Política económica española; reducir gastos o aumentar ingresos
España sólo tiene dos alternativas ante la situación económica actual: reducir gastos o aumentar ingresos. Y el Gobierno social comunista que sufrimos, ha optado claramente por la segunda: incrementar la presión fiscal hasta límites de auténtica extorsión –yo mismo soy víctima de ello-; seguir manteniendo unas administraciones públicas parasitarias y clientelares, que encima drenan el escaso crédito existente a las empresas privadas, y continuar la singladura adelante, hasta que el barco se hunda…
Es evidente que la casta política no va a reducir, y mucho menos suprimir, sus privilegios, y por lo tanto ni van a quitarse las diputaciones provinciales, ni el senado, ni las comarcas, ni los funcionarios interinos, contratados “a dedo”, coches oficiales, etc. Son incapaces de cercenarse sus propios oficios y beneficios, y tendremos que ser el pueblo llano quienes dejemos de votar tanto al PSOE como al PP, para que se hundan de una vez por todas, y pasen a ser lo que realmente son: partidos de intereses, que solo defienden los suyos propios. O partidas de bandoleros, en acertada expresión de don Pablo Castellano… Y que me perdonen los bandoleros.
La otra opción, reducir gastos, que es lo que hacemos las personas y familias normales, en nuestra vida ordinaria, ni la piensan ni mucho menos la contemplan. Pero sería muy fácil.
Es evidente que reducir el empleo público, en un millón de personas, por ejemplo, aumentaría el número de parados en otros tantos. Pero aparte de que el paro es temporal, mientras que los empleados públicos son un lastre permanente, tampoco es necesario llegar a medidas tan drásticas. Siguiendo el modelo alemán, de apretarse todos el cinturón, para reducir al mínimo las bajas de trabajadores, podría hacerse lo siguiente:
- Seguir manteniendo las dos pagas extras de junio y diciembre, pero reducidas al 50%, de forma que los funcionarios y laborales de las administraciones públicas pasasen a cobrar realmente 13 pagas, en lugar de las 14 actuales.
- Suprimir los trienios, como hace décadas desaparecieron de la legislación laboral, pasando a formar parte de la negociación colectiva, y ligados a conceptos tales como productividad, etc. No tiene sentido que por llevar treinta años calentando un sillón se cobren diez trienios, nada menos, cuando la productividad de los empleados públicos decrece con los años, como es público y notorio, con ocasión y como consecuencia de su mayor edad, síndrome del trabajador quemado, etc.
- Volver a situar la edad de jubilación de todos los funcionarios y empleados a los 65 años, o si se quiere, en consonancia con la legislación laboral, y la mayor esperanza de vida, en los 67 años.
Así se conseguiría reducir personal, en forma no traumática, pudiendo echar por la borda el lastre que suponen las personas de edades avanzadas, que se pasan la mayor parte del tiempo de baja, o que rinden bien poco, pues están absolutamente hartos, desengañados y cansados de trabajar… Por supuesto, hay honrosas excepciones, pero eso, excepciones.
Desde luego, mantener las “jubilaciones de privilegio” a los 60 años, con sólo 30 años de servicios prestados, cuándo las edades de fallecimiento cada día son más alargadas, es una auténtica barbaridad, que no se sostiene, y es totalmente injusto para los obreros de la construcción, conductores, y tantos y tantos gremios que tienen que jugarse literalmente la vida en sus puestos de trabajo, ahora hasta los 66 años, y pronto hasta los 67…, o más, como preconizan muchos “liberales”, de esos que llevan toda la vida sin pegar palo al agua.
Pero estén ustedes tranquilos, que nada de esto se hará. El Gobierno ha optado por la solución más fácil: aumentar la presión fiscal, hasta límites de auténtica extorsión fiscal.
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El desgobierno socialcomunista ha optado por la vía más fácil:
* aumentar el gasto y, por ende, incrementar los impuestos, hasta llegar a una auténtica extorsión fiscal.
* hemos pasado de 13 ministerios (que ya de por sí era más que suficiente), a 23, es decir, casi el doble.
* se multiplican los coches oficiales, los «asesores», nombrados a dedo, y que en nada asesoran, pues nada saben, los altos cargos de confianza, nombrados también de forma digital, etc.
