente de todo lo negativo, olvidando Alcalá-Zamora su responsabilidad en lo último.

Como no podía ser de otra forma, adquieren protagonismo especial en esta campaña de agitación los grupos revolucionarios más radicales como los marxistas socialistas y comunistas –verdadera anti-España–, que ven llegado el momento del desquite de la fracasada Revolución de 1917, así como de conseguir cotas de poder hasta ese instante inconcebibles. Entre sus organizaciones más activas se cuenta la Federación Universitaria Española (FUE) que, controlada por los socialista pero ya con muchos de sus dirigentes girando en la órbita comunista, convoca incesantemente paros, algaradas y provoca graves disturbios públicos que invariablemente terminan en gravísimos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al tiempo arrecian las huelgas salvajes propiciadas por el PSOE, por ejemplo en Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao y Cataluña; en muchas de ellas con el apoyo de los anarquistas de la CNT.

Algunos de los incipientes líderes del comunismo español del momento, tales como Joaquín Maurín y Andrés Nin, viajan a Moscú para recibir instrucciones, pues desde aquellas tierras se observa a España con gran interés desde hace tiempo al considerar que por sus características de país agrícola y ganadero, con un bajo nivel de desarrollo interior y un sistema monárquico en franco declive, se asemejaba mucho a la Rusia zarista prerrevolucionaria y por ello podía ser la siguiente república soviética del mundo –según expresara varias veces Lenin a sus más íntimos–; no debe ocultarse que además de lo anterior, España resultaba aun más atractiva para Lenin y los bolcheviques rusos por ocupar una posición estratégica envidiable en la embocadura del Mediterráneo, muy importante para los planes soviéticos de exportación de la revolución. De acuerdo con dicha estrategia, el propio Lenin ordenaba a la III Internacional Comunista –organización bolchevique creada para la expansión del comunismo por el mundo–, que dedicará a España una atención especial. De esta forma, los comunistas españoles traicionaban desde instante tan temprano a España y se ponían al servicio de una potencia extranjera, al tiempo que la anti-España que encarnaban encontraba en la URSS un firmísimo puntal que no cejará ya durante décadas en su empeño por dominar España.

Igualmente intensos son los intentos de los grupos revolucionarios por penetrar en las estructuras del Ejército y de la Marina conscientes de su importancia de cara a esa revolución que ya propugnan públicamente. Indalecio Prieto, uno de los más descollantes líderes del PSOE, llegaría a manifestar por esos días “mientras no haya algunos Regimientos que estén dispuestos a salir a la calle, al tiempo que declaramos la huelga general, no será posible nada”; es decir, fragua ya desde estos instantes la firme intención de subvertir a los cuerpos armados para con su apoyo lograr el éxito de la revolución y hacerse con el poder a semejanza de lo ocurrido en Rusia en Octubre de 1917. Lo grave del caso –con no ser poco por sí mismo, por lo que suponía de potencial provocación de impredecibles enfrentamientos armados civiles– era el hecho de que quien declaraba tal necesidad e intención era importante miembro de la dirección del PSOE, partido supuestamente más moderado que los anarquistas o comunistas, lo que como vemos –y los acontecimientos demostrarían– no era verdad. Éxito de esa infiltración de la subversión en el seno de las Fuerzas Armadas será la creación de la ilegal y clandestina Unión Militar Republicana (UMR) de clara inspiración y ánimo revolucionario, que abogará por la implantación de la república mediante un movimiento popular precedido y encabezado por una rebelión militar.

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En este ambiente desenfrenado e incontrolable, y tras diversas reuniones de significativos líderes políticos anti-monárquicos celebradas en el Ateneo madrileño, que dirigía por entonces Manuel Azaña, y promovida por Alcalá-Zamora y Miguel Maura –ambos hasta hacía unos días fervientes monárquicos– tiene lugar en San Sebastián, el 17 de Agosto de 1930, en la pequeña sede del Círculo Republicano de dicha ciudad –que presidía Fernando Sasiaín–, una reunión a la que asistieron: Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical); Manuel Azaña (Alianza Republicana); Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza (Partido Radical-socialista); Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura (Partido Liberal); Manuel Carrasco Formiguera (Acción Catalana); Matías Mallol (Acción Republicana de Cataluña); Jaime Ayguadé (Estat Catalá); Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana Gallega) y, a título personal, Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset (hermano del filósofo) e Indalecio Prieto (PSOE). Asimismo, se leyó una entusiasta carta de apoyo del intelectual, doctor y escritor republicano Gregorio Marañón. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque fue invitado, ni envió representante ni hizo declaración institucional alguna. El Partido Comunista de España (PCE) no fue invitado, como tampoco las centrales sindicales anarquistas, bien que frente al silencio de aquél, éstas no se recataron en manifestar que “…apoyarían todo movimiento subversivo que utilizara procedimientos revolucionarios y de acciones directas…” para derribar la Monarquía.

