Memoria silenciada (III) Los crímenes no provenían de incontrolados

Es criterio generalizado entre los historiadores, sobre todo a partir de los años 70 y 80, concentrar la autoría de los crímenes cometidos por los frentepopulistas antes y durante la guerra civil, en la actuación de sectores incontrolados que se erigían en jueces a la hora de seleccionar y asesinar a sus víctimas y sobre todo, (y se hace hincapié en este hecho), desoyendo las directrices marcadas por el gobierno de la República. Se convierten así en sicarios de una progresía que intenta por todos los medios evadir la responsabilidad política y criminal de aquellos dirigentes, desviando la autoría culposa hacia unos cuantos desalmados que se convierten así en el chivo expiatorio de aquel proceder genocida.

Sería craso error y por tanto faltar a la verdad histórica pretender negar aquí que alguno de los crímenes que se cometieron obedecían al afán vengativo de algún incontrolado que se tomaba la justicia por su mano. Pero ello no supone, ni mucho menos, generalizar el proceder de los milicianos frentepopulistas. Todo lo contrario; son innumerables los casos en que queda demostrada patentemente la participación activa o pasiva de las autoridades socialistas y anarquistas en la comisión de saqueos, requisas, torturas y asesinatos en la retaguardia frentepopulista. No hay más que adentrarse en las hemerotecas para comprobar lo que realmente sucedió en esta etapa convulsa de nuestra historia. Unas veces, la orden procedía directamente de la autoridad competente, en otras, aunque sabedores de la barbarie que se iba a cometer hacían oídos sordos a este proceder impidiendo de facto la masacre anunciada y programada con antelación. La persecución in odium fidei y la detención incontrolada de cuantos consideraban desafectos al régimen es prueba palpable de lo que decimos; como lo es la existencia de las checas donde el maltrato, las torturas y los asesinatos formaban parte de la hoja de ruta; no olvidemos que los responsables al frente de estas checas eran nombrados y puestos por el propio gobierno de Largo Caballero, como en el caso de la tristemente famosa checa de San Elías en Barcelona. No sólo no lo ignoraban, sino que ponían los medios a su alcance para que estos crímenes no llegaran a conocerse fuera de España con el consiguiente deterioro internacional del gobierno de la república.

Dos casos podemos analizar a modo de ejemplo, que ponen de manifiesto la veracidad de lo que aquí se dice. Por un lado el memorandum de Manuel Irujo, ministro sin cartera de septiembre de 1936 a mayo de 1937 en los dos Gobiernos de Largo Caballero, y ministro de Justicia en el Gobierno de Negrín, desde el 18 de mayo de 1937. Otro claro ejemplo es el asalto criminal que tuvo lugar a las Prisiones Central y Militar de Guadalajara y cuyo balance final fue el asesinato indiscriminado de 303 personas; 283 procedentes de la Central y 20 de la Militar.

Pero centrémonos en cada uno de estos casos.

Memorandum del Ministro Irujo Ollo sobre la situación de la Iglesia en España

La Constitución de la República proclama la libertad de conciencia y la de cultos. La ley de congregaciones y confesiones regula su ejercicio y lo ampara.

   La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:

  1. a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruídos, los más con vilipendio.
  2. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.
  3. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.
  4. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales.
  5. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garages, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos llevando a cabo —los organismos oficiales que los han ocupado— en su edificación obras de carácter permanente, instalaciones de agua, cubiertas de azulejos para suelos y mostradores, puertas, ventanas, básculas, firmes especiales para rodaje, rótulos insertos para obras de fábrica y otras actividades.
  6. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o derruídos.
  7. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso.
  8. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde.

    Como causa inmediata de ese movimiento popular cuyo desbordamiento se acusa de modo tan violento, se sienta la de que, allí donde la Iglesia cumplió su misión evangélica, sin caracterizar sus organismos un movimiento político determinado, contando la República y la democracia sus adeptos en organizaciones de espíritu cristiano, como sucede en Euzkadi, nadie atentó contra los templos, sacerdotes y religiosos ni dificultó sus cultos, hoy respetados y amparados por el pueblo y el Gobierno del país. Por el contrario, los ataques anotados se dieron en el resto del territorio leal, donde no podría hacerse con generalidad, al menos, la misma afirmación de conducta sentada en tierra vasca 

    No tan sólo el imperativo de las leyes, sino la conveniencia de la República, vista singularmente al través del ministerio de Estado, de las embajadas de París y Londres y del organismo ginebrino, obligan al estudio del problema y fuerzan a su resolución. La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen en la forma y términos que expuestos quedan. La ola revolucionaria pudo estimarse ciega, arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de templos, altares y objetos de culto ya no es obra incontrolada. Mas la participación de organismos oficiales en la transformación de los templos y objetos de culto para fines industriales, la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad de sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del poder público, todo ello deja de tener explicación posible, para situar el Gobierno de la República ante el dilema de su complicidad o de su impotencia, ninguna de cuyas conclusiones conviene a la política exterior de la República y a la estimación de su causa ante el mundo civilizado.