En resumen, vamos hacia el desastre económico, político y social, y sólo es cuestión de tiempo que ESPAÑA NO PUEDA HACER FRENTE A SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE PAGO…
Históricamente los Parlamentos aparecieron ya en la Edad Moderna (y antes en la Edad Media) como instituciones para frenar la ambición desaforada de los monarcas de exprimir a impuestos a sus súbditos. Posteriormente los Tribunales de Justicia venían a ser una garantía añadida frente a la iniquidad y el abuso de todo tipo, incluido el abuso fiscal.
Hoy sin embargo Parlamento y Poder Judicial no están al servicio del Pueblo para frenar la ambición desaforada de esquilmar a impuestos, sino todo lo contrario, con leyes iniquas y Tribunales vendidos a la injusticia ambos poderes se han cambiado de bando y hacen causa común con la usura gubernamental. Las usura, antes delito, ahora es seña de identidad del Estado, y que alce la voz contra ella que mida sus palabras porque lo mismo se puede calificar de «delito de odio». Estamos en las antesalas del Apocalipsis.
La MONTERO, y no me refiero a la mema de igualmedatodo, sino a la otra mema, la de economía, era consejera de hacienda de la Junta de Andalucía, y «gracias» a ella, ANDALUCÍA ARRUINÓ A TODOS LOS QUE HEREDARON ALGO.
¡Ahora pretende hacer lo mismo, pero en toda España!
Yo he visto llorar a una pobre anciana, al comunicarle que iba a recibir una herencia, ante el miedo a no poder pagar EL IMPUESTAZO CORRESPONDIENTE, como así fue!
Al final, tuvo que renunciar a la herencia, pues no tenía liquidez para pagar un dineral a la Junta de Andalucía, y tampoco había compradores disponibles, pues eran tierras de secano, con escaso valor económico…
EN OTRAS PALABRAS, QUE HABÍA QUE PAGAR MÁS DE IMPUESTOS QUE LO QUE VALÍA LA HERENCIA.
Hace años, pero no tantos, en una tienda el dependiente, aquejado de una lesión de rodilla se quejaba que su jefe había tardado casi un mes en darle permiso para ir al médico, mientras que los funcionarios no tenían ese problema, sino que podían ir al médico el mismo día. Aprovechó el tema de la rodilla para quejarse también de las vacaciones que él no podía elegir fechas en julio y agosto sino que las fechas, aunque dentro de estos meses de julio y agosto, las decidía el jefe y no él. Y siguió diciendo alguna cosa más, como por ejemplo que las pagas extraordinarias a veces se habían retrasado meses en cobrarlas mientras que los funcionarios las cobraban en su tiempo, hasta concluir que a los funcionarios habría que quitarles todos estos «privilegios» y cuando se pusieran malos que tuvieran que esperar como había tenido que esperar él para poder ir al médico.
Me llamó mucho lo atención el comentario porque lo lógico hubiera sido reivindicar para sí, como dependiente de una tienda, las condiciones laborales de las que según él disfrutaban los funcionarios: poder asistir al médico sin tener que esperar semanas a que tu jefe te dé permiso para ausentarte del trabajo, poder solicitar las fechas de vacaciones que más te interesen, cobrar las pagas extraordinarias en su momento, etc. , pero sin embargo su propuesta no era aspirar a las condiciones laborales que ya disfrutaban los funcionarios, que se extendieran al resto de trabajadores, sino a que los funcionarios pasaran a la situación de precariedad que él ya sufría. Yo creo que con este razonamiento se vota a Podemos (el dependiente decía votar a Podemos y antes al PSOE), pero no se avanza en progreso y Justicia.
Con este artículo me ocurre algo parecido. Es verdad que pasar de 13 a 23 Ministerios es una barbaridad, bueno en realidad es una forma impune de cometer malversación de caudales públicos porque todos sabemos que esos 10 ministerios de más se han creado para literalmente comprar el voto de las organizaciones que se han visto agraciadas con esos Ministerios de cartón, que no sirven para nada, sino que su única razón de ser al margen del interés público es para elevar y sostener a Perro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
La solución a este desafuero sinceramente no creo que pase porque los funcionarios deban perder el 50% de sus pagas extraordinarias o que pierdan la antigüedad (trienios).