La trascendencia de la reunión, que se conocería como «Pacto de San Sebastián», sería fundamental para el inmediato futuro político de España. A pesar de que los asistentes acordaron mantener en secreto lo tratado y decidido, todo se conocerá con exactitud porque unos y otros se encargarán de darlo a conocer; pues entre otras cosas así convenía a sus intereses políticos y personales. La reunión, no exenta de tensiones y enfrentamientos, terminó con un pacto de “mínimos” con la intención de ofrecer una imagen de unidad a sus respectivos seguidores y, sobre todo, no espantar a los potenciales enemigos. De acuerdo a ello, las decisiones a las que se llegaron fueron:

• Compromiso para implantar la república en España mediante un proceso revolucionario político y social.
• Convocar Cortes constituyentes para elaborar, y posteriormente aprobar, una nueva Constitución de carácter republicano y radical.
• Tal república sería «…no sólo un Estado laico, sino… (que iba a) ejecutar también políticas de claro contenido anticlerical y socialmente radicales…» (Declaración oficiosa publicada al término de la reunión); incluyendo una nueva, inmediata y radical “desamortización” de los bienes de la Iglesia.
• La República reconocería la existencia del “problema catalán”, al que se daría solución mediante la concesión a dicha región de un estatuto de autonomía cuya aprobación competería sólo a los ciudadanos de dicha región, tras de lo cual sería refrendado por las Cortes. Sobre el particular, los secesionistas catalanes presentes en la reunión, que como hemos vistos eran varios, dejaron bien claro que tal estatuto era sólo un paso previo hacia la “completa autodeterminación” de Cataluña.
• Finalmente se designó un «Comité Revolucionario Nacional» integrado por Alcalá-Zamora, Azaña, Casares Quiroga, Prieto, Galarza y Ayguadé, encargado de recabar el apoyo del resto de fuerzas no presentes en la reunión; principalmente de los anarquistas de la CNT, los secesionistas vascongados del PNV, los socialistas del PSOE –Prieto había asistido, según declaró, sólo a título personal–, los comunistas del PCE –de intermediar con ellos se iba a encargar Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical–, así como de las Fuerzas Armadas donde la penetración revolucionaria comenzaba a dar sus frutos. En previsión de que dicho Comité fuera detenido, se nombraba otro suplente integrado por Miguel Maura, Sánchez Román y Matías Mallol.

Como puede verse la reunión, es decir, el «Pacto de San Sebastián», suponía el inicio de una conspiración en toda regla para derrocar el orden legal y legítimamente constituido, injustificada por mucho que ese orden, es decir, la Monarquía, estuviera «vacía» y caduca. Y fue una conspiración y además de corte revolucionario porque no faltaba ni siquiera el detalle de recabar el apoyo de las Fuerzas Armadas –es decir, la decisión de forzar un golpe militar–, y porque la mayoría de los presentes formaban en dichas fuerzas revolucionarias, es decir, en esa anti-España que cada día más tomaba cuerpo, se crecía y se volvía más y más audaz; también fue conspiración de parte de muchos de los que, formando parte de ese orden, de esa Monarquía, por oportunismo político y personal, en vez de ayudar a «llenarla», sin el menor escrúpulo se pasaban al bando contrario. Así, vemos que a excepción de Alcalá-Zamora y Miguel Maura, representantes de los que ahora cambiaban de bando, los demás eran una completísima conjunción, faltando sólo los anarquistas, los comunistas y los secesionistas vascongados –que no tardarán en subirse al carro–, de la más pura y dura anti-España que no iba a parar en prendas para, mediante un proceso revolucionario, hacerse con el poder. Puede afirmarse que en Agosto de 1930, y en San Sebastián, la suerte de la Monarquía quedaba echada.

Terminada la reunión los esfuerzos y acciones de todos esos grupos serán continuos y coordinados para conseguir el estado preciso de agitación social, política e incluso militar con el único fin de derrocar el régimen monárquico que, se quiera o no, era el único legal entonces.

Pero los presentes en San Sebastián no eran ni siquiera sinceros entre ellos mismos. Aunque unidos por el objetivo de derribar a la Monarquía, unos y otros escondían múltiples y nada pequeñas diferencias que aparcaban sólo de momento a la espera del día después de la proclamación de esa república que cada uno veía de distinta forma y de la que cada cual esperaba sacar beneficio con planteamientos bien diferentes; con ello, y antes de ver la luz, la república que iba a implantarse poseía en su interior el germen de su propia inviabilidad y futura destrucción. La anti-España que de manera utópica e ilusoria pretendía en 1930 tener en la mano la solución mágica a todos los problemas, no hacía otra cosa que sembrar la semilla de la discordia y el enfrentamiento más virulento que nunca contemplara nuestra historia.

