Ofensiva gubernamental contra los tribunales
La sentencia del TC calificando de inconstitucionales las restricciones de derechos fundamentales adoptadas durante el estado de alarma, ha irritado al gobierno y varios de sus integrantes, incluido el presidente, han salido a los medios para descalificar y minusvalorar a este tribunal.
La ofensiva de Sánchez hacia los tribunales viene de lejos, se inició nada más llegar al palacio de la Moncloa al intentar someter al CGPJ con una reforma que le impidió la UE, después tildando al TS de vengativo por declararse contrario a los indultos de los secesionistas y al Tribunal de Cuentas como mera instancia administrativa por reclamar a los malversadores del independentismo el dinero de sus malversaciones varias.
El problema estructural del gobierno lo encontramos en el artículo 118 de la Constitución que señala explícitamente que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales… prestar la colaboración requerida…y en la ejecución de lo resuelto.” Con arreglo a lo que dispone este artículo el equipo gubernamental ha estado violando permanentemente la Constitución al: 1º pretender un control del CGPJ por parte de una mayoría simple; 2º desoír el dictamen del TS al conceder unos indultos sin tener en cuenta los requisitos necesarios que señala la ley; 3º permitir que los secesionistas desarrollen su plan para que los malversadores no devuelvan el dinero y 4º no haber declarado el estado de excepción, que es el que le habilita para restringir los derechos fundamentales, en lugar del estado de alarma, claro que así evitaba el control parlamentario.
Este incumplimiento sistemático hace que la acción gubernamental haya sido arbitraria, que es precisamente lo que la Constitución prohíbe en su artículo 9.3 “… interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”
La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, en una declaración institucional justificaba el uso inconstitucional por la salvación de “cientos de miles de vidas”. No explicó la razón de porqué en el caso de haber sido decretado el estado de excepción la salvación de vidas hubiera sido menor, tampoco explicó las razones de porqué el control parlamentario era contraproducente para salvar esas vidas. Lo que resulta verdaderamente obsceno y extravagante es el alarde en la salvación de vidas, cuando España por la mala gestión de la pandemia ha estado a la cabeza de los países desarrollados en: contagios, muertes, colapso sanitario, lentitud en la vacunación y control fronterizo.
La ministra de Defensa Margarita Robles fue mucho más allá, mientras que su colega de Justicia se había limitado a hacer propaganda, ella tachaba la sentencia del TC como “elucubraciones doctrinales” y además acusó a los miembros del tribunal de “carecer de sentido de Estado” (imagino que solo se refería a aquellos que habían votado a favor de la resolución).
Cualquiera que se acerque al artículo 116 de la Constitución, el que regula los estados de alarma, excepción y sitio, podrá comprobar su claridad y que no hace falta haber cursado la carrera de Derecho para interpretarlo adecuadamente. Si de algo puede criticarse al TC es de su tardanza en emitir su resolución, no en dictarla con arreglo a lo que la ley dispone de manera diáfana.
Más preocupante es la acusación que realiza a los magistrados de carecer de sentido de Estado, pues coloca a este por encima del Estado de Derecho que es el que alimenta un régimen democrático y garantiza la libertad del ciudadano en el marco de la ley. Hay que remontarse a Maquiavelo para justificar el predominio de la razón de Estado y su componente del fin justifica los medios, sobre cualquier otra consideración sea moral o jurídica. Cuando el florentino escribió su famoso ensayo, “el Príncipe”, se está iniciando el siglo XVI con el apogeo del absolutismo real y predomina la razón de Estado ya que el Legislador y fuente del Derecho es el rey o el señor natural, las revoluciones burguesas tardarán todavía más de 200 años y ni siquiera han nacido los abuelos de Montesquieu.
Solo en los tiempos modernos es el partido comunista, a partir de la revolución de octubre de 1917, quien resucita la razón de Estado como la última ratio en la organización social. Los que pensamos que España no necesita ni un absolutismo real ni uno de índole comunista, no podemos admitir a título ideológico que en nuestra organización social pueda prevalecer la razón de Estado sobre el Estado de Derecho, ya que sería primar el capricho sobre la ley.
