La instrucción por los jueces o por los fiscales

Hace unos años se unificaron las oposiciones a jueces y fiscales, es decir, realizan el mismo examen, y luego el opositor aprobado elige cuerpo al que quiere ingresar, en función de su puntuación, plazas disponibles, etc.

Recientemente me comentaba un brillante opositor que en el centro de formación les aconsejaban que si querían actuar profesionalmente con independencia, eligieran ser jueces, pero que si aspiraban a trabajar en equipo, estar tutelados por el jefe y los compañeros, en definitiva, actuar subordinadamente, pidieran ser fiscales.

Los criterios antedichos no me parecen mal, y creo responden bastante a la realidad. Y así resulta de la legislación aplicable al efecto, como vamos a ver a continuación:

Independencia de los Jueces:

Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 12:

  1. “En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial.
  2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan.
  3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional”.

Artículo 417 (de la responsabilidad disciplinaria). Son faltas muy graves:

  1. “La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado”.

Subordinación de los Fiscales:

Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:

Artículo 62 (de la responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal): “Se consideran faltas muy graves:

  1. El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito en la forma establecida en este estatuto, cuando de aquél se haya derivado perjuicio en el proceso o alteración relevante en el funcionamiento interno de la Fiscalía”.

Artículo 66: “Las sanciones que se pueden imponer a los fiscales por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:

  1. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta trescientos euros o con ambas; las graves, con multa de trescientos euros a tres mil euros, y las muy graves, con suspensión, traslado forzoso o separación”.

En resumen, se ha pretendido hermanar a los jueces y fiscales, aunque más que de hermanamiento habría que hablar de primos hermanos, y en algunos casos, simplemente de primos…, pues no es de recibo que los jueces puedan perder la instrucción de los procesos penales, en beneficio de un cuerpo tan sometido a los poderes políticos como es la fiscalía.

Para Legal Today


3 respuestas a «La instrucción por los jueces o por los fiscales»

  1. Con esta sucinta explicación se entiende con claridad que el traspaso de la instrucción de los jueces a los fiscales es una “maniobra envolvente” (utilizando un término militar) para acabar con la independencia judicial subordinándola al poder ejecutivo o político.
    Porque la fiscalía ¿de quien depende?…. ¡¡¡del Gobierno!!!
    Pedro Sánchez, Dr. Cum Fraude dixit

    1. Excelente y brillante sintesís del quid de la cuestión, que suscribo totalmente.
      Mis felicitaciones por ella.
      Admiro a las personas que son capaces de decir con pocas palabras lo que a mio me cuesta de quinientas a mil palabras.

  2. Felicitaciones al autor por tan brillante exposición.
    Está claro que el Gobierno «cum fraude» que sufrimos en España, no va a tocar y reformar una materia, -la que sea-, para mejorarla, mucho menos algo tan importante y tan trascendente como la Justicia, y la represión política (cuando no la protección de la corrupción) disfrazada de Justicia, que se ejerce solapadamente a través de la misma. Está claro que cuando el Gobierno acomete un trabajo es para sembrarlo de estiércol, de basura en todos los aspectos, y de prostituirlo hasta extremos inimaginables, porque lo que se ve es sólo la punta del iceberg.
    La Fiscalía, a mi modo de ver, y no lo digo por decirlo sino a la vista del panorama de lo que llevo visto, es, en términos generales (es decir al margen de que en un determinado lugar haya un Fiscal como Dios manda, que no digo que no, también existen los billetes de 500 € aunque yo no lo haya visto nunca) una institución que ha perdido totalmente el crédito de una institución que vela por la legalidad, por mucho que de esto rara vez se hable. En España no habríamos alcanzado los niveles de corrupción que hemos alcanzado si la Fiscalía de verdad hubiera tenido un sentido ético, se hubiera sentido vinculada por la Constitución, la Ley y el Derecho, y hubiera actuado como es debido, conforme está llamada por la Constitución: art. 9, 1º “Todos, ciudadanos y poderes públicos, están sometidos a la Constitución, a la Ley y al Derecho”. “Todos” incluye también a los poderosos, y también a los propios jueces fiscales. Eso es inapelable. Lo que ocurre es que resulta muy cómodo dejarse arrastrar por la corriente, y estar siempre en lo «políticamente correcto» o incluso recibir a cambio la medalla de San Raimundo de Peñafort, el piso de 180 metros en el edificio de la Audiencia Provincial y dame pan y dime tonto.
    El precepto constitucional que regula la Fiscalía es el art. 124 CE que establece que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa:
    – de la legalidad,
    – de los derechos de los ciudadanos
    – y del interés público tutelado por la ley,
    de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
    Cualquiera que se mueva en este mundo sabe que la Fiscalía, fuera del ámbito de los “robagallinas”, cuando la cuestión tiene cierto matiz político, en no pocas ocasiones ha desertado de todas estas defensas, con honrosas excepciones, (tan honrosas como escasas).