    En atención a lo cual interesa la adopción por el consejo de ministros de los acuerdos siguientes:

   1º La libertad de todos los sacerdotes, religiosos o afectos a congregación u obra religiosa determinada, contra los cuales no existan otros cargos.

   2º El cumplimiento de la ley de congregaciones y confesiones y en tal sentido que por el señor ministro de Justicia se confeccione una relación de los templos y edificios religiosos existentes, su estado actual, objeto al que están destinados, vicisitudes por las que hayan pasado e instrumentos de culto que contengan.

   3º Que en adelante no sea ocupado ninguno de ellos para fines diversos del culto al que originariamente vinieron destinados, sin orden ministerial de la que se dé cuenta al consejo de ministros y que se publique en la Gaceta, con excepción de las ocupaciones que hagan precisas las medidas militares.

   4º Que todas las obras de fábrica que de modo permanente se efectúen en los templos, hayan de merecer la aprobación de la dirección de Bellas Artes.

   5º La declaración expresa de la licitud de la práctica de todos los cultos religiosos, siempre que sus manifestaciones externas se atemperen a las leyes.

   6º La prohibición de toda orden de policía que tienda a dificultar en el interior del hogar el ejercicio de los derechos individuales y las prácticas de culto, siempre que con ellas no se falte a la ley. 

Barcelona para Valencia a siete de enero de mil novecientos treinta y siete.

Manuel de Irujo y Ollo. Ministro sin cartera. 7 de enero de 1937.

A la luz de este memorandum queda en entredicho la valía docente como historiador de quienes sostengan que la persecución a que fue sometida la Iglesia desde incluso antes del Alzamiento Nacional era la obra de exaltados e incontrolados que no obedecían las directrices del Gobierno de Largo Caballero. Tras la lectura pormenorizada del documento firmado el 7 de enero de 1937, queda acreditado de modo irrefutable no sólo el previo conocimiento y consentimiento del crimen organizado y programado por socialistas, comunistas y anarquistas; también revela la única preocupación que alimentaban los frentepopulistas. No muestran escrúpulo alguno en la enumeración de los horrendos crímenes cometidos y de los que eran sabedores, como se aclara en el apartado g) del memorandum. Su única preocupación acaso fuera la opinión que de cara al exterior  proyectara el Gobierno del socialista Largo Caballero:

La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión, la conducta del Gobierno de la República que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen en la  forma y términos que expuestos quedan.

Pero no sólo Irujo responsabilizaba al gobierno de la atroz persecución a la Iglesia. Juan Peyró que no era un incontrolado más sino un alto dirigente de la C.N.T., escribía estas blasfemas palabras en 1936:

El anatema general contra los mosqueteros con sotana y los requetés engendrados a la sombra de los confesonarios fue tomado tan al pie de la letra que se ha perseguido y exterminado a todos los sacerdotes y religiosos únicamente porque lo eran.

La destrucción de la Iglesia es un acto de justicia. Matar a Dios si existiese, al calor de la revolución, cuando el pueblo, inflamado por el odio justo, se desborda, es una medida muy natural y humana

Y es que no eran actos incontrolados; públicamente se hacía gala de la persecución. Hasta la propia prensa frentepopulista se hacía eco del genocidio. En julio de 1937 el periódico satírico-humorístico L’Esquella de la Torratxa manifestaba su algazara, con esta frase tan significativa como repugnante:

“¡Ya vivimos tranquilos! Porque hemos matado a los curas, a los que parecían curas y a los que nos parecía que parecían curas.”

Asalto a las Prisiones Central y Militar de Guadalajara

Ya desde primeros de agosto de 1936, los frentepopulistas guadalajareños junto a otras milicias desplazadas desde Madrid, venían haciendo campaña para que toda la izquierda se manifestase pidiendo la cabeza de los presos políticos. Con tal actuación y aprovechando que el primero de septiembre la aviación había lanzado alguna bomba sobre la ciudad, organizaron una gran manifestación de hombres, mujeres y chiquillería, obligando incluso a salir de sus casas y acompañarles a algunos de los familiares de los detenidos. Mientras se dirigían a la Prisión Central gritaban incesantemente: “Presos, No. Muertos, Sí”. El que en esta fecha ocupaba el cargo de Gobernador Civil Miguel Venavides Shelly, natural de municipio madrileño de Arganda del Rey, veía con satisfacción la marcha de manifestantes sin poner ningún medio para impedirla. El tal Venavides era miembro en estos años de las logias masónicas “Arriago” de Guadalajara, “Mendizábal” de Albacete e “Iberia” de Madrid, con el grado 33 de la masonería.

Afortunadamente aquella manifestación quedó disuelta (aunque ello nunca llegó a confirmarse) por indicación de algún elemento comunista cuyo nombre se desconoce quien hizo saber a los manifestantes que la Compañía de Asalto Madrid-Toledo que entonces prestaba servicio de guardia en las prisiones Central y Militar estaba dispuesta a impedir del modo que fuera la muerte de los detenidos.

