La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Por Toribio

24/11/2022 Historia

España se sumerge durante el primer semestre de 1923 en una profunda e insoportable inestabilidad política, caos social e inseguridad ciudadana. Puede afirmarse por ello que se había llegado a la quiebra práctica y concreta de un sistema, el liberal, que a pesar de haber protagonizado la mayor parte del Siglo XIX y primer cuarto del XX, no sólo nada había resuelto, sino que todo lo había emponzoñado y torcido; nadie puede hoy decir que tal ideología y sistema no tuvo, hasta lo indecible, su oportunidad. A modo de breve resumen recordemos algunas cifras de esos últimos años: treinta y dos presidentes de Gobierno; incontables ministros; más de tres mil huelgas sólo entre 1919 y 1923; en Barcelona, durante los primeros nueve meses de 1923, se contabilizaron más de setecientos intentos de atentados por pretendidas razones sociales, unos consumados y otros no –para qué hablar del resto de España–; doscientos atracos a mano armada; el déficit de Hacienda llegó a 3.486 millones de pesetas y la deuda pública a 14.940 millones de pesetas, cifras astronómicas para entonces que acreditaban la práctica quiebra del Estado.

Ante todo ello, durante los primeros meses de 1923 y precisamente en la región y ciudad más castigada por la inseguridad y la inestabilidad, es decir, Cataluña en general y su capital, Barcelona, en particular, comienza a surgir una corriente de opinión entre la alta burguesía, así como entre la clase media y gran parte de la sociedad apolítica, pidiendo una solución rápida y contundente al clima de deterioro progresivo, patente y descontrolado que se vive. Esto coincide con la toma de conciencia personal del Cap. Gral. de Cataluña y Marqués de Estella, Miguel Primo de Rivera –posiblemente el más caracterizado y prestigioso de todos los Capitanes Generales del momento, veterano de la guerra de Marruecos en la que había conseguido varios ascensos por méritos de guerra, así como la Laureada de San Fernando–, quien, ante tanto desasosiego, comienza a meditar y analizar cual podría ser la solución más factible a la crisis generalizada que vive la nación y ello, no sólo en lo relativo al clima de violencia generalizado, el colapso político y a la sangría militar en Marruecos –la guerra en el Protectorado venía costando una media de 2.000 bajas al año, entre muertos y heridos–, sino también al cada día más grave problema del auge del separatismo catalán y vascongado, cuya médula conocía muy bien el General por estar viviéndola día a día en la región donde se encontraba destinado y ejercía su mando, es decir, en la propia Cataluña.

Como consecuencia de dichas reflexiones y consiguiente toma de conciencia de la gravedad de la situación que amenazaba a España, Primo de Rivera lleva a cabo diversas consultas con altos mandos del Ejército exponiéndoles su impresión de creer llegado el momento de proceder a un pronunciamiento militar como única solución dadas las circunstancias que se vivían, de forma que, salvaguardando a la Monarquía y a la Corona como piezas fundamentales y único elemento moderador de la agitada e inestable vida política y social española, así como garantía de su integridad territorial, se evitara e impidiera que los “…profesionales de la política…”, es decir, tanto la clase política habitual –liberales y conservadores–, como los republicanos y grupos revolucionarios –socialistas, comunistas y anarquistas–, siguieran enturbiando e impidiendo con sus ciegas luchas y continuas rivalidades, el desarrollo y progreso de España, así como la pacífica convivencia de sus ciudadanos.

Tales consultas, que Primo de Rivera no se recató mucho en ocultar, llegaron a oídos tanto del Gobierno como del propio monarca –cuya actitud fue la de «dejar hacer»–, además de trascender a la opinión pública mejor informada. Así pues, llegó un punto en que para casi todos la proximidad de un golpe de Estado era evidente. Ante tal hecho, prácticamente cantado, el Gobierno se mostraba impotente y resignado; el Rey incluso deseoso, entre otras cosas porque quien lo iba a encabezar era ferviente monárquico y, más aún, acendrado patriota; en cuanto al pueblo, a excepción de republicanos y menos aún de los revolucionarios –esa anti-España fuente principal del caos que reinaba–, la mayoría veía con muy buenos ojos que alguien pusiera orden de forma que la vida diaria pudiera discurrir con normalidad.

El 13 de Septiembre de 1923, el Gral. Primo de Rivera toma la iniciativa y hace pública su decisión de sublevarse:

“Al país y al Ejército, españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso… No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone… En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público… Para esto, y cuando el Ejército haya cumplido las órdenes recibidas… buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata… La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento total a que los condenamos… no venimos a llorar lástimas ni vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio…”.

Según propia declaración, el Directorio  militar sería provisional y su objeto primordial restablecer el orden público y asegurar el funcionamiento del Estado; transcurrido un tiempo, que ingenuamente Primo de Rivera cifraba en ese momento en tres meses, se designarían “…personas civiles rectas y honradas…” que, bajo la tutela del Directorio, se constituirían en Gobierno. Además, Primo de Rivera prometía buscar una rápida solución al problema de Marruecos, apuntando la posibilidad de abandonar el Protectorado. Por último, se anunciaba la exigencia de responsabilidades a los que las tuvieran en asuntos de corrupción, mientras que a los políticos se les alejaría de cualquier cargo, prohibiéndoles su intervención en la vida pública.

El día 13 transcurre sin noticias de Madrid, manteniéndose la población en calma y a la expectativa de la definitiva toma de postura del Rey que se encontraba en San Sebastián, cuyo silencio intenta romper Primo de Rivera enviándole un telegrama conminándole a decidirse. Pero casi al unísono, el Rey marchaba a Madrid ordenando a todas las guarniciones militares conservar la disciplina y el orden público y llamando a Primo de Rivera para que se presentara en la capital. Con ello Alfonso XIII aceptaba el pronunciamiento tomando postura a su favor, lo que confirmó a su llegada a la capital de España negándose a firmar la orden que le presentó el Gobierno para detener a Primo de Rivera. Se iniciaba así la denominada “Dictadura de Primo de Rivera”.

Pero, como vamos a ver, la «dictadura» iba a serlo más que relativa. Lo primero que hay que destacar es el hecho constatado de que el golpe no tuvo oposición ninguna, ni directa ni indirecta por parte de sector alguno –ni de la sociedad civil, ni del estamento militar–, por ello, se llevó a cabo sin el menor incidente, lo que tratándose de un pronunciamiento militar supuso un éxito rotundo y la confirmación fehaciente de que la iniciativa era bien recibida por la práctica unanimidad de la población. Tan abrumador respaldo tuvo, no obstante, su matices:

* Las llamadas “gentes de orden” –en general el pueblo llano y bienintencionado, es decir, y por nombrar a algunos: personas de buena voluntad, comerciantes, empresarios, eclesiástico, funcionarios, asalariados y buena parte de los obreros y campesinos que sólo querían trabajar y vivir en paz– se mostraron encantados, conscientes del prestigio, rectas y honradas intenciones de Primo de Rivera.