    1.- Si la Fiscalía saliera en defensa de la legalidad al margen del matiz político del caso (art. 9,1º y 14 CE) las denuncias de VOX contra el separatismo catalán y contra muchas cosas más habrían llegado tarde, porque se habrían encontrado al ir a presentarlas que la Fiscalía se habría anticipado, habría hecho su trabajo, y ya las habría presentado. Y sin embargo todos sabemos que no es así, y si no es por VOX, que en esto justo es reconocer que ha hecho su trabajo, nada se habría hecho. Pobre legalidad, -en este tema y en todos los demás-, si su defensa dependiera o quedara en manos únicamente de la Fiscalía. Lo hemos visto también con las denuncias que ha puesto la gente contra la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno, que el Fiscal Navajas ni siquiera se ha molestado en guardar las formas, aunque sólo fuera por aparentar, sino que sin ni tan siquiera hacer un mínimo de instrucción, que le permita tener un mínimo conocimiento del caso antes decidir, sino que sin mirarlas directamente las ha tirado todas a la papelera en bloque. Menuda defensa de la legalidad es esa. Y no hay ningún tipo de legalidad ni de responsabilidad contra esta actuación arbitraria (la arbitrariedad está prohibida en el art. 9, 3º CE) porque las normas disciplinarias que en este artículo se citan, se aplican o no se aplican dependiendo del matiz político que tenga la cosa, si sale un juez o un Fiscal que no mira para otro lado en un determinado asunto o que es garantía de legalidad y justicia cuando la extrema izquierda exige otra cosa, pues ese juez o ese fiscal se arriesga a que lo pongan en la calle, que no ha sido el primero. Y si es otro que hace lo que al Gobierno le gusta, pues ya sabe que lo encumbran de momento, y las televisiones los presentan de momento como un gran jurista aunque no tenga ni idea de nada (como con harta frecuencia ocurre) y como juez o fiscal sea un inepto total o incluso algo peor, como ha pasado con tantos que han sido presentados como dioses y como héroes (Garzón, Marlaska, la ministra Vogue que es una vergüenza que pueda presidir a dia de hoy el Consejo de Estado cuando no tiene nivel ni para hacer las fotocopias, etc) y luego se ha visto que profesionalmente eran unos ineptos totales, pero no hay nada como la propaganda televisiva para aparentar lo contrario y para crear ídolos que luego son de barro, de barro cenagoso y pestilente.

