La Defensa Nacional (I/III)

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Ofrecemos a nuestros lectores en tres partes un trabajo original, inédito y de enorme actualidad, elaborado por el Col. Diego Camacho, sobre un tema tan importante como desconocido: La Defensa Nacional; y ello no sólo por el público en general, sino también, que es lo peor, por nuestra clase política y dirigente, y, por desgracia, por no pocos miembros de nuestras queridas FFAA.

EL MARCO HISTÓRICO 

Cuando Juan Carlos I sube al trono y ocupa la Jefatura del Estado, lo hace asumiendo todos los poderes que tenía su antecesor. En noviembre de 1975 el Rey no lo es de un régimen parlamentario, sino que comienza ejerciendo como un rey absoluto, pues en él convergen todos los poderes políticos existentes en el Estado totalitario anterior. La legalidad y la legitimidad del nuevo régimen es la que hereda de la dictadura, aunque en ese momento el objetivo político de la mayor parte de las fuerzas políticas sea lograr un régimen democrático por la vía del consenso y la reforma. La frase de Torcuato Fernández Miranda “de la ley a la ley” define perfectamente el espíritu existente en ese momento.  Entre todos esos poderes está el de ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Estas habían recibido, en el testamento de Franco, su última orden que era la de prestarle al nuevo rey la misma lealtad que le habían proporcionado a él en vida.

El testamento pone en evidencia, sobre todo, la importancia que el general concede a los ejércitos en la consolidación del régimen naciente, como factor determinante en su permanencia y estabilidad. Esta idea de Franco es en realidad un reflejo condicionado de la concepción que tenía Cánovas del Castillo, sobre cual debía ser la misión más importante del Ejército, en el ámbito de la política interior, durante la Restauración iniciada con Alfonso XII: constituir el último baluarte de defensa de la monarquía, ante la presión social y revolucionaria que amenazaban en esa época a todas las casas reinantes europeas. Esta idea política irá quedando desfasada a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la revolución bolchevique y de la derrota de los imperios centrales en la I GM. El ascenso político de la burguesía o de la clase obrera será un hecho generalizado en casi toda Europa. Los ejércitos serán en adelante la nación en armas, dejarán de tener como prioridad los intereses de la realeza en beneficio del interés nacional. También en los sistemas republicanos, el interés nacional será el predominante, a excepción de las repúblicas comunistas, en los que el partido heredará el papel de los zares, en lo que se refiere a su relación con los ejércitos.

La idea del líder conservador suponía, paradojas de la historia, la solución a un problema acuciante, pues venía a sustraer al ejército del papel faccioso que había desempeñado durante varias décadas del siglo XIX, pero también una regresión pues retrotraía el papel de los ejércitos al que habían desempeñado en la época del despotismo ilustrado al servicio de la Corona.

Fernando VII

Una vez desaparecido Fernando VII, se abre en España una lucha continua y excluyente por el poder, entre las distintas facciones del liberalismo. Cuando una de ellas consigue que Palacio le encargue a su líder formar gobierno, este al tomar el poder abre un periodo constituyente que finaliza con la promulgación de una Constitución hecha a la medida ideológica de su partido, pero sin instrumentos legales que permitieran la alternancia en el poder. Cuando el partido gobernante se debilita otra facción prepara la toma del poder que ha de hacerse con la técnica del golpe de Estado en su modalidad de “pronunciamiento” por la falta de mecanismos parlamentarios permitan el relevo. Así las Constituciones moderadas o progresistas se suceden y siempre utilizando al Ejército como la herramienta necesaria para el cambio político. Ello aconseja a los partidos políticos poner a la cabeza de sus formaciones a generales prestigiosos, que llegado el momento se pronunciarían y permitirían al partido alcanzar el poder. Por eso generales como Espartero, O´Donnell o Narváez encabezarían a progresistas, centristas o moderados en el seno del liberalismo español.

Hasta que Narváez pierde el poder, el Ejército interviene en cada momento como respaldo a un determinado general y por lo tanto a la opción política que este representa. Después de la desaparición del “espadón de Loja” es cuando se produce un punto de inflexión. El Ejército deja de respaldar a una determinada facción y empieza a actuar como poder institucional para el cambio político. Tanto en el destronamiento de Isabel II como en la coronación de Amadeo de Saboya o en la restauración de Alfonso XII, los militares intervienen como institución. Prim o Martínez Campos encabezan a todo el Ejército y la Marina a la hora de expulsar o traer a un monarca. Cánovas va a lograr que en adelante el Ejército deje de representar el papel esencial en la vida política española al dejar de ser necesario para provocar el cambio político. Lo va a conseguir con la Constitución de 1876 que contempla la alternancia política y hace ya innecesario el “pronunciamiento”. Es ilustrativo el último consejo que Alfonso XII, en su lecho de muerte, le da a la futura regente: “Cristinita guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”.

