La larga y trágica primavera de 1936 y el gobierno izquierdista republicano de Casares Quiroga
El 13 de mayo de 1936, Santiago Casares Quiroga se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, tras el ascenso de Azaña a la presidencia de la República (AQUÍ), dejando el mes de interinidad en Gobernación, en el que se habían producido 199 episodios graves de violencia política, con un total de 425 víctimas, de las que 75 fallecieron. Comparado con el período previo gestionado por el cuestionado
ministro Salvador Carreras, apenas hay diferencia: en el mandato interino de Casares se produjeron una media de 7,4 episodios y 15,7 víctimas por día, mientras que en el de su antecesor los datos fueron 7,2 y 15,3 respectivamente. Una de las primeras medidas del gobierno de Casares, fue la prórroga del estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 30 días, prorrogando una situación de restricción de derechos fundamentales que no había sido interrumpida desde el 17 de febrero. Contó con el apoyo de la mayoría de la Diputación Permanente de las Cortes, justificando la medida con el argumento de que en los últimos días se había recrudecido «en varias regiones un estado de inquietud producido con violencia». Azaña negó durante semanas en declaraciones oficiales que hubiera problemas de orden público, pero a Casares no le quedó más remedio que reconocerlo, porque «los excesos que habían empezado a aparecer hacia el final de la primera época del gobierno de Azaña», se manifestaron en la primavera de 1936 «con mayor violencia»[1]. El líder de la oposición monárquica José Calvo Sotelo, argumentó su abstención alegando falta de confianza en los nuevos responsables, a los que no veía capaces de atajar «el estado de subversión» que según él existía «en algunos puntos de España», y además esgrimió las detenciones arbitrarias que se habían realizado con militantes de Falange.

El 16 de mayo de 1936, representantes autorizados de la URSS, se reunían en la Casa del Pueblo de Valencia, con representantes también autorizados de la III Internacional, y adoptan el acuerdo de: “Encargar a uno de los sectores de Madrid, designando con el número 25, de eliminar a las personalidades políticas y militares destinadas a jugar un papel interesante en la contrarrevolución”. La URSS tenía creada en España una vasta organización, abundantemente provista de medios de propaganda y de acción. Había enviado a España dos técnicos revolucionarios conocidos, BelaKun[2] y Zosowiski, con el encargo de realizar inmediatamente los objetivos, que coinciden en sus finalidades y carácter, con lo hecho en 1934 (AQUÍ). Era: obligar al Presidente de la República a renunciar a su cargo; establecer un Gobierno dictatorial obrero y campesino; proceder a la confiscación de tierras y nacionalización de bancos, minas, fábricas y ferrocarriles; exterminar a los pequeños burgueses; establecer un régimen general de terror; crear milicias obreras; destruir las iglesias y conventos; suprimir la prensa “burguesa”, crear el Ejército Rojo; y provocar una guerra con Portugal a título de experiencia revolucionaria. La violencia política y social, que, desgraciadamente, nunca había dejado de estar ausente en el escenario de la II República, (AQUÍ) púes los años anteriores destacaban ya por la persecución y muerte de religiosos y laicos católicos y de las personas asociadas a los partidos de ideología, principalmente, no izquierdista, se incrementara mucho(AQUÍ).
Casares Quiroga comportó una marcada agresividad y polémicas palabras, que prueba la deriva guerra civilista (AQUÍ) y su responsabilidad en ella. El 19 de mayo de 1936, estimuló la violencia del Frente Popular con el anuncio de “un ataque de fondo… iremos a aplastar al enemigo allí donde se presente”[3]. Venía a decir que todo el problema se resumía en el «fascismo», sabiendo además que, para el socialcomunismo, que estaban haciendo de su capa un sayo en muchas poblaciones, fascismo quería decir toda la derecha y los republicanos conservadores y centristas, haciendo como si aquella estuviera ocurriendo en un contexto desprovisto de responsabilidades partidistas, pero no se declaró «beligerante» contra los socialistas y comunistas que llevaban semanas protagonizando decenas de episodios violentos y arbitrariedades que nada tenían que ver con la amenaza genérica del fascismo, sino con una lectura excluyente del Frente Popular.