Hubo una época, con Franco, que los trabajadores de las empresas privadas cobraban pluses de todos los colores, cobraban las pagas extraordinarias pero también las pagas de beneficios, y los puntos y mil cosas más, que cuando llegaron los supuestos defensores del obrero al Gobierno tras la muerte de Franco y de su régimen, todos estos beneficios laborales no sólo desaparecieron sino que ya nadie se acuerda de ellos hasta el extremo de que lo que parece mucho es lo poco que ha quedado de entonces, porque vivimos de las rentas de Franco, que son los trienios (que ya no son lo que eran) o las pagas extraordinarias, y se aboga por suprimirlas.
Yo creo que lo que hay que suprimir son otras cosas, por ejemplo las pagas vitalicias a los políticos. No sé qué cara se le puede quedar a un funcionario al que le reduzcan a la mitad su paga extraordinaria o le quiten los trienios, y luego este dinero lo destine el Gobierno a pagar los hoteles de 4 estrellas para los inmigrantes ilegales que llegan en cayuco a Canarias, para pagar a organizaciones como «Open arms», o a la «Liga de Gays y Lebianas» o al gordo ese de «SOS Racismo», o a una imprenta, generalmente de algún allegado del PSOE, para editar carteles que colocar en los colegios para fomentar la perversión sexual en la Infancia, para mantenar a Menas, para construir viviendas de protección pública que luego van mayoritariamente destinadas a emigrantes marroquíes. Para que José Bono viva todavía más en plan marqués, y quien dice José Bono dice Zapatero, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Zapatero, Pablo Iglesias y su harem de ministras a cual más analfabeta, las miles de Subvenciones absurdas con que se despilfarra el dinero, especialmente sangrantes las dedicadas a Marruecos, y un larguísimo etcétera. Yo antes de reducirle en un 50% la paga extraordinaria a una funcionaria, ceso del Ministerio del Interior al exdiputado de Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado Ramos que según la ficha del Congreso de los Diputados sus estudios son de FP1 y cuando perdió su escaño en las últimas elecciones el Ministro Marlaska que es Diputado del PSOE pero también por Cádiz lo enchufó por la cara o para ser más exactos dado el descaro con el que se actuó, por la puta cara, de asesor en el Ministerio. ¿Asesor de qué, un tío que carece de estudios y de ninguna formación porque es un patán?
Reducir gastos sí, pero sí rotundo, ahora bien hay que empezar por lo que hay que empezar que no es por reducir al 50% las pagas extraordinarias de los funcionarios ni despojarles de lo que queda del su plus de antigüedad (trienios), que no es ni sombra de lo que fue esta cantidad en tiempos de Franco.
Otra cosa es el problema de la Función Pública. Yo de esto podría hablar largo y tendido porque yo llevo años enfrentándome a la corrupción administrativa. Es verdad que la clase funcionarial está cada día peor, pero esa verdad es consecuencia de que lo que ocurre en España en todos los demás ámbitos: no se premia al bueno y se castiga al malo, sino todo contrario: esto donde se ve claro es en el ámbito militar, pero también en otros: el funcionario que no está dispuesto al mamoneo se estanca y no progresa profesionalmente, el juez que no se presta a prevaricar sino que es un hombre justo y decente se muere de pena en su juzgado y no progresa, y ya tiene que darle gracias a Dios de que no le abran un expediente disciplinario y no lo expulsen de la carrera judicial, porque en el «Estado degenerado» no prestarse a la degeneración y que te localicen como tal puede tener sus consecuencias y de hecho las tiene. Por qué la Fiscal General del Estado es la que es y no la Señora Madrigal u otro Fiscal que haya honrado que yo no conozco ninguno pero tampoco conozco las Islas Filipinas y tengo entendido que existen, o por qué la Presidenta del Conejo de Estado es la Vicepresidenta de Zapatero, ¿por cualificación técnico-jurídica? está claro que no en ninguno de estos dos casos, sino porque forman parte del la corte de «los imperantes y su séquito» y porque están dispuestas a lo que otros más decentes jamás harían. Hay una escena de la fallecida actriz Chus Lampreave donde dice que ya quisiera ella no ser «testiga» (Testiga de Geová) para poder mentir, pero el problema es que ella era «testiga» y no podía mentir. El problema de la Función pública es que los que están de la mitad para arriba no son «testigas», el que es «testiga» se queda abajo.
