La lengua, por fin tocamos fondo

Por Enrique Miguel Sánchez Motos

29/10/2018 España

En todas las obras, y en especial en las grandes, los cimientos juegan un papel clave. Si el fondo es fangoso, la obra se hundirá. Esa es la situación en que se haya España, grave pero remediable. Ha llamado atención la noticia de que el Govern de la Generalitat empieza a preocuparse por la exclusión del castellano como lengua en Cataluña. ¿Preocuparse? No nos engañemos. La realidad no es tal. Simplemente, la Conselleria de Educacion, dirigida por Josep Bargalló de Esquerra Republicana de Catalunya, ha reconocido que existe un déficit de castellano, en las zonas de Cataluña en las que la catalanizarían total amenaza al español. No hace otra cosa que constatar lo que venía siendo una realidad voluntariamente ignorada. El proceso que ha llevado a esta situación se inició en 1983 con la ley de Normalización Lingüística que fue validada por el Tribunal Constitucional tras ser recurrida por el propio Gobierno de Felipe Gonzalez. Sin embargo, la degradación real de la situación tuvo lugar tras la nueva Ley de Normalización Lingüística de 1998, que abrió la puerta a sancionar a quienes no rotularan en catalán, y que no fue recurrida por el Gobierno de José María Aznar. Lo peor fue que, además, para ser investido Presidente, acordó con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, unas transferencias, entre otras muchas, en materia de educación a la Generalitat que dieron a esta el poder para desarrollar su plan de adoctrinamiento separatista y la expulsión del español de Cataluña.

Bajo una presunta y “natural” normalización se intensificó un proyecto de catalanización total. En aquellos tiempos, con ETA aún asesinando, el riesgo, visto desde fuera, parecía tan lejano y menor que Aznar no le dio en mayor importancia. Tampoco en su segunda legislatura en la cual gobernaba por mayoría absoluta. Sin embargo, la realidad es tozuda. La normativa de la Generalitat permitiendo multar a los que rotularan su comercio solo en español y no a los que lo hicieran solo en catalán, era una gravísima discriminación, terriblemente hiriente para tantos ciudadanos de Cataluña y sufrida en el silencio sin el menor apoyo del gobierno central. ¿En qué cabeza cabe que Francia, Italia o Gran Bretaña, toleraran que un comercio pudiera ser multado por rotular sólo en francés en Córcega, o sólo en italiano en Sicilia, o sólo en inglés en Gales?

Sin embargo, en nuestra querida España, camisa blanca de mi esperanza, los que habían tenido que pagar multas, por rotular en castellano, no contaron con el apoyo del Gobierno de Zapatero y lo que es peor ni siquiera con el gobierno de mayoría absoluta de Rajoy, ni tampoco de su segunda legislatura ni aún con el 155.  De aquellos polvos vienen hoy estos lodos. Se ha tocado fondo. Algunos medios de comunicación lo han denunciado con firmeza, pero lo más destacable y loable es la valiente campaña “Hablemos Español” que ha promovido Gloria Lago. Pretende, aún no ha acabado el plazo, aunque quedan pocos días, recoger quinientas mil firmas para llevar al Congreso un proyecto de ley de Libertad de Elección Lingüística. No se sabe en estos momentos si se alcanzará o no esa cifra de firmas. Si se alcanza sería un éxito y tendría un impacto formidable porque los Diputados del Congreso se verían ante la obligación de aceptar, enmendar o rechazar esa proposición de ley. Si no se alcanzaran las 500.000 firmas, sería también un éxito, atribuible, en primer lugar, a Gloria Lago y a todas las personas que han colaborado en ella en la recogida.

La lengua es un eje imprescindible de vertebración de una nación. Por ello la Constitución en su artículo 3 establece que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. La lengua común, el español o castellano, como prefieran llamarlo, es elemento esencial para la supervivencia de España. No cabe aceptar que se le expulse de ninguna región de España. Si por error, o mala voluntad, se ha andado ese camino, hay que desandarlo. No hay alternativa. O bien el conflicto y la disolución. ¿Cómo es posible que haya consejeros de la Generalitat catalana que no saben expresarse en español? ¿Dónde queda su deber constitucional de conocer el castellano? ¿Cómo es posible, incluso, que el sabio Tribunal Constitucional dictara, en julio de 2017, una sentencia que sería, con gran certeza, echada abajo por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? La STC decía “En ausencia de armonización normativa de la materia por parte del Estado….y sin perjuicio de señalar la posibilidad de que en cada caso, se produzca una eventual limitación del ejercicio competencial por la normativa de la Unión Europea en la materia, la Comunidad Autónoma de Cataluña es competente para adoptar una regulación donde se establezca la obligación de que determinados documentos e informaciones sobre los bienes o servicios comercializados, en Cataluña, se encuentren también en catalán” En roman paladino, daba por válido  que la Generalitat pueda multar por rotular sólo en español, salvo que el Estado mediante una ley de armonización o la Unión Europea, lo impidan.  Es obvio que el TDHE no permitiría esa discriminación hacia ninguna lengua minoritaria europea, y menos aún para la lengua global común de una nación, el español. Sin embargo, nadie, ni Gobierno, ni partidos ni instituciones optó por recurrirla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por tanto, será tarea urgente del próximo Gobierno de España, actuar sobre este tema y tantos otros, los económicos, por ejemplo, que nutren el separatismo. Se puede hacer democráticamente con firmeza y serenidad. De entrada, mediante la inmediata aplicación del 155; a continuación, la recuperación de las transferencias de gestión que se hayan hecho y estén siendo mal gestionadas en materia de educación, seguridad, etc. Después, mediante, en aplicación del artículo 150, una ley de armonización integral sobre temas de gran trascendencia nacional; lengua, banderas, unidad de mercado, educación, sanidad, etc. Y finalmente, si no hubiera otro remedio, a través de una reforma clave para modificar el artículo 2, “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.  Y todo ello ¿por qué? Porque nuestra misión constitucional sigue siendo hermosa y válida “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”. Y ¿en nombre de quién?  De todo el pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, manifestada mediante su voto en los procesos electorales, o en los referéndums que legalmente se convoquen. La vigente Constitución de 1978, fue aprobada por el 88% del pueblo español y, en el territorio de Cataluña, por el 91%. A ella hay que atenerse. Aplicarla es nuestro deber. Dejar que se conculque una deslealtad.

¡Visca Espanya y viva Cataluña!