Los ERE, Sánchez, condenas y la acusación particular

La reciente sentencia, de 19 de noviembre de 2019, de la Audiencia Provincial de Sevilla, deja judicial y rotundamente claros los hechos acontecidos, ratificando la instrucción realizada, esencialmente por la juez Ayala, desde que se abrió el caso, el 19 de enero de 2011, hasta el 16 de junio de 2015, fecha en que no se la permitió seguir con el caso, tras haber obtenido plaza en la Audiencia de Sevilla. Posteriormente, en noviembre de 2015, los periodistas Sebastián Torres y Antonio Salvador publicaron un excelente libro, “El saqueo de los ERE”, que narra de forma amena pero muy documentada y precisa los hechos.

Resulta curioso que estos hechos delictivos que, mediante decisiones prevaricadoras han permitido malversar ingentes cantidades de dinero público, llegaran a los tribunales por casualidad y no por denuncias derivadas de actuaciones regulares de control, que deben efectuar las instituciones administrativas técnicas, o las instituciones políticas, tales como el Parlamento Andaluz.

En enero de 2009, dos empresarios, que iban a explotar una escuela de hostelería, en los edificios del mercado central de Mercasevilla, para lo cual iban a recibir una obtener una subvención de 900.000 euros de la Consejería de Empleo, fueron extorsionados por directivos de Mercasevilla, que les pidieron el pago de una “especie de impuesto” de 450.000 euros, con el argumento de que la Junta de Andalucía “colabora con quien colabora”. Los empresarios tomaron la valiente y delicada decisión de grabar las conversaciones, remitiendo luego copia al jefe de gabinete de Chaves. La Junta lo trasladó el 4 de febrero al Ayuntamiento de Sevilla, accionista mayoritario de Mercasevilla y, posteriormente, el 13 de febrero a la Fiscalía. El tema fue finalmente hecho público por el ABC, el 31 de marzo, dando lugar a que el juez Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, lo denunciase el 24 de abril ante los juzgados, recayendo, por turno de reparto, en el Juzgado nº6, dirigido entonces por la juez Ayala.

A partir de aquí, tirando del hilo de las grabaciones, se descubrió el caso de prejubilados en el ERE de Mercasevilla, que nunca habían estado trabajando en esa empresa, así como el sistema de los EREs falsos que se abonaban, sin procedimiento alguno, a empresas, que abonaban comisiones por “asesoramientos”, a cambio de que se les concediesen esas ayudas. Así los llamados EREs falsos beneficiaron a 6.473 trabajadores de empresas, supuestamente en crisis, mientras que el resto de afectados andaluces, por los Expedientes de Regulación de Empleo auténticos, 81.644 trabajadores, no tuvieron ni siquiera conocimiento de la existencia de esas ayudas especiales. Se creó así una red de trabajadores y empresas favorecidas, de ayudas a personas, que ni habían trabajado en esas empresas, y de comisiones a sindicatos y “asesores”. En suma, una red clientelar del PSOE en Andalucía, una expresión práctica del poder socialista, que ayudaba a mantener el voto cautivo en las sucesivas elecciones.

El mecanismo que permitía esto fue creado en el año 2000, siendo Presidente Chaves, Consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, Consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y Consejero de Empleo José Antonio Vieira Chacón. Su artífice financiero fue Magdalena Álvarez. Todos los demás conocieron y aprobaron el sistema que se iba creando, en esencia, para sacar fuera del control administrativo habitual de los EREs y de las subvenciones, unas partidas enormes que se podían adjudicar, prácticamente sin control alguno. En el periodo en que estuvo funcionando el sistema, desde el 2000 hasta el 2011, se nutrió ese “fondo de reptiles” con una cantidad, proveniente de los Presupuestos andaluces, que oscila entre los 680 y los 1.217 millones de euros, cifra esta última dada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, como coste de las prejubilaciones otorgadas por los falsos EREs, que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar.

