La gran estafa de «lo público» y sus víctimas más devotas
Si usted, querido lector, es una persona joven, nacida a finales de los años 80, en los 90 o incluso después, tendrá una perspectiva diferente del mundo que quienes nacimos antes, pues, en un periodo relativamente breve, apenas dos o tres décadas, las cosas han cambiado de manera sustancial.
En el caso de España, en ese breve periodo, hemos pasado de la ilusión del establecimiento de la democracia al escepticismo y, posteriormente, a una desconfianza que exuda grandes dosis de cinismo. Cierto es que este problema no exclusivamente nuestro, sino que se reproduce en los países de nuestro entorno, en esos que llamamos “desarrollados”. Sin embargo, en España hemos transitado de una ingenua fe en la democracia al cinismo en tiempo récord.
La trampa del “contexto”
Así, por ejemplo, el secesionismo no era un problema grave, o al menos no lo parecía hasta hace relativamente poco. Es evidente que el virus del secesionismo estuvo presente desde el momento en el que el llamado “régimen del 78” echó a andar (hoy se ha hecho evidente), pero los que tenemos una edad confiábamos en que nunca se llegaría a la situación actual, de hecho, nos resultaba inconcebible. En nuestra generación solo una minoría muy minoritaria, catalanes incluidos, veía la secesión como alternativa. El resto ni se lo planteaba.
Hoy, sin embargo, para las nuevas generaciones el desencuentro y la confrontación entre determinados gobiernos regionales y el gobierno central es una constante. Y por lo que he indagado, muchos jóvenes han asumido esta situación como “normal”, es decir, como un estado natural de España, que, como diría Ortega, hemos de conllevar con estoicismo y sin demasiados aspavientos o, si acaso, buscar una solución creativa que flanquee el Estado de derecho. Al fin y al cabo, entre los científicos sociales, políticos y periodistas actuales lo que prima es el “contexto”, que es una forma de anteponer a la verdad histórica las condiciones del presente, aunque estas condiciones no surjan de una voluntad mayoritaria, sino de la imposición de minorías bien organizadas.
Así, gracias a ese “contexto”, lo que se les hurta a los jóvenes y no tan jóvenes es que para pinchar la burbuja secesionista habría bastado con que los grandes partidos, los de entonces o los de ahora, se hubieran colocado juntos del lado del Estado de derecho, en vez de usar el “problema catalán” como munición partidista. Incluso hoy bastaría una alianza de las fuerzas que podemos llamar constitucionalistas para que el secesionismo dejara de ser un problema acuciante. Sin embargo, los líderes políticos están más interesados en hacer electoralismo, y conservar su parte de la tarta, que en resolver problemas. Dicho en otras palabras, los partidos se han convertido en un fin en sí mismos.
Con todo, y a pesar de que el secesionismo es probablemente el problema más acuciante, me gustaría llamar la atención sobre otro gran problema del que son responsables todos los partidos y sobre el que las nuevas generaciones no son muy conscientes (y a lo que parece tampoco buena parte de las viejas), y no lo son precisamente por haber crecido condicionadas por ese “contexto” prefabricado al que aludía antes.
Por qué “lo público” es hoy el peor enemigo de los jóvenes
Se ha dado por cierto que el mantenimiento del Estado de bienestar y su estructura, a la que se suele aludir con un concepto tan difuso como “lo público”, necesitan de un gasto siempre creciente, porque cuanto más desarrollado es un país, más necesidades sociales deben asumir sus administraciones, aunque estas necesidades no sean ni mucho menos vitales. Así, con el paso de los años, progreso y gasto se han convertido, por así decir, en una pareja de hecho a la que solo le falta un pequeño empujón para consagrarse.
Este matrimonio de conveniencia entre progreso y gasto público es el mayo enemigo de los jóvenes. Y lo es por dos razones. La primera, porque la defensa del gasto creciente sirve para ocultar ineficiencias graves en los servios públicos, como, por ejemplo, en el sistema educativo, que es peor que deficiente, y donde las universidades se han convertido en auténticas fábricas de parados o mileuristas. Y la segunda, porque el sobrecoste del Estado impacta de manera crítica en las rentas, y no precisamente en las medias y altas, porque éstas, a pesar de pagar impuestos más elevados, dejan margen suficiente para vivir sin estrecheces. Es en el salario más habitual, que en España se sitúa en 16.000 euros brutos/año (1.374 euros brutos al mes), donde el peso de las administraciones, traducido en presión tributaria, se vuelve insoportable. Y puede significar la diferencia entre permanecer en la legalidad o desplazarse a la economía sumergida. Dicho de otro modo, es la diferencia entre ser un paria o subsistir mínimamente.
Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los más jóvenes? Al fin y al cabo, no se trata de grandes causas, como el ecologismo, el feminismo o el igualitarismo. Ya, parece bastante prosaico, pero resulta que, dentro de esa horquilla salarial, la que va del salario más habitual hacia abajo, es donde se encuentra precisamente la mayoría de los jóvenes, descontando, claro está, los que permanecen en el paro.
Así pues, por mucho que los gobernantes les reconforten con las bondades de “lo público” y les prometan que serán los ricos los que sufraguen los constantes incrementos del gasto, de una forma u otra, mediante impuestos directos o indirectos, acabarán pagando ellos. Porque lo cierto es no hay ricos ni empresas milmillonarias suficientes para sufragar tanto derroche.