* Los políticos liberales y conservadores, heridos en lo personal por su forzada marginación, optaron por acatarla y retirarse, manteniéndose a la expectativa y a la espera de que otra vez llegara su momento, convencidos de que el Directorio iba a fracasar, lo que deseaban ansiosos.

* Los dirigentes y grupos revolucionarios y radicales (anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos) optaron por amoldarse a la nueva situación: primero, conscientes de que el nuevo Gobierno no les iba a consentir ni la más mínima provocación, algarada, incidente o salida de tono; segundo, porque el golpe les había sorprendido sin la organización ni la fuerza suficiente para combatirlo; por último, porque también preferían esperar y ver a fin de aprovechar y rentabilizar en lo posible los acontecimiento futuros.

Así pues, Primo de Rivera se instala en Madrid, designa a los miembros del Directorio militar, que toman inmediata posesión de sus cargos ante el Rey, y comienza su labor, por unos u otros motivos, como hemos visto, sin oposición alguna, con el apoyo de muchos y, de momento –lo que no era desdeñable– sin obstrucciones señaladas a su labor. Contaba además, como dictadura que era, con todo el poder en sus manos. Como primeras medidas, la Constitución y los derechos que en ella se recogían quedaron en suspenso; se recortó la libertad de prensa estableciéndose la censura previa de los medios de comunicación; fue disuelto el Congreso y la parte electiva del Senado; se suprimieron varios Ministerios, subsecretarías y gobernadores civiles; se disolvieron todos los Ayuntamientos, así como las Diputaciones Provinciales –también otros organismos como la Junta de Defensa Nacional y el Tribunal de Cuentas–; se decretó incompatible el cargo de ministro con el de cualquier otro de directivo en empresas públicas o participadas por el Estado. El torrente de medidas tendentes a poner orden en la Administración, especialmente mediante la reducción de todos aquellos organismos y cargos que no eran esenciales, hizo que durante varios meses «La Gaceta» –actual Boletín Oficial del Estado– se convirtiera en el diario español más leído.

Sin embargo, Primo de Rivera –su iniciativa había sido absolutamente altruista, guiada únicamente por un altísimo concepto de servicio a España–, cuya intención era la de que el gobierno dictatorial durara lo menos posible, de ahí su inicial declaración de provisionalidad, se dio cuenta enseguida de que la situación de España era aun mucho más grave de lo que sospechaba, no bastando, según pensó, con una corta y rápida intervención de «cirujano» para ponerle remedio, ni siendo suficientes los nombramientos y primeras disposiciones adoptadas, sino que España estaba tan profundamente herida, anidando hasta en los cargos e instituciones más nimios tal cúmulo de corrupción, que la labor requería de mayor duración, además de más dureza de lo que previó.

Se lanzan el General y sus compañeros del Directorio a una laboriosa y frenética labor para derribar prebendas, beneficios e intereses existentes desde antaño, al tiempo que para adoptar nuevas medidas que no sólo suplantaran a las anteriores, sino que llenaran su lugar con eficacia y rigor. Como paso esencial y obligado a fin de asegurar la normalidad y el éxito, se realiza una rápida y extraordinariamente beneficiosa labor de restablecimiento del orden público, cortando de raíz el terrorismo existente. Sin grandes aspavientos y tan sólo dejando ver con claridad que no se iban a consentir tropelías, se restablecía la paz en las calles y se sosegaban los ánimos, propiciando un nuevo clima de convivencia y el resurgimiento de una prosperidad olvidada, por mucho tiempo deseada por la mayoría. En este sentido fueron, lógicamente, los grupos anarquistas los principales receptores de las medidas punitivas del nuevo ministro de la Gobernación (Interior), el Gral. Severiano Martínez Anido, que con mano firme y sin complejos hizo cumplir la Ley, algo que en aquella España había dejado de hacerse por la debilidad y los intereses partidistas de los gobiernos de turno. Fueron suficientes algunas directas y esclarecedoras intervenciones de las fuerzas de orden público para que los pistoleros, agitadores y otros agentes subversivos se dieran cuentan de que la situación había cambiado radicalmente y de que, por lo menos de momento, más les valía quedarse quietos.

Primo de Rivera no impone una dictadura despiadada –como hoy se quiere hacer creer–, como algunos entonces desearon –los sectores más conservadores que pensaron que iba a beneficiarles– y otros temieron –los republicanos y revolucionarios por creerse que iba contra ellos–, sino que desde el primer momento se dedicó, con demostrada inteligencia y buena fe, a procurar el entendimiento con unos y otros, sin prejuicios y siempre tomando decisiones sólo mirando por el bien común.

Esto hizo, caso sobresaliente y sorprendente, que el PSOE diera un aparente giro de 180 grados en su actitud y optara por colaborar activamente con el «dictador» –hecho que el PSOE ha querido siempre borrar de su historia–, llegando incluso su líder más radical, el sindicalista Largo Caballero, uno de los que encabezaron la Revolución de 1917, a ocupar el cargo de miembro del Consejo de Estado en representación de los trabajadores, a quienes además se garantizó –mediante compromiso personal de Primo de Rivera con Manuel Llaneza, líder del poderoso y radical sindicato socialista de la minería asturiana– la salvaguarda de todas las conquistas laborales conseguidas hasta el momento; no tuvo nunca inconveniente alguno el «dictador» en enfrentarse directa y personalmente ni con los problemas más agudos ni con los adversarios potencialmente más reacios; lo que le honró. Con ello, Primo de Rivera logró una rápida y espectacular reducción de la conflictividad laboral, antes impensable, demostrando que en su inmensa mayoría venía siendo provocada no por justas reivindicaciones laborales, sino sólo por ficticias excusas políticas con el único objeto de procurar la desestabilización y caída de la Monarquía. Se observa así el hecho único y a no olvidar según el cual el PSOE, adalid de la “libertad” y la “democracia”, no tuvo escrúpulo alguno en integrarse y colaborar con una dictadura en toda regla, como era la de Primo de Rivera, cuando así lo consideró beneficioso para sus intereses.