Seis meses después , el 6 de diciembre de 1936, poco después de las quince horas y so pretexto del bombardeo que a esa hora había sufrido la ciudad de Guadalajara, grupos frentepopulistas organizaron una nueva manifestación en la que como ocurriera el 1 de septiembre, se obligaba a gentes de derechas a unirse a ellos. En esta ocasión el grito proferido era “A matar a los presos”. Así llegaron a la Prisión Central, donde entraron algunos de los dirigentes poniéndose al habla telefónicamente con el nuevo Gobernador Civil Antonio Cañadas, natural de Guadalajara y miembro de Izquierda Republicana. Como su antecesor pertenecía a la logia masónica “Arriago” de Guadalajara. En la breve conversación telefónica que mantuvieron y de la que hay certeza por la declaración hecha en comparecencia por la telefonista Milagros González Esteban, que a la sazón había oído la conversación telefónica mantenida por ambos y cuya declaración fue firmada por la testigo en la Comisaría de Guadalajara el 22 de enero de 1944, dos frases destacan sobre las demás:

¿Qué es lo que hacemos con los presos?, preguntaba el dirigente frentepopulista; a lo que el Gobernador le respondía: “Hacer lo que queráis y cuando queráis. Yo de esto no sé nada”.

La respuesta abría la puerta a la más absoluta barbarie: Inmediatamente una parte de los milicianos se dirigió a la Prisión Militar, en tanto que el resto irrumpía en la Prisión Central, donde a disparos de pistola y fusil, comenzando por la celda donde se encontraban detenidos los sacerdotes, asesinaron a todos los presos que se encontraban en todas las dependencias, celdas, patio y galerías. Fue una de las mayores escenas de terror vividas durante la contienda. Para darse una idea de lo que allí sucedió, decir que la matanza ininterrumpida duró desde las tres y media de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente.

Algunos de los detenidos, ante el horror que se les venía encima, decidieron parapetarse en celdas, atrancando las puertas con banquetas y camastros. Pero la orgía de sangre era insaciable. Ante la oposición que encontraron los milicianos, no dudaron en lanzar bombas de mano que les había sido suministradas desde el Gobierno Civil. Los milicianos armados con pistolas disparaban indiscriminadamente contra cualquiera que tuviera los ojos abiertos, olvidando en cambio, rematar a los que yacían agonizantes.

Al trasladar posteriormente una parte de los cadáveres hasta el cementerio y la otra a un olivar junto a la carretera de Chiloeches, desde las camionetas que los conducían y según información de testigos presenciales, se dejaban oír los gritos de algunos de los agonizantes. En su traslado, dichos vehículos iban dejando a lo largo de la ciudad regueros de sangre que partían de su interior. Las víctimas dejadas en la muralla del cementerio fueron enterradas al día siguiente. En cambio, las conducidas al olivar las mantuvieron insepultas varios días al cabo de los cuales fueron enterrados en una profunda zanja. No fue suficiente con la matanza. Además les robaron cuanto llevaban en sus vestidos y tenían en sus celdas.

Dos consecuencias fundamentales podemos extraer:

Por un lado, la autorización aunque pasiva dada por el Gobernador Civil Antonio Cañadas, desentendiéndose del fatal desenlace y que aunque ha sido negado por algún historiador queda palpablemente demostrado con el testimonio dado en su declaración por la testigo Milagros González Esteban el 22 de enero de 1944.

Por otro lado, la conducta criminal del Gobernador que si bien intenta lavarse las manos e ignorar lo que pudiera ocurrir, sin embargo confirma su proceder criminal entregando munición e incluso granadas de mano a los manifestantes.

Infinitos pueden llegar a ser los ejemplos que a todas luces ponen de manifiesto el criminal proceder de las autoridades y miembros del gobierno frentepopulista que autorizaron, consintieron e incluso ordenaron el crimen en la retaguardia republicana. Sin entrar en más detalles, el asesinato de José Antonio Primo de Rivera decretado y ordenado por el socialista Largo Caballero, hoy elevado a los altares por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su socio sicario el nuevo Torquemada Félix Bolaños García.

Parte I   Parte II


3 respuestas a «Memoria silenciada (III) Los crímenes no provenían de incontrolados»

  1. Dos consideraciones. Por un loable deseo de reconciliación nacional, todas estas salvajadas permanecieron olvidadas durante el Régimen de Franco
    Ello ha hecho posible que los herederos ideológicos -y en muchos casos de ADN- de los asesinos hayan llegado a publicar, en inaudito alarde de cinismo, las recientes leyes de «memoria histórica» y «memoria democrática»
    Es imprescindible pues recuperar el tiempo perdido. Mi enhorabuena a D. Luis Alberto de la Guía.
    La segunda consideración la sugiere el odio satánico de esas turbas y de las «autoridades» que consintieron y/o impulsaron estas atrocidades.
    Solo puede entenderse como inspiradas por Satanás o por las Logias Masónicas
    Probablemente por ambas fuerzas del mal. Al ser una y misma cosa.

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