Legislación bélica y represión gubernativa durante la pasada guerra civil (1/2)

Se cumple este 18 de julio el LXVIII (*) aniversario del estallido de la última confrontación bélica habida en nuestro territorio. Curiosamente, este conflicto, por circunstancias que no viene al caso enumerar de forma casuística, representa la contienda interna que más literatura y polémica ha generado a partir de su finalización ocurrida, como es sabido, en abril de 1939.

La razón de tan curiosa circunstancia radica, seguramente, en el hecho de simbolizar (tal enfrentamiento) la ventilación en los campos de batalla de varias pasiones de carácter ideológico y religioso, las cuales habían calado muy hondo en los españoles.

Llegada de Franco a Tetuán

Tales diferencias, ya de por sí poco conciliables, fueron convirtiéndose en antagónicas y beligerantes, tanto por las tensiones de la época como por la peculiar situación internacional. Excepcional coyuntura que iba a originar en torno al conflicto un notorio posicionamiento ideológico, cuyos efectos secundarios todavía persisten.

Todo ello propicia que se descuiden o posterguen los verdaderos valores de la contienda: el heroísmo, el humanismo o, mismamente, la conducta ejemplar de numerosos españoles a la hora de salvar vidas y haciendas de los perseguidos. Porque, a fin de cuentas, podrá tenerse cualquier opinión respecto a esta lucha fratricida, mas no procede minusvalorar, ni preterir, aspectos tan notables de ella; ni siquiera el entusiasmo derrochado por los distintos hombres que empuñaron las armas en aquel lejano verano de 1936.

Dicho esto, que me parece inaplazable por respeto a quienes combatieron y/o murieron durante aquel conflicto, es tiempo de inspeccionar serenamente una de las cuestiones más controvertidas de aquella guerra entre hermanos: la represión y persecución desatadas en la retaguardia.

Y es hora de proceder así, porque si no se ubica la guerra de 1936 dentro de las coordenadas que le son propias, y que escasamente guardan relación con el contexto actual de nuestro país, se corre el riesgo de desvirtuar la realidad de aquel conflicto, formulándose, en consecuencia, conclusiones precipitadas y, por ende, poco apropiadas para las nuevas generaciones.

Por ello, pretendo analizar en este trabajo la repercusión que las leyes de aquel momento histórico tuvieron en el dramatismo vivido en la retaguardia denominada ‘nacional’, sin perder de vista, tampoco, el sufrimiento ocurrido en la zaga republicana.

Quizá nuestra provincia favorezca este análisis habida cuenta que mantuvo un frente de guerra constante en su mismo territorio hasta bien avanzado 1937.

No obstante, antes de desgranar el contenido propio de este estudio, entiendo que resultará muy conveniente no olvidar las premisas y puntualizaciones que, sin solución de continuidad, paso a detallar.

Eleanor Roosevelt, una de las redactoras principales de la Declaración de Derechos Humanos

No fue nuestro conflicto de 1936 un ejemplo aislado de barbarie y terror como algunos, insensatamente, pretenden hacernos creer, pues las atrocidades son por desgracia patrimonio de todos los pleitos que hasta la fecha se hayan sustanciado con las armas en la mano; y más cuando dichos acontecimientos bélicos suceden entre individuos de una misma comunidad nacional.

Nuestra guerra tiene lugar entre 1936 y 1939, y por aquel entonces ni siquiera se había publicado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que data de 1948; tampoco se había regularizado la situación humanitaria de los prisioneros militares y civiles habidos en los conflictos armados, cosa que se consigue de manera definitiva en 1949. Y esto último por lo que atañe a las guerras internacionales, ya que las luchas internas no se someten íntegramente a las directrices del Derecho Internacional hasta bien entrados los años setenta, debido al respeto que imponía el “sacrosanto” principio de la soberanía nacional1 .

Tampoco fue nuestra contienda, en su género, un exponente exclusivo de odio y ferocidad, si nos fijamos en las guerras civiles contemporáneas que la precedieron o la superaron cronológicamente. Pues valdría simplemente con retrotraerse al ejemplo sangriento de las guerras carlistas del siglo XIX para apreciar que parecidas tropelías y barbaridades fueron cometidas por nuestros compatriotas con idéntica saña2.

Comentario aparte requiere la referencia obligada a las guerras civiles europeas (irlandesa, finlandesa o rusa) del primer tercio del siglo pasado. Quienes se hayan acercado a estos conflictos domésticos han podido percibir, sin apenas dificultad, métodos y sistemas represivos que posteriormente nos volvemos a encontrar en nuestra contienda de 1936, a saber: ejecuciones ejemplares, fusilamientos en masa, retaguardias sometidas a disciplinas inflexibles, verdugos desconocidos e, inclusive, pistolerismo vil.

Por su parte, la guerra civil rusa de 1918-1922 apenas tiene parangón con ninguna otra: por la inmensidad geográfica del teatro donde se desarrollaron las operaciones militares; por la epopeya de sus protagonistas, magistralmente descrita por Cholojov o Pasternak; y, naturalmente, por el durísimo sufrimiento padecido por la población (más de siete millones de víctimas): se practicaron, incluso, fusilamientos estando abolida la pena capital y sin haberse aprobado el Código penal correspondiente, según refiere Alexandr Soljenitsin3.

Y por lo que pudiera afectar al poco respeto habido para con las formas procesales, es necesario citar los casos de las purgas permitidas, tanto en Italia como en Francia, a raíz de la II Guerra Mundial: en su virtud, decenas de miles de franceses pasaron ante los pelotones de fusilamiento y solamente constan en las estadísticas oficiales 826 sentencias judiciales; en Italia se realizaron también millares de ejecuciones y poco más de dos mil fueron los fallos judicialmente registrados.