Buen conocedor de lo injustificado del secesionismo catalán, como del vascongado, y a pesar de algunas dudas iniciales, Primo de Rivera se dio cuenta enseguida de que la Ley de Mancomunidades otorgaba un respaldo impropio a dichas ideas al reconocer un supuesto “hecho diferencial” entre los nacidos en las provincias catalanas y el resto de los españoles. Así, dicha ley no sólo no era viable, sino que además creaba agravios comparativos con otras regiones, atentaba directamente contra el concepto de igualdad entre todos los españoles y sólo servía para “…exaltar el orgullo diferencial, contribuir a deshacer la gran obra de la unidad nacional e iniciar la disgregación…” de España, pues estaba claro que los secesionistas no se iban a conformar con las prerrogativas que les otorgaba dicha ley, sino que querían muchas otras más. Por ello, Primo de Rivera decidió la suspensión de la misma –y con ella de la única Mancomunidad creada hasta ese instante que era la de Cataluña–; asimismo se prohibió el uso de símbolos (banderas, etc.) regionalistas distintos a los nacionales españoles. También se decretó la transferencia a la jurisdicción militar de los delitos contra la unidad de la Patria, se prohibió el uso del dialecto catalán en actos oficiales –no entre particulares ni en publicaciones– y se cerraron las numerosas asociaciones y centros separatistas que con toda impunidad venían desde hacía años irradiando sus nocivas ideas envenenando a la ciudadanía con falsedades de todo tipo, sobre todas históricas, con la intención de justificar lo injustificable, es decir, ese pretendido «hecho diferencial catalán» y con él la secesión de dicha región, tan española, si no más, que las otras.

Además, para dejar en evidencia lo injustificado, innecesario y artificial de las formas y principios separatistas que al amparo de pretendidas reivindicaciones de una supuesta necesidad de descentralización de la Administración para hacerla más eficaz ocultaban sus ansias secesionistas, Primo de Rivera no tuvo inconveniente alguno en decretar en 1925 el «Estatuto Provincial» por el cual otorgaba aceptables y lógicos niveles de esa descentralización administrativa regional solicitada para la gestión de sus asuntos propios, pero sin realizar la menor concesión en lo político, dejando en evidencia a los separatistas, partidarios de lo primero sólo como excusa y tapadera para lo segundo, verdadero objetivo de su labor. En definitiva, y como se venía haciendo con otros sectores de la vida de la nación, Primo de Rivera no tuvo remilgos a la hora de aplicar las medidas adecuadas para cortar de raíz todo aquello que supusiera un atentado contra la unidad nacional y el progreso y la paz de España; ni más ni menos que lo que hacían y hacen otros países.

En el plano administrativo, Primo de Rivera llevó a cabo una profunda reorganización disolviendo las Diputaciones Provinciales y potenciando los municipios, incorporando a ellos autoridades militares de todo rango con el objeto de organizar la vida de los mismos despolitizándolos, impidiendo el politiqueo y las banderías, tomando decisiones únicamente mirando el bien común de los ciudadanos, constituyendo a las corporaciones municipales en verdaderos impulsores y generadores de riqueza y desarrollo. A título de ejemplo podemos citar que el promedio mensual de obras de infraestructuras realizadas por los Ayuntamientos –mejoras de alcantarillado, suministro de agua, escuelas, hospitales, saneamientos, etc.– pasó, antes de que finalizara el primer año de dictadura, de unos tres millones de pesetas, que venía siendo lo habitual, a más de cinco millones, llegando en 1928 a superar los dieciséis, lo que suponía un aumento de más de un quinientos por ciento; a pesar de tan espectacular aumento, la deuda pagada llegó a ser casi el doble de la que venía siendo normal y, sin embargo, las existencias en caja, en vez de reducirse, aumentaron en más de un 300 por cien. Tales logros trajeron consigo un efecto aún mejor que fue un notable descenso del paro, pues para tantas obras municipales y otras estatales se precisó mucha mano de obra, mejorando el poder adquisitivo de las familias y su bienestar.

Contará también en el haber de la «Dictadura» realizaciones institucionales que, dada su idoneidad, no serían superadas en mucho tiempo. Entre ellas destacan la creación del Consejo de Economía Nacional, el Consejo Superior del Trabajo, el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, así como de los tribunales Económico-Administrativos. También del Consejo Supremo de Ferrocarriles, que propició un gran crecimiento del número de kilómetros de ferrocarril construidos, el aumento de los salarios de los obreros de tal sector e incluso los dividendos de los accionistas, apostando decididamente por impulsar este medio de transporte esencial para el desarrollo de cualquier nación. También se crearon las Comisiones Provinciales y Locales de Sanidad que llevarían a cabo por primera vez en España intensas y amplias campañas de vacunación contra la tuberculosis, así como mejoras en pediatría que hicieron descender a ojos vista la terrible mortalidad infantil que aquejaba a España. Otra de las grandes realizaciones sería la creación del «Monopolio de Petróleos» con el fin de gestionar con el mayor rendimiento posible para el Estado tan importantísima fuente de energía; no obstante, tal medida atraería sobre Primo de Rivera la hostilidad y las intrigas de potentes sectores empresariales extranjeros que hasta ese momento obtenían en España pingües beneficios, los cuales además estaban a punto de consolidar de por vida pues en breve iban a lograr el control privado de tal sector.

A pesar de estos éxitos, o precisamente por ellos, los enemigos del General y de su obra no eran pocos ni mancos, yendo en aumento corroídos por la envidia, aunque de momento preferían permanecer en la sombra a la espera de encontrar el instante más favorable para actuar contra él. El principal escollo con el que topó Primo de Rivera desde el principio fue el hecho de que su ejercicio del poder tenía una clara base “ilegal”, toda vez que al haber protagonizado un “golpe de Estado” había subvertido el orden constitucional vigente que evidentemente no contemplaba tal posibilidad, por ello, tenía enfrente no sólo a los políticos “profesionales” liberales y conservadores ahora desplazados, sino también a la mayoría de los intelectuales; caso sonado fue el de Unamuno –quien de todas formas declararía más tarde “…perseguí a la Dictadura, no ella a mi… decidí hacer de víctima…”— y a otros que, dando preferencia a sus escrúpulos «legales», en nada valoraban su «ilegal» eficacia y bondad, pareciendo preferir la ineficacia y anarquía de la «legalidad» constitucional vigente hasta 1923. De todas formas, no todos los intelectuales imitaron a Unamuno, pues otros tan señalados como el filósofo Ortega y Gasset y el ensayista Eugenio D´ors apoyarían a Primo de Rivera al menos hasta 1927, año en que veremos que el acoso interno, pero sobre todo externo, comenzará a causarle un irrefrenable desgaste.