El 24 de mayo de 1936, Largo Caballero afirmaba en un discurso en Cádiz: «Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que… quiere decir la represión… de las clases capitalistas y burguesas»[4]. El 14 de junio, Largo Caballero, afirmaba en un discurso en Asturias: “Es necesario y muy urgente acelerar la organización del Ejército Rojo. Las finalidades concretas de este ejercito serán: sostener la guerra civil que desencadenara la instauración de la dictadura del proletariado, realizar la unificación de este por el exterminio de los núcleos obreros que se nieguen a
aceptarla y defender de fronteras afuera, si hace falta, nuestros principios, no por patriotería, como la clase burguesa. Porque no hay que olvidar que el acto de fuerza por el cual se puede conquistar el poder es el procedimiento, el paso indispensable para hacer la revolución social”; y «La lógica histórica aconseja…soluciones más drásticas…Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso de Gil Robles. Dictadura por dictadura, la de las izquierdas ¿No quiere el gobierno? Pues sustitúyale un Gobierno dictatorial de izquierdas… ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo…Todo menos un retorno de las derechas«[5]. El 1 de junio de 1936, es muy elocuente el diario socialista “Claridad”: “Para hacer la revolución social no basta con tener valor, no basta con tener deseos de salir a la calle con un arma y matar a un semejante; hace falta tener ideas, hace falta tener una base teórica revolucionaria”. Este tipo de soflamas preocupaba mucho a la oposición, a gran parte de los militares, en particular, y a la población española, en general, que no daban crédito a la degradación acelerada de la convivencia y de la vida política, aunque ya había precedentes claros (AQUÍ).
El Consejo Nacional de Izquierda Republicana publicó un manifiesto, firmado por Marcelino Domingo y José Salmerón García, presidente y secretario, respectivamente, de Izquierda Republicana, llamando la atención sobre el clima de violencia que sufría el país, que decía que no se podían «ocultar los hechos que se han producido en algunos puntos de España después del 16 de febrero». Este manifiesto era un reconocimiento explícito y público, por parte de los miembros de Izquierda Republicana, de que buena parte del deterioro del orden procedía de los aliados situados a su izquierda, los socialcomunistas. “España ha sido juzgada en el exterior como un país en permanente guerra civil, incapaz de la convivencia y de la categoría democrática; la República ha sido vista como un régimen interino e inestable, al que los propios republicanos dificultaban la base de su afianzamiento”[6]. Su lucha la conceptuaban como «guerra civil», en la que exoneraban a la izquierda de toda responsabilidad, incluso
cuando se mencionaba el golpe de estado de octubre de 1934 no mostraban ningún tipo de autocrítica ni reconocían responsabilidades por su parte, similar actitud a la mantenida por todos los izquierdistas en el Parlamento, en los medios o en los actos públicos. El 16 de junio de 1936, el diputado y líder derechista Gil Robles, en un discurso en el Congreso, enumeraba las cifras de la violencia política desde el 16 de febrero: 269 muertos, 1.287 heridos, 33 periódicos asaltados o dañados y 10 completamente destruidos, 312 centros y sedes de derechas asaltadas y 69 destruidas, 160 iglesias totalmente destruidas, 251 templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales y 228 parciales, 146 explosivos explotados y 78 recogidos sin explotar[7]. La supuesta moderación, al menos aparente, del programa del Frente Popular se había esfumado, porque decían que el Frente Popular se había construido «para impedir vuestro triunfo… para impedir que os consolidarais en el Poder y queremos echaros para siempre de la gobernación de España».
La modernización y urbanización experimentadas en las décadas anteriores (AQUÍ), no habían absorbido la suficiente mano de obra como para incentivar un descenso significativo del peso de la población ocupada en el sector primario. Tampoco la mejora de la productividad agrícola mediante el aumento de la mecanización y el descenso de los costes salariales habían alcanzado el ritmo de otros países, aunque había crecido notablemente desde 1900, en 1930 la «proporción urbana seguía siendo muy baja», menos del 10% si se refiere solamente a las localidades de más de 100.000 habitantes, la productividad agrícola en el primer tercio del siglo XX, tuvo aumentos «modestos»[8]. Aunque el impacto de la crisis internacional de finales de los 20 no fue similar al de las economías más modernas e internacionalizadas, sí «afectó a la agricultura española, reduciendo los precios y las exportaciones», lo que agravó el problema del campo a la llegada de la República; por el «enorme peso» de la agricultura en la economía española, la caída de la producción agraria en 1931 repercutió de inmediato en el producto interior bruto, si bien se recuperaría notablemente en 1932, «la crisis de los treinta se caracterizó por el aumento del desempleo, la caída de precios y el descenso de la producción», y «que se presentó en España con algún retraso y cierta moderación»[9].
