La consolidación del juicio sumarísimo militar. De las Comisiones Militares de 1808 al Código de Justicia Militar de 1890

El estudio que sigue analiza los tribunales militares de carácter excepcional, desde su proliferación en la Guerra de la Independencia hasta la publicación del Código de Justicia Militar, en plena época codificadora, indicando sus características principales, así como sus variedades más conocidas.

Hasta bien avanzado el siglo XIX el juicio sumarísimo se configuraba como una categoría genérica de la que formaban parte los interdictos y el desahucio; es decir, procedimientos sumarios que pertenecían al ámbito del derecho privado[1]. No se empleaba dicha denominación en nuestro ordenamiento castrense, al menos hasta el otoño de 1886.

Por el contrario, la necesidad de organizar procesos judiciales de carácter sumario en tiempos de guerra había propiciado, como medida ejemplarizante, el nacimiento de unos tribunales especiales: las denominadas Comisiones Militares.

Se habían propagado durante la Guerra de la Independencia[2], probablemente bajo la influencia de la estrategia adoptada por el enemigo napoleónico; y se caracterizaban por su excesiva brevedad procesal, hasta el punto de que el comité juzgador podía limitarse a comprobar en la vista la veracidad de la denuncia formulada, dictando a continuación la sentencia, que, en aquellos instantes bélicos, solía ser la pena capital, sin haber habido apenas tiempo para organizar la defensa jurídica.

Las primeras noticias de su existencia fueron las instrucciones decretadas por el general Murat, con ocasión de reprimir el levantamiento del pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808. En aquella histórica jornada, el militar galo, aprovechando la fuerte resistencia del populacho, aprobó un bando por el que se ordenaba la formación de un tribunal castrense especial, encargado de activar la represión tras los tumultos de la mañana. El texto fijado por las calles y publicado en la prensa provincial permitía que fueran pasados por las armas todos aquellos a quienes se les hallaran armas o confraternizasen con el enemigo[3]. He aquí sus disposiciones principales:

Art. 1º. El general Grouchy convocará esta noche la comisión militar.

Art. 2º. Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano serán arcabuceados.

Art. 3º. La Junta de Estado va á hacer desarmar los vecinos de Madrid. Todos los habitantes y estantes quiénes después de la ejecución de esta orden se hallaren armados ó conservasen armas sin una permisión, serán arcabuceados.

Art. 4º. Todo lugar en donde sea asesinado un francés será quemado.

Art. 5º. Toda reunión de más de ocho personas será considerada como una junta sediciosa, y deshecha por la fusilería.

Art. 6º. Los amos quedarán responsables por sus criados; los gefes de talleres, obradores y demás de sus oficiales; los padres y madres de sus hijos y los ministros de los conventos de sus religiosos.

Art. 7º. Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos ó manuscritos provocando á la sedición, serán considerados como unos agentes de Inglaterra, y arcabuceados.

La forma de proceder de esta comisión iba a ser desvelada por el conde de Toreno treinta años más tarde[4]. Dicha corte marcial se constituyó en el edificio de correos de la capital, adonde eran conducidos los detenidos, quienes tras ser interrogados –o incluso sin serlo- se trasladaban sin más trámites al lugar de ejecución. La conmoción que produjeron aquellas medidas represivas quedó impresa por años en la mente de bastantes madrileños, acostumbrados a unos tribunales rígidos pero nunca tan terribles[5]. En cambio, la matanza de unos centenares de españoles escasamente debió de afectar al ejército francés, ya habituado a estas operaciones de limpieza, como permite pensar la masacre efectuada por sus tropas en la región de La Vendée años atrás.

El inicio de las hostilidades y el desbarajuste inicial propiciaron que cada uno de los beligerantes decidiera aplicar sus propios códigos y directrices, creando algunas instituciones novedosas[6]. De hecho, con la puesta en marcha de la Junta Suprema, nuestros compatriotas constituyeron una corte especial de orden público: el Tribunal extraordinario y temporal de vigilancia y protección. Fue erigido en la ciudad de Madrid el 26 de octubre de 1808, teniendo por finalidad principal castigar las infidencias o adhesiones al gobierno francés, así como dar protección a aquellos ciudadanos que se hubieran visto forzados por el ambiente a tomar parte en actos ilegítimos[7].