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Pero no todo era en España revolución, mesianismo, utopía y traición a su historia y tradiciones. Aquellos que se sentían españoles, que no renunciaban, sino todo lo contrario, a su historia y a la fe que la había dado forma y gloria, presintiendo el peligro comienzan a reaccionar, bien que de momento aún tímidamente y con poco éxito.

En Abril de ese mismo año de 1930, al término del entierro de Primo de Rivera, varios de sus ministros, colaboradores y allegados, leales a su eficaz y fructífera «Dictadura» –cuya referencia no perdían–, así como de la Monarquía, cuya vaciedad y decadencia del momento creían posible corregir, habían fundado la Unión Monárquica Nacional (UMN), figurando entre sus dirigentes José Calvo Sotelo; el intelectual católico Ramiro de Maeztu; José de Yanguas Messía; Eduardo Callejo de la Cuesta; Galo Ponte y Escartín; el Marqués de Quintanar; el director del diario «La Nación», Manuel Delgado Barreto; José Gavilán, ex-presidente del comité ejecutivo de la fracasada Unión Patriótica de Primo de Rivera; el Conde de Guadalhorce y José Antonio Primo de Rivera, hijo del «dictador» que debutaba así en política. La UMN nacía con el propósito declarado “…no de instaurar una nueva dictadura, pues no creemos en ella como forma de gobierno factible y continuo, pero sí de reivindicar la providencialidad de la misma que, durante seis años, demostró la posibilidad real de que los españoles se gobernaran dejando de lado sus diferencias, para unirse en una meta común que no es otra que el interés general de España…”. Con todo, los tiempos no estaban, por cada día más revueltos, para soluciones de trámite como la que ingenuamente se pretendía, por lo que la vida de dicha formación fue efímera y de nula influencia política, desapareciendo cuando se proclame la II República y sus dirigentes, es decir, los reunidos en el «Pacto de San Sebastián», ordenen el procesamiento de los citados creadores de la UMN acusándolos de «colaboración con la dictadura».

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El «Pacto de San Sebastián» había sembrado vientos que no iban a tardar en convertirse en tempestades. El anarquismo, muy arraigado en Cataluña y Aragón, con su central sindical, la CNT, como punta de lanza, así como varios de los grupos y partidos secesionistas catalanes, se impacientan y comunican al «Comité Revolucionario Nacional» su decisión de que si el 19 de Octubre no se producía el estallido revolucionario anunciado, ellos lo llevarían a cabo por su cuenta. El Comité, que no se sentía todavía preparado, receló de los anarquistas y éstos, creyéndose abandonados, pero con fortaleza suficiente por contar en sus filas con algunos mandos militares y grupos armados en la clandestinidad, planearon una serie de huelgas y levantamientos en algunos cuarteles que sirvieran de mecha del estallido revolucionario tan deseado. Sin embargo, el eficaz trabajo del Gral. Mola al frente de la Dirección General de Seguridad, logró abortar sus planes, desactivando la tormenta que se avecinaba y deteniendo a numerosos cabecillas de esta trama entre los que destacaron: Luis Companys, líder secesionista catalán con amplios antecedentes revolucionarios; también fueron detenidos, entre otros, el Cte. Ramón Franco –héroe del vuelo del «Plus Ultra» y hermano de Francisco Franco–, que por entonces coqueteaba con el anarquismo, y al activista anarcosindicalista Ángel Pestaña.

Neutralizada a tiempo dicha intentona, una nueva se cernía en el horizonte. El 12 de Diciembre se sublevaba parte de la guarnición militar de Jaca (Huesca), arrastrada por los Capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández. El primero, dominado por una extraña mezcla de anarquismo y filo-comunismo, era hombre de carácter impulsivo, algo visionario y muy radical; además de ese carácter explosivo y vehemente, una de las razones para tomar tal iniciativa pudo ser su profundo malestar y rencor por no habérsele concedido, en tiempos de la «Dictadura», la Cruz Laureada de San Fernando, a la que creyó tener derecho a raíz de su sin duda muy destacable intervención en la guerra de Marruecos, cuando el 1 de Octubre de 1924, siendo Teniente, y al frente de una Compañía de La Legión, protegiera con gran riesgo la retirada de otras fuerzas en las cercanías de Dar-Acobba; la Laureada le sería concedida en 1934 a título póstumo, gobernando entonces el Partido Republicano Radical figurando Alejandro Lerroux como Presidente del Gobierno, es decir, uno de los que se sumarían a posteriori al «Pacto de San Sebastián». El segundo, de carácter más moderado, mandaba la Compañía de Ametralladoras del Regimiento, aunque republicano convencido, pudo unirse a Galán más por un exacerbado concepto de la amistad y el compañerismo que por convencimiento. Junto a los dos citados, cabecillas indiscutibles de la intentona, se sumaron a la misma los Cap,s Manuel Sediles, Luis Salinas y Miguel Gallo.