Estas reflexiones, que me parecen ineludibles a la hora de abordar un análisis sobre el dramatismo y las tragedias observadas en ambas retaguardias de nuestra contienda de 1936, nos permiten encauzar correctamente dicho estudio sin hipotecarlo en exceso por perjuicios o posturas personales.

Como antes hemos expuesto, los conflictos armados de carácter interno estaban fuera de toda reglamentación internacional, pues el Derecho de la guerra se entendía (incluso científicamente) como un conjunto de normas que regían las relaciones entre Estados, pero nada más.

No obstante, la intensidad y gravedad de las guerras civiles pusieron de manifiesto la necesidad de regular esta faceta bélica tan compleja. Mas ello no se produce hasta que se redactan los nuevos Convenios de Ginebra, el 12 de agosto de 19494. Para entonces había transcurrido una década desde la terminación de nuestra contienda; dato que también se olvida a la hora de inspeccionar las calamidades de 1936.

Pues bien, la represión ejercida sobre la población por parte de las autoridades nacionalistas se condensa en dos tipos de normativa: la legislación militar y la legislación de orden público. Por lo que concierne a la España republicana, se aplica igual normativa, si bien los juzgados marciales se sustituyen por tribunales populares creados ad hoc5.

A la primera categoría de las citadas responde la justicia que emerge tanto del Código de Justicia Militar de 1890 como del Código Penal de la Marina de Guerra de 1888, y de la que conocen los tradicionales consejos de guerra, ya fuere como derivación de los mencionados códigos, ya como aplicación de los diferentes bandos de guerra decretados por las distintas autoridades militares; pero también se hallaba vigente el desconocido Reglamento del Servicio de Campaña, de 1882, por el que se toleraban incluso métodos de guerra a muerte, siempre que se dieran determinadas condiciones6.

Además, la ineficacia de la Sociedad de Naciones y de los convenios suscritos7, junto con una concepción estricta del Derecho de la neutralidad, propiciaron que la rigidez o flexibilidad del derecho punitivo militar por parte del Ejército sublevado pendiese de la situación de los frentes así como de la personalidad de los distintos jefes militares.

Y, aunque el proceder de nuestros jefes y oficiales venía ajustándose a las enseñanzas morales y usos consignados en las seculares Ordenanzas Generales (sancionadas por Carlos III en 1768), el pensamiento castrense occidental estaba entonces influido por los sucesos bélicos acaecidos durante la I Guerra Mundial, prefiriéndose dejar a un lado los principios de la guerra caballeresca en aras de obtener un pronto éxito en campaña; aunque ello pudiera implicar graves excesos, pues se sostenía que lo más cruel de la guerra era consentir su prolongación8.

Esta redefinición de la estrategia militar de la época procedía en parte de los planteamientos teóricos de Clausewitz (1780-1831), y había adquirido gran predicamento en los estados mayores de varios ejércitos europeos. Tales principios inspiraron también la conducta de nuestro legislador militar decimonónico, hasta el punto de que el reglamento citado de 1882 prescribía en su artículo 849, lo que sigue: La destrucción del ejército enemigo es el fin principal: la ocupación ó destrucción de lo que pueda servirle es secundario… 

Por consiguiente, el arte de la guerra comenzaba a rendir pleitesía a las enseñanzas de la guerra civil estadounidense de 1861, conflicto armado en el que se empleó frecuentemente el incendio y la devastación como táctica de combate.

Intervención de guardias de Asalto contra huelguistas

Sin embargo, la extremada dureza con que se atenazaron las respectivas retaguardias de nuestra guerra dependió, más bien, del uso que se hizo de la Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933, que de cualquier otra norma: en la misma Constitución de 1931 ya se preveía la conjunción de la justicia de guerra con la legislación de orden público.

La razón de tanta crudeza radica en el hecho de que la mencionada ley permitía en su articulado que, una vez declarado el estado de guerra, la autoridad militar podía adoptar … las mismas medidas que la civil (…) las demás que esta Ley autoriza y cuantas sean necesarias para el restablecimiento del orden… 9 . En suma, representaba este precepto el portillo por donde podía introducirse la posibilidad de llevar a cabo campañas represivas sin que se consintieran derechos al enemigo y, por tanto, sin necesidad de que se respetasen las formalidades legales preestablecidas. Esta coyuntura, empero, se agravaba con el contenido del artículo 61, precepto que concedía a las autoridades civiles la facultad de dictar, indirectamente, diversas penalidades, entre ellas la de muerte 10.

Y autoridades civiles, para esta Ley de Orden Público, lo eran el Gobernador Civil, los delegados gubernativos y hasta los alcaldes.

La puesta de largo, como quien dice, de este texto legal se produjo en la represión que siguió a los sucesos revolucionarios de Asturias de 1934, donde se cometieron evidentes excesos, como lo acredita el hecho de que los expedientes de suicidios correspondientes a los años 34 y 35 fueran destruidos por el mismo Ministerio de Justicia11. Posteriormente esta normativa fue el medio empleado para encarcelar a numerosos adversarios del gobierno republicano del Frente Popular, a partir de febrero de 193612. Pero lo peor estaba aún por llegar.

La libertad de acción que la Ley de Orden Público de 1933 concedía a los militares en determinadas circunstancias extremas se conjugaba con las amplias facultades que a su favor establecían tanto el artículo 2° de la Ley Constitutiva del Ejército de 187813 como la Real Orden de 16 de abril de 189214. Ello propiciaba que, mientras durasen las operaciones bélicas, la Jefatura Castrense dispusiera de poderes ilimitados a la hora de reprimir las revueltas interiores así como de castigar a los desafectos.

