La violación sistemática del Estado de Derecho y el «efecto espectador»

No una sino tres veces ha reprobado el Tribunal Constitucional al gobierno por la manera en que retorció o directamente vituperó el ordenamiento legal durante la pandemia. En estos tres dictámenes la objeción en sí no es a la confrontación de la emergencia sanitaria, sino al mal uso del marco jurídico, la conculcación de derechos fundamentales y, sobre todo, la eliminación de la imprescindible y constitucional supervisión al gobierno, que debe prevalecer aun en tiempos de guerra y que es tarea del parlamento.

Ocurre que fue el propio parlamento el que consintió desaparecer durante seis meses y pasar a ejercer un control casi inexistente. Aquí hay que apuntar que el problema no fue aprobar el primer estado de alarma, sino que éste, mediante sucesivas prórrogas, acabara convirtiéndose en la práctica en un estado de excepción indefinido. Y que esto sucedió con la anuencia del propio parlamento.

Para relativizar este hecho sin precedentes se esgrime el argumento de que, frente a una pandemia, la Constitución y sus “formalidades legales” se convierten en obstáculos incompatibles con la vida. Y que, por lo tanto, el gobierno y más tarde las Comunidades Autónomas hicieron lo que debían, por más que se atribuyeran un poder casi absoluto que no les correspondía.

No es necesario siquiera poner en evidencia la infinidad de medidas inútiles e incluso contraproducentes que emanaron de este abuso de poder para advertir el disparate argumental del que se valieron los políticos para pasarse por el arco del triunfo la Constitución y los derechos fundamentales de los españoles, erigiéndose en caudillos de sus correspondientes jurisdicciones con el gobierno a la cabeza.

Sin embargo, para restar gravedad a la sistemática violación de la Constitución se esgrime otro argumento: la aparente conformidad de la opinión pública. Así se nos recuerda que, durante el confinamiento, cada día a las 20.00 horas la gente salía a los balcones a aplaudir y hacer sonar la música. Y que prácticamente no hubo expresiones de descontento, mucho menos manifestaciones públicas, salvo alguna que fue calificada de extrema derecha. Así que la inmensa mayoría de los españoles compartiría la idea de que la Constitución y sus formalidades legales se habían convertido en peligrosos obstáculos para la supervivencia.

Es evidente que, durante un tiempo, sobre todo al principio, cuando el virus era un misterio y los contagios, ingresos hospitalarios y muertes parecían no tener límite, la inmensa mayoría habría aceptado no ya el confinamiento, el estado de alarma o el estado de excepción, sino, incluso, que el Ejército tomara las calles.

Pero pasada esta fase de pánico, cuando fueron estableciéndose medidas profilácticas, mejores tratamientos y protocolos de atención hospitalaria y se acotó la población vulnerable, la opinión pública dejó de ser monolítica. A partir de ahí, la política de ordeno y mando, sin controles ni debates, fue cuestionada por un número creciente de ciudadanos, y este número no haría sino aumentar según afloraron los enormes daños económicos y sociales que el inacabable estado de alarma y los múltiples excesos administrativos estaban provocando.

Frente a este giro de la opinión pública se ejerció la censura. Una censura tácita y ampliamente compartida, que toleraba la crítica partidista, pero no que se cuestionara la conveniencia del confinamiento masivo y el torrente de restricciones, muchas tan absurdas como dañinas. Como explicaba Milos Forman, a propósito de la represión comunista en la antigua Checoslovaquia, el mal mayor no es la censura en sí misma, sino el producto de la censura, puesto que lo tergiversa todo y destruye tu carácter; porque te obliga a pensar una cosa y a decir la contraria; porque te ves obligado a controlarte siempre y a dejar de ser honrado y convertirte en un hipócrita.

Sin embargo, que las televisiones y los diarios oficialistas, más allá de aterrorizar al público con las cifras de muertos y promover la crítica partidaria, silenciaran el giro progresivo de la opinión pública en contra de las restricciones arbitrarias no significa que no se produjera. Bastaba conversar con los demás, acceder a las redes sociales o a cualquier entorno en línea para darse cuenta de que el shock inicial estaba dando paso a una creciente crítica del gobierno y las comunidades autónomas y el rechazo a la doctrina del ordeno y mando.

Esto no significa que la opinión pública se diera la vuelta de forma igualmente monolítica, además, dentro de esta tendencia, como siempre sucede, había diferentes grados, pero sin duda desmonta el argumento de que los españoles estuvieran encantados con la suspensión sine die del Estado de derecho. Sin embargo, para restarle importancia a este hecho se ha establecido que quienes se mostraban cada vez más beligerantes eran pocos y en general afines a la extrema derecha, pero esto no es más que una mentira añadida a la mentira precedente.

Lamentablemente, como aquello que los mass media no muestran simplemente no existe, la prueba definitiva de que la opinión pública estaría conforme es que la paz social apenas se vio alterada. Y puesto que las calles permanecieron en calma y el palacio de invierno no acabó envuelto en llamas, se concluye que los españoles estaban a favor de la abolición del Estado de derecho en pos de un bien mayor.

Este argumento es, de todos, el más peligroso e irresponsable. Y lo es no porque niegue deliberadamente la realidad, sino porque desde el propio poder se está lanzando el mensaje de que, neutralizadas las instituciones y silenciada la crítica, la única forma que tiene la sociedad de hacerse notar frente al abuso político es alterando el orden y, ya puestos, recurriendo a la violencia. Y esto es algo que ya empiezan a interiorizar demasiadas personas sumidas en la impotencia, aunque por ahora sólo aflora en forma de exabruptos y pataletas.