    2.- En segundo lugar, en cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, se podrían dar muchos ejemplos de que no hay tal defensa, pero para muestra un botón, y ahí está no ya el caso sangrante de la Fiscalía del odio en funciones de policía política, al viejo estilo de los regímenes comunistas del otro lado del Telón de acero, para perseguir la disidencia y negar los derechos de libertad ideológica, de pensamiento, expresión, de cátedra etc garantizados constitucionalmente, pero que en la práctica se niegan a los tachados de «franquistas», «fascistas » etc. (con el pretexto del art. 510 CP creado “ad hoc” al efecto, que el único supuesto genocidio que no se puede negar es el que todos sabemos, los demás dan igual, y el único régimen que no se puede rehabilitar es el alemán de los años 30, el resto por muy tiranos y criminales que sean, esos no cuentan, lo cual da idea de la clases de leyes, de políticos que hacen estas leyes, y de policías, jueces y fiscales que se prestan a aplicarlas sin ningún escrúpulo, que tenemos en España) a los que no piensan como ellos en un claro caso de discriminación y de instrumentalización de la fiscalía para fines contrarios a su verdadero significado; sino que ahí está en términos más generales el procedimiento especial en el ámbito contencioso-administrativo, de protección de Derechos Fundamentales de la persona, en el cual el Ministerio Fiscal es parte en dicho procedimiento, y yo ya hace años que no veo que la Fiscalía se posicione a favor de la víctima de la violación de los Derechos Fundamentales, que esto cada día se hace más raro, pero sí conozco un caso en el que las alegaciones contrarias a la protección que presenta el Fiscal las aprovechó el representante procesal de la Administración (Abogado del Estado) para elaborar las suyas, convirtiéndose el fiscal en una especie de primer abogado de la Administración que le abre el camino al segundo, cuando la posición del ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos no es para coadyuvar a defender la Administración acusada de violación de Derecho Fundamentales, sino como garantía de protección para la víctima; y cuando el plazo para contestar a la demanda del Abogado del Estado y del Fiscal no es un plazo sucesivo sino común y simultáneo para ambos, porque una de las características de este procedimiento es su sumariedad y preferencia, que se pierde si los plazos simultáneos se convierten en sucesivos para que el Abogado del Estado se pueda beneficiar de las ocurrencias del fiscal.
    O tenemos también el caso de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde la Fiscalía también aquí coadyuva, en lugar de combatirla como sería su obligación constitucional, al índice de inadmisiones a trámite que acuerda el Tribunal, de los Recursos de amparo que estérilmente presentan los ciudadanos en defensa de sus Derechos Fundamentales (que se suponen son inviolables: art. 10, 1º CE), y sin embargo se inadmiten a trámite, esto es, se tiran a la papelera sin resolverlos por el Tribunal Constitucional, en un porcentaje que se acerca al 100%, (tal porcentaje de inadmisiones hace papel mojado el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales: art. 10, 1º CE), y la Fiscalía si de verdad defendiera la legalidad y defendiera los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, como es su obligación constitucional (art. 124 CE) y por eso son parte en esta clase de procedimientos, en garantía de tales Derechos, se opondría a esas inadmisiones sistemáticas (es el único legitimado por la Ley para hacerlo, ya que contra las mismas los interesados no pueden interponer ningún tipo de recurso, ni siquiera el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ), y sin embargo la Fiscalía es cómplice. Y luego hay que oir, como ayer, a la Ministra de Exteriores comparar a la Rusia de Putin y a España y decir que en España todos los ciudadanos tienen garantizados los Derechos Fundamentales, cuando eso no es verdad ni de lejos, porque para que eso fuera verdad la Constitución como norma jurídica no debería ser lo que cada día es más, -papel mojado-, debería recuperarse el art. 5, 4º LOPJ para que bastara la invocación de infracción de precepto constitucional para tener acceso al Recurso de Casación Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Supremo, precepto que estando en vigor se encuentra en la práctica derogado de facto porque hay una negativa por la vía de hecho a asumir su tenor por parte del Tribunal Supremo, y los Recursos de Casación ante el Tribunal Supremo y los Recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, en lugar de inadmitirse el 98% y el 97%, respectivamente, se resolverían todos, en el sentido que resultara procedente, pero resolviéndolos sobre el fondo para de verdad garantizar la protección de los Derechos Fundamentales y el principio de Tutela judicial efectiva, que en España hace 30 años que no se cumple, mientras en los telediarios se les hace creer a la gente lo contrario.
    Si la Fiscalía fuera de verdad lo que debería ser, ¿habría podido ser arrancada la Cruz de Aguilar de la Frontera y tirada a un vertedero como si fuera una lavadora vieja o un lavabo roto, mientras la Srª Fiscal del odio en particular y su Jefe de la Fiscalía provincial ni están ni se les espera?. Que en lugar de un símbolo cristiano hubiera sido un símbolo religioso de una sinagoga o de una mezquita, lo que habrían tardado en tirarse de cabeza a actuar a saco y con todas sus fuerzas, y las televisiones abrir sus telediarios en plan sensacionalista.