Paradójico iba a resultar que el otro sector que se iba a mostrar en abierta oposición contra la «Dictadura» iba a estar constituido por todos aquellos que habían creído que con su llegada iban, simplemente, a cambiar las tornas y a pasar de ser perseguidos a perseguidores. En este grupo formarán los que teniendo pleitos, rencores o reclamaciones, más o menos justificadas, contra el anterior régimen, pensaron que iban a ser resarcidos sin más. Al comprobar que la «Dictadura» no se guiaba por parcialidades, sino sólo por el bien común y general, y que no cedía ante intereses particulares o privados, sino que buscaba los de índole nacional, quedaron pronto defraudados de sus ladinas expectativas, comenzando a rumiar su venganza.

Más peligrosos que los anteriores eran los revolucionarios de todo cariz. Por un lado, anarquistas e incipientes comunistas, ambos acérrimos enemigos tanto de la Monarquía, como de la Dictadura. El hecho de que ambos sistemas caminaran ahora de la mano les hacía anidar aun mayores odios, sólo disimulados por razón de su temor por saberse especialmente vigilados; no obstante, al comprobar el respaldo que la mayoría de los españoles otorgaban de buena voluntad a Primo de Rivera y ante los evidentes triunfos que cosechaba su gestión, preferían mantenerse a la espera. Pero aun peores iban a mostrarse los socialistas que aunque habían optado por colaborar lo hacían escondiendo su particular animadversión, aprovechándose de la oportunidad que les brindaba la «Dictadura» de infiltrarse en las respectivas administraciones, acumular cargos de los que se beneficiaban económicamente, mejorar su organización, aumentar las posibilidades de proselitismo y obtener cotas de poder desde las que, en su momento, poder socavar y derribar al régimen que les acogía de buena fe.

Lo anterior no es invención. Luis Araquistain, por entonces destacado dirigente de la Unión General de Trabajadores (UGT) socialista, y miembro del Comité Confederal del PSOE, declararía posteriormente en 1931“…en la historia de ningún pueblo se hizo jamás una agitación revolucionaria tan cauta y tan eficaz… el pobre Primo de Rivera no se daba cuenta… en su simplicidad e ingenuidad, estaba seguro de la colaboración socialista… al socaire de la legislación “paritaria” (sistema establecido por la Dictadura para regular las relaciones laborales en las empresas y en el campo) los líderes socialistas aprovecharon para recorrer todo el país y, en vez de implantarla y hacerla funcionar, organizaron y convirtieron a los obreros y campesinos en revolucionarios contra las instituciones y la Monarquía…”. Esta confesión lo dice todo sobre las esencias del socialismo español que no tenía inconveniente en colaborar con la dictadura para aprovecharla sólo en su beneficio partidista para expandir sus ideas entre las masas obreras, tomando de paso ventaja sobre anarquistas y comunistas que sufrían, al no disponer de medios por no estar implicados en el aparato estatal, un considerable estancamiento en su desarrollo.

El 2 de Diciembre de 1925, Primo de Rivera se decidía a sustituir el Directorio militar por un Gobierno civil para cumplir así lo expresado en su primera declaración de intenciones en el momento del pronunciamiento. De los ministros de ese Gobierno destacarían dos que tendrán además gran protagonismo a partir de este instante en la vida política española: José Calvo Sotelo, nombrado Ministro de Hacienda, y Rafael Benjumea y Burín, Conde de Guadalhorce, designado ministro de Fomento.

José Calvo Sotelo, consciente de que las numerosas obras previstas por el Ministerio de Fomento, así como la gran actividad de los otros departamentos ministeriales, precisaba de ingresos cuantiosos en evitación de una posible banca rota, se lanzó sin dudarlo, no al generalizado y fácil aumento de impuestos, sino al logro de una mayor recaudación mediante una más eficaz presión fiscal dirigida contra las grandes bolsas de riqueza no fiscalizadas que existían desde tiempo inmemorial en España; esto es, fundamentalmente contra los grandes propietarios y empresarios. Como se puede suponer esta actuación provocó no sólo su resistencia, sino que levantó odios y recelos contra el ministro y la «Dictadura» de parte de personalidades y sectores muy influyentes que, además, se llevaron un golpe mortal pues consideraban que Primo de Rivera era «uno de los suyos». Así, los que pensaron, como ya se ha dicho, que por el carácter militar y conservador del dictador su labor les iba a beneficiar aun más, se vieron convertidos de la noche a la mañana, y a partir de 1925, en opositores a ella. Al coincidir con que muchos de estos personajes estaban ya resentidos por haber sido relegados de sus cargos públicos o administrativos, comenzaron a intrigar contra Primo de Rivera no sólo en lo económico, sino también en lo político.

Por su parte, el Conde de Guadalhorce demostró enseguida al frente del Ministerio de Fomento una iniciativa y capacidad de trabajo nada común, pocas veces vista hasta entonces. A él se deberán, entre otras actuaciones, la mejora de la producción forestal y agrícola española mediante un mayor y mejor aprovechamiento de las corrientes fluviales, embalses y pantanos que se diseñaron y comenzaron a construir de inmediato; el aumento de la red de regadíos; la mejora de la red viaria española y de los puertos, así como del impulso de electrificación de líneas de ferrocarril.

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Pocos días después de nombrado el nuevo Gobierno, el 9 de Diciembre, moría Pablo Iglesias, fundador del PSOE; agitador de masas; acérrimo partidario de la consecución de mejoras sociales a través de la revolución, es decir, de la acción violenta; partidario de la dictadura del proletariado y continuo sembrador de odios, dado su carácter sectario, todo lo cual dejó impregnado en el PSOE, incapacitándolo para seguir vías moderadas como el resto de partidos socialistas europeos. Y el día 13 moría, en la villa del Canto del Pico (Torrelodones), Antonio Maura, líder del partido conservador monárquico; varias veces Presidente del Gobierno; hombre de voluntad y discurso encendido, pero que no logró articular durante su larga trayectoria política un sistema eficaz de gobierno, ni consolidar la Monarquía, pues nunca dejó de estar dominado por las ideas liberales, aunque moderadas, cuyo fracaso hemos visto. Desaparecían así, en apenas unos días, dos formas de ver y entender a España y sus problemas, ambas en realidad –más la primera si cabe– parte de la anti-España que ya cabalgaba sin freno hacia la provocación de la tragedia que se avecinaba y que iban a protagonizar sus discípulos y herederos que quedaban impregnados de los errores de su maestro ahora fallecido.

