La incongruencia de una derecha conservadora y abortista

Por Luis Alberto De la Guía Escobar

21/08/2023 España

Hay comportamientos, aptitudes y decisiones que resultan difíciles de entender por mucho que uno se esfuerce en hacerlo, aunque sea amparándose en la mayoría de los casos, en la buena fe. Y me refiero no tanto a las manifestaciones vertidas en un panfleto demagógico redactado para conseguir un rédito electoral, cuanto a la ceguera necedad e incuria de cuantos abdican de sus principios, de esos “valores inconmovibles” que dicen defender y de los que desgraciadamente se olvidan en aras a mantener sus prebendas, justificando un comportamiento aberrante, carente de la más absoluta ética y moralidad.

Es el caso de los dirigentes de esos partidos políticos que representan a la derecha española,  y de sus votantes.

Que el Partido Popular es un partido que defiende el aborto, no cabe ninguna duda, con independencia de los maquillajes que se quieran hacer a la hora de manifestarse a favor o en contra del crimen legalizado, sobre todo para asegurar el voto del sector más conservador. Maquillaje que se hizo más patente que nunca con ocasión de la mal llamada «contrarreforma» del aborto, impulsada por el que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Y digo la mal llamada “contrarreforma”, por cuanto no estaba destinada a combatir los efectos adversos y criminales de la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. No se buscaba la derogación de la ley, cuanto una mera restricción al “derecho” a abortar. Se permitía abortar voluntariamente en dos supuestos concretos: en caso de violación y por «menoscabo importante y duradero» para la salud física y psíquica de la mujer o del feto. Pero ni siquiera esta propuesta (de suyo inaceptable), salió adelante. Se limitaron a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, escondiendo su deleznable incuria moral.

Por fin y tras más de diez años de espera, el Constitucional de la mano, cómo no, de Cándido Conde Pumpido, venía a avalar la ley del aborto de 2010. Y al líder de los populares, Núñez Feijóo, le faltó tiempo para asegurar que ahora su partido sí apoya esa ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que establecía el aborto como derecho, aunque rápidamente fue maquillado, en referencia a los plazos que establece la norma para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. Reivindicar el derecho al aborto y reconocerlo legalmente, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo: el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás.(1) Espero Sr. Feijóo que esta manifestación que sin duda ha aflorado de su subconsciente, suponga a la larga el fin de su nefasta carrera política que es en suma lo que usted merece y lo que España necesita.

Por cierto, el mismo Tribunal que hoy avala la ley del aborto de 2010, manifestaba en sentencia 53/1985 que el derecho a la vida “constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”, por consiguiente, aseguraba el Constitucional en la misma sentencia, el “Estado tiene dos obligaciones en relación con la protección del no nacido: Por un lado, abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación; y por otro lado, establecer un sistema legal para la defensa de la vida”.

Parecía que con la llegada del partido de Santiago Abascal se abría, al menos temporalmente, una puerta a la esperanza de vida cuando en su programa electoral anunciaba claramente la derogación de la Ley del aborto:

1. 360. “ Defenderemos el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabaremos con la cultura de la muerte. Para ello, comenzaremos por la derogación de la Ley de la Eutanasia y la Ley del aborto libre”.

Hubiera bastado esta sola afirmación para concienciar al electorado de su firme convicción y propósito de erradicar definitivamente el crimen legalizado y consentido. Sin embargo, en su programa se proponen otras medidas que siembran una duda razonable; máxime que no aclara si taxativamente se opone al aborto o por el contrario se trata de una preterición consciente en la que subyace el propósito de implementar, en su caso, una ley de supuestos para permitir la interrupción del embarazo en algún caso específico, como ocurría con la propuesta de Ruiz-Gallardón.

Qué sentido tiene si no el punto 117 de su programa donde se “garantiza la libertad de conciencia de todo el personal sanitario, para que no sea forzado a actuar contra su conciencia ante las imposiciones de la cultura de la muerte (aborto o eutanasia) …”. Si ciertamente se deroga la Ley del aborto, y está en su mano el hacerlo, nadie se vería en la necesidad de aducir su objeción de conciencia, pues de facto habría desaparecido la obligación emanada de un imperativo legal. Y no cabe aducir que el texto se refiere a otro supuesto distinto, pues claramente se hace referencia al aborto o eutanasia.

Además se defiende el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo que habrá de incluir la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica, la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D. Y yo me pregunto, si a pesar de todas las medidas propuestas, la gestante decide abortar, ¿qué ocurre? ¿Se le permitiría seguir adelante?

Cualquier razón esgrimida, aun siendo grave y dramática, jamás puede justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente.(1)

Sr. Abascal, cuando estamos ante una legislación criminal que condena a muerte al no nacido, no caben parches ni soluciones intermedias. Bien está que además se adopten medidas de ayuda para la mujer gestante; pero ello no es suficiente. No basta con derogar la Ley del aborto; es preciso además que su práctica sea constitutiva de delito y así quede refrendada en el Código Penal. Usted, como representante directo de un partido que aspira a tener representación en el Congreso, asume una doble y gravísima responsabilidad moral: Su propia actuación y la de los miles de votantes que le van a confiar su voto, (máxime cuando usted y su partido propugnan la defensa de los valores tradicionales católicos).

Por eso y desde estas líneas, conmino a D. Santiago Abascal Conde para que afirme categóricamente su postura y la del partido que representa, en relación a la legislación del aborto, pues la vida de un inocente jamás podrá estar sometida a un programa de condiciones o circunstancias. Y lo hago desde la fuerza moral que, como católico, me otorga la grave e ineludible obligación de oponerme a tan nefanda ley. (2) Y aunque no soy seguidor de VOX, espero y deseo que sea ésta y no otra la posición que usted y su partido defienden, por el bien de nuestra Patria.

Me gustaría finalizar estas líneas haciendo una profunda y seria reflexión a la vez que un llamamiento no sólo a los votantes de cualquier partido político, (siempre que mantengan unas convicciones religiosas), sino a esa Iglesia española timorata y connivente con el poder establecido.  El aborto no es ningún derecho; antes bien, es un crimen execrable que siempre ha estado condenado por la Iglesia, bajo pena de excomunión. Por consiguiente debería ser obligación ineludible de sacerdotes y obispos, advertir desde los púlpitos o pastorales, del grave peligro de excomunión de quienes voten a esos partidos políticos que en sus programas no condenen taxativamente el aborto. No se puede ir a Misa y comulgar, cuando después se apoya con el voto a un partido que legaliza o consiente el aborto.  No sólo el que sanciona, legisla, pide o practica el aborto es culpable. Quien vota a un Partido que consiente el aborto o quien teniendo en sus manos la posibilidad de erradicarlo se duerme en una indolencia mortal e imperdonable y no lo hace, es tan culpable como el que lo practica. Y ha de quedar patente en el pensamiento de todos, que quien así lo haga será reo de excomunión latae sententiae, es decir, automática, sin necesidad de que sea impuesta por un superior legítimo o declarada por sentencia de un tribunal eclesiástico (ferendae sententiae).

(1)  Juan Pablo II. Encíclica Evangelium Vitae de 1995

(2) Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae de 1995 señalaba contundentemente: “El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas”.