La sacralización de la oposición

Al igual que el sacerdocio es para siempre, parece que la oposición también integra de por vida en la función pública a quien la supera, y ello con independencia de que sean necesarios –o no- sus servicios, de que el organismo al que haya opositado haya desaparecido o de que sobren trabajadores públicos.

Las cifras no mienten; España tiene más de tres millones de empleados públicos. En realidad estamos más cerca de los cuatro millones, pero la contabilidad creativa hace que no se computen los varios centenares de miles de cargos políticos, contratados por menos de seis meses, falsos becarios, que encubren una prestación laboral, subcontratas que acabarán formando parte de las plantillas, previa sentencia judicial favorable, etc.

¿Y cuántos de estos empleados han accedido por oposición libre, pura y dura? Desconozco el dato, pero no creo que pasen de una cifra que oscilará entre medio y un millón de personas. El resto, es decir, casi todos, han accedido por la gatera, mediante oposiciones restringidas, concursos-oposición, concursos de méritos, contratación laboral directa, contratos temporales posteriormente devenidos firmes, o, simplemente, a dedo.

¿Tiene sentido mantener este modelo de función pública, que chirría y hace aguas por todas partes? ¿No sería preferible laboralizar totalmente las administraciones, evitando la dualidad funcionarios y personal laboral?

Desde hace algún tiempo los nuevos funcionarios ya cotizan a la seguridad social, con lo cual se incrementa el número de afiliados –esperemos que las administraciones paguen las cuotas correspondientes-, y el Estado se quita de encima la carga de pagar posteriormente las jubilaciones, que en un país donde la esperanza de vida cada día es más larga, no es moco de pavo. La laboralización permitiría, además, retribuir en función de la productividad, o fijar salarios distintos, según el nivel de vida de la zona del país donde se presten servicios. Por ejemplo, el cartero de mi pueblo –en el Alto Aragón- vive como un canónigo –de los de antes-, mientras que un empleado de Correos en Madrid o Barcelona escasamente puede subsistir.

En resumen, lo que quiero decir es que no es lógica la situación actual, que lo único que hace es complicar la gestión del personal. O todos funcionarios, como en el régimen franquista, que únicamente estaban excluidos el personal de oficios y subalternos, o todos laborales. Y en el caso de que se opte por el modelo funcionarial, habría que ir pensando en suprimir la inamovilidad en el trabajo, ya que si un funcionario no es necesario, no sé por qué no se le puede despedir, previa indemnización, al igual que sucede en el ámbito laboral. No sólo se puede prescindir, sino que debe hacerse, por el bien de la economía nacional y del interés general.

Hoy en día hay varios millones de trabajadores en Ertes, expedientes de regulación temporal de empleo, la mayoría de los cuales, y por desgracia, posiblemente no podrán volver al trabajo, por desaparición o quiebra de las empresas correspondientes, y acabarán en Eres, expedientes de regulación de empleo, es decir, despidos colectivos. ¡Mientras tanto, ni un solo funcionario ha perdido “derecho” alguno!

Al fin y al cabo, la oposición no es un sacerdocio. E incluso los curas pueden ser cesados de su ministerio…

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4 respuestas a «La sacralización de la oposición»

  1. Ahora mismo andamos por los 3.500.000 empleados públicos, entre funcionarios, interinos, eventuales, laborales, contratados temporales, etc.
    Y ESO SIN CONTAR CON EL MEDIO MILLÓN DE POLÍTICOS PROFESIONALIZADOS, que no profesionales, QUE SON LOS QUE COBRAN LOS SALARIOS MÁS ELEVADOS, pues ellos mismos se ponen los salarios que les da la gana, los más altos del organismo correspondiente, «para que no se resienta su dignidad»…
    ¿De verdad creen ustedes que es SOSTENIBLE ESTA SITUACIÓN…?
    Yo, NO.

  2. Amigos míos, funcionarios de altos cuerpos y/o rangos, stán francamente desanimados, y ello a pesar d ehaber conseguido superar una o varias oposiciones, pues los políticos, con una imaginación enfermiza, siempre acaban poniéndoles por encima de ellos a «comisarios» políticos, en cargos creados ex novo:
    * coordinador de área.
    * jefe de la asesoría jurídica.
    * jefe de área.
    * director de división.
    * director de departamento.
    * asesor jefe de asesores.
    * director general, o subdriector general, etc.
    EN DEFINITIVA, QUIEREN ESTAR RODEADOS DE ACÓLITOS Y MONAGUILLOS, Y NO DE PROFESIONALES SERIOS, COMPETENTES E IMPARCIALES.
    Posiblemente esto último, LA IMPARCIALIDAD, es lo que más les moleste…

    1. Los políticos, de cualquier pelaje político, tienen a rodearse DE PELOTAS Y LAMECULOS, gente que les dice a todo que sí, y no pone pega alguna a sus desvaríos, e incluso latrocinios…
      Por eso abundan tanto los
      * jefes de gabinete (antiguos SECRETARIOS PARTICULARES, de toda la vida), pero que ahora les dan rango y sueldo de directores generales, y hasta de secretarios de estado, subdirectores generales, jefes de servicio, etc).
      * asesores, en muchos orgaismos incluso con la figura del ASESOR JEFE, que suele tener rango -u sueldo- de direcor general, y eso como mínimo.
      En otras palabras, LAS ADMINISTRACIONES HAN SIDO COLONIZADAS POR LOS POLÍTICOS Y SUS AFINES, LOS QUE YO LLAMO COMISARIOS POLÍTICOS, gentuza de su cuerda, o incluso peores que ellos (que ya es decir), Y QUE LES AISLAN TOTALMENTE DE LA SOCIEDAD, Y DE LOS CUERPOS DE ÉLITE DEL ESTADO.
      Y así nos va…

      1. Dñª Carmen usted debe ser funcionaria porque sabe de lo que está hablando.
        Añádale a todos esos comisarios políticos, aquellos funcionarios de carrera que han vendido su alma al diablo, es decir a Satanás, y se convierten en la mano «técnica» de los comisarios políticos, aprovechando que el mandato del art. 106, 1º CE («Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican», que no son otros que los del art. 103,1º CE) ya no se cumple ni a nivel del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo ni a nivel del Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque ambos tribunales han desertado de su función jurisdiccional y en lugar de dedicarse a resolver los recursos se dedican a inadmitirlos en porcentajes que se aproximan muchísimo al 100%. Y el resto de Órganos judiciales C-A entre los que carecen de un mínimo de cualificación técnico jurídica en materia contencioso-administrativa, y lo que carecen de la debida actitud ética de buscar la verdad y adherirse a ella, la Jurisdicción C-A adolece en la actualidad de graves deficiencias, con el resultado de nulo control de la legalidad administrativa por un lado e indefesión de los ciudadano por otro. También por aquí aparece el voto «útil» del PP, porque el PP siendo Ministro de Justicia Ruiz Gallardón,, efectuó reformas en para impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia administrativa, como la imposición de tasas o la reforma de la condena en costas para imponer costas automáticas a los ciudadanos.

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