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Ya hemos apuntado algunos de los éxitos del gobierno de Primo de Rivera, pero a modo de resumen del sin duda muy positivo balance de la «Dictadura» debemos destacar los siguientes:

* La pacificación de Marruecos:

Desde 1909 España sostenía en su protectorado marroquí una cruenta guerra que además del coste económico que suponía, implicaba una elevada sangría humana en muertos y heridos, así como un foco de tensión política continuo y fuente inagotable de agitación para los revolucionarios anarquistas y marxistas socialistas y comunistas, llegando a ser causa directa de la caída de más de un Gobierno. A la llegada de la «Dictadura» en 1923, este problema parecía enquistado y sin posible solución, dividiendo tanto a la sociedad como a las Fuerzas Armadas. Por un lado estaba el asunto de los ascensos por méritos de guerra que muchas veces impulsaban carreras meteóricas; frente a tal hecho, recogido en los reglamentos militares desde siempre, fundado en la justicia de premiar al que arriesga su vida y demuestra su saber hacer, se había generado una corriente en contra defendida en su mayor parte por los mandos que preferían la vida rutinaria y cómoda de las guarniciones de la Península y que por ello debían esperar a ascender por antigüedad. Junto a lo anterior, buena parte de la sociedad y del propio Ejército se dividía entre los que consideraban que era imposible la pacificación del Protectorado por la vía de la victoria militar al considerar que no era factible lograrla, dada la tenacidad de los rebeldes rifeños, y entre los que opinaba lo contrario siempre y cuando se diera al Ejército el decidido respaldo del que le privaba la sempiterna crisis política e institucional que aquejaba a España desde hacía décadas. Curiosamente, el Gral. Primo de Rivera –veterano de dicha guerra– al acceder al poder en 1923 era partidario de la primera actitud proclive al abandono del Protectorado, no recatándose en expresar públicamente tal opinión.

Conociendo Abd-El-Krim, indiscutido jefe de los rebeldes cabileños, que el nuevo gobernante contemplaba tal posibilidad, el 3 de Marzo de 1924 iniciaba una potente ofensiva en la zona oriental del Protectorado cuyo fin era empujar a Primo de Rivera a tomar la decisión de abandonarlo. Así las cosas, el 18 de Julio, Primo de Rivera giraba una visita a la zona con el fin de pulsar in situ la situación, pero ya con la decisión de abandono prácticamente tomada, según manifestó. La visita, en realidad, iba más bien dirigida a preparar el terreno para la retirada, especialmente la voluntad y ánimo de las tropas allí destacadas; que paradójicamente eran, con sus mandos a la cabeza, las más firmes partidarias de continuar luchando hasta la victoria, a pesar de ser los más expuestos a sufrir las consecuencias.

Sin embargo, algo iba a ocurrir durante la gira. Cuando Primo de Rivera visita el Campamento de Ben-Tieb, cuartel general de La Legión, su jefe, el entonces Col. Francisco Franco, respaldado por la totalidad de los mandos presentes, mantiene con el General una larga conversación, no exenta de tensiones, durante la cual pone todo su empeño en hacerle cambiar de opinión aportando para ello todo tipo de fundadas razones de índole militar, político, moral y económico. Tras la reunión se obsequió a Primo de Rivera con un almuerzo a cuyos postres Franco volvió a hacerse voz del sentir de los allí presentes, manifestando, entre otras cosas “…este que pisamos, Sr. Presidente, es terreno de España, porque ha sido adquirido por el más alto precio y pagado con la más cara moneda: la sangre española derramada. Cuando nosotros pedimos seguir adelante no es por nuestra comodidad y conveniencia, pues bien sabemos que, al cumplir la orden de avance, la vanguardia nos corresponde a nosotros y el camino de la conquista va regado por nuestra sangre y escoltado por los muertos que dejamos en la marcha. Rechazamos la idea de retroceder, pues estamos persuadidos de que España se halla en condiciones de dominar la zona que le corresponde y de imponer su autoridad en Marruecos…”. Aunque palabras tan duras y directas fueron criticadas por el Gral. Aizpuru, que iba en la comitiva de Primo de Rivera, éste terció entre ambos mandos volviendo a reunirse con Franco, mientras la oficialidad legionaria, en el exterior, mostraba, con respeto, pero sin esconderlo, su malestar por la sola idea de abandonar Marruecos. Fue en esta segunda reunión donde Franco adelantó al General su idea de que la victoria vendría de la mano de un desembarco en la retaguardia del terreno controlado por Abd-El-Krim, concretamente en Alhucemas, planteamiento que deslumbró a Primo de Rivera quien marchó de Marruecos con el ánimo cambiado y la firme intención de volver a reconsiderar su postura.

Durante Julio y Agosto de ese mismo año de 1924 el acoso de los rebeldes no cesa. Se combate duramente en las orillas del Lau; quedan cortadas las comunicaciones con Tetuán, Xauen y Tánger y se pierden los montes Gorgues que dominan Tetuán; sería Franco quien resolviera la situación recuperado los montes citados y logrando enlazar con los cerca de diez mil hombres cercados en condiciones insoportables en Xauen. La situación se volvió tan peligrosa y comprometida que Primo de Rivera autorizó una retirada estratégica de gran alcance. De acuerdo con ella se evacuaron todas las pequeñas posiciones desparramadas por Yebala y Gomara con el fin de reducir el despliegue, concentrándose las tropas españolas en asegurar las comunicaciones entre Tetuán, Tánger, Larache y Ceuta. El 30 de Octubre se abandonaba Beni Aros y el 15 de Noviembre se hacía lo mismo con Xauen, quedando La Legión, al mando de Franco, en el interior de la ciudad para ocultar al enemigo la evacuación asegurando el éxito de la retirada; por la noche los legionarios iniciaban su propia retirada cubriendo la retaguardia del resto de las tropas. Fuertemente presionados por los rifeños y bajo un diluvio de agua, la Legión evitó que se produjera una hecatombe similar a la de Annual, sirviendo de fuerza de contención protegiendo el repliegue hasta Tetuán; complicadísima maniobra que llevó casi un mes realizar.

Pero la maniobra de repliegue era mucho más sutil y perseguía un objetivo oculto añadido de mayor alcance, pues si con ella se conseguía la reducción de la zona a defender, así como la consolidación de las comunicaciones entre las ciudades costeras más importantes, el amplio terreno cedido a los rebeldes moros dejaba al descubierto el flanco del protectorado francés lindante con el español, hecho que, como se esperaba, excitó las desmedidas ambiciones de Abd-El-Krim que sin pensárselo dos veces comenzó a hostilizar a los galos. Tal realidad provocó un inmediato acercamiento, por fin real y sincero, de París a Madrid, algo que hasta ese momento no había existido, dando lugar a diversas conversaciones que concluyeron con un acuerdo secreto por el cual ambos países se comprometían a coordinar sus operaciones militares con vistas a destruir, de una vez por todas, al molesto e insolente Abd-El-Krim. Para ello, Francia reforzaría sus tropas en la zona e iniciaría acciones de hostigamiento y distracción contra los rebeldes moros; mientras, España, se comprometía al desembarco en Alhucemas, tras el cual se dirigiría directamente contra el corazón del territorio rebelde. Con todo ello quedaban sentadas las bases de la victoria y de la correspondiente pacificación del Protectorado.