Alfonso XII

Como he señalado más arriba el problema inmediato para apartar a las Fuerzas Armadas de la lucha política había sido resuelto, el Ejército había dejado de ser necesario para la alternancia en el poder, pero también se le había vinculado exclusivamente a los intereses de la Corona y no a los de la nación, como había ocurrido durante el absolutismo y el despotismo ilustrado. En un parlamentarismo monárquico naciente, aunque con vocación de futuro, lo deseable hubiera sido que, la vinculación de los ejércitos se fuera deslizando de defender los intereses de la Corona a defender los intereses nacionales, de manera que terminaran siendo estos los determinantes. De una forma similar a lo acaecido en Gran Bretaña. La cortedad de miras en el planteamiento político y la oficiosidad aduladora de los cortesanos lo evitó. De esa manera los militares a partir de Alfonso XII se convierten en un ejército del rey antes que del pueblo. Cuando el soberano encarna la soberanía nacional el problema no existe, pero cuando se entra en épocas sin rey y la soberanía recae en el pueblo, muchos militares se sienten huérfanos y distanciados de la sociedad civil. En esos periodos sin rey, República, o con él, pero sin detentar la soberanía nacional, como la monarquía parlamentaria de 1978. Todos los gobiernos de las diferentes ideologías han estado más preocupados en desmantelar institucionalmente un poder militar del que desconfiaban, que reformar y reorientar a las Fuerzas Armadas para convertirlas en la piedra angular que requiere la seguridad entendida en su sentido más amplio.

Los casi 40 años de dictadura militar son un periodo singular, al ser un régimen de carácter personal y sin ideología definida, pero donde también se ve en el general Franco esa vinculación trascendente hacia la monarquía de la que hablaba más arriba. Alfonso XII será su padrino de boda. Durante su gobierno España será un reino sin rey y cuando busque una sucesión, elegirá al hijo del principal pretendiente al trono. En su testamento pedirá a los militares lealtad al nuevo rey, no al pueblo español.

El intento fallido de golpe de Estado, el 23 – F de 1981, supone el principal punto de inflexión con referencia al papel de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad española. La tutela militar respecto al nuevo régimen y a la Corona termina. Para cubrir a la clase política y a la Casa Real, involucradas en este acontecimiento, es preciso presentar un cordero pascual que asuma toda la culpa, el Ejército. Desde una determinada óptica esta desvinculación de los militares de la política fue positiva, al superarse dinámicas históricas que estaban periclitadas y que en definitiva suponía ubicar la fuerza en el lugar adecuado y también homologable al que ocupa en cualquier nación democrática. Desde otra perspectiva esa desvinculación de la política estaba motivada por un fracaso que había intentado detener la evolución natural hacia la democracia, deseada mayoritariamente por la población, no por una necesidad sentida social o políticamente. Esta circunstancia hacia que las Fuerzas Armadas tuvieran que asumir el amplio rechazo y desconfianza de la opinión pública, mientras el Rey y los principales líderes se felicitaban de haber podido sortear la situación que ellos mismos habían creado.

La pérdida de prestigio social por parte del ejército, era la peor hipótesis para afrontar la necesaria modernización que permitiera atender los nuevos retos que se planteaban para la Defensa Nacional, con garantías de éxito, ya que la clase política se veía obligada por su electorado, igual daba que fuera “progresista” o “conservador”, a embridar una supuesta pulsión golpista que afectaba a los militares que habían iniciado su carrera profesional durante la dictadura. Ello originó un electoralismo nefasto para la Seguridad Nacional al adoptarse decisiones en función del impacto que las mismas iban a tener en las encuestas. El ejemplo más palmario estuvo en la supresión del servicio militar obligatorio y sus reducciones previas. Se hizo prospectiva electoral, no de seguridad. El resultado fue colocar el nivel de exigencia intelectual, para ingresar en las Fuerzas Armadas, en los umbrales de la oligofrenia y tener que acudir a la contratación de extranjeros, cuya única motivación era la de conseguir papeles para trabajar en la UE, para poder alcanzar los cupos previstos. Los ciudadanos españoles, en época de vacas gordas, estaban totalmente desmotivados para participar en su propia Defensa.

LA FALLIDA MODERNIZACIÓN DE LOS EJÉRCITOS

 La desazón generada por el 23 –F en el seno de la sociedad española, iba a facilitar la desactivación como poder fáctico del Ejército. La llegada al poder de Felipe González en 1982 con la mayoría absoluta de 202 escaños, que le proporcionaban el respaldo popular de más de diez millones de votos, iba a posibilitar esta acción política del PSOE. Lo verdaderamente lamentable de esa operación fue que no se aprovechara el momento para modernizar de una vez a las Fuerzas Armadas y dotar a España de la fuerza militar que realmente necesitaba, acorde con el estatus que aspiraba tener en el mundo. Todo quedó en privar a los militares de la influencia política que tuvieron, pero a costa de dejar a la nación prácticamente inerme, de hecho sólo defendida por las fuerzas de los países aliados o de las organizaciones internacionales de las que formaba parte.