En realidad, que los agraviados ciudadanos no pasen de las palabras a los hechos no se debe a que estén encantados con el abuso de poder sino a que el Estado ostenta el monopolio de la violencia y que, además, alterar el orden público tiene consecuencias legales que pueden llegar a ser bastante graves dependiendo de los actos. Se impone así el cálculo coste beneficio. Y el resultado de este cálculo es bastante previsible cuando percibimos que el beneficio a obtener es demasiado abstracto y general (“la libertad”) en comparación con un riesgo físico, legal y sancionador mucho más concreto y evidente.

Además, en las sociedades desarrolladas las personas suelen acabar confundiendo libertad y derechos con el disfrute de una vida hasta cierto punto segura y confortable. Y mientras los individuos no perciban que su estatus particular está seriamente comprometido, por mucho que pataleen, no asumirán mayores riesgos para defender algo tan genérico como es la libertad con mayúsculas.

Sin embargo, lo más inquietante es que en última instancia la paz social se sostiene en el “efecto espectador”, que es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que el sujeto tome la iniciativa en una situación extraordinaria cuando ésta le involucra de forma colectiva y no individualmente. En estos casos las personas se miran una a otras asumiendo que otro intervendrá y todas se abstienen de hacerlo.

Pero siguiendo las reglas de este efecto cabe preguntarse ¿qué podría ocurrir si a la degradación institucional se suma un deterioro profundo de la situación socioeconómica? ¿Y si demasiados sujetos empiezan a percibir que su estatus personal está seriamente amenazado y, simultáneamente, que la política ha dejado de servirles? En definitiva, ¿qué ocurriría con el delicado equilibrio en que sustenta la paz social si gradualmente las personas, empujadas por las circunstancias, empiezan a pasar de las palabras a los hechos ante la mirada expectante de millones de angustiados conciudadanos?

En una democracia el fin nunca justifica los medios. Eso sólo tiene cabida en las dictaduras, como la dictadura china, por ejemplo. Tampoco, de cara al futuro, la solución pasa por una ley de pandemias que sirva para conculcar la Constitución y los derechos fundamentales de forma más aseada, ni tampoco por una ley que obligue a las personas a facilitar su carné de identidad para poder acceder a las redes sociales y protestar airadamente.

Dotar al poder de mayores atributos no redundará en una mayor seguridad de las personas; muy al contrario, traerá consigo más arbitrariedad e inseguridad para todos. La lección que deberíamos extraer de lo sucedido es que sin controles efectivos el buen gobierno es un imposible. Y que, si quienes ocupan las instituciones no cumplen su cometido, tarde o temprano acabará produciéndose algún desastre. Aunque también podríamos acabar como en Venezuela, sumidos en un declinar agónico e interminable. Algo que quizá no asuste demasiado a la clase política porque descuenta que, a diferencia del común, no se verá perjudicada.

Para Disidentia


4 respuestas a «La violación sistemática del Estado de Derecho y el «efecto espectador»»

  1. Artículo profundo y muy interesante.
    Pero al que en mi opinión le falta el análisis de un hecho esencial.
    El Gobierno que aplicaba las medidas era el de un nuevo “Frente Popular” y claro, lo que antaño se llamaba “gente de orden” es proclive a cumplir. No a protestar.
    Si las medidas las hubiera tomado un Gobierno “de derechas” las izquierdas hubieran quemado las calles.
    El otro aspecto digno de análisis es la justificación de que el Parlamento daba el “nihil obstat” a las medidas.
    No debemos olvidar que ese Parlamento estaba conformado por un nuevo Frente Popular que, aunque en exigua mayoría, resultaba determinante para la aprobación de tales medidas.
    La esencia de la dificultad que tiene y tendrá España, cuando su Parlamento precise enfrentarse a un grave problema, trae a la memoria el último mensaje de los defensores del Cuartel de Simancas al Crucero Almirante Cervera.

  2. La conculcaciòn de derechos fundamentales por el psoe comienza o continùa (segùn se mire)con el fraude electoral destapado y denunciado por la plataforma Elecciones Transparentes.org en su dìa.

  3. Recuerdo al respetable que TODOS los partidos, algunas veces, y CASI TODOS, siempre, votaron A FAVOR de que el TIRANO MASÓNICO que actualmente malgobierna España con puño de hierro hiciese con los españoles lo que le diese la puta gana durante el mal llamado e ILEGAL estado de alarma.

    Por cierto, tan sólo un partido llevó dicha cuestión a los tribunales. El resto, demostraron ser vulgares palmeros de dicho TIRANO.

    Eso, por un lado. Y, por otro, abandonad toda esperanza. La mayoría de los jueces de los altos tribunales son MASONES -perro, NO come perro-. Y los que no lo son, son una panda de COBARDES indecentes, con más MIEDO que vergüenza.

    Dejad de engañaros vosotros mismos, y aceptad la realidad tal como es: ese SATANISTA llamado Sánchez -MALVADO hasta el tuétano, por supuesto-, NO manda una puta mierda.

    Ése, como todos sus antecesores en el cargo -y como nuestros INFAMES reyezuelos-, se limita a cumplir ¡a rajatabla! las órdenes que le llegan de la maldita sinagoga de Satanás. Y punto.

    Y si éstas incluyen el ENVENENAMIENTO masivo de la población española mediante un VENENO TRANSGÉNICO disfrazado de vacuna, tanto le da.

    Por si alguien no se ha dado cuenta todavía, los hijos de la viuda han dado un GOLPE DE ESTADO global. Por cierto, diseñado con muchísimos años de antelación -antes de que nacieseis-.

    Estamos en manos de auténticos CRIMINALES. A ver si nos vamos enterando de una puñetera vez.

Deja una respuesta

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad