Monarquía y Rey

Es de sentido común distinguir entre Monarquía y Rey. La monarquía puede ser un sistema de gobierno conveniente -en ciertos períodos históricos o durante toda la existencia de una nación- sin que ello garantice a sus representantes erigirse como modelos de virtud. De ahí que se pueda defender el modo de gobierno y al mismo tiempo cuestionar el valor de quien lo representa.

Viene esto a cuento porque en las últimas semanas hay un empeño -bienintencionado, supongo- en proteger a nuestro Rey ante el previsto ataque de los miembros socialcomunistas del Gobierno y de algunos de sus lóbis. Pero repasando la trayectoria de Felipe VI -y no digamos de su antecesor- resulta muy difícil, en conciencia, aventurarse a tal defensa.

Hay españoles -no sé si pocos o muchos- que desde pequeños aprendieron a aborrecer la vana palabrería, los gestos afectados y las solemnes manifestaciones de diálogo, convivencia y respeto. A sentir repugnancia por quienes, aparentando legalidad y cercanía, actúan con incompetencia, pusilanimidad o acobardamiento, si no con egoísmo y deshonor.

Españoles que rechazan a quienes, mientras la casa se hunde, se limitan a discursear con generalizaciones banales, ofreciendo buenas palabras o promesas a sabiendas de que ni vienen al caso ni se van a cumplir, y que, como les sucede a todos los que llegan más allá de las leyes, su justicia se confunde con su interés, su comodidad, o su capricho. Aquellos que mientras te aprecian de palabra te desprecian con los hechos. Españoles, en definitiva, que no sólo saben que el rey se pasea desnudo, sino que, en contra de lo políticamente correcto, lo manifiestan.

La cuestión es que, del rey abajo, hoy todas las instituciones están infectadas de culpables, la mayoría de ellos traidores a la verdad y a la patria, por acción u omisión. Desde la muerte de Franco, las dos figuras que han representado a la monarquía se han avenido a las abominaciones y conchabes de la antiespaña, y si en alguna ocasión han puesto raparos al desafuero, sus objeciones se han distinguido por el apocamiento y la fugacidad, de manera que a los pocos días han quedado en el olvido, borradas por la propia flaqueza y por la gubernamental ignominia.

Durante estas cuatro últimas décadas, nuestros dos jefes de estado han refrendado sin rechistar todas las deslealtades decretadas por una casta política hispanófoba, aceptando con absoluto mutismo la asfixiante corrupción que ha convertido a España en una sociedad desmoralizada y descreída. Pese a simbolizar la unidad y permanencia de la nación, y debiendo arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, a la vista está cuál ha sido su capacidad y su sacrificio para mantenerlas íntegras, dignas y respetables.

Con el pretexto de que «el Rey reina, pero no gobierna», se han venido excusando -por tirios y troyanos- todas las negligencias y extravíos imaginables. Pero un rey no puede ser un pasmarote. Un rey, y más el Rey de España, si asume, como debe, que es la más alta representación del Estado, tiene en su mano el suficiente poder para oponerse a la degradación del reino, en vez de inclinar el cuello ante la infamia en general y ante la perversión socialcomunista en particular.

Todo menos la inoperancia e insensibilidad mostradas durante la transición. Si frente a la inmoralidad de la casta política nuestros dos monarcas han preferido ser circunspectos antes que atrevidos, tienen que saber que la fortuna, como escribió Maquiavelo respecto a los gobernantes, es de un sexo que repele a los cobardes.

Porque la Constitución y, más allá, el símbolo que encarnan, les proporcionan medios para ello.  Corresponde al Rey, por ejemplo y entre otros asuntos, sancionar y promulgar las leyes; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros; ser informado de los asuntos de Estado y presidir las sesiones de dicho Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno… Es decir, tiene funciones suficientes para oponerse a la destrucción del país, para evitar los hechos consumados, y por si ello no fuera suficiente, le corresponde, así mismo, el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, a pesar de estas funciones cardinales, nos hallamos con un país desgarrado y dividido, unas FF.AA subalternas, desorientadas y poltronas, unas leyes estalinistas (Memoria Histórica/Democrática, LGTBI, etc.), una educación inservible, una justicia corrompida y una sociedad que, polinizada por la propaganda cultural marxista a través de los medios informativos venales, desconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo.

También corresponde al Rey proponer el candidato a Presidente de Gobierno; y cuando, tras las últimas elecciones, Felipe VI propuso a Sánchez para el cargo, sabía perfectamente -como lo sabíamos todos- que el pretendiente sólo podría gobernar en alianza con aquellos que, como éste mismo, cifran su objetivo en la destrucción de España, en el secuestro de la libertad, en la ambición del poder por el poder y en el enriquecimiento personal a costa del pueblo.

Y, a pesar de ello, contemporizando una vez más y con patético vasallaje a la antiespaña, propuso a Pedro Sánchez para presidir lo que no podía resultar sino un enorme desastre y una siniestra traición.

De ahí que muchos españoles no puedan gritar «¡viva el Rey!», ni salir en defensa de quienes, mediante dejación de funciones, han permitido la deriva hacia la catástrofe. Cualquier gobernante que no se muestre digno y firme ante la injusticia -ítem más un jefe de estado-, no puede ser venerado por los espíritus libres. Si concede su apoyo y propone para los cargos públicos a los hombres menos virtuosos no puede recibir la benevolencia ni la fidelidad de las gentes de bien; ni puede esperar que el pueblo que rige se sienta estimulado a avanzar por el camino de la virtud y del progreso.

En todo este permanente ataque a la Constitución, que viene dándose desde que se aprobó hace cuarenta y dos años, alguna responsabilidad tendrán los representantes de la Corona, que, para más inri, se avienen a ser homenajeados, cuando toca, por un país que usurpa y parasita su reino, imponiéndole contra toda razón una humillante colonia, como es el caso de Gibraltar. Sin embargo, estas situaciones incongruentes, que debieran escandalizar en cualquier sociedad sana, no sólo aquí no se ven impropias, sino que se omiten o celebran.

No se ayuda a la Monarquía respaldando a sus representantes cuando éstos son incompetentes, pusilánimes o corruptos; lo mismo que no se defiende a la Iglesia justificando a un papa quintacolumnista, desleal a la propia doctrina cristiana.

De un rey de España debieran esperarse siempre decisiones o hazañas dignas y gloriosas, de acuerdo con nuestra historia más noble, pero la amarga experiencia no nos permite, aunque lo deseemos, ser optimistas. ¿Quién espera hoy de nuestro actual monarca -como tampoco las vimos en el rey emérito-, actuaciones dignas en este sentido, como sería lo justo y razonable?


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