    3.- En cuanto a la defensa del interés social tutelado por la ley, no quiero contribuir al aumento de suicidios en España, pero en este tema, como en los dos anteriores, a la Fiscalía ni está ni se la espera. Recordemos el caso de 2015 cuando los afectados por el fármaco denominado Talidomida, con tremendas secuelas (sus madres, estando embarazadas de ellos en los años 50 y 60 consumieron este fármaco, y les provocó a los fetos gravísimas malformación con las que han tenido que convivir), y a pesar de que la farmacéutica había reconocido su responsabilidad en su país de origen, Alemania, y los Tribunales alemanes habían reconocido la culpa de la farmacéutica y habían fallado en su contra y a favor de las indemnizaciones a los afectados (que bastante tenían con convivir con sus terribles secuelas), sin embargo en España, que el interés social tutelado por la Ley está desaparecido desde poco después de que ordenaran quitar los crucifijos de los Tribunales de Justicia, la sentencia fue en contra de los afectados y a favor de la impunidad de la farmacéutica, porque según el Tribunal los hechos habrían prescrito, como si unas secuelas permanentes, que se siguen padeciendo toda la vida, pudieran prescribir nunca, como si el Tribunal Supremo desconociera el concepto de infracciones continuas y las permanentes. Y de aquí podemos pasar a la doctrina Botín, al 11M, y a todo lo demás. Y la fiscalía como convidada de piedra.
    La Justicia es una categoría ética y jurídica que está desaparecida en España hace décadas. Todo está infectado por el interés, la corrupción política, el lavado de cerebro (muy importante al que luego nos referiremos) y el dinero. Eso de que Franco se levantó «contra la legalidad constituida» es una patraña porque ¿dónde estaba la «legalidad constituida»?, ¿en el asesinato del líder de la oposición Calvo Sotelo sacado de su cama en su casa a las tres de la mañana por los escoltas del gobierno y asesinado de un tiro en la nuca como en las películas de gansters?, ¿esa es la legalidad constituida?, menuda patraña. Y ahora no estamos mucho mejor.
    Si algo caracteriza a la España actual, como aquella, porque ambas son del Frente Popular, es la falta de Justicia, y la existencia de leyes y de decisiones políticas y de gobierno, a todos los niveles, que no buscan la Justicia sino todo lo contrario, la iniquidad, la descomposición nacional, y la pura injustica en grado superlativo. La Justicia, en lugar de haber impedido este actual estado de cosas, o al menos haberla combatido, forma parte del círculo del Mal. Esto sin entrar en el Caso Royuela, porque si entramos entonces, de confirmarse, habría que pedir la aplicación del art. 22 CE: las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, y a lo mejor habría que disolver a la Fiscalía.
    Dejar la instrucción de los asuntos en manos de los Fiscales, después de oir la conversación de la hoy Fiscal General del Estado sobre la extorsión mediante métodos «vaginales» y ella riéndose como una gracia, o cómo en Cartagena de Indias ella vió lo que vió hacer a sus compañeros, (que son los que luego dictan sentencias o mantienen acusaciones y pueden estar chantajeados) o después de ver cómo el Fiscal Iron-man en el caso de la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham-Pablo Iglesias, se intercambiaba el teléfono con la minifaldera letrada de Podemos, o el Fiscal del odio de Jerez pedir más pena contra el Brigada «franquista» que la propia Letrada de la acusación particular del Diputado de Podemos (desconozco si en este caso pudo haber también intercambio de teléfonos o no), o como la Fiscalía mira para otro lado en el escarnio de tirar arrancar y tirar la cruz de Aguilar de la Frontera aun vertedero, dejar la instrucción en manos de la Fiscalía, viendo el «nivel» de esta fiscalía (ya de la Fiscalía del odio ni hablamos, para evitar los suicidios), me parece una auténtica aberración, que no puede tener más finalidad, por flagrante y grosera, que ya el mamoneo total sin careta, de subordinar la instrucción de los delitos a la decisión política de su instrucción (o no) por parte del Gobierno a un órgano político como es la Fiscalía que ha renunciado, -desertado para ser más exactos-, a su función constitucional y a una actuación objetiva contra la ilegalidad y criminalidad «venga de dónde venga». Cuando vemos que primero miran a ver de dónde viene, y luego dependiendo, actúan. Qué ocurriría si un juicio de Nuremberg investigara y estudiara las denuncias de los ciudadanos que recibe la Fiscalía y que ésta archiva, unas veces con razón pero muchas otras sin ella, porque el que se mueve no sale en la foto.
    Ahora bien, sentado lo anterior, para acabar con la independencia judicial tendría que existir previamente esa independencia judicial, es decir no se puede acabar con lo que no hay (al menos en los órganos judiciales medios y superiores), pero efectivamente la maniobra del gobierno es erradicar de cuajo todo resto que pueda quedar de independencia judicial y de sentido ético en algún juzgado perdido o en la mente de algún un juez que no se haya vendido, que todavía no se haya enterado que según la extrema izquierda que nos gobierna, la Justicia tiene que estar al servicio del comunismo, y para eso toda trampa judicial es válida, y toda actuación legítima que lo impida será perseguida disciplinariamente y con saña, y ahí está por ejemplo el caso del Juez decano de Talavera de la Reina (Toledo), D. Fernando Presencia, que por atreverse a denunciar el presunto caso de corrupción del Fiscal jefe, que, según él ha denunciado, habría recibido un chalet , ha sido expulsado de la carrera judicial no el Fiscal supuestamente corrupto sino el juez que se ha atrevido a denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial. El mismo CGPJ que está viendo todo lo que se publica en youtube relativo al llamado «Caso Royuela», y que es un escándalo, o debería serlo, que con independencia de que el caso sea cierto o no lo que se denuncia, lo que está claro es que el CGPJ tendría que haber tomado cartas en el asunto para esclarecer qué hay de verdad en todo esto, salvo que también él esté metido en el cotarro.
    Este es el contexto donde hay que enmarcar que la instrucción de los casos pase de los jueces a los fiscales.