Las fuerzas sublevadas salen de sus cuarteles y asaltan el Ayuntamiento, el cuartel de la Guardia Civil y el de Carabineros, todos de Jaca, produciéndose varios muertos en los enfrentamientos, contando en el ataque con la colaboración de activistas anarquistas de la localidad. Desde el balcón del Ayuntamiento, Fermín Galán declaraba “…como delegado del Comité Revolucionario Nacional hago saber que, cualquiera que se oponga de palabra o por escrito, conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa…”.

Sin embargo, el Gobierno, en defensa del orden legal vigente, reacciona y destaca diversas unidades para ir contra los sublevados. Ambas fuerzas se terminan encontrando en los alrededores del Santuario de Cillas, en el término municipal de Ayerbe, donde se produce un corto y no muy intenso intercambio de fuego entre ellas ya que las de Galán, dado su lamentable estado físico, por llevar toda la noche caminando bajo una intensa lluvia, faltas de moral, ánimos, alimento y armamento pesado, optaron rápidamente por deponer su actitud y entregarse. Galán se refugió en Biscarrués, pueblo cercano, donde al poco terminaría por entregarse.

Conducido a Jaca, junto con García Hernández y otros sublevados, el día 14 son sometidos a consejo de guerra sumarísimo, sentenciados a muerte y ambos fusilados inmediatamente. Los dos mostraron gran entereza en tal momento. García Hernández consintió en recibir los auxilios espirituales antes de morir; Galán se negó.

Implicación importante en tales hechos tuvo el «Comité Revolucionario Nacional» surgido del Pacto de San Sebastián, el cual conoció de antemano y con tiempo las intenciones de Galán –que como hemos visto se sublevó en su nombre–, pero al no considerarlas maduras, como había ocurrido con la intentona anarquista y la secesionista catalana, desplazó a Jaca a Casares Quiroga, uno de sus integrantes, con la misión de que convenciera al Oficial de la conveniencia de retrasar la sublevación hasta que el Comité lo considerara oportuno. Sin embargo, cuando el emisario llegó a la ciudad pirenaica el levantamiento ya se había producido. La connivencia entre todos era, pues, absoluta; sus objetivos también, así como su disposición a utilizar métodos revolucionarios, violentos e incluso un “golpe militar” para conseguirlos; únicamente diferían en el momento.

El nuevo fracaso, y sus trágicas consecuencias, pues había corrido la sangre tanto durante la intentona, como tras ella al ser fusilados los dos cabecillas, no fue óbice para que el Comité cejara en sus ilegales empeños, sino todo lo contrario. Aprovechando la ejecución de los dos Capitanes, el Comité hizo público un duro comunicado acusando a la Monarquía de dictatorial, represora y tiránica, llamando a los españoles a la insurrección general, provocando lo que sin duda pretendía, que no era otra cosa que el Gobierno ordenara la detención y encarcelamiento, en estricta conformidad con las leyes vigentes, de los miembros del Comité. Casares Quiroga y Alcalá-Zamora fueron encarcelados; otros, como Azaña, Largo Caballero y Lerroux, consiguieron esconderse y huir.

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Los acontecimientos se desbocan, toda vez que el ímpetu revolucionario se extiende por toda España cundiendo la agitación y la violencia en las calles, al tiempo que la Monarquía se muestra cada vez más inerme, desorientada, incapaz y vacía. Se proclama la huelga general en Barcelona, La Coruña, Huelva, Jaén, Logroño, Salamanca, Valencia, Córdoba, etc., etc.; en San Sebastián se intenta asaltar el Gobierno Civil, muriendo un Sargento de Seguridad en su defensa; en Gijón se incendia la iglesia de los Padres Jesuitas; en Logroño y Burgos, los Gral,s Villabrille y Núñez de Prado intentan sublevar a sus respectivas guarniciones siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en Jaca, bien que, como en ella, sin éxito –y es que la revolución ha cuajado también entre no pocos altos mandos militares–; para sofocar las revueltas en Valencia y Alicante es preciso enviar varias unidades de La Legión, una vez desbordadas la Policía y Guardia Civil. El caos cunde por doquier.