Como dice la Sentencia de 19 de noviembre, todos los condenados fueron conscientes de las decisiones prevaricadoras, que crearon esos instrumentos y partidas financieras fuera de control, que los nutrieron en los presupuestos año a año y que los fueron utilizando, como “subvenciones”, al margen de todo control. Por tanto, eso afecta directamente a todos los que ocuparon los cargos de las Consejerías implicadas en esos procesos, entre los años 2000 y 2011, y eso es lo que reconoce la Sentencia.

Desde que, a principios de 2011, se inició su instrucción del caso, el PSOE tuvo varios Secretarios Generales. Zapatero, desde julio 2000 a febrero 2012 y Rubalcaba, el de la famosa frase “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta”, hasta julio de 2014. ¿Alguno de ellos dijo algo sobre el caso de los ERE? ¿Alguno se interesó por ver qué había pasado? Ninguno. Sánchez había estado preparando su famosa tesis doctoral, que finalmente presentó el 23 de noviembre de 2012, en la Universidad Camilo José Cela. Pero después, en julio de 2014, sucedió a Rubalcaba como Secretario General del PSOE. Las noticias sobre el caso de los ERE eran abundantes, pero no se debió enterar porque estaba concentrado en la corrupción de Rajoy. ¿Preguntó algo a la Junta de Andalucía? No se sabe. Eso sí, defendió la inocencia de Chaves, Griñán y todo su equipo. Pero vamos a ver, ¿de qué partido era Secretario General? En suma, la corrupción dentro del PSOE no le interesa. Sin embargo, se va a encontrar aún con muchas piezas separadas, pendientes de juicio en el tema de los ERE, así como el caso de la FAFFE. Tendrá material para hacer una tesis sobre la corrupción, tal vez con una frase en su frontispicio “España no se merece gobernantes que mientan”. Y probablemente se la dedicará a Susana Díaz, que tampoco ha querido enterarse de nada

En cuanto a las condenas sorprende que los diseñadores, los creadores principales del proceso que ha hecho posible la malversación, Magdalena Álvarez y Manuel Chaves, entre otros, no hayan sido condenados por delito de prevaricación, en su calidad de cooperadores necesarios. Sin su diseño y aprobación de las modificaciones presupuestarias hubiese sido imposible la malversación. Llama también la atención que el PP, que se personó como acusación particular, no pidiera para ellos su condena por esa circunstancia.

Finalmente queda pendiente el tema de la recuperación de lo defraudado. Veremos qué hace el PP respecto a la exigencia de responsabilidades civiles y la propia Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos. En estos momentos, la única que se ha manifestado en favor de que se proceda, como sea posible, para recuperar lo defraudado, ha sido la diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, cosa encomiable pues la mera condena a inhabilitación, para la mayor parte de los condenados, con la edad que tienen, es tanto como irse de rositas.

En todo caso hay mucho que aprender para establecer normativas adecuadas para acabar con la corrupción. Y, si tienen dudas, me pueden llamar pues, como dije en otro artículo, “Me comprometo a acabar con la corrupción” y, añado, a lograr la eficiencia.


Una respuesta a «Los ERE, Sánchez, condenas y la acusación particular»

  1. Muy buen artículo, de los mejores de su autor
    Si algo demuestran los líderes del PSOE es lo falsos que son, lo que mienten, y la imbecilidad social de quienes les votan arrastrando con su estupidez al resto de los españoles.

    El nivel de corrupción que hay en España se pone de manifiesto con tres datos:
    – el primero la propia sentencia, que siendo los ERE un proceso mucho más grave que la Gurtel tanto por la cuantía (680 millones de € de los ERE frente a los 30 millones de la Gurtel) como porque los principales implicados son funcionarios y autoridades, (a los que se les debe exigir más que a los simples ciudadanos) lo cierto es que las penas son de la mitad para abajo (12 años a un empresario de la Gurtel, mientras que aquí han sido 6 ó 7 años y a Manuel Chavez y Magdalena Álvarez ni esto siquiera sólo inhabilitación) , además esta vez como afectaba a la extrema izquierda (el PSOE desde Zapatero no es un partido de izquierdas sino de extrema izquierda) ni ha habido penas de telediario ni se ha filtrado la sentencia, y además para perjudicar al PSOE lo menos posible estando la sentencia ya dictada desde hace semanas se han esperado a que pasen las elecciones. Por tanto esta sentencia hay que enmarcarla en las sentencias que evidencia presuntamente al menos que el Poder Judicial resuelve de forma diferente cuando el imputado es de extrema izquierda a cuando lo es de «derechas»(?), como se han dictado otras sentencias como la de Blanquerna, la profanación de la tumba de Franco o la del golpe de Estado de Cataluña, entre otras muchas que podrían citarse. El Poder Judicial o no condena o cuando lo hace porque no le queda más remedio suaviza las penas que no suaviza respecto de los contrarios.