Con respecto al llamado problema agrario, en la primavera y principios del verano de 1936, la propiedad rústica se encontró con un cúmulo de proyectos legislativos de la izquierda republicana que iban mucho más allá de lo que había sido la reforma agraria de 1932, con una voluntad gubernamental manifiesta de llevarlos a cabo y con una contratación laboral llena de conflictos. La redistribución de la propiedad
agraria se presentaba por la izquierda como una especie de receta mágica, que había difundido el mito de una reforma de la propiedad agraria como bálsamo milagroso capaz de convertir el agro español en un prodigio de empleo y productividad, simplemente por el hecho de parcelar la tierra y crear más propietarios. Sin embargo, con un enfoque totalmente anacrónico y falto de perspectiva económica, sin un plan previo que modernizara los ingresos fiscales del Estado y permitiera aumentar el gasto público, obviaba el enorme desafío presupuestario que suponía una política de expropiaciones con indemnización, para una Hacienda tan precaria y limitada por el equilibrio presupuestario[10]. También hacia caso completamente omiso, en asuntos tan elementales y capitales, como las enormes diferencias entre unas regiones y otras, tanto en materia de régimen de propiedad como la fertilidad del suelo, el régimen pluvial, las condiciones de explotación, la productividad, la capacidad exportadora, el absentismo de los propietarios, la pluralidad de formas jurídicas de tenencia de la tierra, etc. Las buenas intenciones, especialmente si van combinadas con malos diagnósticos técnicos, no producen los resultados esperados, y menos en política económica. En los 5 meses comprendidos entre marzo y julio de 1936, se distribuyó mucha más tierra que en los 5 años anteriores de historia de la República, se expropiaron 712.000 hectáreas, lo que cuadruplicaba las 164.000 hectáreas de los 5 años previos[11].
La presión de los socialistas en la situación del campo en la primavera de 1936, se concentró en «invertir la distribución del beneficio de las tierras», con el fin último de revertir por completo la estructura de la propiedad. Al problema de los asentamientos y las roturaciones ilegales, se sumó el empeño del sindicalismo agrario socialista en controlar el mercado laboral, con el pretexto del problema del paro agrario y desempleo rural, así como sus malas condiciones de vida, un drama real con nombres y apellidos, pero las pretensiones socialistas no solo no lo solucionaron sino que contribuyeron a deshacer la economía agraria mucho más que en el primer bienio, hasta el punto de invertir las relaciones sociales, responsable de numerosos conflictos tanto o más que las huelgas. Lejos de analizar con criterios técnicos y realistas desequilibrio estructural e implicaciones sociales –un exceso de oferta de mano de obra desincentivaba la mecanización y presionaba a la baja los salarios–, se extendió el discurso de colectivismo con sobresalientes dosis de demagogia. El turno riguroso, la exclusión de campesinos afectos a las derechas en las bolsas de trabajo, las venganzas personales por las represiones y humillaciones vividas en el bienio anterior, la reducción del ritmo de trabajo, el aumento de costes, etc., constituyó una fuente de conflictos y puso contra las cuerdas a las autoridades provinciales, sobre todo cuando algunas locales actuaron de forma arbitraria en vez de mediar y apaciguar los ánimos. Esa presión muy violenta, desbordaba los cauces formales del Estado y aspiraba a dejar sin efecto los títulos de propiedad, dejando en evidencia la debilidad del gobierno, por desgracia para los jornaleros más necesitados de ayuda, no dio lugar ni la mejora del empleo agrario ni al