A pesar de las opiniones contrarias de no pocos técnicos militares, tanto españoles como franceses; a pesar de que sólo en una ocasión en la Historia se había intentado una maniobra de desembarco de tal envergadura  –lo había sido por los británicos en la península de Gallipoli, en los Dardanelos, durante la I Guerra Mundial– resultando un rotundo fracaso, y en contra de la general opinión de propios y extraños –a excepción de los mandos de las unidades en Marruecos, con Franco a la cabeza–, Primo de Rivera impuso su criterio, nunca mejor dicho, y la operación de desembarco en la bahía de Alhucemas se llevó a cabo el 8 de Septiembre de 1925, dirigiendo la vanguardia, compuesta por unos 9.000 hombres, Franco al frente de sus legionarios. Primo de Rivera asumió personalmente la supervisión del desembarco y su responsabilidad directa caso de que fracasara. Pero la operación fue un rotundo éxito, pasando de inmediato a los anales de la historia militar, admiración del mundo entero y asignatura obligada de estudio por los aliados cuando años más tarde planifiquen el desembarco de Normandía durante la II Guerra Mundial.

Tras el desembarco, durante el cual se hubo de superar grandes inconvenientes y peligros, el día 22 se lanzaba una arriesgadísima operación en dirección al Monte Malmusi y Morro Viejo encomendada a la harca del Cte. Muñoz Grandes que permitió a Franco ocupar el día 23 dicho monte. El día 30 se pasa el río Tixdir y se ocupa el Monte de las Palomas. Finalmente, el 1 de Octubre se alcanza Amekram y se entra en Axdir, cuartel general y guarida de Abd-El-Krim, que huye en el último momento; éste, buen conocedor de la política interior tanto española como francesa, consiguió en los meses siguientes el apoyo de socialistas y pacifistas galos cuyas presiones obligaron al Gobierno de París a cesar en su colaboración con España.

Las operaciones militares continúan con éxito constante durante 1926 hasta conseguir el control total del Protectorado que quedaba definitivamente pacificado en Mayo de 1927, exiliándose Abd-El-Krim a la isla de Reunión (en el Pacífico), bajo protección francesa tras negarse las autoridades de París a entregarlo a España.

Terminaba así la pesadilla de la guerra de Marruecos y comenzaba el gobierno español sobre el Protectorado y, con él, largos años de paz y prosperidad hasta la concesión de su independencia en la década de los 50. Gracias al desembarco de Alhucemas, y por ende a Primo de Rivera, las bajas españolas anuales que venían rondando los 2.000 hombres pasaban a ser cero. El presupuesto para las fuerzas militares allí destacadas se reducía a la mitad. El prestigio internacional español subió hasta uno de sus niveles más altos como hacía décadas que no ocurría; sobre todo tras la pérdida de Cuba y Filipinas. Pero, además, quedaba en nuestras Fuerzas Armadas del momento una generación de mandos militares excepcionales de todas las graduaciones como hacía mucho que no existía, cuya demostrada profesionalidad, experiencia, valía, entrega, espíritu de sacrificio y patriotismo iba en breve a volver a ponerse a prueba y de nuevo a demostrar que a pesar de todo la España única posible y verdadera latía con ansia, esperando sólo la ocasión para combatir a esa anti-España que veía ahora, entre anonadada, avergonzada y rabiosa, cómo sí era posible la victoria y consiguiente pacificación del protectorado marroquí en cuanto al Ejército se le había dado el respaldo y la confianza que merecía, en vez de socavar traicioneramente su retaguardia moral y social mediante la subversión, la algarada y toda clase de prácticas revolucionarias.

* La gestión económica:

Fue sin duda espectacularmente exitosa, máxime si se tiene en cuenta que la «Dictadura» duró tan sólo seis años y medio. Su principal protagonista y artífice fue José Calvo Sotelo. Como resumen de su mandato al frente del Ministerio de Hacienda entre 1925 y 1929, podemos citar los siguientes datos:

• En 1923 el déficit presupuestario anual de España se cifraba en ochocientos treinta millones de pesetas; con su búsqueda y persecución de las bolsas de dinero negro existentes, Calvo Sotelo consiguió un aumento de los ingresos anuales en cerca de un setenta por ciento y ello con un aumento en gastos de tan sólo un veinte por ciento, lo que permitió sanear las finanzas del Estado sin tener que recurrir al aumento indiscriminado de los impuestos que siempre perjudican a las clases económicamente más débiles. El concierto de cupos con Vascongadas y Navarra, según el cual tales provincias abonaban al Estado unas cantidades anuales, obsoletas y sin revisarse desde 1877 –lo que dichas diputaciones callaban demostrando su insolidaridad con el resto de España–, se actualizó conveniente y justamente lográndose que ambas regiones abonaran al Estado tres veces más de la cantidad que venían aportando.
• La deuda pública estatal, que aumentaba antes de la «Dictadura» a razón de 5.100 millones de pesetas anuales, durante ella lo hizo sólo a razón de 415 millones de pesetas, y ello a pesar del espectacular aumento del gasto en obras públicas, ferroviarias, viviendas sociales, etc., que se realizaba.
• Calvo Sotelo consiguió también renegociar muy ventajosamente el pago de los intereses estatales de forma que, en vez de hacerlo mediante vencimientos anuales, lo que resultaba angustioso e impedía las inversiones por el volumen de dinero que suponía tal pago, pasó a pagarse en un plazo consolidado de sesenta años, lo que alivió muy especialmente tal problema.
• Se puso fin al lucrativo reparto del negocio del suministro de petróleo y carburantes derivados que venían estando en manos exclusivamente de la Standard y la Shell norteamericanas. Calvo Sotelo, nada más asumir la cartera de Hacienda impulsó la creación del denominado «Monopolio de Petróleos» a fin de que a través de él fuera el Estado español quien lo controlara y sacar un beneficio directo por litro vendido, evitando tales intermediarios. Además, con tal medida perseguía la nacionalización del refino, de la flota petrolera y la compra de pozos para ser explotados directamente por la nueva compañía estatal española.

Como es lógico, tal hecho, que constituyó un hito en la historia de España, le atrajo las iras de los poderosos monopolios petrolíferos internacionales que pusieron su gran poder de influencia socio-económica y política a trabajar desde entonces en su contra y, por ende, en contra de Primo de Rivera.