Ya en el desconocido Reglamento del Servicio de Campaña de 1882 se regulaban estas facultades tan excepcionales. Así, en su artículo 861 se permitían las represalias; en el 870 se toleraba castigar con severidad las asonadas, tumultos e insurrecciones; en el 867 se preveía que los guerrilleros fueran tratados como simples bandidos o malhechores; y en el 873 se autorizaba incluso a la jerarquía militar para que pudiera emplear medidas coercitivas de extremado rigor, en caso de desobediencia.

La legislación marcial no sólo proporcionaba fórmulas de represión física del adversario, sino que también poseía hábiles instrumentos para la imposición de correctivos y sanciones de tipo económico: multas, confiscaciones o, mismamente, apartamientos. En conformidad con ello, la aludida ley sobre el Orden Público admitía explícitamente que el funcionario que no prestase auxilio inmediato a la Autoridad en tiempo de guerra sería suspendido de empleo y sueldo sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera haber incurrido.

Lectura del bando de declaración del estado de guerra en el Alcázar de Toledo tras hacerlo en la plaza de Zocodover, centro de dicha ciudad

Pero para proceder así era menester declarar previamente el estado de guerra; coyuntura legal que fue promulgada de manera solemne por los diversos jefes militares que se sublevaron en julio de 1936. Hecho jurídico que propició ipso iure la entrada en vigor de todas las normas y reglamentos que hasta aquí hemos venido estudiando; en el bando de la República, por el contrario, no se siguió este mismo proceder, prefiriéndose continuar con la vigencia del estado de alarma.

A la vez que se sublevaba, el Ejército nacionalista dictaba los correspondientes bandos militares. En ellos, se ordenaban medidas extraordinarias de orden público, cuyo incumplimiento podía acarrear para los infractores la pena de muerte: por ejemplo, el bando de guerra dictado por la Comandancia Militar de Astorga, en fecha 20 de julio, decretaba la entrega de todo el armamento que poseyera el vecindario, bajo el apercibimiento de que los contraventores serían fusilados tras juicio sumarísimo15.

Una vez que los alzados se hicieron con el mando absoluto en los territorios de sus respectivas provincias, la Junta de Defensa Nacional puso en vigor el Bando militar de 28 de julio de 1936, por el que se extendía el estado de guerra a toda la nación, aparte de conceptuar como actos de rebeldía numerosas conductas; a saber: sabotajes, delitos de imprenta, propagación de noticias falsas, delitos de atentado, posesión de armas y explosivos, reuniones y manifestaciones ilícitas, delitos patrimoniales, daños personales o, incluso, el abandono del trabajo.

Para castigar tales infracciones, la justicia castrense admitía la pena de muerte o, como mal menor, la cadena perpetua, después de haberse tramitado un proceso judicial16 que el mentado bando sometía a la normativa específica del procedimiento sumarísimo (artículos 649 y siguientes del Código de Justicia Militar). 

No obstante, el fracaso del alzamiento en gran parte del territorio nacional, así como la lejanía del Ejército rebelde de los centros industriales y financieros de nuestro país (controlados por los partidarios del Frente Popular), llevaron a los generales nacionalistas a considerar como necesario el adoptar medidas represivas aun más enérgicas que las que podían inferirse del citado bando militar de 28 de julio17; no se trataba de crear nuevas normas al respecto, sino más bien de aprovechar las posibilidades que la legislación vigente permitía hasta lo que pudiera estimarse imprescindible18.

El Gral. Miguel Cabanellas (republicano y masón) presidente de la Junta de Defensa desde el 18 de Julio al 1 de Octubre de 1936

En tal tesitura, y enarbolando como justificante ante la opinión pública las noticias que procedían del bando contrario, en lo que se refiere a ejecuciones, homicidios y demás catástrofes derivadas del conflicto, comenzaron a dictarse las primeras normas y recomendaciones en dicho sentido19.

Por otro lado, la Jurisdicción de Guerra no descansaba exclusivamente en los conocidos consejos de guerra, sino que el General en Jefe del Ejército en campaña poseía diversas facultades en relación con dicha potestad jurisdiccional: incluso la posibilidad de delegarla entre los generales de menor rango20. A mayor abundamiento, la Junta de Defensa de Burgos, al atribuirse todos los poderes del Estado, tenía también la prerrogativa de delegar tal jurisdicción en otras autoridades del signo que fueran, siempre que ostentaran naturaleza militar21.

Ello va a generar, en la práctica, que el Orden Público de la zona nacional no sólo dependa de las autoridades militares (el gobernador o comandante militar de cada territorio) sino que los gobernadores civiles (siempre que fueran miembros de la familia castrense) detenten también amplias cotas en tal potestad disciplinaria.

De hecho, son los diversos gobiernos civiles del bando sublevado quienes adquieren un notable protagonismo tanto en el control del orden como en materia de seguridad y represión; al menos hasta que las competencias de las Delegaciones de orden público queden perfectamente delimitadas en 193822.

El Gobernador tiene a sus órdenes a las fuerzas policiales, también a las milicias de retaguardia si fuera menester; nombra asimismo a los delegados gubernativos de cada partido judicial (por regla general un militar veterano) y designa también a los alcaldes. Si el poder del Gobernador civil era ya grande en tiempos de paz23, la Ley de Orden Público y la declaración del estado de guerra van a acrecentar, sin duda, su dominio, pues no sólo va a disfrutar de amplias facultades para dictar resoluciones de cariz administrativo o laboral, sino incluso para sancionar todo tipo de actos y conductas que pudieran alterar el orden público.