El 15 de Diciembre, sólo tres días después de haberlo hecho Galán en Jaca, se subleva el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, entonces la principal base aérea militar de España, dirigiendo la rebelión el Cte. Ramón Franco –que acababa de ser puesto en libertad–, acompañado del que fuera su mecánico del «Plus Ultra», Pablo Rada, ya destacado activista comunista; a ellos se unieron, entre otros, los Cte,s Hidalgo de Cisneros –en breve afiliado al PCE–, Pastor y Roa. Se incorporó también a dicha sublevación el Gral. Queipo de Llano, ferviente republicano y habitual conspirador contra la Monarquía. Incluso Ramón Franco llegó a sobrevolar el Palacio Real de Madrid con la intención de bombardearlo, lo que no realizó al observar la presencia en sus cercanías de numeroso público paseando con niños que jugaban. Sin embargo, de nuevo la intentona no consigue cuajar al no ser secundada por ninguna otra unidad de las varias existentes en Madrid, por lo que al aparecer ante el aeródromo una columna de tropas leales, fracasa; parte de los cabecillas huyeron en avión a Portugal mientras otros se entregaron.

La gravedad de la situación sorprende incluso al propio Gobierno, y eso a pesar de las precisas informaciones y avisos que le venía suministrado el Gral. Mola. Se reacciona in extremis. Se ordenan varias detenciones de líderes revolucionarios como Fernando de los Ríos y el socialista Largo Caballero; se clausura el Ateneo madrileño, continuo foco de agitación anti-monárquica instigado por su Secretario, Manuel Azaña; se decreta la disolución de la CNT anarquista y se suspenden por un mes las clases en la Universidad. Como contraposición a dichas medidas, el Gobierno anuncia el  adelanto de las elecciones municipales fijándolas para el 1 de Marzo de 1931, manifestando su voluntad de respetar escrupulosamente los resultados del sufragio, suprimir la censura en parte aún en vigor y restablecer el resto de derechos constitucionales, entre otros el de propaganda política, a fin de garantizar la limpieza de los comicios.

Pero en contra de lo que debería esperarse, pues es de suponer que todos desearan no sólo el restablecimiento lógico del orden público y de la legalidad vigente –máxima aspiración de cualquier país y sociedad civilizada–, sino también que las elecciones se pudieran celebrar en un adecuado clima de serenidad a fin de que sus resultados, exentos de presiones y manipulaciones, pudieran servir para dirimir de forma pacífica las diferencias políticas existentes, sorprendentemente, de forma unánime y coordinada, los grupos y partidos políticos y sindicatos republicanos y revolucionarios manifiestan su intención de no acudir a las elecciones, abogando por boicotearlas. La intención de tal medida respondía a una estrategia manifiestamente revolucionaria que el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux –tenido por uno de los moderados– no se cortó en desvelar públicamente  “…es necesario no dejarles paz ni reposo (al Gobierno y a la Monarquía) y, mientras se coordina un nuevo golpe, que tenga mayor acierto, tratar de asfixiarles mediante la intranquilidad y la agitación, utilizando para ello todos los recursos… así se llegará a la República…”. Queda claro que lo que los revolucionarios perseguían, dejando de lado momentáneamente sus grandes e irreconciliables diferencias, no era otra cosa que la caída del orden establecido, la monarquía, y su sustitución por otro, el republicano, mediante un proceso violento, revolucionario, que el mismo Lerroux calificaba de “golpe” y reconocían ya haber intentado, evidentemente mediante las sublevaciones militares descritas, así como a través de la marea de huelgas provocadas con un único objetivo político, para nada laboral.

Así, la revolución, la anti-España –republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas de la UGT y CNT, secesionistas catalanes, intelectuales y profesores republicanos–, confluían en un mismo objetivo y en una misma estrategia boicoteando las elecciones anunciadas por el Gobierno. La puntilla a dicha estrategia de acoso y derribo la iban a poner, paradójicamente, los propios liberales monárquicos quienes, encabezados por su más reconocida cabeza del momento, Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, anunciaban su apoyo a la celebración de las elecciones, pero con el único objeto de, tras ellas –que consideraban iban a ganar–, convocar otras de carácter  “constituyente”, es decir, para cambiar la Constitución en vigor a fin de recoger en la nueva los postulados republicanos; la maniobra era tan hartera, ladina y traicionera, que el Gobierno del Gral. Berenguer, viéndose solo y abandonado hasta por los pretendidamente propios, dimitía en pleno. El filósofo Ortega y Gasset sentenció entonces en un comentadísimo artículo de prensa “…dellenda est Monarchia…”.

Ante tan caótica situación, el Rey suspendió la convocatoria de las elecciones, iniciando frenéticas consultas para formar un nuevo Gobierno que cubriera urgentemente el vacío de poder existente. En tal quehacer el monarca implicó a todos los líderes políticos que encontró disponibles, que no fueron muchos, llegando incluso a ordenar que se consultara a los miembros del «Comité Revolucionario Nacional» que permanecían en la cárcel Modelo madrileña; como era de esperar, tamaña muestra de debilidad, desatino y desorientación por parte de Alfonso XIII únicamente consiguió una nueva bofetada de su parte, pues todos se negaron en redondo a cualquier tipo de componenda, seguros de que el tiempo y la situación jugaba a su favor.