    Dice el art. 117, 1º CE, (que creo que es el artículo de cabecera en el tema de la independencia y la honestidad judicial), que habla de Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, y la realidad que vemos en tantos y tantos casos es que están sometidos a todo menos al imperio de la ley, la última la imputación a Rajoy por la caja B del PP. Se me puede acusar a mí antes del asesinato de los marqueses de Urquijo, o de mi responsabilidad en el hundimiento del Titánic que de simpatías por el PP , o hacia Rajoy o a Casado, pero resulta evidente, por flagrante, que la maniobra, coincidiendo en el tiempo con las elecciones catalanas, y el nuevo escándalo de la niñera de la Ministra de “igual-dá” y otros muchos problemas de los miembros del Gobierno en tantos asuntos, no es más que una maniobra política muy oportuna en el tiempo que como ha denunciado, esta vez con razón Pablo Casado, ha sido orquestada por la Fiscal General del Estado (en sus funciones de comisaria política tipo Beria) y el amigo de la pareja de ésta en la Audiencia Nacional, el Juez Santiago Pedraz. En una actuación que cuando se trata del PSOE, todo son obstáculos. A mi me encantan cómo se turnan los casos entre los distintos órganos judiciales y siempre caen en los que le conviene al bolchevismo: el caso de los tuits antisemitas y pro-terroristas del Concejal de Podemos Guillermo Zapata, al juzgado del juez Pedraz, el caso de la Familia Franco el recurso de amparo ante El Tribunal Constitucional, ¿en qué sección cae dentro del TC?, en la de Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado de Zapatero (y señalado también por cierto en el expediente Royuela), que además es el Ponente de la sentencia. Cómo no, y qué casualidad, (o qué mamoneo, según sea casualidad o no). La famosa “independencia judicial” brilla por su ausencia.
    Al menos este caso servirá, cuando metan a Rajoy en la cárcel, lo poco o nada que en 2000 años ha cambiado eso de “Roma no paga a traidores”, y lo poco que le va a servir a Rajoy (o a los que caigan por él), el haberse vendido al PSOE y a Zapatero, el no haber derogado sus leyes sectarias, el no haber investigado el 11M, el haber condenado el franquismo, o el haber vendido a España en el tema de Cataluña o en los posibles asesinatos de los Fiscales General del Estado Sr. Maza y del TSJ de Cataluña, Romero de Tejada, muerto en extrañísimas circunstancias con poco más de una semana de diferencia, y que el Gobierno del PP no solo investigó sino que los cadáveres se incineraron para que no se pudiera investigar en el futuro.