¿Cuándo comienzan los gobernadores civiles de la España sublevada a desarrollar dicho poder? En torno al 30 de julio de 1936, que es la fecha a partir de la cual los textos legales denotan cómo tales jefes gubernativos empiezan a recibir instrucciones de carácter reservado, por parte de la Junta de Defensa Nac1onal24.

Los gobernadores civiles nacionalistas detentaban una competencia exclusiva en la dirección y control de la acción política, entendiéndose por tal las actividades que concernían a la aplicación positiva de las directrices generales del gobierno. Los Delegados de Orden Público, si bien poseían unas prerrogativas específicas en el campo de la prevención y represión gubernativa (así como en el de la vigilancia), estaban subordinados a los Gobernadores civiles, habida cuenta que éstos últimos ostentaban la representación del Gobierno nacional en cada provincia.

Y dicho gobierno, encarnado en la Junta de Defensa Nacional, se decidió desde su nacimiento por aplicar un sistema rígido e inexorable en lo tocante al orden interior25.

El rigor y brusquedad con que se procedió en la retaguardia del bando nacional, durante buena parte de la contienda, permiten en la actualidad diversas lecturas, incluso de resultados antagónicos; no obstante, no debería omitirse el substrato jurídico que sirvió de fundamento a todo aquel sistema punitivo, el cual guardaba relación estrecha con los textos castrenses anteriores al estallido del conflicto.

Tribunal Popular de Cartagena formado por representantes de los partidos políticos integrantes del Frente Popular

Por lo que respecta al lado republicano, la represión ejercida sobre los adversarios siguió parecidos parámetros sancionadores, con muy diferentes matices procesales. El más significativo de todos ellos fue que no se declarara el estado de sitio hasta enero de 1939, circunstancia insólita en tiempo de guerra, y más teniendo en cuenta que la pena capital había desaparecido del Código Penal en 1932.

Conocidas, pues, las dos direcciones que adopta la represión nacionalista durante la última guerra civil, conviene estudiar detalladamente algunas de sus características más importantes.

Pues bien: los consejos de guerra de entonces (sobre los que existe una amplia y confusa literatura) podían ser ordinarios o de oficiales generales. Los primeros afectaban a todos aquellos en quienes no concurriesen las siguientes profesiones y/o circunstancias: oficiales del Ejército y asimilados, soldados en posesión de la Cruz de San Fernando, senadores, diputados y, por último, funcionarios judiciales o administrativos con grado de autoridad; mientras que los de oficiales generales se celebraban, como bien indicaba su nombre, para juzgar la conducta de la oficialidad, la de los diputados y senadores, así como la de los funcionarios antes mencionados.

No obstante, para casos de guerra o en situaciones críticas, el procedimiento seguido legalmente para sustanciar estos consejos de guerra podía adoptar los trámites del proceso sumarísimo, siempre que así se ordenase en el bando militar oportuno26.

El procedimiento sumarísimo, por ende, no es una creación típica de aquella época ni siquiera un instrumento exclusivo del ejército nacionalista, como parece desprenderse de ciertos estudios actuales que versan sobre la represión habida en el conflicto de 1936.

Este procedimiento peculiar, por el contrario, fue creado por el Código de Justicia Militar, al publicarse este texto legal en el año 1890, siguiendo para ello las directrices marcadas por la ley de bases de 15 de julio de 188227. Y si bien, esta forma procesal no se recogía en las Ordenanzas de Carlos III, su origen se remonta, ciertamente, a aquellos juzgados excepcionales que comenzaron a pulular en nuestro país desde comienzos del siglo XIX: concretamente, el procedimiento sumarísimo tiene su antecedente en los denominados Consejos de Guerra Verbales28, a los cuales se refería el artículo I del Apéndice 2º (al Tratado VIII) de las Ordenanzas de 1768, y que rezaba así:

Estos consejos de guerra no están prevenidos en la Ordenanza ni tienen lugar en tiempo de paz. Se establecen únicamente en el de guerra cuando así lo disponen los generales en jefe de los ejércitos de operaciones en los bandos que tienen facultad de publicar con fuerza de ley. 

En un principio, los tribunales militares estaban radicados tanto en las capitales de las divisiones orgánicas como en el de las provincias; pero, muy pronto, y a medida que la sublevación se convertía en conflicto bélico, juzgóse necesario el crear varios tribunales eventuales, con jurisdicción sobre parte del territorio provincial y/o comandancia militar respectiva; en nuestra ciudad, por ejemplo, funcionó uno de estos tribunales, desde agosto de 1936, hasta ya avanzada la posguerra.

Estos tribunales eventuales, como era lógico, instruyeron no pocas causas por el citado procedimiento sumarísimo, que si por algo se caracterizaba era por la reducción de las solemnidades y plazos que acompañaban habitualmente a la sustanciación de los juicios castrenses ordinarios29; todo ello en aras de la rapidez y pronta ejemplaridad en el castigo propuesto.

Por lo que afecta a la Comandancia militar de nuestra ciudad se desconoce el número de sumarios que de dicha especie fueron instruidos por el denominado Juzgado Eventual Militar, aunque no ignoramos que las causas militares, para el año de 1936, superaron en la comandancia la cifra de seiscientas setenta; y para 1937 la de seiscientas cincuenta, lo cual nos mueve a pensar que un número bastante elevado de este tipo de expedientes debió tramitarse por ese juzgado.

Pero frente a esta clase de represión legal, cuyos pasos estaban perfectamente tipificados en las normas procesales, existió otra represión (más dramática) cuya iniciativa bien puede atribuirse a las autoridades militares o civiles-militares nacionalistas, siendo sus pasos, ritos y fórmulas escasamente conocidos y, por tanto, fuente de toda suerte de polémicas y controversias.

