Margarita Robles (a) «La mofletes» y a partir de ahora «La mangui»

Por B. Díaz del Castillo

1/04/2022 Defensa

Hablamos, cómo no, de la que dicen que es lo mejor (¿para quién y quién lo dice?) del desastroso desGobierno del dictador Pedro Sánchez, o sea de Margarita Robles (a) «La mofletes». Sí, esa de la que Ussía dijo que tenía los papos asimétricos. Esa feminista desorejada que de femenina no tiene nada. Esa a la que la Naturaleza no ha favorecido. Esa que da grima. La que ni vestida de rojo, su color favorito, levanta nada, ni siquiera pasiones. Hablamos de Margarita Robles, de oscuro pasado jurídico cuando era juez tutelar de menores. De esa cuyo pasado judicial comienza a ver la luz.

Y es que esta inepta, eso sí, prepotente, intolerante, totalitaria, histérica, aficionada a dar patadas a destajo y trepadora como la hiedra, ha sido «condenada» por fraude fiscal y blanqueo de capitales de ingentes cantidades de dinero que, además, tal vez podrían proceder de sobornos… perdón, corregimos, que conste, no ha sido «condenada», sino que el juzgado que entendió de la denuncia interpuesta por la asociación ACODAP (de lucha contra la corrupción) que dirige el juez Fernando Presencia, ha determinado que sí, que los delitos denunciados fueron ciertos y verdaderos, o sea, que Robles cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales pero… que han prescrito por el paso del tiempo que se ha tardado entre ellos y la interposición de la denuncia. Vaya suerte que ha tenido semejante ratera, cleptómana, descuidera, choriza, mangante, saqueadora, timadora, bandida, atracadora, maleante y cuatrera… ah, se nos olvidaba y «caca» (aplicando a «caco» la ideología de género y el lenguaje inclusivo).

Por supuesto, Robles (a) «La mangui«, no va a dimitir de motu proprio, por lo que la cúpula militar, JEMAD, JEME, AJEMA y JEMA están obligados a presentarse en su despacho ipso facto exigiéndole su dimisión inmediata. Caso seguro de que no dimita, dichos aguerridos militares deben presentarse ante los medios para, públicamente, reprobar a la interfecta y cesar en su obediencia porque al frente del Ministerio de Defensa no puede haber una fulana como ella si es que dichos Generales siguen creyendo que la verdad, el honor, el crédito y la opinión son las señas de identidad de la milicia, religión de hombres y mujeres honrados; aplicables también a su ministro y demás adláteres… ¿o no?

Ah, claro, bueno, perdón también. Imposible, pues hace mucho que los Generales –y con ellos de ahí para abajo muchos– no sólo no creen en lo dicho, sino que… ¿están en el ajo? ¡Cobardes! El valor en tiempos de paz se demuestra en los despachos; siempre mucho más difícil y peligroso que demostrarlo en la guerra.

Y ahora la sentencia:

“Los recurrentes presentaron una denuncia contra la actual Ministra de Defensa Margarita Robles Fernández, y quienes se afirma son sus testaferros, Javier Ramírez Betanzos y Fernando Carrero Bastos, por hechos constitutivos, a su juicio, de delitos continuados de fraude fiscal y evasión de capitales, presuntamente acaecidos en los años 2001 y 2002 (la documentación que acompaña a la denuncia incluye hechos producidos también en 2003), consistentes en haber sacado de España, a través de esos testaferros, e ingresado en cuentas bancarias de diversos paraísos fiscales (Caracas, Lisboa –que no se incluye en la documentación aportada, pero sí la ciudad de Oporto–, México y Suiza), más de seis millones de euros (la documentación recoge un total aproximado de5.700.000 €, de los cuales solo sitúa en el extranjero4.200.000 €), supuestamente procedentes de sobornos pagados, en la época en la que la Sra. Robles era Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, a través, según los denunciantes, de la banda del entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena Álvarez, sospechoso de haber organizado una trama mafiosa, con cargo a los fondos reservados del Estado (…) los referidos hechos, tal y como vienen relatados en la denuncia, y a tenor de lo que consta en la documentación aportada, son susceptibles de encaje en el art. 305 del Código Penal (fraude fiscal), pero este delito, en las fechas de los hechos (años 2002 a 2005 en que finalizaban los plazos para la declaración de los impuestos de la renta correspondientes a las cantidades depositadas, descartando el impuesto de patrimonio, pues las cuotas derivadas de esas sumas no podían nunca alcanzar la cuantía mínima exigida por el tipo), estaba castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, lo que, conforme a la redacción entonces vigente del art. 131 del Código Penal, determinaría un plazo de prescripción de cinco años que, en la fecha de la presentación de la denuncia ya había transcurrido, por lo que no cabe la apertura del procedimiento penal alguno por dicho delito y la inadmisión a trámite debe ser necesariamente confirmada (…)  vale lo dicho sobre la prescripción al abordar los delitos contra la Hacienda Pública (blanqueo de capitales), si bien, en este supuesto, dado que las penas a imponer, con arreglo al art. 301 del Código Penal, serían de hasta seis años de prisión, el plazo de prescripción, conforme al art. 131, sería de diez años, igualmente superado en la fecha de interposición de la denuncia. Una eventual aplicación del art. 303 del Código Penal, castigado con pena de inhabilitación de hasta veinte años, conllevaría un plazo de prescripción, según el art. 131, de quince años, también rebasado al presentarse la denuncia”.