Finalmente, Alfonso XIII recurrió al Capitán General de la Armada, Almirante Juan Bautista Aznar, que formó el que será último Gobierno de la monarquía española, el cual tomaba posesión ante el Rey el 15 de Febrero de 1931. La primera decisión del nuevo Gobierno fue convocar un amplio calendario electoral mediante el cual, ajustándose a Derecho y al ordenamiento jurídico vigente, el pueblo español pudiera elegir libremente por quienes quería ser gobernado. De acuerdo con ello, el 19 de Marzo, el Rey firmaba las correspondientes convocatorias  electorales que quedaban de la siguiente forma: el 12 de Abril, elecciones municipales; el 3 de Mayo, para Diputaciones Provinciales; el 7 de Junio, elecciones generales para diputados en Cortes y, finalmente, el día 15 de ese mismo mes, para renovar el Senado. Sólo las primeras llegarían a celebrarse.

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El clima en que tales consultas electorales iban a realizarse no era, por irrespirable, el más indicado. De ello se iban a encargar unos y otros con cualquier excusa; por ejemplo, se aprovecha y manipula la celebración del consejo de guerra contra el resto de Oficiales sublevados en Jaca, así como el proceso contra los miembros del «Comité Revolucionario Nacional» –que resultarían absueltos– por su vinculación con ellos, convirtiendo ambos procesos en sendos espectáculos de agitación política, mediática y propagandística contra la Monarquía. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo por la revolucionaria FUE, una vez más, un violento motín estudiantil que tuvo su principal foco en la Universidad de Medicina San Carlos de Madrid, ubicada en las cercanías de Atocha, donde se llegó al enfrentamiento armado con fuerzas de la Guardia Civil, resultando bajas por ambas partes, lo que permitiría a los revolucionarios iniciar una nueva y dura campaña contra el Gral. Mola, Director de Seguridad.

El 12 de Abril de 1931 se celebran, según lo previsto, las elecciones municipales. Al anochecer comienzan a conocerse los primeros resultados de las capitales más importantes y mejor comunicadas; los de las ciudades más pequeñas, así como los de los pueblos lo hacen muy lentamente y con cuentagotas, pues entonces el recuento de votos era lento, al igual que su comunicación a la Junta Electoral Central. Mientras transcurre el día, se observan en Madrid y Barcelona algunos grupos de personas que comienzan –antes de poder saber nada, pues aún no había datos fidedignos ni siquiera parciales– a clamar el triunfo de los candidatos de los partidos calificados como “republicanos” o, mejor decir, anti-monárquicos. Los acontecimientos se precipitan. Sin esperar a poseer datos completos y reales, tan sólo con algunos pocos parciales de las capitales más importantes, sin esperar a saber los de las ciudades más pequeñas y los de los pueblos, el conde de Romanones, a la sazón ministro de Estado del Gobierno Aznar, convoca por su cuenta a la prensa sobre las 20,30 h. y manifiesta que “…el resultado para los monárquicos no puede ser más lamentable…”. Con ello, quien venía siendo parte activa del sostenimiento de la monarquía durante décadas, de manera sorprendente convertía unas meras elecciones municipales, es decir, locales, en práctico plebiscito, en referéndum, entre monarquía y república; no pudo actuar de manera más torpe y desatinada el conde –¿o maliciosa?–, ni los revolucionarios recibir ayuda más estimable en ese instante. Tal actuación, realmente penosa, desmedida e ilegal, iba a suponer el pistoletazo de salida para la proclamación de la República, tergiversando los resultados totales y oficiales de dichas elecciones que, recordemos, aún no se conocían y que, recordemos siempre, eran sólo municipales.

Los partidarios de la república no esperan ni dan tregua, conscientes de que el momento ha llegado y no pueden desaprovecharlo. La monarquía española, representada por Alfonso XIII, ya de por sí huérfana, quedaba definitivamente sola y completamente inerme, abandonada incluso por los que parecían o decían ser sus más fieles defensores. De nada sirve que en la madrugada del 13 de Abril, José María de Hoyos y Vinent de la Torre O’Neill, marqués de Hoyos, ministro de la Gobernación (Interior), adelante la publicación de los resultados parciales que se conocían, según los cuales el cómputo total era muy distinto al pronosticado de manera incomprensible e irresponsable por el conde de Romanones, pues en conjunto resultaban elegidos veintidós mil candidatos monárquicos frente a seis mil de los considerados anti-monárquicos; el hecho de que efectivamente en las capitales más importantes los votos de los  candidatos  “republicanos” superaban a la de los monárquicos no invalidaba la realidad de que los monárquicos ganaban las elecciones; como tampoco el hecho de que las mismas no habían sido de referéndum entre monarquía y república, sin o tan sólo unas elecciones municipales.