El citado nuevo monopolio se adjudicó a una empresa –la CAMPSA– participada por el Estado junto a treinta y un Bancos españoles, lo que a pesar de críticas y envidias, proporcionó a las arcas de Hacienda, en sus primeros cuatro años de vida, 200 millones de pesetas más de los que habría ingresado por los derechos de aduanas vigentes bajo el anterior sistema. Además, el precio del combustible experimentó una notable reducción.

• Se crearon el Banco Exterior de España y el Banco de Crédito Local. El primero, como instrumento de expansión comercial español en todo el mundo donde pudiera haber intereses españoles. El segundo, como forma de impulsar la renovación de industrias de todo tipo permitiendo que los empresarios accedieran a créditos en condiciones adecuadas. Además se crearon las “zonas francas” para modernizar el vetusto sistema aduanero español; una de las primeras y más beneficiadas, persistiendo en la actualidad, fue la “zona franca del puerto de Barcelona”.
• España logró en los años de la «Dictadura» una situación más que favorable en cuanto a reservas de oro; que, no obstante, sería en breve dilapidadas durante la II República para cubrir sus desafueros financieros.

* Orden público, educación y acción social:

Había sido el absoluto deterioro del orden público mínimo imprescindible para garantizar el desarrollo de una vida normal a la mayoría de los españoles, así como para permitir el necesario ejercicio de la autoridad, uno de los principales motivos que habían llevado al Gral. Primo de Rivera a decidirse por el pronunciamiento militar en 1923. Y fue en este campo donde con mayor prontitud y eficacia se hizo patente su gestión.

El 13 de Septiembre de 1923 se produce el pronunciamiento militar; el día 20 unos atracadores asaltan la Caja de Ahorros de Tarrasa. Detenidos a los pocos días los autores por el Somatén local, son juzgados en Consejo de Guerra sumarísimo, de acuerdo con las leyes proclamadas por la «Dictadura», sentenciados a muerte y ejecutados de inmediato. Con tal acción, así como con el nombramiento del Gral. Martínez Anido como ministro de la Gobernación (Interior), encargado especialmente del orden público, Primo de Rivera dejó claro que algo fundamental había cambiado en este campo. Así, si de 1919 a 1923 se contabilizaron en España más de 3.000 huelgas, durante el periodo dictatorial no pasarían de las 600; si en el mismo periodo se registraron cerca de 1.500 atentados, durante el gobierno de Primo de Rivera apenas llegarían a los 60.

El presupuesto de educación aumentó en un 78 por ciento; se crearon casi 6.000 nuevas escuelas, así como otros 2.700 centros educativos de diverso nivel; el número de plazas de nuevos maestros aumentó en 4.300; se crearon 32 nuevos institutos de enseñanza media; el nivel de alfabetización que en 1910 era del 50 por ciento se redujo al 35; se reformó el plan de enseñanza dividiéndose por primera vez en Ciencias y Letras; se concedió a la Universidad cierta autonomía y se creó el Patronato universitario; finalmente podemos citar la proyección y comienzo de las obras de la Ciudad Universitaria de Madrid para la que se cedió un terreno cercano a la Moncloa de 300 hectáreas, junto al que además se comenzó a construir el Hospital Clínico con capacidad para 1.500 camas.

Se mejoraron las condiciones sociales de los trabajadores al impulsarse una serie de medidas en tal sentido, contribuyendo a ello el notable descenso del paro por el considerable aumento de las obras públicas. La emigración, como consecuencia, se redujo en un cincuenta por ciento. El Gral. Martínez Anido desarrolló también una intensa labor de prevención sanitaria con especial atención a la plaga del momento que era la tuberculosis, creándose una extensa red de sanatorios, dispensarios y preventorios especialmente para niños. Se obligó a los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes a abrir un dispensario específico para prevenir y tratar tal enfermedad.

* Obras públicas:

Fue, sin duda, uno de los campos en los que la «Dictadura» generó mayor impacto, pues no en balde era también uno de los sectores más abandonados por los anteriores Gobiernos. La iniciativa correspondió al ministro de Fomento, Rafael Benjumea y Burín, Conde de Guadalhorce, quien diseñó un “plan decenal” que contemplaba inversiones de gran alcance: 1.411 millones de pesetas para mejoras y electrificaciones ferroviarias; 1.195 millones para nuevos tendidos ferroviarios –la red ferroviaria aumentó en 2.000 Km, siendo varios de sus tramos más importantes de doble vía–; 597 millones para puertos y la misma cantidad para la red de firmes especiales de carreteras –se construyeron 5.000 Km de nuevas carreteras, más 7.000 Km de firmes especiales, embrión de la red de carreteras radiales nacionales todavía hoy vigente en su trazado original–; 996 millones para aprovechamiento y regulación de cauces fluviales; diez millones para repoblación forestal y veinte para mejoras de puentes.

Se crearon las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Duero, Guadalquivir y Segura que aún hoy persisten; los embalses, cuya capacidad de almacenamiento sumaba en 1923 un total de 237 millones de metros cúbicos, se planeó, mediante la construcción de nuevos pantanos, que debía alcanzar en los próximos diez años la cantidad de 700 millones; debido a lo laborioso de dichas construcciones, el advenimiento de la II República impediría su realización, retomándose el proyecto por Franco tras la guerra de 1936-39.

* Hitos de la imagen exterior de España:

Impulsado por un acendrado patriotismo, Primo de Rivera no dudó en impulsar aquellas acciones que podían favorecer la imagen internacional de España. Entre otras destacamos dos que constituyeron entonces grandes hitos y correspondientes éxitos todavía no superados:

La financiación del vuelo del «Plus Ultra», un hidroavión Dornier Wall que despegó el 22 de Enero de 1926 del puerto de Palos, tripulado por los pilotos Ramón Franco –hermano de Francisco Franco–, Julio Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada que, en vuelo directo, cubrió por primera vez en la historia de la aviación mundial la travesía atlántica, llegando a Buenos Aires el 10 de Febrero tras hacer escalas en Porto Praia, la isla de Fernando Noroña, Río de Janeiro y Montevideo; emulando, con las lógicas diferencias, la aventura de Colón cuatro siglos antes.

Junto a ello, la inauguración en Sevilla y Barcelona, el 9 y 20 de Mayo de 1929 respectivamente, de la exposición internacional con un notabilísimo éxito de naciones participantes y de visitantes nacionales y extranjeros, algunos de cuyos pabellones permanecen en pie todavía hoy en ambas ciudades admirando a quienes los contemplan y que supuso la culminación de una inteligente labor en materia de relaciones exteriores.