Las presiones del poder ejecutivo al TC para que este avalara la constitucionalidad del estado de alarma, ha sido la guinda del pastel. Muestra de la deriva inadmisible de este gobierno, aunque parece que es el que se merece la oposición.
El art. 106, 1º Constitución Española (CE) establece que los Tribunales de Justicia controlan la legalidad de la actuación Administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
Ello significa que un Tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, que en lugar de hacer honor a este mandato lo que haga es lo que propone la nueva Ministra-Comisaria política de «Justicia»(?), Pilar Llop, de «sentido de Estado» lo que supone es que se está prostituyendo el mandato constitucional de controlar la legalidad del Ejecutivo y dentro de esta legalidad, la legalidad de mayor calado como es la legalidad constitucional y la protección de los Derechos Fundamentales de la persona.
Quien tiene que tener sentido de Estado no son los Tribunales sino el propio Gobierno, y si algo ha demostrado el Gobierno en la gestión de esta pandemia es el nulo sentido de Estado de sus decisiones porque clama al cielo que se invoque ahora lo de salvar vidas como pretexto para esperar una sentencia amañada cuando en España no ha habido vidas que se hayan salvado porque se ha dejado morir a los ancianos de la forma más cruel e inhumana posible, y además injusta porque personas que han cotizado 40 años (esa generación ha trabajado ininterrumpidamente desde muy jóvenes y han acumulado periodos de cotización más que ninguna otra) se les ha negado la asistencia sanitaria a la que tenían derecho, sólo por la edad, y los que lo han hecho luego hablan de Menguele y Menguele son ellos. Es el colmo de la cara dura hablar de salvar vidas cuando si no ha muerto más gente todavía de la que ha muerto no será porque el Gobierno haya hecho algo para impedirlo, que la imprevisión y el engaño permanente ha sido ha sido de campeonato y la regla general que ha caracterizado la nefasta acción de Gobierno en este tema como en todos los demás, porque no hay parcela de la acción de Gobierno (Política exterior, Defensa, Justicia, orden público, bienestar social, etc,. etc) que no sea una autentica calamidad nunca antes vista.
El art. 10, 1º CE establece también el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales, y este carácter «inviolable» es incompatible con sentencias que antepongan el salvarle los muebles al Gobierno a lo que es la defensa de la legalidad constitucional y el carácter inviolable de los Derecho Fundamentales. Porque si los Derechos Fundamentales son inviolables no caben sentencia amañadas.
Que la Ministra/Comisaria sea juez explica la ruina moral en la que se encuentra la Justicia Española, porque no podemos olvidar que este fiasco del Gobierno, cometiendo violación de Derechos Fundamentales con el Estado de alarma, lo comete el Gobierno que posee en su composición a 3 Ministros jueces y 2 vicepresidentas profesoras de Derecho Constitucional, que da idea del «nivel» entre el 0 y la nada de toda esta gente, justamente en Derecho Constitucional y protección de los Derechos Fundamentales de la persona:
– El Ministro de Justicia, Sr. Campo, que es juez, y como juez le debería dar verguenza haber dado lugar a la violación de Derechos Fundamentales a la que él como Ministro ha contribuido.
– La Ministra de Defensa, que es Magistrada del Tribunal Supremo.
– El Ministro del Interior que como el primero es juez de la Audiencia Nacional
– La Vicepresidenta del Gobierno profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, alumna del comunista ya fallecido José Sanchez Acosta (del PSUC)
– La Ministra y Vicepresidenta para la Transición ecológica Teresa Ribera que ha sido profesora de Derecho público y Constitución en la Universidad Autónoma de Madrid.
La sentencia del Tribunal Constitucional si algo pone de manifiesto es el fracaso de los Ministros en Derecho Constitucional, su nula formación y sui nulo sentido ético de prestarse a lo que se han prestado sin ningún tipo de escrúpulo.