Pero ya nadie atendía a razones. Republicanos y revolucionarios, agarrándose a esa victoria en las capitales, hacen correr la consigna de que el voto en el resto de poblaciones les había sido contrario por estar los electores “…presa de los caciques…”, por lo que había que desecharlo; en apoyo de tal falacia se producen las primeras manifestaciones callejeras todavía pequeñas y en parte discretas. Nada servía ya; incluso en la mente del propio presidente del Gobierno, el Almirante Aznar, anidaba la idea de aceptar la derrota monárquica “…¿crisis? ¿Qué más crisis que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?…” (Declaraciones a preguntas de un periodista).

El día 13, transcurre con una sensación parecida a la de una terrible resaca. Dudas en el Gobierno, y grupos y líderes políticos que se reúnen por doquier y publicación desde la cárcel de una oportunista declaración del «Comité Revolucionario Nacional» en la que prácticamente exigía la entrega del poder. El 14 de Abril amanecía ya con las calles de las ciudades y de muchos pueblos tomadas por las multitudes que celebran la «victoria» de la República en un ambiente que puede calificarse de “eléctrico”; fue el Ayuntamiento de Eibar el primero de toda España en proclamar de manera oficial tal régimen.

A la vista de la situación, que se considera irreversible, el conde de Romanones acude al domicilio de Gregorio Marañón –uno de los intelectuales republicanos más activos–, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, para entrevistarse con Alcalá-Zamora a fin de negociar el traspaso de poderes. Por parte de éste se exige máxima rapidez y la inmediata salida para el extranjero del rey, amenazando con que “…en estas circunstancias no podía garantizar su integridad…”; en realidad, el problema no era tanto la seguridad física del monarca, como el problema de qué hacer con él. ¿Encarcelarle? ¿Juzgarle? Sin duda lo mejor para la república naciente era su marcha al extranjero con lo que las nuevas autoridades se evitaban un grave problema de difícil solución. Romanones accede y comunica al Rey lo decidido, el cual manifestó “…yo no quiero resistir; por mi no se verterá una gota de sangre. Si el bienestar de España exige que me vaya, lo haré sin vacilaciones…”. Y sin atenerse a los verdaderos resultados de las elecciones, ni siquiera a que las mismas lo habían sido sólo municipales, carente del menor espíritu de lucha y en absoluto dispuesto a defender el orden establecido, de manera incomprensible y cobarde, Alfonso XIII se dispuso a abandonar a España.

A las 20,05 h. del 14 de Abril de 1930, Alfonso XIII abandonaba el Palacio Real, por la puerta del Campo del Moro, dirigiéndose en coche a Cartagena, acompañado de su primo, Alfonso de Orleáns, y un reducidísimo séquito de personas de confianza. Sobre las 03,45 h., en la madrugada del 15 de Abril, el Rey embarcaba en el crucero “Príncipe Alfonso” partiendo para el exilio, no sin antes entregar sendas proclamas dirigidas al Ejército y a la Marina agradeciendo su lealtad y encomendándoles el mejor servicio en bien de España. No volvería nunca a pisar suelo español. Se dice que, tras recibir los últimos honores militares antes de subir al buque, rompió a llorar.

Sobre las 09,00 h. del mismo día 15, el resto de la familia real –con el Palacio Real rodeado ya por las turbas inquietas y vociferantes– partía en automóvil hacia El Escorial y de allí, en tren, a Francia. En un alto que realizan en la localidad de Galapagar son despedidos por unos pocos leales, entre ellos el Director de la Guardia Civil, Gral. Sanjurjo, y los hermanos José Antonio, Carmen y Pilar Primo de Rivera, hijos del Dictador ya fallecido.

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La «Dictadura del Primo de Rivera» supuso la última y bienintencionada iniciativa para enderezar in extremis a España y a la Monarquía, sistema político y régimen que desde tiempo inmemorial la gobernaba. Tal iniciativa fue necesaria porque ambas, España y la Monarquía, venían desde hacía tiempo haciendo aguas a ojos vista, en buena medida por las nefastas consecuencias de ese siglo XIX que más valía borrar de su historia. El fracaso de la monarquía en manos de los liberales, cuya incapacidad se había hecho manifiesta una y otra vez durante dicho siglo, había facilitado la aparición de grupos aun más revolucionarios y radicales que ellos; también el auge de ellos al compás de los nuevos tiempos. Anarquistas y marxistas socialistas y comunistas pugnaban por hacerse con el poder sobre la base de la monarquía caduca y el republicanismo liberal emergente que se presentaba como alternativa ideológica tan vacía como la monarquía que iba a derribar.