aumento de la productividad, sino todo lo contrario. Al aumento del paro contribuyó que muchos propietarios renunciasen a llevar a cabo las labores agrícolas necesarias, por considerarlas ruinosas ante las nuevas bases de trabajo impuestas por la izquierda. Muy pronto comenzó a haber multitud de interminables denuncias patronales, objeto preferente de las invectivas de la militancia izquierdista, acerca del «humillante» trato recibido de manos de los jornaleros. Muchos fueron encarcelados por negarse a contratar a los trabajadores que les eran impuestos por las oficinas municipales de colocación. Ante su negativa a aceptar las imposiciones izquierdistas, como la de despedir a los contratados en octubre de 1934, eran objeto de sanciones económicas o de persecuciones y agresiones físicas, no sólo a los grandes propietarios, sino también de los propietarios y arrendatarios medios e incluso modestos -y no en menor medida, en su mayor parte de querencias conservadoras, enorme caladero de votos en los años previos tanto del republicanismo de centro como del catolicismo agrario. Las sedes patronales y los círculos derechistas locales fueron clausurados en multitud de casos, cuando no asaltados, vulnerándose el principio de la libertad de reunión y asociación. Situaciones parecidas les sucedían a los empresarios de los sectores productivos ligados a la industria, el comercio y la minería, no solo a las entidades patronales agrarias.
Desde principios del siglo XX, en un momento de profunda crisis a partir del Desastre de 1898, los separatismos incipientes de los territorios gestaron un sueño, por aquel entonces, España, más que una nación moribunda -según una famosa expresión de lord Salisbury- era una nación cuestionada por el ascenso de los separatismos periféricos, en especial el catalán y el vasco (el gallego se encontraba aún en la fase regionalista y no dio el salto al separatismo hasta los años 1916-1918), y, cuando el Estado-nación es débil, los movimientos secesionistas crecen espontáneamente, y la historia se repite. El 25 de julio de 1933, día de Galicia, se había elaborado el Pacto de Compostela, el acta fundacional de “Galeusca”, escrito en gallego por Alexandre Bóveda, cuyas organizaciones firmantes fueron el PNV, el Partido Galleguista, Ultreya, Palestra, Acció Catalana Republicana y Unió Democrática de Catalunya. Una semana más tarde, en Bilbao, se sumaron al pacto ANV, la Esquerra y la Lliga Catalana, y con ellos se habían adherido casi todas las fuerzas separatistas de los tres territorios. Quedaron tan sólo al margen, 2 pequeños grupos radicales e independentistas, Nosaltres Sols y el Partit Nacionalista Cátala, al contrario de la Triple Alianza de 1923, en que fuerzas separatistas de los tres territorios firmaron un «Pacto de amistad y alianza entre los patriotas de Cataluña, Euskadi y Galicia» en el que se reclamaba el «derecho de las tres naciones a disponer libremente de los propios destinos y a vivir según un régimen de plena soberanía política», para ello afirmaban su voluntad de «conquistar la libertad nacional» mediante «el derecho a la apelación heroica» y, en caso necesario, «mezclar la sangre en el sacrificio», en clara alusión al recurso a la violencia para alcanzar la independencia, de lo que ya había precedentes (AQUÍ). Pero cuando nació Galeusca había una mera pretensión ensoñadora, pero durante la II República (AQUÍ), se estaba institucionalizando el separatismo y gestando una España autonómica, descentralizada como ninguna en Europa, con la autonomía catalana los años anteriores. A finales del mes de junio de 1936, se dieron instrucciones a los alcaldes gallegos para que pudieran efectuar detenciones gubernativas de antirrepublicanos.