En primer lugar, debe hablarse de los consejos de guerra secretos; es decir, de aquellos cuya vista y tramitación no eran pública ni conocida. En este sentido, el artículo 575 del Código de Justicia Militar autorizaba, desde 1935, que los juicios sobre espionaje, pudieran celebrarse bajo esa fórmula oculta30.

El análisis del espionaje en el noroeste peninsular, durante el periodo de nuestra guerra civil, apenas se ha llevado a cabo. Y tal actividad debió tener gran importancia, habida cuenta de la situación estratégica que ocupó nuestro territorio durante los años 1936 y 1937: ubicado en pleno frente de batalla, sobre el que pendía, cual espada de Damocles, la potencial amenaza de miles de revolucionarios asturianos, prestos a lanzarse sobre la zona nacionalista galaico-leonesa; destruyendo así uno de los principales viveros del ejército sublevado, por lo que atañe a materias primas, víveres y combatientes.

Los delitos de espionaje, tras la reforma de 26 de julio de 193531, habían sido regulados, extensa y casuísticamente, por el legislador republicano, comprendiendo diversas conductas sancionables con pena de muerte. No sólo el espía tradicional era perseguido, sino que también varias actividades colaterales (ajenas en principio al espionaje) podían ser castigadas con la pena capital32: ése era el caso de quienes protegieran, ocultaran o auxiliaren de otro modo a los considerados espías, en tiempos de guerra33.

La instrucción de esta clase de causas también era diferente, pues las autoridades competentes podían demorar, sin incurrir por ello en responsabilidad, la detención de los presuntos espías, suspender la tramitación de las denuncias contra los mismos, así como retardar la incautación de los instrumentos de que aquéllos se valieran para sus propósitos, siempre que ello conviniere a los intereses de la defensa nacional34. Se infiere de lo expuesto, la libertad de actuación que poseían las autoridades “de todo orden”, a la hora de investigar y perseguir este tipo de infracciones35.

En segundo lugar, existió una especie de tribunales (propiamente, comisiones o comités de justicia) relacionados, más bien, con la represión política y el orden público, y que generalmente funcionaban en las capitales de provincia; al menos hasta que la administración de justicia quedó sometida a proceso regular en la denominada España Nacional, coyuntura que empezó a consolidarse a partir del otoño de 1936.

Gral. Mola

Su erección resulta aparentemente desconocida, aunque parece que trae causa de las Instrucciones reservadas del general Mola36, mientras que el origen remoto de tales tribunales acaso deba buscarse en aquellas Comisiones Militares Ejecutivas y Permanentes, establecidas por Real orden de 13 de enero de 182437.

Ciertamente, en la Instrucción Reservada número 1 se creaba un comité provincial, compuesto exclusivamente por personal civil38, encargado, entre otros cometidos, de organizar “la defensa contra las alteraciones del orden público en las poblaciones donde no hubiera fuerzas armadas”. Sin embargo, la base 5ª de dicha directiva ordenaba que, una vez producido el movimiento y declarado el estado de guerra, se refundirían en uno solo los comités civiles y militares provinciales, para proceder de común acuerdo, según las instrucciones y órdenes que recibieran de la cúpula militar, quedando desde entonces subordinados a las directrices de la cabecera de cada División (en nuestro caso la capital coruñesa). Es decir, parecían instituirse, desde el primer momento, unas comisiones civiles-castrenses que iban a encargarse del control del orden público, pero siguiendo en todo caso las órdenes dimanantes de la División orgánica, quien a su vez dependía de la Junta de Defensa Nacional.

Pues bien: los tribunales a que nos estamos refiriendo solían estar integrados por oficiales del ejército y representantes de los grupos políticos adictos; mientras que la presidencia de los mismos era habitualmente detentada por un miembro del Gobierno Civil. Por ende, la correlación, entre lo ordenado por Mola y lo que después sucedería, parece notable.

En cualquier caso, la existencia de estos tribunales atípicos apenas ofrece dudas para la zona norte, teniendo en consideración que consta su funcionamiento regular en las ciudades de Pamplona, Logroño y Burgos. Así, en la primera de las mencionadas estuvo en activo uno de estos juzgados especialísimos, compuesto por miembros de la Comandancia militar, Gobierno Civil y sendos delegados de las milicias nacionalistas39. En la capital de La Rioja, por su parte, se constituyó también uno de estos tribunales gubernativos el día siguiente al triunfo de la sublevación40. Y por lo que respecta a la ciudad burgalesa existió una junta represiva formada por tres oficiales y el secretario del Gobierno Civil, que incluso dictaba sentencias de muerte prescindiendo de sumario41.

Estos tribunales tan excepcionales se limitaban a seguir un procedimiento oral sin observar (parece ser) las solemnidades procesales; no quedando, por tanto, constancia escrita de las actuaciones practicadas42.

Se trataba, en el fondo, de simples tribunales administrativos de carácter sancionador, más que de auténticos tribunales independientes43; si bien, llegaron a permitirse firmas y pliegos de descargos44, como medios de defensa, frente a la formulación exagerada de todo tipo de denuncias y acusaciones.