Con la malograda dictadura de Primo de Rivera, España perdió una gran oportunidad de salir acertadamente de la terrible encrucijada en la que se encontraba tras el lamentable siglo XIX, así como de encauzar su futuro por derroteros lógicos y pacíficos. Llegaba pues la hora de los republicanos y revolucionarios, de los nuevos líderes e ideologías radicales y mesiánicas que, rebasando en extremismo al liberalismo decimonónico, se iban a hacer con el poder.

El principal y único objetivo de dichos grupos e ideologías era el cambio de régimen, o sea, la sustitución de la Monarquía por la República, destruyendo y haciendo tabla rasa y tierra quemada de todo lo anterior para, supuestamente, construir después algo mejor. En ningún instante contemplaron la otra posibilidad: cambiar y subsanar sólo lo defectuoso de aquel régimen conservando lo bueno de él, que lo había, para sobre su estructura saneada edificar con mejor criterio y, ante todo, evitar atizar los enfrentamientos entre españoles; pero esto último era mucho pedir a quienes estaban dominados por la revolución y la violencia.

El nuevo sistema que iba a llegar, el republicano, planteaba una incógnita: saber si a partir del 14 de Abril los nuevos dirigentes tenían las ideas claras de qué significaba tal hecho; de qué suponía tan enorme cambio y, sobre todo, de qué iban a hacer con el poder que adquirían; en definitiva, si iban a ser capaces de levantar, sobre el solar monárquico, una nueva España más justa, civilizada y racional que aquella tan criticada y vilipendiada por ellos mismos. Puede afirmarse, y así lo manifestaron incluso líderes tan alejados de los artífices del advenimiento de la República como José Antonio Primo de Rivera, Gil Robles o Calvo Sotelo, que ésta llegaba con el beneplácito de la práctica totalidad de la sociedad –aunque no de forma incruenta pues ya había costado numerosas vidas en las varias revuelta y pronunciamientos que hemos visto producirse–, pues incluso los monárquicos de toda la vida la acataron de mejor o peor grado, aunque sólo fuera no oponiéndose activamente a ella. El propio José Antonio, que acompañó a la reina hasta El Escorial, sentenciaría al respecto “…la Monarquía española había cumplido su ciclo, se quedó sin sustancia y se desprendió como cáscara muerta el 14 de Abril de 1931… el pueblo español no entendió este simulacro de Monarquía sin poder; por eso el 14 de Abril, aquel simulacro cayó de su sitio sin que entrase en lucha (en su favor) ni un piquete de alabarderos…”. Miguel Maura, por su parte, refiriéndose a los republicanos, entre los que figuraba, expresaría “…no hemos arrebatado el poder: lo hemos recogido del arroyo, donde estaba…”.

El pueblo español, fuera de casos más o menos aislados, festejó el 14 de Abril esperanzado de que el nuevo orden solucionara de golpe y por sí sólo, como se le había prometido, todos sus males. La cuestión a partir de ahora era ver si los que habían prometido tal panacea lo habían hecho conscientemente y poseían las ideas y los recursos para satisfacer, en paz y concordia, las esperanzas y expectativas creadas. Puede afirmarse que la República nacía con todo a su favor, y eso a pesar de que el nuevo régimen era tan ilegal como lo había sido la «Dictadura», pues se proclamaba a raíz de unas elecciones municipales y no de un plebiscito formal convocado para decidir entre un sistema, la monarquía, u otro, la república, como hubiera tenido que ser en todo caso. Confirma también tal ilegalidad el hecho de que los resultados electorales definitivos arrojaron una abrumadora victoria de los candidatos monárquicos frente a los «republicanos»; que en la mayoría de las grandes ciudades ganaran éstos últimos no es óbice para desmentir lo anterior. Más aún, nadie puso en duda, ni entonces ni después, la limpieza de dichas elecciones.

Algo, sin embargo, resultaba sospechoso, ya por entonces, en relación con las intenciones y capacidades de los nuevos líderes republicanos: la predilección de republicanos, socialistas y comunistas –no digamos ya de los anarquistas– por los métodos conspiratorios y violentos, es decir, por lo ilegal e impositivo para cambiar el régimen, prefiriendo para alcanzar el poder y sus objetivos la huelga revolucionaria de 1917, el conspiración del pacto de San Sebastián o las sublevaciones militares de Jaca y Madrid, a la contienda legal y pacífica en las urnas y en las Cortes. Quedaba saber si los mentores de la nueva República iban a saber responder a las inmensas expectativas creadas y al apoyo cierto que recibían. De ello iba a depender la consolidación y desarrollo del nuevo régimen por ellos propugnado. Y lo anterior, de que los nuevos líderes supieran conducir al pueblo por el camino de la búsqueda del bien común, y no del interés de unos pocos en detrimento de otros; o peor todavía, del suyo propio. España tenía una nueva oportunidad después de haber perdido muchas. De que los españoles supieran aprovecharla iba a depender, sin duda, el éxito o fracaso de su futuro inmediato.