En este ambiente hosco y desquiciado, de represión galopante, el domingo 28 de junio de 1936 se celebró el referéndum sobre el estatuto de autonomía de Galicia, que fue una gran farsa. Tomó parte de manera destacada en la campaña por el sí, el diputado en la candidatura del Frente Popular en febrero de 1936, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, el cual el día 25 de julio del 1935 estaba celebrando el «mitin de las arengas» en la Quintana de Santiago, cuando uno gritó: «¡Viva España!», y enseguida surgieron del público unos jóvenes separatistas y lo apalearon, Castelao dio por bien empleado aquella agresión de los mozos izquierdistas y, asimismo, recordó que el “¡Arriba España!” ya no era digno de una simple paliza, sino que merecía un tiro en el corazón[12]. Llama la atención la participación del amañado plebiscito, que de los 1.000.963 votos oficialmente emitidos, no existe una sola fotografía o testimonio gráfico que recogiese grandes colas a las puertas de los colegios electorales, y de la información de la jornada electoral en prensa aparecen numerosos espacios en blanco a causa de la censura previa[13]. En un 50% de las secciones electorales no se abrieron siquiera los colegios electorales, y en el resto de la votación verdadera no alcanzó el 15% del censo electoral, y las irregularidades y falsedades con las que se preparó el plebiscito superan a las realizadas en las elecciones del 16 de febrero de 1936, todo ello recogido en la prensa regional y nacional[14]. El 5 de julio se hacen públicos los resultados provisionales de la pantomima de plebiscito, que se toman a broma, con 993.351 fueron a favor (el 99,24%), 6.161 en contra y 1.451 en blanco, diferencia tan elevada de votos entre ambas opciones que fue calificada por los propios partidarios del estatuto como «santo pucherazo«, como ya sucediera en las elecciones (AQUÍ). La escandalosa manipulación y el gigantesco fraude se percibían en el ambiente, y se sabía que aquello estuvo trufado de descarados engaños y falsedades, siendo ya costumbre inveterada (AQUÍ).
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[1] MALEFAKIS, E. (1982): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 429.
[2]En mayo de 1937, sería denunciado por Dmitri Manuilski una reunión del comité ejecutivo de la Comintern basándose en documentos amañados, siendo detenido en junio acusado de trotskismo, desviacionismo y traición en sus actividades en la Internacional, tras pasar veintinueve meses preso en la prisión de Lefórtovo y Butyrka, durante las purgas del partido el 30 de noviembre de 1939, se le ejecutó después de haber sido brutalmente torturado para que confesase crímenes de espionaje y conspiración con partidarios de Trotski, por lo que se volvió loco finalmente, y su familia fue detenida en los meses o años posteriores. Fue rehabilitado en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética.
[3] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 19-05-36, 694
[4]El Socialista, 26 de mayo de 1936.
[5]Claridad, editorial, 16 de junio de 1936.
[6] Claridad, 30-05-36.
[7]Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, de 16 de junio de 1936.
[8] TORTELLA, G. (1998): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial. 222 y 241.
[9] Entrecomillados, en COMÍN, F. (2011): «Política y economía: los factores determinantes de la crisis económica durante la Segunda República (1931-1936)», Historia y Política, n.º 26, 47-79, 60 y 75.
[10] GARCÍA DELGADO, J. L. (1999): Un siglo de España. La economía, Madrid, Marcial Pons, 10
[11] CARRERAS, A. y TAFUNELL, X. (2004): Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Crítica. (2004), 260.
[12]Esta infame incitación a la violencia se encuentra recogida en el libro segundo, capítulo IV de «Sempre en Galiza», su obra más conocida, donde también escribió afirmaciones racistas y xenófobas, tachando a castellanos y extremeños de «canalla mestiza de gallegos y moros» y calificando a los andaluces de «raza nómada y mal avenida con el trabajo», además de decir que «bien podría Galicia enfrentar su pureza con el mestizaje del resto de España, atribuyéndole a la sangre árabe la indisciplina, la intolerancia y la intransigencia».
[13]El Ideal Gallego.
[14]La Región de Orense, La Voz de la Verdad de Lugo, El Correo Gallego de El Ferrol, el ABC de Madrid, etc.

Que España iba a una revolución marxista que diera a la nación un sistema sovietico era un hecho que todo el mundo sabia
Con lo que no se contaba es con que cuatro generales, muchos corones y jefes militares y media España se decidieran a pelear para salvar España o lo que es lo mismo, a si mismos y a sus familias.
Los españoles le dieron en todo lo alto a los internacionalistas socialistas y los echaron de España tras tres años de dura y constante guerra.haciendo de España, de nuevo, un pais habitable.
Cantaron el «Ya hemos pasao» con verdadero entusiasmo
Cierto