Segunda parte

(*) Artículo publicado originalmente en la revista Argutorio en el LXVIII aniversario citado

1 Hubo que esperar hasta los Protocolos adicionales al Convenio de Ginebra, de 1977, para que la equiparación entre guerra internacional y civil fuera plena y efectiva. Hasta entonces solamente el artículo 3 (común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949) establecía una protección mínima, plasmada en las siguientes medidas humanitarias: respeto por la vida de los individuos que hubieran queda- do fuera de combate; no atentar contra la dignidad ni integridad corporal de las personas; cuidar a los enfermos y heridos y respetar las garantías judiciales indispensables.
2 Durante la primera guerra carlista (1833-1840) se llevaron a cabo múltiples ejecuciones, sin apenas control, hasta el convenio de 25 de abril de 1835; sin embargo, en el Maestrazgo se desarrolló un proceder despiadado, hasta el extremo de alentar el general Cabrera que la ejecución de prisioneros no sólo se hiciera por fusilamiento sino también mediante alanceo y posterior remate de los infelices a bayonetazos. Esta furia represiva renacerá de nuevo con ocasión de la última de estas contiendas civiles, produciéndose infinidad de defunciones y arbitrariedades. Así, por Decreto de 18 de julio de 1874, se ordenaba el embargo de bienes de las familias carlistas, así como una contribución especial a cargo de las mismas, con el fin de indemnizar a los herederos de los liberales ejecutados.
3 Archipiélago Gulag. 
4 Las fechas de publicación de estos Convenios en el Boletín Oficial del Estado datan de agosto y septiembre de 1952. Así, el Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra se publica el 5 de septiembre y el Convenio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, el 2 de septiembre.
5 Decretos de 23 y 24 de agosto de 1936.
6 Artículo 860: En resumen, no debe faltarse á las reglas usuales, ni causar al enemigo perjuicios inútiles ni emplear medios ilegítimos, sino cuando aquél haya sido el primero en faltar á ellas, violando los convenios, desoyendo las reclamaciones que se le dirijan, ó en caso de absoluta necesidad, cuando la observancia estricta de dichas leyes pueda comprometer gravemente los intereses, la seguridad ó existencia del Ejército. Por ley de 5 de enero de 1882 se aprobó este cuerpo legal, constituyendo su capítulo XXVII (Nociones del derecho de gentes y leyes de la guerra) una modalidad de ejecución del Derecho internacional en la legislación interna.
7 Sobre todo el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al Convenio de La Haya de 1889 (revisado en 1907) y la Convención de Ginebra de 1929, por la que se regulaba el trato dispensado a los enfermos, heridos y prisioneros de guerra.
8 MARTÍNEZ-ALCUBILLA, M. (1917). “Clasificación de las leyes y normas constitutivas del Derecho militar” en Diccionario de la Administración Española. Tomo VI. Sexta edición. Madrid.
9 Artículo 58, ab initio.
10 Las Autoridades civiles y militares no podrán en ningún caso establecer ni imponer otras penalidades que las prescritas anteriormente por las leyes. La pena de muerte se reconocía, lógicamente, para tiempos de guerra y en relación con determinadas conductas tipificadas en los códigos militares de la época. A mayor abundamiento, el Código de Justicia Militar de 1890 admitía en su artículo 176 la posibilidad de que se impusieran, gubernativa o disciplinariamente, correcciones de similar intensidad a las penas castrenses más severas, y sin necesidad de que incoaran los habituales procesos judiciales.
11 Anuario Estadístico de España, 1944-1945. Presidencia del Gobierno. Año 1946. Página 178.
12 El 18 de febrero de 1936 se publica en la Gaceta de Madrid la declaración, para toda España, del estado de alarma; coyuntura que se prolonga sine die y que supone la suspensión de los siguientes derechos reconocidos por la Constitución republicana de 1931: el derecho a no ser detenido, sino por causa de delito (artículo 29); el derecho de circulación libre y la facultad de elección de residencia (artículo 31); el derecho de emitir libremente ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio (artículo 34); el derecho de reunión y manifestación (artículo 38); y el derecho de asociación y sindicación libre (artículo 39). Con la adopción de estas drásticas medidas (recogidas por la Ley de Orden Público) las garantías y libertades ciudadanas sufren, ciertamente, un notable recorte y retroceso, lo que unido a una grave alteración del orden público va a situar a los españoles, de un modo indefectible, en la ante- sala del enfrentamiento.
13 La primera y más importante misión del Ejército es sostener la independencia de la Patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores. 
14 No es posible, por tanto, que la autoridad militar permanezca pasiva, ni aun en los comienzos del acto subversivo, siendo por el contrario indispensable que adopte por propia iniciativa medidas y precauciones encaminadas a favorecer desde luego el buen éxito de una represión enérgica é inmediata, si fuese necesario… 
14 Artículo 55
15 Pensamiento Astorgano, 21 de julio de 1936.
16 Si bien el citado bando diferenciaba sutilmente entre los delitos de rebelión, sedición, conexos y demás comprendidos en el título 3° del Código Penal (que trataba sobre los delitos contra el orden público) y que serían «sancionados del mismo modo por procedimiento sumarísimo», del resto de delitos incluidos en el bando mencionado, los cuales serían sólo «juzgados por procedimiento sumarísimo». Distingo importante teniendo en cuenta las amplias licencias procesales que podían adoptar los ejércitos de operaciones, en conformidad con lo dispuesto en el referido Reglamento del Servicio de Campaña de 1882.
17 Así lo afirman los hispanistas H. Thomas y S. G. Payne.
18 Sin embargo, tales medidas estaban incluso previstas en las instrucciones bélicas que había redactado el general Mola durante la primavera de 1936, y en las que se podía leer las siguientes indicaciones: EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a (…) adoptar cuantas medidas estime necesarias para crear UN ESTADO FUERTE y DISCIPLINADO. 
19 Manifestaciones del Gobernador Civil de León a la prensa provincial, el 5 de agosto de 1936: Quiero reiterar que el nuevo Gobierno de España constituido por la Junta de Defensa Nacional viene en primer término a restablecer el orden, la autoridad y la justicia, y a proteger al obrero victima de antipatriotas, malvados y traidores que nos estaban entregando a todos a una dictadura extranjera que pasaría a la historia como era de salvajismo y barbarie. Para estos dirigentes la justicia será inexorable.
Exhorto a todos los ciudadanos a que se dé cuenta a la Policía gubernativa de los autores de bulos y supercherías que tanta inquietud tristeza y dolor pueden causar (…) pues aunque se graduará su responsabilidad se procederá implacablemente contra ellos… 
20 Código de Justicia Militar, artículos 28, 30 y 31.
21 Código de Justicia Militar, artículo 25.
22 Por Decreto de 24 de junio de dicho año, corresponde a los Delegados de Orden Público el control en materia exclusiva y estricta de orden público; a saber: la prevención y represión de las infracciones contempladas en el título I de la Ley de Orden Público, de 1933.
23 Según el Estatuto Provincial de 1925, los gobernadores poseían, por ejemplo, competencias en materias tan dispares como instrucción pública, fomento, trabajo, industria o, inclusive sanidad e higiene; detentaban también amplias potestades por lo que atañe a la conservación y defensa del orden, sin olvidar sus facultades instructivas de carácter judicial a la hora de investigar delitos y faltas.