La falsa modernización se inicia en 1984 con la Directiva de Defensa Nacional, en la que se marcan los objetivos de la Defensa y las acciones a desarrollar para alcanzarlos, por los diferentes ministerios, que una vez coordinadas se integrarían en un Plan General de la Defensa, que aprobaría el gobierno a mediados de 1985 y que nunca llegaría a estar realmente operativo. Sería la coartada para cercenar la eficacia, aunque ello supusiera poner en grave riesgo la Seguridad Nacional.

Como herramienta a este dislate se utilizó el plan META, elaborado durante la última época de la UCD. Proponía una reducción de efectivos, pero unida a un incremento de la operatividad; en base a unas mejoras en la preparación profesional y en los equipos de combate disponibles. El ministro va a variar los objetivos, valiéndose para ello de la complicidad necesaria de varios militares que van a anteponer la culminación de sus carreras al interés nacional. En lugar de crear unas Fuerzas Armadas modernas, que se constituyan en la vanguardia de la Defensa Nacional, van a acentuarse los vicios existentes y va a vaciarse de espíritu de servicio y sacrificio a la carrera de las armas.

En primer término, se sobredimensiona la burocracia ministerial manteniendo la existente en los Cuarteles generales. Es decir, en lugar de racionalizar el gasto y lograr la eficacia en la gestión; se incrementan los gastos generales y se ralentiza la dinámica administrativa. Hay muchas más personas en las oficinas y todo va mucho más lento y peor. Como corolario, se gratifica generosamente a los profesionales que ocupan estos puestos de staff en detrimento de aquellos que mandan tropa o unidades operativas, extremo que no creo necesite más explicación, pero que tiene unos efectos corrosivos para la propia dignidad de las FFAA.

En segundo lugar, se produce una drástica reducción de plantillas que no son amortizadas, para agilizar la burocracia del sistema, sino que profesionales muy preparados son sustituidos por civiles que, en la mayoría de los casos, su mayor merito consistía en militar en el partido político que gobernaba. Los efectos administrativos de ese arribismo en los segundos y terceros niveles, fue letal para la eficacia.

Como tercera medida, se disuelven nueve Brigadas DOT, que son las que poseían una orgánica más idónea para las nuevas amenazas y las unidades operativas más preparadas: las Compañías de Operaciones Especiales, para la guerra asimétrica, la guerrilla o el terrorismo. Estas últimas pierden gran parte de su operatividad al transformarlas primero en Grupos y más tarde en Brigadas. Su adaptabilidad y movilidad anteriores son sustituidas por un refuerzo engañoso de material, que lo único que consigue es incrementar sus problemas logísticos a unos niveles inadecuados para unidades de este tipo.

En cuarto lugar, se sigue primando en el Ejército de Tierra el arma acorazada sobre las unidades de montaña. Cuando nuestro país es el más montañoso de Europa, con excepción de Suiza, y la compartimentación de nuestra orografía imposibilita un despliegue de carros de combate que pueda maniobrar y ser decisivo para defender el conjunto de España. Parece evidente la admiración hacia el general Guderian, que prolifera entre los oficiales de nuestro ejército.

En quinto lugar, se suprime la adquisición de material militar moderno para el Ejército de Tierra y se potencia la inversión en el Futuro Avión de Combate (FACA) y del Grupo de Combate Alfa de la Flota.

Finalmente, se suprime al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y se le sustituye por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que ya no tendrá mando operativo como su antecesor sino cuya nueva función es sólo de asesoramiento.

En tres años la situación militar dará un vuelco, el presidente González tendrá en su haber el haber logrado que los militares dejen de ser una amenaza para el poder constituido pero, por su falta de sentido de Estado, tendrá en su debe el haber dotado a España de unas Fuerzas Armadas débiles, poco motivadas, rechazadas socialmente y en definitiva incapaces de asegurar mínimamente la Defensa Nacional. Como ejemplo un solo dato, de los 150.000 hombres existentes en plantilla, en 1987, solamente 30.000 servían en unidades operativas. Los 120.000 restantes lo hacían en cometidos tan poco útiles para la Defensa como en el régimen político anterior. Queda pues patente que corregir vicios pasados, modernizar las unidades o hacer más operativos a los ejércitos no se contemplaban en la agenda del PSOE, aunque se rebautizara la operación como “META”. Podríamos preguntarnos los ciudadanos, ¿meta, de qué?

Sólo siete años más tarde, González con otro gobierno y debido a no haber podido enviar a los Balcanes el contingente requerido de soldados profesionales y haber tenido que recurrir a reclutas forzosos, se ve obligado a lanzar un nuevo proyecto en sustitución del existente, el plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra).