    Hay muchas formas de destruir la independencia judicial. Todo no es chantaje o maletines con dinero. Yo me voy a referir a dos de ellas por ser las dos de las más discretas y las que menos presión sobre el tribunal precisan o menos rastro dejan:
    a) la primera la falta de un sentido ético en el ejercicio de las potestades como juez o como fiscal. El desprecio militante de las sociedades izquierdistas y liberales por el Cristianismo no sólo como Religión sino también como sistema de valores, no sólo tiene un efecto en el ámbito religioso de descristianización y apostasía en los individuos que viven en esas sociedades sometidas a ese proceso de descristianización, sino que ese proceso de perversión/descristianización trasciende el ámbito religioso y supone también un proceso paralelo de descomposición ética. Las sociedades izquierdistas y liberales si por algo se caracterizan es por la corrupción generalizada de las costumbres, por la perversión/descomposición moral de sus habitantes que se evidencia en las altas cifras de delincuencia, en el consumo y tráfico de drogas, en la frivolidad de sus “valores”, en la cantidad de familias deshechas, adulterios, abortos, culto de la banalidad, cultura LGTB, etc. etc..
    En este contexto donde el sentido del honor, del deber y de ser honestos, ha sido sustituido por la cultura del pelotazo, por la inmoralidad como seña característica del ciudadano de estas sociedades, por venderse al poderoso, el materialismo y el valor del dinero, de ahí a prevaricar para obtener una ventaja o para destruirle la vida a alguien a quien se odia sin conocerlo, hay solo un pequeño paso.
    En este contexto ha de enmarcarse la conversación entre una Fiscal, un juez y un comisario de policía, (que aunque solo fuera por lo que deberían representar, deberían dar ejemplo de rectitud) hablando como si tal cosa de la “información vaginal éxito asegurado”, y otras lindezas como el tema de Cartagena de Indias.

    b) La segunda es la intoxicación ideológica de jueces y fiscales (y de policías y militares, porque la lluvia ácida de la propaganda cae para todos), como sujetos sometidos, como el resto de la población, el lavado de cerebro de la lluvia ácida de la propaganda mentirosa y destructiva del comunismo y la masonería.
    Esta forma de destruir la independencia y la honestidad judicial es también la más siniestra, junto a la anterior, por su inmensa eficacia, sin que nadie se aperciba de ella, ni siquiera el autor de la misma que actúa “motu proprio” si no de buena fe, porque en la prevaricación y en la discriminación legal no puede haber buena fe, sí al menos por propia iniciativa creyendo que está obrando bien castigando a lo que ellos, en su lavado de cerebro, identifican como «fascistas». Los que mueven el cotarro obtienen muchas actuaciones policiales, judiciales y fiscales injustas sin tener que presionar a nadie. A través de la lluvia ácida (que imperceptiblemente empapa corazones y mentes) del discurso cultural (ideológico, supuestamente histórico, etc) de la izquierda que cae impunemente (sin réplica porque desde 1973 todo el discurso ideológico es antifascista, sea de izquierda o de derecha), y que politiza en “antifascismo” a toda la población, pero los efectos no son los mismo cuando el lavado de cerebro es sobre un camarero o un conductor de metro, que cuando es sobre un juez o fiscal con el poder y las potestades de que gozan.

    Por eso es tan importante revertir el proceso de lavado de cerebro de la población, y por eso el PP y todos los que han dejado hacer a la anti-España, ha hecho tanto daño a España en todos los aspectos, también en el ámbito de la Justicia (no olvidemos que el Ministro Marlaska del PSOE era el vocal a propuesta del PP en el CGPJ), al haber dado carta blanca y el monopolio cultural, de las televisiones y los medios de comunicación, y de la educación, al comunismo y la masonería.

    No habrá en España un verdadero proyecto de regeneración nacional, si no toma la recuperación de la Justicia como una de las más importantes, -si no la más-, asignaturas pendientes. Precisamente el sectarismo político y buena parte de los males de España campan a sus anchas en España, porque la Justicia no hace honor al art. 117, 1º CE.

    No pretendo sentar cátedra, es sólo mi punto de vista.

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