    – El segundo dato que evidencia la profundidad y las ramificaciones que la corrupción tiene en España lo ha evidenciado el mismo día que se hizo pública la sentencia, que siendo la noticia estrella del día por razones obvias, la cadena la «SECTA» sin embargo, en lugar de dedicar ese día (y los próximos 4 meses si la sentencia hubiera sido contra el PP, pero al menos aquella tarde) un programa especial a hablar de este caso, como haría si los condenados fueran de signo contrario, su programa «AL ROJO VIVO» del martes 19 de noviembre, lo dedicó a hablar del cambio de entrenador de fútbol en la selección española, en lugar de hablar de la sentencia , que era la noticia estrella del día por antonomasia, pero que sin embargo la ignoró como si no hubiera ocurrido y de ella ni rastro, lo que demuestra la complicidad de los medios con la corrupción cuando ésta es de la extrema izquierda , y la hipocresía luego cuando se rasgan las vestiduras y hacen propaganda tras propaganda frente a otros casos de corrupción, lo cual demuestra que las críticas cuando las hacen las hacen en fraude de ley, porque la corrupción les importa un bledo, que si hablan de ella cuando hablan es solo para desprestigiar al contrario, es decir hablan de ella en fraude de ley porque luego la silencia.
    Que no se nos olvide.

    A esto hay que añadir un tercer dato, que todos estos actos de corrupción no habrían podido perpetrarse durante años, con toda impunidad si las instituciones de control no hubieran sido sordas y ciegas y hubieran funcionado por sí mismas. Es decir no hubiera montado en Andalucía un entramado social (como a otro nivel puede haber montado en Sicilia para permitir la actuación de la Mafia) que permite este tipo de actuaciones, que por su descaro y grosería si algo evidencian es la indefensión de la víctimas. Como en Vascongadas hay un clima que permite el terrorismo o en Cataluña el separatismo y la persecución del idioma Español
    La comisión de estos delitos (y esto es sólo la punta del iceberg) si algo pone de manifiesto es la inoperancia del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de la Intervención de la Junta de Andalucía, de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y un largo etcétera incluida la Policía sevillana, porque dos empresarios tuvieron que meterse una grabadora en el bolsillo y hacer por su cuenta una recogida de pruebas que tenía que haber sido hecha por los órganos del Estado de Derecho que teóricamente están para esto pero que en la práctica no se pudo contar con ellos porque ni están ni se les espera. Por tanto es otro fracaso del Estado de Derecho, que estuvo fallando durante años y que siguió fallando, porque a la Jueza Ayala se le ha estado haciendo la vida imposible por instruir estos hechos con honestidad, y se la ha apartado de la instrucción (aunque sea con el mecanismo de la promoción profesional), y su sustituta la jueza Bolaños ha tenido el descaro de ralentizar la causa. Todo esto también es corrupción, o al menos «presunta» corrupción. Hasta llegar a la sentencia, que le ha otorgado un trato de favor al PSOE demorando su publicación, y que es de una benevolencia con los imputados que contrasta con la extrema severidad cuando se trata de imputados de signo contrario.

    Es mi punto de vista. Lo raro es que haya habido condenas, aunque sean de risa, porque en Cataluña sin ir más lejos se están cortando carreteras y cometiendo delitos todos los días y no pasa absolutamente nada, eso sí al Valle delos Caidos no se puede entrar cuando al Gobierno le entra el avenate, y el que se escantille lo meten en la cárcel con no sé cuántas agravantes.

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