24 Ese día se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional la Orden de 29 de julio, por la que los Gobiernos Civiles serían los encargados de vigilar que se cumplieran las obligaciones impuestas por el Servicio de prestación personal de las cosechas, en ayuda de aquellos que se hallaran o tuvieran hijos en el frente, estableciéndose de manera expresa que los agentes del Gobierno Civil serán encargados de castigar implacablemente las negligencias que por parte de los ayuntamientos o de los particulares pudieran ofrecerse. La represión aumentaba, si bien dos días antes la Junta de Defensa había proclamado abiertamente que España está dispuesta a perdonar a los engañados, pero no así a los que engañan con sus propagandas a los buenos españoles. A ésos se les aniquilará completamente y se les aplastará para que a la larga no vuelvan a engañarles… ( Diario de León, 28 de julio de 1936).
25 La Junta de Defensa Nacional se creó en la ciudad de Burgos el 24 de julio de 1936 y estaba presidida por el general Cabanellas. En su primera declaración oficial, la Junta se expresó del siguiente tenor, por lo que atañe a la represión nacionalista: «Frente a la anarquía, la ley, y llenar (…) con los frutos bienhechores de una sólida obra del Gobierno que asiente la solidaridad nacional balo una autoridad inflexible que imponga el orden público…».
26 Artículo 651 del Código de Justicia Militar: (…) podrán ser sometidos al juicio sumarísimo otros delitos que, por afectar á la moral y disciplina de las tropas ó á la seguridad de las plazas y de cosas y personas, lo declaren así las autoridades respectivas en los bandos que publiquen.
27 Base novena: Las causas en las jurisdicciones del Ejército y la Arma- da se sustanciarán con toda la rapidez y reducción de trámites compatibles con la buena administración de justicia (…) La ley consignará expresamente los casos en que la necesidad de aplicar rápidamente el castigo para la conservación de la disciplina y seguridad del ejército y Armada autorice la reducción de solemnidades en los juicios.
28 Así lo afirmaba la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Militar, de 29 de septiembre de 1886.
29 El proceso sumarísimo consistía, en síntesis, en una instrucción breve, por la que se llevaban a los autos las hojas de servicio, las filiaciones de los procesados o, incluso, los informes de los jefes inmediatos sobre la conducta de las personas encausadas (artículo 654), así como una pequeña acta donde constaban las declaraciones de los testigos. A continuación, se elevaban los autos a la autoridad judicial, quien con ayuda del Auditor declaraba lo que, en su caso, procediera. Si se estimaba que el proceso debía seguir, se pasaba la causa al fiscal por término que no excedía de tres horas. Seguidamente, comparecería el acusado, acompañado de su defensor (un oficial castrense) ante el juez instructor donde se le hacía saber los cargos contra su persona. Sin apenas interrupción, el defensor disponía de un plazo máximo, que ni siquiera excedía de tres horas, para poder inspeccionar los autos. Transcurrido este pla- zo, se celebraba el Consejo de Guerra, dando la palabra al acusado, al término del mismo, para quien la asistencia al desarrollo de la vista era, incluso, voluntaria (artículo 571 del Código de Justicia Militar).
Como curiosidad de la rapidez de estos procesos, recordar que el primer ejecutado en la provincia de León, por esta expedita forma (José Silva), fue juzgado durante la noche del 27 de julio de 1936 (pocas horas después de su detención), siendo pasado por las armas a las nueve horas de la mañana siguiente (Diario de León, 27 y 28 de julio de 1936).
30 Decía el citado precepto: Los Consejos de Guerra serán públicos y los asistentes al acto estarán descubiertos. Sin embargo, cuando razones de moralidad ú otros respetos lo exigieren, ó cuando así convenga para la conservación del orden ó de la disciplina, así como cuando se trate de los delitos de espionaje, la Autoridad judicial podrá acordar que se verifiquen á puerta cerrada. 
31 Gaceta, 2 de agosto de 1935.
32 Un caso conocido de espionaje fue la denuncia falsa de que fue víctima el poeta Leopoldo Panero: se le acusaba en la ciudad de pertenecer al Socorro Rojo Internacional y de haber estado recientemente en Inglaterra al servicio de la organización. Así lo testimonia Ricardo Gullón en La Juventud de Leopoldo Panero (página 89).
33 Artículo 230 del Código de Justicia Militar.
34 Consúltense los artículos 3º y 4º de la ley, antes citada, de 26 de julio de 1935 (Delitos de espionaje y manejos delictivos que comprometan la seguridad exterior del Estado).
35 Así sólo puede entenderse que las condenas sobre espionaje apenas se publicaran en los periódicos del bando nacional; cosa que no ocurría, por ejemplo, en relación con las sentencias de los restantes delitos. De hecho, en los periódicos de la provincia, durante esta época, abundan numerosas noticias acerca de los consejos de guerra y sus fusilamientos consiguientes, así como de los delitos de rebelión, sedición, auxilio a la rebelión o, incluso, extralimitaciones (actos criminosos realizados por individuos de las milicias nacionalistas), y de los cuales aquéllos eran consecuencia.
36 Tales instrucciones habían sido redactadas por dicho general durante la primavera-verano de 1936; la primera de ellas fue dictada a finales de abril.
37 En todas las capitales de provincia, inclusas las islas Baleares, se establecerán (…) comisiones militares ejecutivas y permanentes (…) para que formen las causas á los reos de los delitos que a continuación se expresan: Quedan sujetos al juicio de esta comisión (…) los que desde el día 1º de octubre del año próximo pasado se hayan declarado, y los que en lo sucesivo se declaren con armas (…) o partidarios de la Constitución publicada en Cádiz (…); los que de la misma fecha hayan escrito ó emitan pasquines dirigidos a aquellos fines (…)” (artículos 1º y 2º de dicha real orden). 
38 Componían dichos comités provinciales “elementos de orden, milicias afectas a la causa y personas representativas de las fuerzas o entidades económicas, de composición lo más reducida posible” (base 3ª, Instrucción número 1).
39 DEL BURGO, J.: Conspiración y Guerra Civil. Alfaguara. Madrid,1970; p. 90.
40 El tribunal riojano estaba compuesto por el militar encargado del Gobierno civil (en calidad de presidente), un magistrado y representan- tes del Requeté, Falange y Renovación Española (testimonio de Rafael Herreros de Tejada). Véase GARCÍA VENERO, M.: Testimonio de Manuel Hedilla. Acervo. Barcelona, 1972; pp. 272 y 273.
41 “Falange y Antifalange (2ª parte)”, en Boletín de Orientación Biblio- gráfica, nº 83-84, noviembre-diciembre de 1969; pp. 43-67. Para Salamanca, traemos a colación, de nuevo, el Testimonio de Manuel Hedilla: En Salamanca, apenas triunfó el Alzamiento, la alcaldía y la diputación, como el gobierno civil, pasaron a manos militares (…) llamaron a los representantes de la Falange, de la JAP y del tradicionalismo (…) se trató del apoyo que prestarían, en lo sucesivo, las organizaciones citadas a la autoridad constituida. Alguien suscitó el tema de la represión inmediata, pidiendo el concurso de las respectivas organizaciones … ; Op. Cit; p. 271.
42 GETINO, L.: Justicia y Carácter de la Guerra Nacional Española. Editorial Fides. Salamanca, 1937, p.50.
43 O como señalaba en 1976 José María García Escudero: represión dirigida por órganos del Estado, “pero fuera de su funcionamiento regular”. Véase: Historia Política de las Dos Españas (volumen III). Edito- ra Nacional. Madrid; pp. 1465 y ss.
44 Queda terminantemente prohibida toda recogida de firmas (excepto las de adhesión al jefe del Estado) en pro como en contra. Muchas de éstas constituyen a veces una coacción a las autoridades encargadas de la depuración de los hechos delictivos y siempre son innecesarias puesto que todo ciudadano cuenta con los medios legales de defensa y a todos los denunciados se les pasa su pliego de cargos de los que puede exonerarse y defenderse ampliamente con su correspondiente pliego de descargos (circular del Gobernador Civil de León, 27 de marzo de 1937).