Mientras tanto, la exitosa campaña de las tropas imperiales a principios de 1809 vino a determinar que José Bonaparte decretase también la erección de un tribunal similar: la Junta Criminal Extraordinaria.

Sin embargo, a diferencia de lo que pretendía reglamentariamente la corte judicial de los resistentes, la junta bonapartista se configuraba como un «tribunal de sangre», al ordenar en su articulado el siguiente mandamiento:

Los asesinos, los ladrones, los revoltosos con mano armada, los sediciosos y esparcidores de alarmas, los espías, los reclutadores a favor de los insurgentes, los que tengan correspondencias con ellos, los que usen de puñal ó rejón, convencidos de reos de cualquiera de estos crímenes, serán condenados en el término de 24 horas á la pena de horca, que se executará irremisiblemente y sin mas apelación… [8]

Y, aunque el legislador afrancesado parecía distinguir entre comisiones militares y juntas extraordinarias, el funcionamiento de cada una de ellas resultaba muy similar, pues ambas instancias se caracterizaban por reducir los trámites ordinarios y garantías procesales, lo cual no dejaba de resultar sorprendente para el Estado que presidía José I, teóricamente liberal y progresista.

En consecuencia, las comisiones de carácter judicial fueron conceptuadas como inadmisibles por nuestros ilustrados, hasta el punto que los redactores de la Constitución de 1812 las consideraron inapropiadas en materia civil y criminal[9].

Con todo, las comisiones militares de naturaleza represiva atravesaron muy pronto el Atlántico, sirviéndose de ellas nuestras tropas para imponer el orden en el virreinato de Nueva Granada, con ocasión de la emancipación de Colombia[10]. Y las nuevas autoridades de la Argentina consideraron oportuno programarlas con el fin de neutralizar las disensiones, luchas y rebeliones ocurridas tras la independencia[11], lo que generaría una época de terror continuado en la novísima nación de Río de la Plata, que duraría hasta la caída del dictador Rosas en 1852. La sangre derramada, y la forma en cómo se procedió, motivaron finalmente que el legislador argentino prohibiera tanto el funcionamiento de las comisiones como la pena de muerte por delitos políticos en la primera Constitución, aprobada una año más tarde[12].

Las comisiones tuvieron -probablemente por su origen represivo- mala fama, y aunque en 1824 fueron reguladas en la Península de forma más precisa, ampliando el marco de las garantías de los detenidos, serían sometidas a una campaña de desprestigio, motivada por haber sido empleadas por Fernando VII para castigar a sus enemigos políticos[13]. Con todo, las comisiones marciales respondían a una necesidad bélica, y la regulación de nuevos tribunales sumarios no podía demorarse por tiempo indefinido, habida cuenta el carácter tradicional de las Ordenanzas Militares de Carlos III.

La vigencia de las Comisiones Militares renacería nuevamente durante la última Guerra Carlista merced a un decreto de la I República, aprobado por el consejo de ministros cuya presidencia correspondía interinamente al progresista Sagasta. Esto sucedía el 18 de julio de 1874, y la aludida norma, después de justificar la necesidad de restablecer el orden moral y robustecer el principio de autoridad (alterados por la insurrección monárquico-tradicionalista), ordenaba que se constituyeran en todas las provincias comisiones militares de carácter permanente para conocer en Consejo de guerra de todos los delitos de conspiración, rebelión, sedición y cuántos tendieran a auxiliar la rebeldía, autorizando el estado de sitio y reafirmando las facultades extraordinarias de los jefes militares en tales trances[14].

Tranquilizados los ánimos tras la lucha intestina vasco-española, se inicia poco después la codificación militar. Así, en 1882, se publican las bases que fijan las directrices para dicha obra legislativa[15], señalando las siguientes indicaciones la base novena:

Las causas en las jurisdicciones del Ejército y la Armada se sustanciarán con toda rapidez y reducción de trámites compatibles con la buena administración de justicia, tomando por base para el sumario el procedimiento establecido en las Ordenanzas del Ejército y de la Armada, y dando en todas las actuaciones del plenario intervención al defensor del acusado para garantía de la defensa. Será potestativo en el acusado valerse de abogado ó de militar para su defensa. La ley consignará expresamente los casos en que la necesidad de aplicar rápidamente el castigo para la conservación de la disciplina y seguridad del Ejército y Armada autorice la reducción de solemnidades en los juicios.