Según este plan, las unidades operativas del Ejército de Tierra quedaban reducidas a ocho Brigadas, o sea 25.000 soldados operativos, de un total de 134.000 que según el ministerio deberían conformar la totalidad de este pequeño ejército, que además tendría 60.000 mandos. También se seguía apostando por una movilización de carácter convencional, como la que había tenido lugar en Europa en las dos guerras mundiales y que desde luego no daba respuesta a nuestra amenaza más importante y por lo tanto prioritaria.

En el apartado de armamento se seguía la dinámica discriminatoria hacia el Ejército de Tierra, la fuerza más necesaria para nuestra defensa en la hipótesis más probable, en beneficio de la Armada y el Aire que invirtiendo en costosos sistemas de armas tampoco experimentaban un avance sustancial en su operatividad para enfrentar la hipótesis mencionada, aunque bien es cierto que dejaban unas comisiones mucho más cuantiosas. Un ejemplo de esta incompetencia en la gestión gubernamental, lo constituye el alquiler de los carros de combate Leopard a Alemania, incluso para desfilar por la Castellana.

Parte I de III

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4 thoughts on “La Defensa Nacional (I/III)”

  1. Un primer comentario en relación con los «espadones» aquí citados.
    Dice el P. Manuel Guerra en “Burgense” 44/1 (2003) pp. 167-204 y https://www.almudi.org/articulos/7467-La-masoneria-invisible-III-la-neopaganizacion-del-Occidente-cristiano-Manuel-Guerra: “He aquí, como curiosidad, los principales nombres de políticos masones, ya fallecidos Antonio Alcalá Galiano, Enrique O´Donnell, José I (Pepe Botella), Juan Álvarez Mendizabal, Rafael de Diego, Agustín Argüelles, F. Cea Bermúdez, Francisco Martínez de la Rosa, Baldomero Espartero, José María Calatrava, Rafael Maroto, Ramón Narváez, Casto Méndez Núñez, Nicolás Salmerón, Francisco Pi Margall, Francisco Serrano, Manuel Ruiz Zorrilla, Juan Prim, Amadeo de Saboya (rey), Práxedes Mateo Sagasta, José Rizal (“padre de la independencia de Filipinas”), Giner de los Ríos, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Rodolfo Llopis, Santiago Casares Quiroga, Melquíades Álvarez, Marcelino Domingo, Manuel Azaña, Manuel Portela Valladares, José Giral, Luis Jiménez Asúa, Julio Álvarez del Vayo, Luis Companys. De los 12 ministros del gobierno republicano (14.IV.1931) seis eran masones”. Y el P. Guerra es garantía de seguridad en el juicio de estos temas.
    Se puede apreciar que todos los espadones citados son masones, como lo fueron la mayoría de los militares descollantes en el s.XIX (aquí aparecen Maroto, el del «abrazo de Vergara» y Méndez Núñez, el de los barcos con honra). También dos reyes: José I y Amadeo (no se mienta a ningún borbón … ).
    Lo digo porque en este magnífico trabajo quizá se echa en falta «el factor externo», la ingerencia extranjera. No olvidemos que España durante el s.XIX fue practicamente un «protectorado inglés» con tintes/ocasiones en las que lo fue francés. Y ambos «protectorados» lo fueron a través de las diversas obediencias masónicas.
    El Alfonso de las delicadas recomendaciones a su mujer se educó en una academia militar inglesa y murió sin confesión. A la regente los carlistas la acusaron de masona y tuvo bastante que ver con Sagasta en la traición del 98.

    1. Muy buena tu aportación en relación con el «factor externo» y con los protectorados inglés y francés sobre España, estoy de acuerdo con ambas y mencionándolas y profundizando en ellas, el trabajo quedaría más completo en su contexto histórico y en las causas profundas de los acontecimientos relatados. Referente a Mª Cristina y Sagasta, también es cierta su complicidad con el 98. Es evidente que con lo esbozado por mi y lo apuntado por ti, nos daría para un libro con el título del artículo.

  2. Con relación que a «la clase política se veía obligada por su electorado, igual daba que fuera progresista o conservador, a embridar una supuesta pulsión golpista que afectaba a los militares que habían iniciado su carrera profesional durante la dictadura», creo que eso fue más una excusa que una obligación, pues, aquella opinión pública había sido y seguía siendo creada por una corona y una clase política que se felicitaba por «sortear la situación que ellos mismos habían creado» (como bien escribe el autor).

  3. Sí, la pulsión golpista existía, pero al ser alimentada para después ser utilizada, por la Corona y anexos, creció y llegó a convertirse en una excusa para montar todo el tinglado de la operación De Gaulle. En la desinformación esta la clave de aquel desafuero.

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