4 respuestas a «Legislación bélica y represión gubernativa durante la pasada guerra civil (1/2)»

  1. Guau!!!!! Vaya trabajo interesante, más que original y serio. Espero pronto la segunda parte. Debería ser de lectura obligada en las universidades y en todos los partidos políticos. Magnífico. Enhorabuena a la web, por supuesto

  2. Una matización, seguramente fruto de que no haya entendido bien algo.
    No es exacto el decir que
    «tampoco se había regularizado la situación humanitaria de los prisioneros militares y civiles habidos en los conflictos armados, cosa que se consigue de manera definitiva en 1949»,
    al menos en cuanto a los militares.
    El 1er Convenio de Ginebra (1864) regula el auxilio a los militares heridos y protege al personal sanitario, el 2º (1906) amplía la protección a los militares heridos, enfermos o náufragos en el mar y los buques hospitales, y el 3º (1929) ampara a los militares prisioneros de guerra, dando normas para su alojamiento, vestimenta, higiene y asistencia médica.

  3. Dice: Carlos R. Fernández Liesa en «Aspectos jurídico-humanitarios de la guerra civil española»:
    (https://www.academia.edu/3747013/_Aspectos_jur%C3%ADdico_humanitarios_de_la_guerra_civil_espa%C3%B1ola_)
    El Derecho internacional humanitario en 1936 era el establecido por los
    Convenios de la Haya de 1899 y 1907 y por el Convenio de Ginebra de 1929,
    principalmente. Pero ese «corpus iuris» humanitario sólo era aplicable a las guerras entre
    Estados (conflictos armados internacionales), o a las guerras civiles (conflictos armados
    no internacionales) en que se hubiese producido el reconocimiento de beligerancia.

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