Dicha normativa la publicaba la Gaceta el 19 de julio de 1882, respetando los criterios mantenidos por el Reglamento para el Servicio de Campaña: una ley ordinaria ya sancionada por la regente María Cristina y Alfonso XII en enero de aquel año. Este cuerpo legal era bastante extenso, y suponía una condensación de los criterios bélico-logísticos de naturaleza prusiana (Reglamento sobre el Servicio en Campaña y las grandes maniobras de 1877) junto con los principios humanitarios recogidos por las Instrucciones para la Conducción de los Ejércitos de los Estados Unidos en 1863.

Así las cosas, el 29 de septiembre de 1886, venía a publicarse la Ley de Enjuiciamiento Militar, que recogía como importante novedad la creación de los juicios sumarísimos (así lo decía su exposición de motivos), recordando que su origen procedía de los Consejos de Guerra verbales de la primera mitad del siglo; es decir, tribunales militares sin tramitación. Pues bien, el título II llevaba por rúbrica Del Juicio Sumarísimo, declarando su primer precepto que serían juzgados en juicio sumarísimo por el Consejo de guerra que en cada caso correspondiere los delincuentes hallados in fraganti en una serie de delitos militares de gran reproche: traición, espionaje, rebelión, sedición, debilidad, negligencia, abandono del servicio, desobediencia, insulto a superiores, etc. En realidad, lo que se estaba regulando era el procedimiento del juicio sumarísimo militar, hasta tal punto que el futuro Código de Justicia Militar de 1890 titularía el capítulo que reglamentaba el juicio sumarísimo, como «Procedimiento Sumarísimo». Es decir, distinguía el procedimiento sumario (que llamaba sumarísimo) de la vista ante Consejo de Guerra, cuya brevedad se ajustaba al tipo de un juicio sumarísimo.

Este proceso no era más que una revisión moderna y mejorada del funcionamiento temporal que habían tenido las comisiones militares en la época de Fernando VII, aunque limitando su extensión a las infracciones de naturaleza bélica; si bien, tanto la ley de enjuiciamiento como el código referido establecieron una reglamentación mucho más detallada, tratando de evitar las improvisaciones y las arbitrariedades.

Mientras tanto, el término juicio sumarísimo ya lo hallamos en la normativa mejicana de mediados del siglo XIX, cuando el general Santa Anna sancionó con pena capital los delitos de bandolerismo, ordenando que tras una vista sumarísima el reo fuera ajusticiado en un plazo máximo de veinticuatro horas[16].

Pues bien, tras su reconocimiento por el código español de 1890, el procedimiento sumarísimo fue aplicado como instrumento correctivo en los levantamientos nacionalistas habidos en Cuba y Filipinas pocos años más tarde[17], siendo el vehículo procesal que iba a permitir el castigo de los insurrectos -o sospechosos de serlo- en dichos territorios ultramarinos, como fue el caso trágico de José Rizal, caracterizándose lógicamente estos procesos por su rapidez y facilidad ejecutiva. Curiosamente, no sería la actividad de estos tribunales militares lo que provocaría entonces más víctimas en estas antiguas colonias españolas; la actuación de las tropas norteamericanas en el territorio filipino terminaría con la vida de bastantes miles de indígenas entre 1899 y 1913[18].

No obstante, las Cortes españolas no se contentaron con regular el nuevo proceso sumarísimo, fijando los derechos y garantía procesales que les parecieron más convenientes, sino que incluyeron en el mencionado código de 1890 la posibilidad de que pudieran constituirse comisiones con finalidades judiciales en tiempos de guerra[19], incluso para solucionar graves problemas de orden público, como iba a observarse de modo indudable en la década de los treinta[20].