Para ser Magistrado del Supremo o del Tribunal Constitucional hay que servir, no todos son capaces de prestarse a dedicar su vida a ver pasar asuntos poor sus manos y no resolverlos, y dedicarse los días laborables del año a inadmitir recursos todos los años en cifras que rozan el 100% (salvo para etarras y separatistas vascos y especialmente catalanes, que esto va por otro lado), cuando a un verdadero Magistrado lo que de verdad le pide el cuerpo no es inadmitir sino resolverlos, en el sentido que corresponda, estimatorio o desestimatorio, pero resolverlos, lo mismo que a un verdadero médico lo que le pide el cuerpo no es echar pacientes por pretextos varios sino atenderlos y curarlos. Esta actitud del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional año tras año, es contraria al principio de Tutela judicial efectiva (art. 24 CE), al carácter inviolable de los Derechos Fundamentales (art. 10, 1º CE) y al acceso a la Justicia con virtualidad práctica (no para que tu caso lo tiren a la papelera junto al 98% de todos los demás), ya que la tutela judicial que el art. 24 CE consagra es una tutela judicial «efectiva» que no puede ser sustituida por una tutela judicial «inoperante» o de cartón. Y es contrario también a la Constitución como norma jurídica (art. 5, 1º LOPJ) que acaba siendo papel mojado si los recursos de Casación y de Amparo se inadmiten, y al mandato del art. 11, 3º LOPJ que dice a los jueces que se dejen de cuentos y garanticen la tutela judicial efectiva resolviendo siempre sobre el fondo de los asuntos.
Para pedir una partida de defunción de Franco 30 años después de muerto, como hizo Garzón, o para rechazar la querella por genocidio de Carrillo, para eso hay que valer y tener el gaznate como para tragarte un tractor o una segadora marca John Deere y no rasparte la garganta lo más mínimo.
Para llevar sin resolver el Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto durante 11 años, y luego en 4 días dar luz verde al Gobierno para profanar el Valle de los Caídos, insisto, en 4 días, para eso, para tener esa jeta, ese sectarismo y ese descaro, para eso hay que servir. También hay que servir para no resolver el recurso de inconstitucionalidad de la presencia de Pablo Iglesias en el CNI, y sólo cuando éste ya dimite y se va, entonces el Tribunal Constitucional resuelve, cuando ya da lo mismo porque se ha ido. Y con el recurso de inconstitucionalidad de VOX contra el Estado de alarma otro tanto de los mismo, porque el Estado de alarma se ha extinguido y el TC no lo ha resuelto cuando hubiera tenido virtualidad práctica esta Resolución. Y para llevar el «Caso Royuela» en las redes y la Fiscalía y el CGPJ estar mirando para otro lado, para eso también hay que servir.
Con este panorama, que podríamos seguir enumerando casos «ad nauseam», abogar por quitarle el 50% de las pagas extraordinarias a los funcionarios, como forma de ahorro, cuando se está sosteniendo el despilfarro con órganos gigantescos totalmente inoperantes, me parece que yo antes le quitaba el 100% no sólo de las pagas extraordinarias sino del sueldo y de todo lo demás a todos a estos «Magistrados» que han renunciado a la función social de la Justicia (porque la Justicia no es solo un Poder del Estado sino también un Servicio Público que es además garantía de la «paz social» lo que a contrario sensu significa que la ausencia de Justicia provoca el desorden social como de hecho está ocurriendo en el tema de los ocupas de casas o podía haber sucedido con la impunidad para los terroristas si los militares no hubieran demostrado una paciencia más propia de santos).
En general las personas que progresan en la sociedad civil (al margen de la Administración) son las que se someten a los intereses de los partidos, en la Administración Pública ocurre lo mismo. Dicen que la mierda flota, -con perdón de la grosería, pero es que una imagen vale más que mil palabras-, y muchos puestos de la Administración Pública se ocupan por personas que están dispuestas a flotar y a desertar del art. 103, 1º CE: «Las Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento PLENO (es decir no parcial o «a la carta») a la Ley y al Derecho».