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Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, unos y otros, como ya hemos anticipado, no dejaron de intentar poner cuantas zancadillas pudieron para provocar el fracaso y caída de Primo de Rivera, anteponiendo a los intereses de España y de todos los españoles, los propios partiditas, ideológicos y de poder. Así, no le faltaron al General graves y dolorosas espinas que socavaron su buena fe y comenzaron a acentuar su desgaste:

• El Cuerpo de Artillería del Ejército llevó a cabo una especie de sedición al negarse a acatar las nuevas disposiciones sobre ascensos y recompensas para unificar criterios entre las diversas Armas, que hasta la fecha eran distintos con privilegios de unas –en concreto la de Artillería– sobre las otras. Los artilleros, confabulados en contra de dichas nuevas disposiciones, provocaron la ira de Primo de Rivera que llegó a decretar la disolución de tal Arma y la expulsión del Ejército de sus componentes; bien que después tuvo que dar marcha atrás.
• El malestar en el seno del propio Ejército debido a lo que se consideraba larga y excesiva permanencia del General en el poder y, junto a él, del resto de miembros de tal institución transferidos a cargos públicos –desde Ministerios hasta Ayuntamientos–, que por ello se enfrentaban cada día a problemas ajenos a su condición de militares.
• Tomando como excusa la concesión a las universidades de Deusto y de El Escorial del privilegio de examinar a sus propios alumnos, se desató una injustificada ola de revueltas estudiantiles atizadas por la pujante Federación Universitaria Española (FUE), controlada por socialistas y comunistas –cuyos militantes no dudaron en provocar graves altercados públicos que obligaron al cierre de la Universidad de Madrid–, así como por la extemporánea dimisión de varios catedráticos de renombre como fueron Ortega y Gasset, Sánchez Román, Jiménez Asúa, Fernando de los Ríos o García-Valdecasas que, decididamente partidarios del derrocamiento de la Monarquía y su sustitución por una república, vieron la oportunidad de echar leña al fuego, conscientes de que el desgaste del General podría muy bien servir a sus propósitos, pues su caída arrastraría la de Alfonso XIII.

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  La tensión creada por las noticias que llegaron de Francia durante algunos meses según las cuales Francisco Maciá –ex-Coronel del Ejército, dominado por un exaltado radicalismo secesionista cuyas actitudes y acciones rayaban en lo demencial, habiéndose visto obligado a exiliarse en el país vecino–, líder del separatista e ilegal partido “Estat Catalá”, planeaba la invasión de Cataluña al frente de unas pequeñas huestes de fanáticos que terminaron por ser detenidos por la Policía francesa.

• También, el desgaste personal que le acarrearon al General ciertos devaneos sentimentales privados, en una sociedad que entonces miraba con lupa tales asuntos.

Cuando llega el año 1929 la «Dictadura» muestra síntomas de agotamiento. Los ataques directos o larvados de unos y otros no cesan; al contrario, arrecian. En España y en el extranjero, siempre por motivos egoístas, de partido, ideología o ambición de poder, sin tener en cuenta los logros conseguidos hasta el momento y en tan poco tiempo, se alzan cada vez más crecidas las iras contra el General de parte de los revolucionarios, incluidos los socialistas –hasta el momento tan beneficiados y colaboradores de su «dictadura»–; las derechas liberales, gran parte de cuyos líderes y máximos exponentes eran objetivo de investigación de parte del implacable Calvo Sotelo; los intelectuales republicanos, ansiosos de recobrar su perdido protagonismo y rencorosos por verse reducidos sólo a su labor educativa, privados del afán de protagonismo que tanto les gustaba; los militares descontentos y de algunos otros colectivos de diversa condición, todos los cuales van a aprovechar un acontecimiento ajeno a la gestión del General e inesperado para todos: el crack de la Bolsa de Nueva York que macará el comienzo de una profunda crisis económica mundial cuyas repercusiones se dejan sentir también en España.

Ante la hecatombe financiera mundial, el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, dimitía por la imposibilidad de continuar con sus planes de fiscalización de las bolsas de riqueza opacas y las injustificadas e improbadas críticas que recibe por un pretendido y falso descuadre presupuestario. A lo anterior se suma que las Cortes, reunidas con la intención de elaborar una nueva Constitución que de alguna forma diera sustento y continuidad a la nueva forma de gobierno implantada por Primo de Rivera, fracasan entre continuas peleas que recuerdan los peores momentos del Siglo XIX. Asimismo, la Unión Patriótica, fundada por Primo de Rivera en un intento de dotar a su gobierno de un partido político nacional capaz de encarnarlo y representarlo, se muestra baldío, ineficaz y más un espejismo que una realidad al no cuajar entre las masas.

Tamaños problemas, unidos a la desazón por las cada día más habituales defecciones de quienes le venían apoyando, generan en Primo de Rivera un cansancio psicológico tras seis años de continua lucha personal contra casi todo, que le provocan la pérdida de seguridad y confianza en sí mismo, abocándole a la dimisión. Puede afirmarse que su intento de reconducir la vida de España hacia cauces más honorables, desde los más ínfimos detalles hasta los asuntos más importantes, le obligaron a remover multitud de “bancos pintados”, a  zaherir seculares e inamovibles tabús, y a herir tal cúmulo de intereses creados, que al final de su mandato prácticamente todos los sectores vivos de la sociedad estaban en su contra por uno u otro motivo al no estar dispuestos a ceder de sus intereses particulares en beneficio de los generales de España.

El 28 de Enero de 1930, tras consultas con los altos mandos militares y los directores de la Guardia Civil y Carabineros, el Gral. Primo de Rivera presentaba su dimisión al Rey, poniendo fin a su etapa de gobierno. El 11 de Febrero partía al exilio voluntario fijando su residencia en el pequeño hotel Pont-Royal de la capital francesa. Tan sólo un mes después, el 16 de Marzo, lo encontraba muerto en la cama su hijo Miguel, víctima del agotamiento, la tristeza y la impotencia pues no dejaban de llegarle noticias de España que mostraban el nivel de miseria e inquina personal con la que unos y otros, ahora en su ausencia, no sólo se dedicaban al desmantelamiento de su obra, sino también a perseguir con saña inaudita a sus colaboradores más fieles y directos. Parece evidente que quien había aguantado años de trabajo continuo y abrumador con ilusión y generosidad, no pudo soportar la clásica y cainita reacción española de “hacer leña del árbol caído”. Hundido en una profunda tristeza, Primo de Rivera prácticamente se dejó morir. El 20 de Marzo su cadáver llegaba a la Estación del Norte de Madrid, celebrándose el funeral de cuerpo presente en la Iglesia de San Francisco el Grande.