Publicado originalmente en la revista Argutorio

[1] Los juicios sumarios hacen referencia a aquellos procesos breves en los que se prescinde de formalidades y trámites que son habituales en los juicios ordinarios.
[2] Un antecedente de las comisiones se halla en la Real instrucción de 29 de junio de 1784, que facultaba a los capitanes generales para perseguir con sus tropas a los bandidos y contrabandistas.
[3] Gazeta de Madrid, 6 de mayo de 1808. Consúltese Conde de Toreno (1838): Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, tomo I, Librería Europea de Baudry, París, páginas 459 y 460.
[4] Véase Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, tomo I, libro II, Imprenta de don Tomás Jordán, Madrid, 1835.
[5] El pelotón de fusilamiento, según la normativa francesa de la época, estaba formado por doce militares que se distribuían en dos filas, siendo vigilada su actuación por uno de los jueces del tribunal. Los reos eran conducidos al lugar designado por un piquete de cincuenta hombres armados. Una vez que los condenados llegaban al lugar del suplicio, se les ponía de rodillas, leyéndoles en alta voz la sentencia. Tras la ejecución, las tropas presentes desfilaban ante los cadáveres. Loi de 12 de mayo de 1793, sec.  6, art. 1º y Ordonnance de 1768, tit. 26, art. 42.
[6] Consúltese Coronas González, S. M. (1986): “Los orígenes de la jurisdicción extraordinaria de seguridad en la España de la Independencia”, en Liber Amicorum, IHE, núm. 92-1657, Universidad de Oviedo, pp. 155-163.
[7] La Junta Suprema Gubernativa, cuyo zelo y primera atención se ocupa en auxiliar á los valientes defensores de la patria (…) no puede perder de vista la seguridad interior, ni dexar de perseguir con igual zelo á los enemigos que abriga en su seno… Real provisión del Consejo en que se manda guardar y cumplir el Reglamento del Tribunal extraordinario y temporal de vigilancia y protección, de 31 de octubre de 1808, Imprenta Real, Madrid.
[8] Artículo I, Decreto de 16 de febrero de 1809, Gazeta de Madrid, 17 de febrero.
[9] Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley (Art. 247).
[10] El general Pablo Morillo organizó en 1816 tres comisiones para castigar a los independentistas: Consejo de guerra permanente, Consejo de purificación y Junta de secuestros.
[11] Consúltense: Rosa, J. M. (1963), Historia Argentina: unitarios y federales (1826-1841), tomo IV, editorial Oriente, Buenos Aires; Rosa, J. M. (1974), La Caída de Rosas, tercera edición, Ed. Devenir, Buenos Aires.
[12] Ningún habitante de la Confederación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales (…) Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza o cuchillo (Art. 18).
[13] Véase Pegenaute Garde, P. (1974): Represión Política en el Reinado de Fernando VII: las Comisiones Militares (1824-1825), Universidad de Navarra, Pamplona.
[14] Gaceta de Madrid, 19 de julio de 1874.
[15] Autorizando al Gobierno para redactar y publicar las leyes de organización, atribuciones y procedimientos de los Tribunales militares y los Códigos penales para el Ejército y Armada con sujeción a las adjuntas bases, ley de 15 de julio de 1882.
[16]  Artículo 6º, decreto de 25 de mayo de 1853, Palacio Nacional de México.
[17] Vengo en decretar que se publique en la Gaceta de Madrid y en las de las provincias y posesiones ultramarinas el adjunto Código de Justicia militar… Real decreto dado en San Sebastián el 27 de septiembre de 1890.
[18] Fallecidos por hambre, enfermedades, ejecuciones y homicidios. La proporción de muertos por herido fue inusual para una guerra convencional, contabilizándose hasta quince muertos por un solo herido u hombre capturado, mientras que la cifra de norteamericanos caídos fue moderada para una guerra de tanta mortandad: poco más de cuatro mil bajas.
[19] Artículo 28, número 18, del Código de Justicia Militar.
[20] No hace falta acudir a lo sucedido en la Revolución de Asturias ni en la Guerra Civil para constatar tales conductas: los bandos que los capitanes Galán y García Hernández redactaron en Jaca en diciembre de 1930, y por los que se proclamaba anticipadamente la República, permitían en su articulado los fusilamientos sin formación de causa.

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