Si este artículo 103, 1º de la Constitución se cumpliera no habría que acudir a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, más allá de casos muy puntuales, porque aun en el peor de los casos la cuestión quedaría resuelta de una forma adecuada a Derecho en vía de Recurso administrativo de alzada, que es el «paracaídas de pecho» cuando el art. 103, 1º CE y el art. 9, 1º CE (garantía de legalidad) y 9, 3º CE (seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad) cuando la primera instancia administrativa falla. La situación en la que se encuentra la Administración Pública y la verdina y el óxido que cubren a los arts. 9, 1º y 3º CE y 103, 1º CE es tal que prácticamente los recursos administrativos de alzada resultan inoperantes, porque los recursos no se resuelven en Justicia. LO cual está promovido en las propias nuevas leyes que hacen estos políticos de mierda que tenemos en España. Así la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (art. 85) chantajea a los ciudadanos con rebajas del 40% en las sanciones de los procedimientos sancionadores a cambio de que no recurran, es decir a cambio de que renuncie a la legalidad, y mucha gente lo hace porque sucumben al chantaje y la extorsión promovida desde la propia Ley.
La fama de ilegalidad la puede tener las Administración local y las de las CCAA, pero la Administración General del Estado tiene tela marinera, hay colectivos, como el de los Subdirectores Generales, que debe haber gente legal a miles, pero que yo jamás he llegado a toparme con ninguno, sino más bien todo lo contrario. Y la peor de todas, en mi modesta opinión, la Administración militar. El General Monzón, que en paz descanse, antes de fallecer, había retado a un duelo a muerte a cierto personaje de la farándula que había ofendido a la Virgen María. A mí me gustaría retar en un duelo a muerte, en una plaza de toros, a beneficio del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, a cierto General gordinflón, a arma blanca, con el tomahawk M48 de United Cutlery.
Hay una falta de ética en todos los aspectos del Estado y esto se traduce en todo, solo falta ver cómo ha sido la campaña electoral en las elecciones a la Comunidad de Madrid y cómo los imperantes y su séquito han echado mano de toda clase de subterfugios, con los sobres, cuya investigación, ahora que las elecciones han terminado, se ha dejado en suspenso no se vaya a descubrir el «pastel» o con las agresiones a los asistentes a los actos de VOX y el Ministro del Interior mirando para otro lado. Viendo al Ministro, como punta del iceberg, podemos hacernos una idea cómo son muchos de los que se esconde detrás de la toga de Magistrado y uno no se explica algunas sentencias y la explicación está aquí, o cómo es la clase política del sistema.
Ahora bien, la gente tiene un error de concepto respecto de los funcionarios públicos. Los funcionarios cuando son como Dios manda, son una garantía para el ciudadano. Lo que se presenta como privilegios, por ejemplo la fijeza de su puesto de trabajo, no es en realidad un privilegio del funcionario (aunque al funcionario le venga muy bien tener un trabajo «seguro» hasta que se jubile), que no está establecido como tal privilegio sino como garantía para el ciudadano de que ese funcionario, al tener garantizado su puesto podrá hacer valer la Ley y el Derecho frente a sus superiores que pretenda otra cosa. Hay un deterioro evidente en la calidad ética y técnico-jurídica de los funcionarios, pero también hay que decir que en la Administración Pública hay gente muy válida, que no salen en la tele pero que son una garantía para el ciudadano y para el concepto de Administración Pública del art. 103, 1º CE. De ellos se puede decir eso del Cantar de Mio Cid «Dios qué buenos vasallo si hubiera buen señor».
No me refiero el caso más a la vista por ejemplo de las enfermeras de los hospitales públicos que han tenido que hacer frente a lo que se les venía encima sin medios materiales ni personales, porque los políticos habían dejando esquilmada y desatendida la Sanidad Pública mientras hipócritamente se llenaban al boca con ella para engañar a los incautos que en España son mayoría. O de la Guardia civil. También me refiero a los funcionarios corrientes de la Administración General que no aparecen nunca, y que llaman a su casa para que se su hijo se ponga una pizza en el horno que ella no va a poder ir a comer que se queda en el trabajo a acabar una cosa y se comen una manzana y están trabajando sin parar hasta las 7 ó las 8 de la tarde, por la cara, sin pagas extraordinarias ni gratificación de ninguna clase (porque eso en la Administración Pública existe para el personal laboral pero no para el personal funcionario que no ha visto en su vida ni verá una hora extraordinaria en su nómina), sólo por el pundonor de ser funcionario público y de dar el callo cuando hay que darlo. Y no estoy hablando de ningún alto cargo, sino de simples auxiliares administrativas, madres de familia, que cobran cuatro duros al mes, pero que cuando su jefe les pide un extraordinario tiran de la manzana o de las galletas del cajón de la mesa y no se van hasta que no queda hecho lo que sea que haga falta. La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es un funcionario. El mal de la Función Pública es el mismo que el mal del Ejército, son los mandos, están mal mandados, su en la cúpula y en los cargos intermedios en lugar de poner a los más traidores y a los más vendidos se pusiera a los mejores la Administración Pública funcionaría como un reloj, y mucha culpa de que no lo haga la tienen los Tribunales de Justicia que han desertado del art. 106, 1º CE y se han creído que amparando las ilegalidades de la Administración se sirve al Estado, y con eso a quien se sirve es al deterioro del mismo hasta los niveles en los que ahora nos encontramos. Y quien dice los Tribunales de Justicia dice los Abogados del Estado y de las CCAA que han renunciado a los deberes inherentes a su condición de Funcionarios y se han convertido en una especie de Abogados de Al Capone, porque defienden de la Administración lo que haga falta, sea justo o injusto, legal o ilegal.