Como hamsters en una rueda
No se trata de colocarse a un lado u otro del eje político, sino de ampliar la perspectiva olvidando las etiquetas ideológicas. Para lograrlo, basta con retroceder en el tiempo y segregar algunos datos para demostrar que el Estado de bienestar actual, lejos de proporcionar más y mejores servicios, se ha convertido en un lastre para la prosperidad de todos y, muy especialmente, de las nuevas generaciones. Y no me refiero solo a la herencia de una deuda que roza el cien por cien del producto interior bruto.
Situémonos, por ejemplo, en 2001 (menos de dos décadas atrás), un año en el que España no solo ya no era una nación repudiada, sino que, muy al contrario, era tenida por una democracia y una potencia emergente. En 2001 la sanidad y la educación eran públicas y, de hecho, más eficientes que ahora, especialmente la sanidad, los salarios todavía no se habían estancado y la burbuja inmobiliaria estaba lejos de alcanzar la dimensión que alcanzó en los días previos al estallido de la Gran recesión de 2008. Pues bien, en 2001 el gasto público del conjunto de administraciones era de 269.026 millones de euros. 17 años más tarde, en 2018, ese gasto había alcanzado el medio billón de euros, concretamente 499.520 millones, es decir, casi se ha duplicado.
Otra constante ha sido el aumento del número de empleados públicos. En 1981 las administraciones sumaban 1.606.000 empleados; en 2001, 2.243.000; y en 2018, 2.583.494. En este último año, en un solo semestre, concretamente el segundo, las administraciones incrementaron en 22.111 nuevos empleados sus plantillas.
Y la pregunta es: ¿tenemos servicios públicos mejores que en 2001 o, en su defecto, subsidios más generosos? No, ni mucho menos. Si acaso, siguiendo esa regla de oro del progreso, según la cual el Estado debe multiplicar sus atenciones a medida que un país se desarrolla, la tipología de los servicios y, sobre todo, de las subvenciones se ha disparado (en subvenciones se gastan más de 30.000 millones al año), de tal suerte que se ha generado una maraña de gastos tan compleja e intrincada que resulta muy complicado averiguar en qué se gastan el dinero las administraciones y, menos aún, si muchas partidas están justificadas.
Por otro lado, si el Estado de bienestar fuera eficiente, y en verdad el incremento del gasto sirviera para mejorar “lo público”, los españoles deberían haber notado un salto significativo en ese espacio de tiempo, porque mientras en 2001 el gasto público per cápita era de 6.459 euros, en 2018 había escalado hasta los 10.689 euros: un incremento de más del 40 por ciento.
Habrá quien argumente que la población actual es sensiblemente más numerosa que en 2001. Cierto, así es, pero ni mucho menos se ha duplicado. En 2001 España tenía 40,85 millones de habitantes. Y en 2018, 46,72 millones. Es decir, la población española creció entre 2001 y 2018 un 14,4 por ciento, muy lejos del 40 por ciento de incremento del gasto público.
Aun así, se impone la creencia (ya saben, el “contexto”) de que incrementar el gasto se traduce automáticamente en la mejora de “lo público”. Esta creencia se propaga no solo través de los partidos presuntamente de izquierdas, sino también a través del centro y la derecha. No olvidemos que la mayor subida de impuestos de nuestra historia la llevó a cabo un partido supuestamente conservador. Y es que, en los países de nuestro entorno se ha establecido la idea de que el peso del Estado en el PIB ha de ser al menos del 40 por ciento, esta magnitud es como una especie de proporción áurea. Y como en España estamos dos puntos por debajo del mágico guarismo, la idea de que hay margen para aumentar la presión tributaria es compartida por todos los partidos.
Llegados a este punto les voy a contar un secreto, nuestro gasto público no solo ha coronado el 40 por ciento del PIB, sino que lo ha superado hasta alcanzar el 41 por ciento. El déficit no cae del cielo. No es de extrañar, por tanto, que los partidos, cuando gobiernan, estén mucho más dispuestos a subir los impuestos que a optimizar el gasto. Al fin y al cabo, lo primero puede justificarse con la defensa del Estado de bienestar, argumento que siempre encuentra eco mediático (de ese gasto viven muchos grupos de intereses, entre ellos, los medios de información), mientras que lo segundo supone un coste político que ningún partido está dispuesto a asumir. De ahí que todos los gobernantes se presentan ante los ciudadanos como los campeones del gasto social, porque, como ya digo, el contexto manda… hasta que el contribuyente aguante.
Necesitamos una cultura distinta
Cuando muchos se preguntan qué debe hacer el centro o la derecha para tener una identidad propia, deberían releer el viejo discurso de cierta dama de hierro y detenerse especialmente en la parte que dice “Creo que los partidos y las elecciones son algo más que listas rivales de promesas varias; de hecho, si no lo fueran, la democracia apenas valdría la pena preservarla.” Porque, precisamente, eso son en gran medida los partidos españoles, listas de promesas y regalos con trampa.
Pero no se confundan. Todo este argumentario no tiene como finalidad defender simples reducciones de impuestos, sino promover una cultura alternativa, donde la democracia no consista en elegir al partido que más recursos dilapide. Se trata de proponer una democracia distinta, donde las personas asuman mayor protagonismo, tengan más capacidad de iniciativa… y, en consecuencia, mejores expectativas de futuro. Ese es el “contexto” alternativo, casi revolucionario, que, por su propio bien, deberíamos inculcar a los jóvenes. Y también a nosotros mismos.
Para Disidentia