Pero no nos engañemos, que haya habido 6 votos a favor del sentido de la sentencia y 5 en contra no significa que el TC haya cumplido con su deber:
– primero porque El Presidente del Tribunal González Rivas y el todopoderoso Conde Pumpido han puesto de manifiesto hasta qué punto el TC está plegado al Gobierno, a lo que ahora llaman «sentido de Estado» que Conde Pumpido siendo Fiscal General del Estado con Zapatero llamó «manchar la toga con el polvo del camino», porque en las dictaduras comunistas la «Justicia» no es una categoría ética y Jurídica, sino una farsa previamente amañada al servicio del Stalin de turno.
– y segundo porque todo el Tribunal Constitucional, los 6 +5 magistrados, todos ellos le han hecho el juego al Gobierno de no dictar la sentencia cuando verdaderamente la misma era útil para la legalidad constitucional que era haberla dictado estando vigente el Estado inconstitucional de alarma, sino que a buena hora mangas verdes se han esperado a que el Gobierno lo finalice para entonces dictar sentencia, con lo cual todos ellos, los 11, han incumplido el art. 106, 1º CE, y el art. 10, 1º CE y todos los preceptos constitucionales que con acierto cita el autor en su artículo.
Cuando estemos como en Cuba, la gente recibiendo palizas de los grupos armados del Gobierno y la mujeres prostituyéndose por un trozo de pan con foigras o por una lata de atún (eso se ve muy lejos, ya veremos lo lejos que se ve el día que las mujeres lleven 10 días sin comer absolutamente nada, de lo que son capaces, y del nivel de degradación que vamos a ver en España, y como los más canallas se van a aprovechar del hambre de comer de mucha gente), y al que le quede un poco de dignidad se pregunte: ¿cómo hemos podido llegar a esta situación de degeneración?, aquí está la respuesta: y hemos llegado a esto porque TODOS desertaron de sus puestos: los jueces, incluso los más poderosos y más ejemplo deberían de dar como los del Supremo y del Constitucional, esos los peores, los militares, los policías, los guardias civiles de todos los grados que aquí culpables son todos, los funcionarios públicos, por supuesto las televisiones que estaban regadas con dinero del gobierno y los periodistas cogían este dinero sin vomitar porque la codicia es muy grande, los partidos políticos que no está a la altura ninguno, y la Iglesia que calla como una puta no en esto o en lo otro sino que guarda silencio en todos y cada uno de los problemas de España cuando no directamente se posiciona del lado de los enemigos, como ha sido el caso del separatismo catalán, etc. etc. . Como en 1808 la deserción es general y desde la cúspide a la base de los poderes del Estado. Como en 1808 Mª Malasaña si no quiere que los franceses le violen a su hija tendrá ella que es costurera que batirse con sus tijeras contra los coraceros de Napoleón, porque lo que es con las autoridades españolas y sus agentes no puede contar con ninguna de ellas, están con los franceses tomando champagne, y si es el Rey Carlos IV, se ha vendido completamente a los franceses y ha renunciado a su trono a cambio de ver asegurado su bienestar material con una renta vitalicia. Cómo se pudo llegar entonces a esa situación: a la vista lo tenemos, está pasando exactamente lo mismo que entonces, todos desertaron de sus deberes, lo hicieron las autoridades catalanas que son los representantes del Estado español en la Comunidad autónoma, lo hicieron el Presidente del Gobierno y sus Ministros que juraron fidelidad al Rey y a la Constitución y no se molestan en ocultar su hostilidad a lo uno y a lo otro abiertamente, y todo se tolera como si fuera normal jurar esta fidelidad y acto seguido postular abiertamente por la república. Lo hizo el Rey que él mismo está incumpliendo la Constitución no ejerciendo de lo que es, que es Jefe del Estado, de guardar y hacer guardar la CE y las leyes, etc. etc.