En cuanto a designación a dedo, salvo en la Administración local, a quién se designa a dedo no es tanto al funcionario interino (que se suele sacar de las listad de aprobados de las oposiciones aunque sin nota suficiente como para obtener plaza, o que hayan superado alguna de las pruebas en que consiste la oposición) sino al personal eventual, que se designa para los puesto de libre designación.
Que hay que reducir la maquinaria administrativa, claro que sí, pero antes de tocarle la paga extraordinaria a un funcionario, debería tocarse lo de los hoteles de 4 estrellas para los moros de Canarias, o la paga vitalicia para Bono o zapatero. O los sueldos para los Magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, porque la sociedad no mantiene el gastos enorme de unos Tribunales de esta categoría para que no den el servicio público de la Justicia que deben dar.
Me parece a mí
Totalmente de acuerdo con la parte final de su artículo, en particular, y, en general, con todo su contenido…
De cualquier forma, lo que creo que el Sr. Grau Morancho quiere decir, o insinúa, son varias cosas:
* Que las administracione spúblicas SON EL BOTÍN DEL GANADOR DE LAS ELECCIONES, y cada partido que llega al poder, las llena de gente de su cuerda, por los diversos sistemas que existen: funcionarios de carrera, interinos, asesores, personal de confianza, eventual, altos cargos, etc.
* Que España, con escasamente 15 millones de trabajadores que dan el callo, NO PUEDE MANTENER A 3.500.000 EMPLEADOS PÚBLICOS, Y A 500.000 MÁS «políticos» PROFESIONALIZADOS, que no profesionales.
* Que ante la cada vez mayor esperanza de vida, DEBEN SUPRIMIRSE LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS, A LAS 60 AÑOS DE EDAD, y con sólo 30 de servicios prestados, cuándo a un trabajador normal y corriente, SE LE EXIGE QUE TRABAJE HASTA LOS 66 AÑOS, O 65, SI TIENE 38 AÑOS Y MEDIO COTIZADOS.
* ¿Y usted cree que es lo mismo estar sentado en una silla o sillón, detrás de una mesa de trabajo, o de despacho, con aire acondicionado y calefacción a chorro, QUE LLEVAR UN CAMIÓN O UN AUTOBÚS, ANDAR SUBIDO A UN ANDAMIO EN LA CONSTRUCCIÓN, o jugarse la vida -literalmente-, en numerosos trabajos…?
* Yo, NO.
(Dicho todo ello con el máximo respeto a su exposición, que suscribo en su casi práctica totalidad).
* En 1984, «reinando» FELIPE GONZÁLEZ, «el amigo de los pobres», se reformó EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, y se suprimieron LAS PAGAS EXTRAS, COMO UN DERECHO CONSOLIDADO, quedando al albur de la negociación colectiva…, es decir prácticamente desaparecidas.
* Pero casi 30 años después, SIGUEN SIENDO UN «derecho» EN EL SECTOR PÚBLICO, HASTA QUE DEJEN DE SERLO, CLARO…, pues los «derechos», igual que aparecen, desaparecen.
* ¡Y sino, que le pregunten a los funcionarios que podían jubilarse a los 70 años de edad, y cuándo llego la PSOE al poder, con la ley de medidas para la reforma de la función pública, LES REBAJÓ LA EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS…!
Gracias por su atención y cordiales saludos.